La Ley 32107, que establece la prescripción de delitos cometidos antes del 1 de julio de 2002 en el marco del conflicto armado interno, fue aprobada en el Pleno del Congreso con el respaldo de congresistas de Podemos Perú, partido al que está afiliado Daniel Urresti. Esta misma norma fue utilizada en febrero de este año por el Tribunal Constitucional para anular la condena de 12 años de prisión impuesta contra Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Es la segunda vez que la Ley de prescripción de delitos de lesa humanidad se aplica. La primera fue en el proceso seguido contra militares acusados por la masacre de Cayara, caso en el que además intervino públicamente el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien amenazó a los jueces que no apliquen las normas que benefician a militares acusados de violación de derechos humanos.
Los autores de la Ley 32107 fueron el propio Rospigliosi, de Fuerza Popular, y José Cueto, de Alianza para el Progreso. Convoca revisó las votaciones del 6 de junio de 2024 y encontró que la iniciativa fue aprobada con el apoyo de legisladores de Podemos Perú, partido al que pertenece y por el que fue candidato Urresti. Entre quienes votaron a favor figuran José Luna, Edgar Tello, Juan Burgos, Heidy Juárez y Ariana Orué, según la revisión realizada. La bancada también respaldó otras iniciativas cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y calificadas como “Leyes procrimen”.
En esa votación, Fuerza Popular fue la bancada que más respaldó la iniciativa, con 22 congresistas a favor. En total, la Ley 32107 fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
El caso de Hugo Bustíos se convirtió en uno de los crímenes más emblemáticos contra la prensa durante el conflicto armado interno. Bustíos era corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la violencia política de los años ochenta. El 24 de noviembre de 1988, mientras investigaba el asesinato de un presunto integrante de Sendero Luminoso en la provincia de Huanta, fue emboscado y atacado.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el proceso judicial, el periodista fue interceptado por una patrulla militar, recibió varios disparos y, cuando aún se encontraba con vida, una explosión terminó por causarle la muerte. En el atentado también resultó gravemente herido el periodista Eduardo Rojas Arce, quien sobrevivió y posteriormente declaró sobre las circunstancias del ataque, convirtiéndose en un testigo clave en el largo proceso que buscó esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Poder Judicial aún no decide si aplica la Ley 32107
El Poder Judicial del Perú aún no se pronuncia sobre si corresponde aplicar la Ley 32107, que establece la prescripción para delitos cometidos antes del 1 de julio de 2002, en el proceso seguido contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
El 8 de agosto del 2025, la defensa del exministro presentó un pedido ante el Poder Judicial para que se declare prescrita la acción penal bajo esa norma. En primera instancia, una jueza penal rechazó aplicar la ley por considerar que contraviene obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos. La decisión fue apelada y hasta el momento no existe un pronunciamiento definitivo sobre esa apelación, cómo lo dio a conocer Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, abogado que siguió el caso.
En paralelo, el Tribunal Constitucional sí acogió ese argumento. En su resolución de febrero, sostuvo que los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 1988 deben analizarse conforme a la legislación vigente en ese momento y que no corresponde aplicar de manera retroactiva la tipificación de crímenes de lesa humanidad incorporada en normas posteriores. Con ese criterio, declaró prescrita la acción penal y anuló la condena de 12 años de prisión impuesta a Urresti en 2023.
La defensa había planteado este argumento en ambas vías. Según explicó a Convoca el abogado Carlos Rivera Paz. Mientras el Tribunal Constitucional ya ordenó la libertad del exministro, el Poder Judicial mantiene pendiente la decisión sobre si corresponde o no aplicar la ley de prescripción en el proceso que aún se encuentra en trámite.