Sin presupuesto y sin considerar la oferta educativa en las regiones. De esa forma, el Congreso de la República tiene en la agenda del Pleno el texto sustitutorio de un proyecto de Ley que de ser aprobado daría paso a la creación de 20 universidades nacionales más en el país.

El dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), acumula 32 proyectos de ley que buscan crear nuevos centros de estudios en 15 regiones. De estas propuestas, 5 pertenecen al congresista Guido Bellido, que presentó los proyectos cuando pertenecía a la bancada de Perú Bicentenario. 

Los proyectos presentados por Bellido Ugarte son para la creación de universidades en Chincheros (Apurímac), Chumbivilcas (Cusco), Huancabamba (Piura) y Jauja (Junín). En diálogo con Convoca.pe el legislador cusqueño señaló que presentó los proyectos por iniciativa propia “cuando viajamos, la gente nos pide que presentemos estas propuestas y uno responde”, señala. 

Consultado por las opiniones de los ministerios de Educación y de Economía, Bellido asegura que “esa es la posición del Ejecutivo, nuestras propuestas son distintas, responden al pueblo” y afirma que los recursos para la creación de las universidades “son ordinarios, deben salir del presupuesto”. 
 

A nivel de bancadas, el grupo parlamentario que más proyectos presentó en la comisión de Educación fue Perú Libre (con 8 proyectos) y Juntos por el Perú (con 6), le sigue con 4 propuestas la bancada de Perú Bicentenario, grupo que albergaba a congresistas que salieron de Perú Libre.

Todos estos proyectos acumulados buscan la creación de 20 universidades que se sumarían a las seis que ya han sido creadas en lo que va del período legislativo que inició en julio de 2021 y que forman parte de un paquete de 89 proyectos para la creación de universidades provinciales y regionales. A la fecha, según un reporte del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes) ya se han creado 2 universidades en Cajamarca, 2 en Cusco, y una en Puno e Ica, además de la creación de tres universidades en Lima en reemplazo de escuelas artísticas.

Proyectos no viables 

Uno de los proyectos incluidos en el dictamen es el Nª 3939-2022 de autoría del congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) que propone la creación de la Universidad Autónoma Padre Abad - UNAPA de Ucayali. Sobre esa propuesta, tras una consulta de la comisión de Educación que en ese año era presidida por la congresista Gladys Echaíz, el Ministerio de Educación (Minedu) opinó que no era viable la creación de nuevas universidades. 

En su oficio N° 720-2023 fechado el 24 de febrero de 2023, la secretaria general del Minedu hacía llegar el informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) en la cual, se pronunciaban por la no viabilidad de la creación de la Universidad Nacional Autónoma Padre Abad - UNAPA de Ucayali. 

Al respecto, el documento recoge la opinión de Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria señalando que el Congreso “ha pretendido crear universidades sobre la base de una filial o sede de una universidad ya existente” y señala que existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 00015-2015AI, donde advierte que “la transferencia de partidas, infraestructura, docentes y personal administrativo a favor de otra universidad implica una violación a la autonomía universitaria”

“Por tanto, en reiterados pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha declarado que la creación de una universidad sobre la base de la filial de otra casa de estudios ya existente, constituye una violación expresa a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú”, señala el documento.

La oficina de asesoría jurídica del Ministerio de Educación consideró que la creación de la Universidad Nacional Autónoma Padre Abad - UNAPA de Ucayali no era viable por la falta a la autonomía universitaria, además de no acreditar la vinculación de la oferta educativa propuesta a la demanda de estudiantes; tampoco se determinó los costos reales de la implementación de la futura ley ni la existencia de recursos humanos y económicos para la implementación y sostenibilidad de la propuesta, además que establecía el funcionamiento de la universidad al día siguiente de aprobada la norma sin que haya sido licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) 

Al igual que este proyecto, el ministerio se pronunció también por la propuesta de creación de la Universidad Nacional de Jauja (Junín) y previamente en 2022 también tuvo una opinión similar por un primer proyecto que buscaba la creación de la Universidad Nacional Autónoma Padre Abad de Ucayali. 

