El gobierno de Pedro Castillo cierra el año con una reunión para continuar con el diálogo y buscar soluciones para un conflicto social emblemático que ha generado numerosas críticas y cuestionamientos al accionar del Poder Ejecutivo, incluso desde gestiones anteriores: el enfrentamiento de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, en Cusco, con la empresa minera Las Bambas y con el Estado peruano.

De hecho, este jueves 30 de diciembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y varios ministros se reunieron con representantes de la población de Chumbivilcas y de la compañía minera, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. El encuentro se dio como respuesta al compromiso que asumieron las partes luego de que el 21 de este mes las comunidades campesinas anunciaran el levantamiento del paro y desbloquearan la vía de acceso al corredor vial Arequipa-Cusco-Apurímac.

Hasta noviembre último, la Defensoría del Pueblo registraba en todo el territorio nacional 199 conflictos sociales. De estos, 147 se encontraban activos y 52 latentes. La mayoría de estos, en total 128, era de tipo socioambiental. Uno de ellos es el de Las Bambas. Ese mes, un conflicto fue resuelto en el país, pero surgieron cuatro nuevos.

“Quienes creen que un conflicto se puede resolver de un día para otro, no conocen de conflictos”, advirtió ayer Mirtha Vásquez en relación con Las Bambas. La premier aseguró que vienen respondiendo a las demandas mediante el diálogo y destacó avances logrados en Coata y Livitaca (Cusco), Aquia (Áncash), Cotabambas (Apurímac) y Lucanas (Ayacucho).

Como se recuerda, el presidente Castillo prometió un nuevo enfoque preventivo para abordar los conflictos sociales con una estrategia multisectorial, que incluye la participación de diversos ministerios y actores involucrados, durante la presentación del balance de los primeros 100 días de su gobierno, en noviembre pasado. Una de las principales estrategias anunciadas por el mandatario fue la instalación de mesas de diálogo, pero las comunidades que ya han atravesado numerosos procesos de este tipo exigen pasar de las palabras a la acción.

Compromisos pendientes

Durante el último foro "Perú en Diálogo: conflictos sociales y cumplimientos de acuerdos", organizado por la Defensoría del Pueblo el 14 de diciembre pasado, Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y de gobernabilidad de esa institución, explicó que la mayor ocurrencia de los 199 conflictos reportados en el Perú se debe principalmente a la inestabilidad política, a las expectativas sociales, a las nuevas y más profundas necesidades de la población derivadas de la pandemia del Covid-19 y al incumplimiento de los compromisos.

“En los últimos 17 años hubo esfuerzos de diálogo que han dado sus frutos y se ha llegado a acuerdos que figuran en actas. La mejor respuesta de proteger esos acuerdos es cumplirlos”, resaltó.

Una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos procesó y analizó los compromisos que constan en actas de 29 procesos de diálogos, entre 2012 y 2019. Una de las principales carencias que evidenció este estudio es que, en más de la mitad de los procesos de diálogo analizados, no se precisó un plazo para su realización. “Esto es preocupante porque no hay manera de exigir el cumplimiento de un acuerdo si no queda establecido un plazo”, advirtió Luque.

Entre los impactos del incumplimiento de los acuerdos revelados por la investigación de la Defensoría figuran que se mantiene la situación percibida por la población como riesgosa o perjudicial, le resta legitimidad y valor al diálogo, es una de las causas del retorno del conflicto y, eventualmente, de la violencia, e incrementa la desconfianza en el Estado.

El incumplimiento de los acuerdos revelados por la investigación de la Defensoría generaron diversos impactos negativos. Uno de ellos es que se mantiene la situación percibida por la población como riesgosa o perjudicial. También le resta legitimidad y valor al diálogo. Los incumplimiento son, además, una de las causas del retorno del conflicto y, eventualmente, de la violencia. También incrementan la desconfianza en el Estado.

