La mañana en que el Ministerio Público allanó instalaciones de Fuerza Popular como parte de las indagaciones por lavado de activos relacionados al caso Odebrecht, cuatro trabajadores del Congreso de la República se presentaron como abogados del partido fujimorista ante los fiscales que intervenían su local de Paseo Colón, en el Cercado de Lima. Como se sabe, esta agrupación política es investigada por un presunto aporte de campaña de la constructora brasileña en 2011.

Convoca.pe tuvo acceso al acta de “allanamiento, registro e incautación” del jueves 7 de diciembre último en la que se consignó la participación de siete defensores legales al interior del local partidario. Entre ellos se encontraban los funcionarios congresales Wilfredo Ponce de León Pandolfi, Carmen Inés Vegas Guerrero, Ana Bertha Patiño Urco y Carlos Javier Ortiz Ziegner.

Los cuatro están contratados bajo el régimen laboral privado (Decreto Legislativo 728).

Norma interna para los trabajadores del Legislativo.

El primero en llegar, a las 10:18 de la mañana, fue Wilfredo Ponce de León, jefe de Asesoría Jurídica del Congreso y miembro del Comité Ejecutivo de Fuerza Popular. En conversación con este medio digital, Ponce de León confirmó que ingresó al local partidario durante la intervención liderada por el fiscal José Domingo Pérez. Para justificar su presencia y participación, adujo que había solicitado licencia.

“Si no [tuviera el permiso], estaría fregado, lógico, ¿no?”, señaló, en alusión a una prohibición establecida en el Estatuto del Servicio Parlamentario que no permite que los trabajadores realicen actividades que no corresponden a su cargo durante su jornada laboral.

Ponce de León alega que salió de vacaciones por un día.

El funcionario envió a Convoca.pe una copia de una “boleta de salida/vacaciones”, firmada por el oficial mayor José Cevasco, con la que solicitó en la misma fecha del allanamiento una autorización para ausentarse por “vacaciones” durante ese día. El documento fue sellado como recibido a las 10:15 de la mañana, tres minutos antes de que Ponce de León ingresara al local de Fuerza Popular en Paseo Colón. La oficina de Registro y Control de Personal, donde fue entregada su boleta, está ubicada en el jirón Huallaga, a más de dos kilómetros de distancia.

A las 10:45 de la mañana, llegó al mismo local partidario Carmen Vegas, flamante asesora de la Presidencia del Congreso, es decir, del legislador fujimorista Luis Galarreta. Minutos después, a las 11:05 de la mañana, entraron juntos Ana Patiño, asesora de la Comisión de Inteligencia, y Carlos Ortiz, trabajador de la Procuraduría del Parlamento. 

Vegas, que además fue parte del equipo técnico de la última campaña de Fuerza Popular, también aseguró que se le concedió una licencia el 7 de diciembre y recalcó que su permiso fue sin goce de haber. “Soy personal de confianza del módulo de apoyo [de la Presidencia del Legislativo]”, agregó.

Por su parte, Ana Patiño, de la Comisión de Inteligencia, no solicitó un permiso sin goce de haber. Por el contrario, afirmó a este medio digital que “estaba con goce de vacaciones” y que pidió una boleta de salida, que estaría archivada en el área de Recursos Humanos. ¿Quiere decir que el descanso es pagado?

“Nosotros tenemos derecho a vacaciones”, insistió en su explicación.

El inmueble fue allanado antes de las 9 de la mañana.

A Carlos Ortiz, de la oficina de la Procuraduría del Congreso, le consultamos si se había presentado como abogado de Fuerza Popular. “Ese no es un dato del todo exacto”, dijo. Si bien se excusó de dar más declaraciones por encontrarse en horario de trabajo, agregó que también pidió licencia y que “si no hay conflicto de intereses, no habría ningún problema [con patrocinar al partido]”.

Ortiz, Vegas y Patiño pusieron su firma y su número de colegiatura al final del acta fiscal junto a las de otros dos colegas privados.

 Wilfredo Ponce de León junto a los congresistas Alejandra Aramayo y Héctor Becerril. Foto: Captura Canal N

Interrupciones

El documento del Ministerio Público no solo muestra los nombres, sino también que los trabajadores del servicio parlamentario no se limitaron a observar.

En la “Oficina Z” de la casona de Paseo Colón, el fiscal Pérez mandó a lacrar una laptop Lenovo a las 11:00 de la mañana. Ocho minutos después, Ponce de León pidió que se revisara su contenido. Pérez rechazó su solicitud: la verificación se haría "en la dependencia correspondiente”. En otro ambiente llamado “asesoría legal”, a las 12:40 del mediodía, la Fiscalía encontró dos dispositivos de memoria USB. Carmen Vegas aseguró que el material era suyo y también pidió que se visualizaran los archivos. Pérez otra vez dispuso el lacrado. 

La funcionaria aseveró que estos contendrían "información personal".

Ver: Fiscalía incautó información sensible para el partido de Keiko Fujimori

Luego de una hora, “ante las constantes interrupciones y oposición de los abogados presentes”, el fiscal José Domingo Pérez dejó constancia de que no se estaban dando "las garantías para la adecuada realización” de la diligencia.

De otro lado, casi al finalizar el allanamiento, dos abogados particulares del partido, Luis Lazo Mendoza y Julia Pacheco Garmendia, pidieron que se anotara en el acta su oposición a la incautación de tres fólderes que podrían ser claves para las pesquisas de la fiscalía: uno contenía recibos de tesorería de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), otro guardaba una relación “de excel” con el rótulo “Cóctel lunes 18.02.2013” -por el que ingresaron fondos por casi 136 mil soles, según la ONPE-, y el último llevaba la inscripción “autorizaciones propaganda política 2010”, como ya lo había adelantado Convoca.pe.