Han pasado dos años desde que Miguel Mercado y otros adultos mayores protestaron frente a la sede del Congreso, en el Cercado de Lima, exigiendo a los legisladores la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tratado multilateral impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que permitiría generar cambios normativos para garantizar mayores derechos a este grupo de la población.

Su pedido no solo ha pasado inadvertido para la mayoría parlamentaria, sino que en sesiones plenarias del Legislativo fue objeto de dilaciones que lindan con la burla. En el propio pleno del Parlamento, se aprobó suscribir la convención mencionada dos veces y, la misma cantidad de ocasiones, algunos congresistas presentaron reconsideraciones que paralizaron el procedimiento de adecuación a la norma.

Desde 2018, diversas organizaciones y activistas de los derechos de las personas mayores envían comunicaciones al Congreso para lograr la aprobación de la convención. Esperaban que este 26 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Adulto Mayor, pudieran ver cumplido este objetivo. El activista Miguel Mercado contó que enviaron solicitudes al presidente del Legislativo, Manuel Merino, para que incluyera este punto en la agenda de la sesión plenaria por motivo de su día, pero no fueron tomados en cuenta.

Ellos piden que el Parlamento vuelva a votar sobre la ratificación del acuerdo, luego que en 2019 se presentó una reconsideración al mismo. Desde esa fecha, el expediente está paralizado.

Papelito mandó

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,  fue adoptada en junio de 2015 por la OEA. Se encuentra vigente desde enero de 2017. Desde entonces, los países de la región que la han ratificado son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Brasil y Uruguay.

El documento, que consta de 41 artículos, tiene por objetivo proteger y asegurar derechos de las personas mayores y promover su inclusión en la sociedad. Para que entre en vigencia en el país, debe ser aprobado previamente por sus autoridades.

El 7 de junio de 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso emitió el dictamen para aprobar la Resolución Legislativa que aprobaría la convención. El 14 de junio, una semana después, el tema se votó en el pleno, instancia en el que fue aprobado, sin votos en contra.

A partir de ese punto empezaron las marchas y contramarchas. El entonces congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles (Fuerza Popular) presentó una reconsideración a las pocas horas de votar a favor de la norma. Se trataba de un papel escrito a mano en el cual registró su solicitud, sin explicar motivaciones. 

Reconsideración presentada por excongresista Juan Carlos Gonzales Ardiles.

"Este papel bastó para que se postergue la reconsideración de la resolución hasta cerca de un año", señala María Isabel León, de la consultora Conexión Adulto Mayor.

La reconsideración fue tratada diez meses después, tras la presión que ejercieron los adultos mayores en plantones y documentos.  El 16 de abril de 2019 se volvió a aprobar este acuerdo por mayoría, horas después los voceros de Fuerza Popular, Cambio 21, Concertación Parlamentaria, APP y APRA presentaron una nueva reconsideración. Esta vez fundamentada en el hecho de que el texto de la convención incluía las palabras orientación sexual e identidad de género. Según la argumentación de los legisladores, esos términos son "contrarios a la Constitución".

El artículo 9 de la Convención indica que los adultos mayores tienen derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia "independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición". Este párrafo  y el artículo 5 se encuentran en entredicho.

El  reglamento del Legislativo permite la reconsideración de la reconsideración, solo sí es presentada por una sola vez por los voceros de los grupos parlamentarios que representan a los 3/5 del número legal de congresistas. No se permite más reconsideraciones, por lo que esta norma deberá tratarse nuevamente en sesión plenaria de manera definitiva.

Otro motivo de la demora en la aprobación final de la norma tuvo que ver con la crisis suscitada en el Parlamento. Como se recuerda, el 30 de setiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso que inició funciones en julio de 2016. Y el 26 enero de 2020, se realizaron comicios parlamentarios extraordinarios en los cuales fueron elegidos los actuales legisladores.

Manifestación realizada luego de la segunda reconsideración del Congreso, en 2019. Foto: Difusión

Cambios a la norma

Antes de ser remitida al Parlamento, los términos de la convención fueron analizados por diferentes sectores del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo señaló que se requeriría expedir nuevas leyes para adecuarse a los artículos 17 y 18 de la Convención.

Estos artículos indican que todos los adultos mayores tienen derecho a la seguridad social y que el Estado debe promover el derecho al trabajo digno y la igualdad de oportunidades.

Por su parte, Miguel Mercado añadió que también se deberán realizar ajustes a la Ley de la Persona Adulta Mayor.

Los actuales integrantes del Poder Legislativo todavía tiene la oportunidad de corregir lo postergado por sus antecesores.