Por ello, Luque insistió en que los compromisos suscritos en actas se deben cumplir, que el Estado tiene la obligación de ser transparente y de rendir cuentas sobre este documentos y los compromisos que adquiere en los espacios de diálogo. “El cumplimiento de acuerdos es un acto de prevención del conflicto social. El acta no es un documento para salir de algún aprieto social o político”, agregó.

Dos propuestas ha formulado la Defensoría del Pueblo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. La primera es que el gobierno emita una norma que convierta un documento político, como el acta, en un acto de administración rastreable, que se incluya en los procesos de gestión pública de las entidades estatales. La segunda es que un órgano autónomo, que no sea el Poder Ejecutivo ni las organizaciones que han participado en el proceso de diálogo, se encargue de la gestión del cumplimiento de los compromisos. El organismo defensorial se ofrece a cumplir este último rol porque tiene presencia nacional, a través de sus 38 oficinas descentralizadas.

Acta firmada entre las comunidades del corredor minero del sur y la premier Mirtha Vasquez. El reto del gobiernoe cumplir los acuerdos. Foto: Difusión

Nuevo enfoque

El gobierno ha anunciado un "nuevo enfoque" de gestión para el tratamiento de los confilctos sociales. Según declaraciones en el mismo foro de César Bedoya, subsecretario de la gestión de información y prevención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Estado ahora apunta a una gestión preventiva y a la atención de los problemas de fondo detrás de los desacuerdos, para que ello se concrete en una política pública.

Desde el 2011, esta secretaría ha registrado 4,914 compromisos derivados de espacios de diálogo, en promedio 446 cada año. Solo en este 2021 reportó 270. “El 50% de los compromisos han sido cerrados. De los compromisos abiertos, 13% tienen que ver con proyectos de inversión pública y 87% con gestión intersectorial”, detalló.

¿De quién depende que se cumplan estos compromisos? Según César Bedoya, los responsables del cumplimiento del 57% de los acuerdos son alguna entidad del gobierno central, el 17% corresponde a empresas públicas y privadas, el 16% es de responsabilidad de gobiernos subnacionales y el 10% tiene como responsables a distintos niveles de gobierno. Entre todos ellos, el Ministerio de VIvienda (339) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (257) atienden cerca de la mitad de los compromisos pendientes.

El déficit en la formulación de los compromisos y los plazos no definidos son algunos problemas que destaca Bedoya, de la PCM, que impiden el cumplimiento de los acuerdos generados tras procesos de diálogo ante los conflictos sociales. A esto se le agrega el alto número de compromisos para monitorear, pues actualmente hay 2,295, y las crisis políticas que impactan sobre la gestión pública.

Para afrontar estos problemas, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros ha diseñado una plataforma digital para la gestión de los compromisos asumidos. Según Bedoya, el siguiente trimestre tendría lista la plataforma digital que será pública. Por ahora, este mecanismo está siendo probado internamente.

Diálogo entre representantes del Ejecutivo y de comunidades nativas de Loreto, que permitió la devolución de la Estación N° 5 a Petroperú, en diciembre. Foto. Difusión

Conflictos de larga data

Aunque este año hubo un incremento de los conflictos sociales, la subida fue moderada y no ha llegado a los picos de gobiernos anteriores, como los de Alan García y Ollanta Humala, resaltó Ana Leyva, especialista en temas minero ambientales de la ONG Cooperacción.

“La mayoría de los conflictos son de larga data, tienen estallidos a veces, luego baja la intensidad, no se terminan de resolver, se vuelven a activar. Luego, viene el conflicto y se forman mesas de diálogo y se crea un sistema ad hoc de resolución de conflictos y es bien difícil que eso se mantenga”, explicó Ana Leyva a Convoca.pe.

“No es que estén mal las mesas de diálogo, pero se debe ver cómo se canaliza adecuadamente las demandas para que el propio sistema las resuelva. Hay canales institucionales a los que se tiene que recurrir, deben funcionar y no funcionan. Eso es lo que se pone en evidencia en los conflictos”, concluyó Leyva.