Hoy se debate desde las 10 de la mañana en el Pleno del Congreso la reconsideración para aprobar el adelanto de elecciones, luego de que no se llegara a un consenso el último viernes 16 de diciembre. Mientras las protestas se agudizan en distintas regiones y se cuentan 21 fallecidos en enfrentamientos con la Policía y el Ejército, esta salida política queda en manos del Poder Legislativo. 

El malestar social se exacerbó con las respuestas tardías de Dina Boluarte sobre la situación electoral desde que asumió como presidenta de la República, en reemplazo del destituido Pedro Castillo. Boluarte primero anunció que se quedaría hasta 2026 y luego se corrigió y propuso elecciones para abril de 2024. Ambos mensajes solo aumentaron la convulsión social, algo que la obligó a ceder y proponer al Congreso un plazo más breve.

 Manifestantes bloquearon tramo de la Panamericana Sur en Ica para exigir cierre del Congreso y nuevas elecciones. Foto: Convoca.pe

En este escenario de crisis social, ¿qué tan posible es recortar los plazos para que unas nuevas elecciones generales tengan lugar dentro del 2023? 

En el Congreso hay un dictamen que plantea que las elecciones se desarrollen en abril de 2023. Pero este tiempo podría quedar muy corto, en opinión de expertos y de los propios organismos electorales. 

“Hay la posibilidad de que se recorte el mandato presidencial para fines del 2023. Para ello, se tendría que armar un nuevo cronograma electoral con muchos ajustes”, señala José Manuel Villalobos, abogado especialista en esta materia. “Sin embargo, esta elección ‘express’ no va a permitir realizar elecciones primarias ni muchas reformas importantes y necesarias”, opina el experto electoral.

En efecto, esta mañana, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, emitió un comunicado en el que aseguró que era posible llegar a fines de diciembre de 2023, “sacrificando las elecciones primarias”.

Anuncio del presidente del JNE, Jorge Luis Salas, en representación de los organismos electorales, hoy 20 de diciembre, minutos antes se inicie el Pleno del Congreso sobre el adelanto de elecciones.

Como se sabe, la ley electoral establece que entre la convocatoria del proceso electoral y el día de la votación tiene que haber, como mínimo, 270 días. Es decir, nueve meses para que los órganos electorales puedan llevarlo a cabo.

En tanto, la situación de crisis social continúa. Ayer se reportó el fallecimiento de un protestante, Xavier Candamo Dasilva (30), en Chala, Arequipa, sumando dos en esta región. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí informó que se están haciendo las diligencias necesarias para esclarecer la muerte de dicha persona. 

“El conflicto ha escalado a tal nivel que las demandas van a incrementar. Ya hay poblaciones que exigen la renuncia de la presidenta”, señala Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros. Además, remarca que la población ya no confía en este Congreso para efectuar reformas políticas o del sistema de elecciones. En una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de noviembre de este año, se advirtió que un 86% de la población desaprobaba la gestión del Parlamento.

En las dos últimas semanas se han vivido las protestas más sangrientas en años, con nueve muertos en Ayacucho, seis en Apurimac, tres en Junín, dos en Arequipa y uno en La Libertad. Además, el Ministerio de Salud reporta 39 hospitalizados producto de la violencia en las manifestaciones. A la fecha hay más de 20 carreteras bloqueadas en 7 regiones del país, según Sutran, incendios de locales públicos y saqueos de comercios. 

Vigilia frente al Palacio de Justicia por los manifestantes fallecidos en conflictos con la Policía y el Ejército. Foto: Romel Púa
 

Cambios

Todo depende de que el Parlamento se ponga de acuerdo sobre la fecha del día de los comicios. "A partir de ahí se tiene que hacer un reajuste total de los plazos del proceso electoral en función de lo que pueda calzar, pero dejando de lado hacer las reformas que se tenía que discutir previamente”, advierte Villalobos. “No se podrá impedir postular a los condenados por narcotráfico o corrupción, ni modificar el sistema de elección de los congresistas. Los partidos nuevos no podrán postular porque no habrá plazo para inscribirse", añade. 