Extracto del oficio del Ministerio de Educación que señala la no viabilidad de la creación de nuevas universidades. 

Oferta y demanda universitaria

El artículo 27 de la Ley Universitaria considera los requisitos a tener en cuenta para la creación de universidades, entre ellos la conveniencia y pertinencia de su creación con relación a las políticas nacionales y regionales de educación, el vínculo de la oferta educativa con la demanda laboral y la disponibilidad de recursos humanos y económicos para su inicio y sostenimiento. 

Jorge Mori, director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), considera que “lo que está ocurriendo con las universidades públicas es que tiene muy pocas vacantes, se están dando 70 mil vacantes al año mientras que las privadas están dando 310 mil vacantes”, con lo cual no existe una atención acorde para la demanda de estudiantes que existen. 

Uno de los argumentos que se plantea en las finalidades del proyecto de ley es el de fomentar la educación universitaria en los distritos, provincias y regiones donde se estima crear las universidades descritas en el dictamen. 

Sin embargo, Mori cita el informe de Cappes donde se señala que entre 2007 y 2011 hubo una “primera ola” de creación de universidades. “No es real que funcionen al día siguiente de su creación. Fueron 13 las universidades creadas en ese lapso y les tomó un promedio de siete años iniciar sus actividades”, precisa.

Un ejemplo de ello es la creación de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”, en 2010. En 2011 se designó la primera Comisión Organizadora. No fue hasta el año 2018 que se consiguió el Licenciamiento Institucional de la Sunedu y recién en ese año se tomó el primer examen de admisión.

Siete años en promedio se demora en iniciar su funcionamiento una universidad nueva. Imagen: Cappes
 

Varios de los proyectos incluidos en la propuesta que se debatirá en el Pleno del Congreso se basan en la transferencia de recursos de universidades ya existentes. Iliana Estabridis, exdirectora de la Dirección de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación, asegura que “eso implica una pérdida de recursos para la universidad “madre”, porque le quitan no solamente local, sino también los profesores, le quitan el presupuesto, le quitan los equipos que se tengan que utilizar para la educación”. 

Para la asociada de Foro Educativo es necesario “tener estrategias adecuadas y políticas de educación superior universitaria que formulen con claridad una creación progresiva de universidades en atención a la formación profesional que necesita el país (...) pero eso no existe”, puntualiza.

Sin presupuesto 

Varios proyectos de creación de universidades  también pasaron por la comisión de Presupuesto y para ello solicitaron opiniones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Uno de ellos es el proyecto 8108, que crea la Universidad Nacional Amazónica de Sandia en la región Puno. 

Sobre el tema, el MEF se pronunció a través del Informe N° 0616-2024-EF/50.04 de la Dirección de Normatividad, donde se observa la norma pues la creación de una nueva universidad “conlleva gastos para la construcción, ampliación o adecuación de infraestructura universitaria, contratación de personal docente, personal administrativo, pagos de servicios básicos, equipamiento de aulas y oficinas, y demás gastos para el funcionamiento y mantenimiento (...)”

En el informe, la dirección del MEF señala que esta medida origina “que se deban asignar los recursos necesarios para la creación de una universidad, financiamiento que no se encuentra previsto en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, aprobado por la Ley N° 31953”, razón por la cual se necesitará recursos adicionales del Tesoro Público “contradiciendo el Principio de Equilibrio Presupuestario”. Es decir, no hay recursos de donde financiar la creación. 

Otro aspecto importante que resalta el ministerio de Economía es que este tipo de normas  “Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú”. Entonces ¿por qué insisten con este tipo de iniciativas?.

“Claramente los congresistas lo hacen por razones estrictamente populistas. No están pensando en beneficiar realmente a los estudiantes de las provincias, simplemente están pretendiendo tener rédito político (...) es una estocada a la universidad pública”, señala Jorge Mori. 

Por su parte Iliana Estabridis considera  que “estamos en año preelectoral, y esta creación de universidades puede ser utilizada de manera proselitista y populista por los congresistas con miras a su reelección o participación en las elecciones regionales y municipales”.