El río Santa, vital para las regiones de Áncash y La Libertad, afronta graves consecuencias debido a la contaminación que afectó su cauce y el de otros ríos la semana pasada. Este hecho llevó a que, el 10 de agosto, se cortara el suministro de agua en Trujillo como medida preventiva y que, además, los proyectos especiales de irrigación Chavimochic y Chinecas, que dependen del río Santa, también restringieran su uso ante la emergencia ambiental.
Información preliminar sugiere que la causa de esta contaminación podría ser el colapso de una bocamina en el sector Huayllapón, perteneciente a una unidad minera de la Minera Tungsteno Málaga del Perú SA. Sin embargo, a diez días del incidente, las autoridades no han emitido una respuesta oficial, y las causas exactas del desastre aún no han sido determinadas.
Lorenzo Vázquez, presidente del Frente Macro Regional del Norte en Defensa del Territorio Nacional y los Sectores Productivos Almirante Miguel Grau (Frente Macro Norte), que agrupa a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, afirmó para Convoca.pe que la contaminación de los cuerpos de agua en la región data de la década de 1990, aproximadamente.
“La causa del problema es que el gobernador con su Dirección de Energía y Minas de acá de la región [Ancash], da los permisos para que la minería informal o artesanal se aposten cerca de las cuencas de agua, cerca de la reserva de agua que es la laguna de Pelagatos. Una de las lagunas más grandes que tenemos y que abastece de agua. Ellos saben de todo eso, entonces por qué dan los permisos [a la minería]”, menciona el dirigente.
Precisamente la laguna Pelagatos, un importante cuerpo de agua, ya había sido contaminada en 2019 por la ex unidad minera Pushaquilca. Actualmente, la empresa estatal Activos Mineros S.A.C (AMSAC) está encargada de la remediación ambiental tanto de esta laguna como de la quebrada Urupay, ambas impactadas por la actividad minera. En un comunicado, la compañía deslinda de las versiones que señalaban a este pasivo ambiental como causa del desastre sucedido el 6 de agosto pasado.
Aunque la Minera Tungsteno Málaga del Perú SA ha sido sindicada como la propietaria de la unidad cuya bocamina colapsó y contaminó los afluentes, las autoridades aún no han confirmado las causas exactas. Esta empresa, sin embargo, tiene 15 concesiones en la zona, algunas de las cuales datan de la década de 1930, pero no han registrado producción en los últimos 12 años, según pudo constatar este medio revisando cifras del Ministerio de Energía y Minas. A pesar de ello, las autoridades han señalado a medios de comunicación que la contaminación podría deberse a la actividad de mineros informales e ilegales, mientras que las respuestas de las instituciones no son claras.
Guillermo Edward Gil Albarrán, decano departamental del Colegio de Ingenieros del Perú por Áncash -Chimbote y dirigente social, cuestionó el accionar del gobierno regional y de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), además de la inacción del Ministerio Público a 10 días de sucedido el hecho.
“El Ministerio Público, sobre todo, en caso que haya este tipo de daños al medio ambiente, a la salud de la población, debería de haber hecho las denuncias de oficio, pero a través de los años no ha hecho nada. En esta oportunidad porque se ha dado a conocer es que está interviniendo la Fiscalía pero hasta el momento no hay identificados, ni ha hecho ningún tipo de denuncia", señaló el dirigente para este medio.
Pero esta problemática no es reciente. Convoca.pe ha encontrado informes del OEFA que datan de 2013, 2015 y 2016, en los que ya se abordaba la contaminación en el río Santa, destacando la presencia de actividades mineras ilegales y de pasivos ambientales que continúan afectando no solo este río, sino también otros afluentes en la región.
En Áncash y en el río Santa, la minería sin control y la contaminación tienen muchos años
La minería sin control y la contaminación en la región de Áncash, especialmente en el río Santa, no son problemas recientes, sino que se han extendido por muchos años. El último informe público sobre la calidad del agua en el río Santa data de 2016 y se centró en las subcuencas de los ríos Santiago y Sipchoc, así como en el propio río Santa. Este estudio fue una actualización de un informe previo realizado en 2015 en la misma área, donde se llevaron a cabo muestreos de agua y sedimentos en los distritos de Aija y Recuay, una zona caracterizada por la presencia de pasivos mineros.
En el informe más reciente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se tomaron muestras en siete puntos distribuidos entre las subcuencas de Santiago, Sipchoc y el río Santa. Los resultados mostraron niveles alarmantes de contaminación en los sedimentos: en todos los puntos de control de las subcuencas de Sipchoc y del río Santa, el arsénico excedía los valores establecidos, alcanzando en un caso hasta un 9382.35% por encima del límite. De manera similar, se encontraron niveles elevados de cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc, superando los límites permitidos en varios puntos, con picos de hasta 840.85% en el caso del plomo y 332.70% en el zinc.
