El pasado viernes 3 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria, para el período 2021-2022, con la participación de una muestra representativa de las bancadas parlamentarias. Los 17 integrantes ahora deberán resolver las denuncias presentadas contra sus colegas congresistas por posibles incumplimientos al Código de Ética del Legislativo.

Sin embargo, Convoca.pe encontró que de los miembros de este grupo sancionador, cinco de ellos registran antecedentes por comportamientos que no precisamente se vinculan con lo ético. Algunos hechos protagonizados por estos parlamentarios incluso los han llevado a la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía.

Oficialismo cuestionado

Perú Libre ha puesto en el mencionado grupo de trabajo a dos congresistas que actualmente registran investigaciones abiertas, una del Ministerio Público y otra de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Se trata de Waldemar Cerrón Rojas, hermano del líder del partido del lápiz Vladimir Cerrón, y de Bernardo Quito Sarmiento.

Como hipotesis indiciaria fiscal, Waldemar Cerrón habría sido testaferro de su hermano Vladimir Cerrón en el caso Chinalco. Foto: Caretas.

En el caso de Waldemar Cerrón Rojas, desde 2016 tiene abierta una investigación por la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo por el presunto delito de lavado de activos. En esa investigación, también están involucrados sus hermanos Vladimir Cerrón y Elías Cerrón.

Según la información del Ministerio Público, Vladimir Cerrón Rojas, ex gobernador regional de Junín, habría recibido beneficios económicos de la minera Chinalco, que opera la mina Toromocho en Junín, a cambio de que apoyara a la compañía china para obtener la licencia social. La Fiscalía maneja la hipótesis preliminar de que el hoy parlamentario Waldemar Cerrón Rojas podría haber sido uno de los testaferros de su hermano.

De acuerdo con declaraciones del periodista Carlos Paredes en Canal N, un colaborador eficaz del caso Chinalco contó que pudo presenciar cuando Vladimir Cerrón recibió dinero a fin de beneficiar a la compañía y que el supuesto testigo calcula que fueron entre 10 y 15 millones de dólares.

En tanto, en el caso del legislador Quito Sarmiento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrió, en marzo de 2021, un proceso administrativo sancionador en su contra por irregularidades en el financiamiento de su campaña cuando postuló a la alcaldía distrital de Paucarpata, en Arequipa.

La autoridad electoral indica que habría recibido aportes de fuente prohibida durante las Elecciones Regionales y Municipales del 2018.

La ONPE detectó que Quito fue financiado en especies por la empresa Radiodifusora del Sur EIRL, que opera la Radio Victoria de Arequipa. Este apoyo no habría sido informado a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la entidad electoral y sería una infracción grave establecida por el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos.

Representando al fujimorismo

Mientras tanto, los representantes de Fuerza Popular que integran la Comisión de Ética también han registrado en el pasado procedimientos indagatorios a nivel de Fiscalía y al interior del Parlamento. 

El primer caso es el del congresista Jorge Morante Figari, quien está implicado en una investigación preparatoria abierta por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y omisión ilegal de acto de su cargo. La denuncia inicial fue presentada en el 2015 y fue ampliada en junio de 2019.

En el 2015, Morante Figari, trabajó como funcionario del Gobierno Regional de Loreto, durante la gestión de Fernando Meléndez, como director del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (OPIPP). Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Morante habría favorecido a la empresa China International Water & Electric Corp (CWE).

Según la Fiscalía, el ahora congresista Morante de Fuerza Popular benefició a una transnacional china al no actuar para cobrar los 36 millones de soles por daños en una obra. Foto: Pro&Contra.

Según la hipótesis de la investigación, el GORE Loreto no ejecutó la carta fianza de la empresa para reparar los daños identificados a causa de la obra, con lo que se tenía que obtener de la empresa un total de 36 millones de soles. Una de las áreas responsables por ese no haber cobrado el dinero fue la dirección que dirigía Morante.

Por su parte, la fujimorista María Cordero Jon Tay ya tiene experiencia previa en la Comisión de Ética, pero desde el banquillo de los cuestionados.

Cuando era congresista entre el 2011 y 2016 por el partido naranja fue objeto de una denuncia por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho parlamentario con el objetivo de financiar su campaña de reelección.

Por este caso, en el 2015, Cordero Jon Tay fue suspendida de su militancia en Fuerza Popular. El caso llegó a la Comisión de Ética que analizó el caso en septiembre de 2015, y decidió declarar "infundada" esta denuncia.

Los congresistas del período 2011-2016 que desestimaron esta acusación fueron Mauricio Mulder, Carlos Tubino, Enrique Wong (actual legislador), Jhony Cárdenas y Rogelio Canches.  

Pero antes, en el 2012, la Comisión de Ética también le había abierto otra investigación por las visitas que realizaba a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción, en la prisión de la DIROES. La denuncia también fue archivada por unanimidad en febrero de 2013. 

María Cordero Jon Tay integra la Comisión de Ética. En el 2013 y 2015 las denuncias en su contra en esa comisión fueron declaradas improcedentes. Foto: Congreso.

Alianzas familiares

En tanto, la congresista Rosío Torres Salinas representa en la Comisión de Ética al partido de los Acuña, Alianza para el Progreso (APP). En su caso, su entorno familiar carga con graves denuncias de corrupción.

La parlamentaria es esposa del ex gobernador regional de Loreto Fernando Meléndez Celis, acusado por haber otorgado ilegalmente derechos a la empresa Cacao del Perú Norte SAC, implicada en una deforestación masiva de 3 mil hectáreas de bosque amazónico.

El último 3 de setiembre, el esposo de la parlamentaria fue acusado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos, en su calidad de ex autoridad regional, por haber faltado a sus obligaciones. Esto habría permitido que esta empresa de cacao, vinculada al investigado Grupo Melka, realice actividades al interior del Fundo Tamshiyacu a pesar de una medida de paralización dictada por el Ministerio de Agricultura. 

La congresista de APP, Rosío Torres, es esposa del acusado exgobernador Fernando Célis. Foto: Pro&Contra

Durante su campaña electoral, la actual congresista afirmó que su esposo Fernando Meléndez era su "súper asesor". La Fiscalía ha pedido cuatro años de pena privativa de libertad para el exgobernador regional de Loreto.

Pero otro familiar de Torres Salinas también figura como buscado por la División de Requisitorias. Su padre Cirilo Torres Pinchi, quien fue director de la Dirección de Educación de Loreto (DREL) entre 1999 y 2000, está prófugo de la justicia desde hace más de 20 años.

El padre de la parlamentaria de APP fue acusado por apropiarse ilícitamente de más de 15 millones de soles cuando era funcionario público en dicha entidad. Fue condenado por delito contra la administración pública en modalidad de peculado.

Actualmente figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Por Torres Pinchi se ofrecen 20 mil soles por datos veraces que permitan su captura.