Con respecto a la calidad de las candidaturas, el experto electoral Fernando Tuesta advierte que se puede mejorar si por esta vez se exceptúa el requisito de tener un año de militancia en algún partido. Esto daría la posibilidad a que ciudadanos independientes puedan ser invitados por su méritos a integrar listas políticas, en lugar de que se llenen con militantes sin capacidad de desempeñar un cargo representativo.

Por otro lado, mientras que los organismos electorales advierten que para apresurar el paso se tendría que prescindir de las elecciones primarias, Mirtha Vásquez comenta que sí se debe pelear para que se mantengan. “Sobre todo para que no se presente siempre la gente que los dueños de los partidos escogen. Esos cambios se pueden hacer en este plazo si es que lo que queremos es acortar. En el caso [del periodo de transición] de Valentin Paniagua, los plazos también fueron bastante cortos”, enfatiza. 

Manuel Villalobos apunta que si bien en el año 2000, luego de la destitución de Alberto Fujimori, se pudo conseguir que las elecciones se hicieran en 5 meses, en ese entonces las circunstancias eran distintas. El Perú tenía 14 millones de electores, mientras que hoy tiene 25 millones, por lo que se requiere una logística mayor. Por ejemplo, ahora se necesita el doble de mesas de sufragio, de locales de votación, de personal de la ONPE y presupuesto, afirma.

"Las elecciones cuestan mil millones [de soles] sin primarias. Y con estas el presupuesto aumenta. Entonces se tiene que modificar también la ley de presupuesto, ya que era un gasto que no se tenía previsto. Y el Ministerio de Economía tendrá que hacer los recortes de algún lado para conseguir esos mil millones e incorporarlos", declara.

Por su parte, Vásquez hace hincapié en que se debe agilizar lo máximo posible este período de transición y que se transparenten sus procesos para aliviar el malestar que se expresa en las protestas.

Para realizar el adelanto del proceso electoral, el Congreso debe modificar la Constitución con una disposición transitoria, la cual requiere de 87 votos y dos legislaturas ordinarias para aprobarse. Esta legislatura, que culminaba el 15 de marzo, se amplió hasta el 31 de enero para poder debatir el recorte de las gestiones del gobierno y el parlamento.

Fernando Tuesta cuestiona que “nada garantiza que si votan a favor [por el proyecto de ley de adelanto de elecciones para abril 2023] se garanticen elecciones en dicha fecha”. “Los congresistas no quieren irse”, anota.

A contrarreloj

Mientras tanto, Vasquez señala que el Ejecutivo debe entablar de manera inmediata diálogo con los gobernadores regionales, que son quienes conocen a los actores sociales de su región y pueden intermediar, y establecer subcomisiones encabezadas por ministros, para que vayan a las zonas de conflicto para calmar las protestas. De otra manera, el nuevo gobierno podría fracasar, advierte.

Sin embargo, la expremier advierte que la renuncia de la presidenta no es una salida. Indica que esto complicaría más las cosas, pues asumiría el presidente del Congreso, la institución más deslegitimada para la población. “Ella [Boluarte] es quien debe tomar las rienda. Si se siguen demorando, corremos el riesgo de que la situación se polarice”, advierte.

Algunos gobernadores regionales y políticos ya reclaman la renuncia de Boluarte para que así se fuerce el adelanto de elecciones, medida que hasta ahora no está encontrando un consenso en el Congreso.

Algunos pronunciamientos de los gobernadores regionales que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

El paso de los días sin una agenda clara ni propuestas puede provocar que las manifestaciones se desvirtúen o agudicen, advierte. Por el momento, Castillo ha intentado capitalizar este malestar social desde la prisión y emitido mensajes no solo de apoyo a las protestas sino también definiéndose como una supuesta víctima de Boluarte.

“Me parece un acto totalmente provocador e irresponsable lo que está promoviendo Pedro Castillo. Este discurso puede calar en personas del interior del país. Mientras más se demora la presidenta, mientras más se demore el Congreso, estas cosas polarizables pueden ir tomando forma,” concluye.