• En nuestro espacio Convoca En Vivo, César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, consideró que el verdadero objetivo del Gobierno de Dina Boluarte es no tener más conflictos sociales y por eso estarían cediendo a las pretensiones de los gremios de los mineros informales, quienes en la práctica van a retornar al Reinfo estos mineros excluidos.  

  • Doris Caqui Calixto, viuda de Teófilo Rímac Capcha e integrante de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada del Perú (FAVIDEFO), advirtió que la ley de amnistía para miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y rondas campesinas por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000 generará impunidad en casos emblemáticos de lucha por los derechos humanos.  

  • Por su parte, Paul Maquet, vocero de CooperAcción explicó que entre los hallazgos del informe 36 del Observatorio de Conflictos Mineros han determinado que el auge de la minería informal redefine la matriz de conflictividad social en el Perú. 

Durante una entrevista en nuestro espacio Convoca En Vivo, César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, consideró que el Gobierno de Dina Boluarte ha retrocedido frente a la minería informal en el contexto de bloqueos de carreteras y protestas de la última semana, tras el anuncio del retiro de más de 50 mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

"En principio cuando vemos lo que está sucediendo, ese anuncio de que el Estado era duro y que no iba a negociar, que no iba a retroceder ha quedado de lado. Excluyeron a 50 mil mineros en pleno conflicto porque debemos decir que ya los mineros estaban en protesta. Digo que el Gobierno ha retrocedido porque concretamente el día de ayer (15 de julio), el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, ha señalado que los 50 mil mineros pueden pedir su reconsideración. Es decir, han venido incumpliendo sus condiciones para permanecer en el Reinfo, algunos más de cuatro años, y simplemente ahora les dicen que replanteen su reconsideración", manifestó Ipenza. 

Para el experto, el verdadero objetivo del Gobierno es no tener conflictos sociales y por eso estarían cediendo a las pretensiones de los gremios de los mineros informales, y en la práctica van a retornar al Reinfo estos mineros excluidos. 

De otro lado, Doris Caqui Calixto, integrante de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada del Perú (FAVIDEFO), rechazó la aprobación de la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980-2000.

"Fue terrible recibir la aprobación de esta ley. Nosotros tenemos más de 40 años luchando por justicia. En el caso particular de mi esposo Teófilo Rímac, en más de una oportunidad se nos ha caído la sentencia dadas a los responsables de la muerte y desaparición de mi esposo (dos militares). Hoy, después de la segunda sentencia, estamos esperando que se haga efectiva la sentencia para estos dos responsables pero con esta ley nuestro temor es que todos queden libres", declaró Caqui. 

La activista dijo que la aprobación de esta ley por la Comisión Permanente del Congreso los ha hecho sentirse más desprotegidos como familiares. 

Paul Maquet, vocero de CooperAcción, adelantó los hallazgos de la edición 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros. En la investigación han determinado que el auge de la minería informal redefine la matriz de conflictividad social en el Perú. 

"El eje de la conflictividad social está cambiando y décadas atrás, el eje era el sindical, el tema de los derechos laborales; y en otro momento bastante largo, el eje ha sido el conflicto socioambiental pero en los últimos años está claro que el tema de minería informal/ilegal y la disputa con las empresas formales y asimismo con las comunidades que se ven impactadas, esta disputa empieza a ponerse en el centro del escenario", indicó Maquet. 

 

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