La transcripción de un audio en poder de la Fiscalía sacudió al Gobierno la última semana. El registro, que data del 4 de noviembre de 2021, revela una presunta coima entregada por el empresario Zamir Villaverde a Juan Silva, entonces titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El diálogo fue aportado por un colaborador eficaz y es explícito. Entre las páginas transcritas, se lee cómo el propio Villaverde desembolsa "cien grandes" para el alto funcionario del Ejecutivo, pago que, según dijo, provenía de la empresa española Tableros y Puentes SA (Tapusa) como "un presente de buena señal".
El empresario, que hoy está detenido en el penal Ancón I, aseguraba que el monto estaba vinculado a la obra Puente Tarata, que el organismo Provías Descentralizado del MTC había adjudicado días antes, el 19 de octubre de 2021, a favor del Consorcio Puente Tarata III. El consorcio estaba conformado por la española Tapusa, la colombiana H. B. Estructuras Metálicas y la peruana Termirex.
Pero no es la primera vez que la española contrata con el Estado. La empresa, ahora bajo sospecha, ya tiene varios años facturando millones del tesoro público desde que constituyó su filial en Lima en enero de 2014. Convoca.pe comprobó en los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) que Tapusa ha participado hasta el momento en 28 obras públicas, todas a través de consorcios, que acumulan un monto contratado de 1.760 millones de soles.
Su principal cliente ha sido, de lejos, el MTC. Con esta entidad, los consorcios que integró Tapusa participaron en 21 proyectos por 1.330 millones de soles, el 75,5% del total.
La obra pública más costosa en la lista es el "Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles del servicio de corredores viales del departamento de Junín". En nombre del grupo de empresas fue Consorcio Vial Comas y en diciembre de 2019 suscribió el contrato por 235 millones 16 mil 50 soles. Además de Tapusa, participaron Termirex, Ripconciv y Weihai Construction Group Company. Tapusa recibió el 40% del total.
El segundo lugar lo ocupa la cuestionada construcción del puente vehicular Tarata, en la región de San Martín. Por esta obra, cuyas gestiones para lograr la adjudicación también fueron vinculadas a la lobbista Karelim López, el Estado peruano pagó 232 millones 587 mil 14 soles al mencionado Consorcio Puente Tarata III. Tapusa también cobró el 40% del total.
Otro de los servicios que supera los 200 millones de soles fue suscrito por el Consorcio Vial May Ushin, constituido por la española y Desial SAC, para el mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimana en la región de Ucayali. La compañía mencionada por Zamir Villaverde recibió el 50% de los ingresos.
“Cien grandes para usted”
“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted… Cien grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, dijo Zamir Villaverde en la conversación con el exministro Juan Silva, grabada y transcrita.
“Es la primera que me han mandado de Tarata, para que sepas. Me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, añadió el empresario. Si bien al momento de la conversación ya se había adjudicado la buena pro de la obra, el contrato de Puente Tarata se firmaría todavía tres semanas después, el 25 de noviembre de 2021.
En el documento del Ministerio Público también se lee que el empresario le asegura al funcionario que “la carrera de Tarata está ganada” y le informa que se estaban “jugando dos carreras más”.
“Hoy día se están jugando dos carreras más. Claro, no son grandes, son de 65 y de 64. Este, a 0.5, pero están a 80, pero también igual tenemos el control. Y esta semana que viene salen, esas sí son grandecitas, 265, y van a salir 18 conservaciones en [Provías] Descentralizado. Y en la parte de Nacional van a salir como 11”, se lee en la transcripción difundida.
Lo niega todo
Tanto el exministro Juan Silva y un grupo de congresistas de Acción Popular, sindicados por Karelim López como “Los Niños” por su supuesto sometimiento al gobierno de Pedro Castillo, han sido implicados en la investigación del caso "Puente Tarata-Provías Descentralizado" llevado por la Fiscalía. El expediente también involucra al exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, quien hoy está en la clandestinidad.
Según la tesis fiscal, el exministro Silva habría cometido hechos irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros ilícitos. Por esta razón, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez solicitó el pasado 2 de junio el impedimento de salida del país del investigado por 36 meses.
En la audiencia virtual, la defensa de Silva dijo que rechazaba las imputaciones contra su defendido. Sin embargo, informó que el exministro se allanaba al pedido del Ministerio Público. Cabe resaltar que un día antes, en una entrevista con Radio Exitosa, Juan Silva negó todo y culpó a otros de los contratos manipulados.
Asimismo, insinuó que la responsabilidad de los contratos corresponde a los integrantes de los comités de licitación de Provías Descentralizado y que, como titular de Transportes y Comunicaciones, él no tuvo injerencia ni vinculación con los integrantes de dichos grupos. “No hay ninguna prueba de que haya llamado a los miembros del comité porque no los conozco. No he tenido ningún nexo con ninguna empresa porque no he sido empresario. Nunca me he dedicado a la política”, aseveró Silva Villegas.
El fiscal Sánchez ha recopilado abundante evidencia en la carpeta fiscal y no solo testimonial. Por ejemplo, entre los elementos probatorios están los audios de las conversaciones entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, supuestamente grabados el 25 de julio de 2021, días antes de que Pedro Castillo tomara el mando de la nación. En el audio, Pacheco y Villaverde comentan que Silva habría entregado un millón de soles para ser nombrado ministro de Transportes, situación que complicaría los planes de ambos. "Es un mercenario", se oye decir al ex secretario presidencial.
De hecho, la gestión de Silva adjudicó ocho contratos por más de mil millones de soles a compañías vinculadas a Villaverde y a los sobrinos de Castillo. La colaboradora eficaz Karelim López se ha ratificado más de una vez en su versión de que existía una mafia al interior del ministerio de Transportes, que implicaría a Silva, a Villaverde, a congresistas de Acción Popular, a la familia de Castillo y al propio presidente de la República.