Las muestras de agua también revelaron concentraciones de arsénico por encima de lo normal en cinco puntos de la quebrada Sipchoc, con un punto alcanzando un alarmante 8420% por encima del valor establecido. En dos puntos del río Santa, los niveles de arsénico también superaron los límites permitidos. Estos hallazgos reflejan un patrón continuo de contaminación en la región, vinculado a la existencia de pasivos ambientales y actividades mineras abandonadas, similares al caso actual en la zona de Pelagatos, donde la unidad minera de la Minera Tungsteno Málaga del Perú SA ha sido señalada como posible fuente de la reciente contaminación.
Este problema no se limita solo a la contaminación de los ríos, sino que también abarca la minería ilegal, que ha causado estragos en la provincia del Santa, en Áncash. En 2013, tras repetidas denuncias de campesinos, se verificó la presencia de minería ilegal en el pueblo de Cochapeti, anexo de Cosma, en el distrito de Cáceres. Se identificaron tres zonas de minería "probablemente ilegales": Mina "Vale un Perú", Mina "Santa Bárbara" y Mina "Juana Rosa". Una inspección reveló que estas minas se dedicaban a la extracción y reducción de tamaño de mineral, generando daños en los cultivos aledaños debido al polvo de los minerales triturados y a los escombros de material rocoso descartado.
El informe concluyó que, además de los daños en los terrenos agrícolas y en la infraestructura de canales, se identificaron "posibles impactos en las fuentes de agua circundantes por uso y contaminación con metales pesados de los desperdicios de minerales y por el manejo inadecuado de los residuos peligrosos".
Guillermo Edward Gil Albarrán, decano departamental del Colegio de Ingenieros del Perú por Áncash - Chimbote y dirigente social, señala que la solución debería de ser inmediata evaluando las actividades mineras en la zona.
“Lo que tiene que hacerse es tomar medidas inmediatas de parte de todas las autoridades. Hacer la evaluación inmediata de todas las concesiones y mineras para ver que estén cumpliendo [normativas ambientales] y las que no cumplen que lo cierren, que no haya actividad hasta que implementen procesos en que puedan tratar el agua y no contaminar”, señaló para Convoca.pe el dirigente.
“Realmente las autoridades no han mirado esta problemática. Ellos ya tenían los datos, desde hace varios años, y no han hecho nada”, remarcó Gil Albarrán.
La problemática es bien conocida en toda la región de Áncash y se ha prolongado durante años. La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué no se ha hecho nada para solucionarla?
La falta de respuesta y la ineficacia de las autoridades
Hasta el cierre de esta nota, no se ha determinado con claridad el origen de la contaminación que afectó el río Santa el 6 de agosto. Tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmaron a Convoca.pe que ya se han tomado muestras de distintos puntos del río Santa, cuyos resultados se conocerán en las próximas horas. Sin embargo, ambas entidades señalaron que la responsabilidad principal de esclarecer los hechos recae en el gobierno regional de Áncash, ya que una de las principales hipótesis es la presencia de mineros informales e ilegales en una zona de pequeña minería. Es relevante destacar que la Minera Tungsteno Málaga del Perú SA figura como pequeño minero en el directorio minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Por tales motivos, este escenario pone en evidencia un aspecto crucial: en el caso de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), son los gobiernos regionales quienes otorgan la certificación ambiental, de acuerdo a la legislación actual. Esto se realiza a través de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd). Con esta certificación, la Dirección General de Minería (DGM) y sus dependencias regionales acreditan o renuevan la condición de pequeño productor minero o minero artesanal por un periodo de dos años, mediante la presentación de una declaración jurada bienal.
La Ley 29325, por otra parte, establece que el OEFA, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), es el encargado de fiscalizar, supervisar, evaluar, controlar y sancionar en materia ambiental las actividades de gran envergadura, es decir, la gran y mediana minería. Por otro lado, los gobiernos regionales y la Dirección General de Minería son los responsables de la fiscalización de las actividades de la minería artesanal y de pequeña escala. César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, sin embargo, refiere que estos no están debidamente aptos para tal labor.
"Los gobiernos regionales no tienen ninguna capacidad ni recursos ni condiciones ni herramientas para remediar o gestionar desastres ambientales como el caso del río Santa. Esto es casi pedirle a alguien que no tiene absolutamente ninguna condición, el asumir un rol que no tiene", menciona el especialista.
Este entramado normativo, a su vez, revela una controversia fundamental: los gobiernos regionales, el mismo ente encargado de autorizar operaciones mineras cuestionables, es también responsable de supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta duplicidad de roles facilita la corrupción, fomenta la informalidad y dificulta la transparencia en el sector minero.
“Ahora es cuando han debido hacer [las autoridades] la prevención de no contaminar el río [Santa], porque esa agua es la que estamos tomando todos los chimbotanos, los nuevo chimbotanos, los que están en la ribera de los ríos, los pueblos, los agricultores todos están regando con esa agua contaminada”, señala Lorenzo Vásquez, presidente del Frente Macro Norte para Convoca.pe.
La transparencia y la integridad en la gestión ambiental son fundamentales para evitar desastres como el que actualmente enfrenta el río Santa, cuyos impactos podrían haberse evitado con una regulación y supervisión más efectivas.