La deforestación de los bosques amazónicos, a veces promovida por grupos de poder y millonarios intereses, avanza sin control debido a la inacción de las autoridades del Estado peruano. Este tema fue motivo de discusión en la última edición de nuestro programa Convoca en vivo, a raíz de la reciente publicación de nuestro reportaje "Amazonía: El negocio de tierras deforestadas en los dominios del poderoso Grupo Romero".

El abogado Álvaro Másquez Salvador, especialista del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), ratificó en diálogo con este portal que el problema de la Amazonía es la dolorosa ausencia de las autoridades que deberían combatir los crímenes ambientales y el acaparamiento irregular de tierras.

“Sin Estado no hay derechos. Solo el Estado puede hacer cumplir los derechos. El problema es que hay muchos problemas desde lo legal, leyes, etc. Si no hay un Estado capaz de implementar normas que son dictadas por el Congreso, el Tribunal Constitucional, y demás, estamos lejos del objetivo”, comentó.

En la investigación publicada el pasado 8 de abril, Convoca.pe reveló que el influyente Grupo Romero tiene bajo su dominio más de quince empresas de diversos sectores, entre las que figura Palmas del Shanusi, que produce palma aceitera a gran escala en la región amazónica de Loreto. Para tal fin, este grupo ha obtenido grandes extensiones de bosques a través de arreglos extrajudiciales y con serios indicios de irregularidad.

Másquez Salvador hace un preocupante símil  entre el cultivo de la palma aceitera y la hoja de coca. “Son actividades extractivas que se aprovechan de ausencia del Estado. El punto común es que el vacío del Estado lo aprovechan para posicionarse a nivel local”, sentenció. 

Responsabilidades

En la entrevista, el experto del IDL explicó que en casos como el revelado en el reciente reportaje de este portal, donde se toca el tema de la adquisición de tierras para convertirlas en plantaciones en medio del bosque, hay varias escalas de responsabilidad. En el caso de Palmas del Shanusi, la compañía tomó el control de las tierras a través de la compra de constancias de posesión validadas por distintos funcionarios y con presuntos testaferros.

“La primera escala tiene que ver con el funcionario que estampa su firma en la constancia [de posesión que es adquirida ilegalmente por empresas agroindustriales]. En este caso, se ha visto mucho que son jueces de paz, o también suelen ser personas del Gobierno Regional que no tienen la facultad para hacerlo”, apuntó Másquez Salvador.

Especialista analizó la problemática de la deforestación amazónica, en una nueva edición de Convoca en Vivo. Captura de pantalla.

“Una empresa compra títulos de propiedad, [pero] esta es una práctica que no se puede hacer. Una empresa no puede adquirir la propiedad que proviene ilegalmente de la transformación de constancias de posesión. Y si lo hace, tiene que saber que está adquiriendo predios que se pueden revertir en el Poder Judicial”, añadió el especialista de IDL.

Sobre este punto, Álvaro Másquez explicó que las constancias de posesión que se emiten irregularmente deben ser anuladas por el propio Gobierno Regional y para eso hay diferentes recursos. El primero, que la persona interesada (persona natural, comunidad indígena, sociedad de agricultores, etc.), presente una solicitud de nulidad para que se anulen constancias. 

“Otra forma que ha resultado en otros casos, aunque no es 100% reglamentaria, es pedir que el Gobierno Regional anule las constancias por sí mismo, una nulidad de oficio. En Ucayali hemos visto cómo el Gobierno Regional ha anulado de oficio constancias que fueron entregadas a todas luces ilegalmente sobre tierras no posibles [de reconocer], a personas no posibles de entregar –como menores de edad–  y fiscalizadores que afirmaron estar en más de un lugar en un lapso muy breve de tiempo”, cuestionó el abogado en el programa en vivo.

Criminalidad

De otro lado, sobre el caso expuesto en el reportaje de Convoca.pe, el especialista de IDL apuntó que se trata de un posible esquema de criminalidad ambiental asociada a la explotación de los recursos naturales. 

“Un bosque de palma aceitera no es un bosque natural, es artificial. Para instalar una mega instalación de palma aceitera como la de Palmas del Shanusi [ligada al Grupo Romero], hay que realizar un trabajo intensivo de deforestación. Y no siempre, como suelen decir las empresas, se trata de que [estas compañías] encuentren predios sin presencia de bosque o bosque secundario, donde podrían intervenir según la normativa peruana”, explicó el especialista en el programa Convoca en Vivo. De hecho, muchas veces, esto ocurre sobre bosque primario.

Pobladores del caserío Jorge Chávez acusan a Palmas del Shanusi de contaminar sus ríos y de manejar irregularmente las tierras amazónicas. Foto: Milagros Salazar Herrera/Convoca.pe.

Másquez explicó además que el factor de más rápido crecimiento de deforestación en la Amazonía está asociado a la actividad de la agroindustria. En este sentido, señaló que el Estado debe apuntar a atacar la ilegalidad de los esquemas de acaparamiento de tierras en los bosques, que luego son deforestados para darles uso agrícola. De lo contrario, a costa de los ecosistemas, “vamos a estar consolidando un modelo peligroso para poder trabajar la explotación de la palma aceitera”, apuntó.

“Hace algunos años se intentó aprobar el Plan Nacional plan de Siembra de Palma Aceitera. El Gobierno, [a través del] Ministerio de Agricultura, en el 2017 prepublicó un plan para promover estos cultivos en toda la Amazonía. Lo que ocurrió es que la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali interpuso una solicitud de Consulta Previa (…). Minagri prefirió no sacar la norma. Hubo miedo, creemos nosotros, de contar con un instrumento de gestión para promover un cultivo sostenible de la palma y optaron por hacerlo por la forma de siempre, de espaldas, a escondidas”, recordó el experto.