Luego de semanas de cuestionamientos e investigaciones fiscales, el último martes el gobierno de Pedro Castillo le bajó el dedo a Mario Carhuapoma, quien se venía desempeñando como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). En una resolución firmada por la ministra de Trabajo Betsy Chávez, se nombró como reemplazo al médico Gino Dávila Herrera, que desde julio del año pasado era el gerente central de Operaciones de esa institución sanitaria.

Pero Dávila Herrera acumula una trayectoria que no se ha visto libre de escándalos. En una llamada telefónica de 2016, Carlos Moreno, entonces asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se refirió a él como su “hombre de confianza” en EsSalud, en un contexto en el que se proponía hacer un “negociazo” con entidades privadas. Un año antes, en 2015, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez lo había cesado en el cargo de jefe del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público por malos manejos presupuestarios en la Morgue Central de Lima. 

Ahora, un nuevo testimonio revela que durante su paso por el Instituto de Medicina Legal tampoco dejó una buena impresión cuando estuvo a cargo de temas sensibles de derechos humanos. Carola Falconí, directora ejecutiva de la ONG Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), recuerda que Dávila tuvo “una gestión mediocre” respecto a las búsquedas y exhumaciones de los restos de los peruanos que se reportaron desaparecidos durante el período 1980-2000. 

Gino Dávila fue nombrado por Gladys Echaiz como jefe del Instituto de Medicina Legal en el 2008.

Como se recuerda, en agosto de 2008, la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, quien actualmente es congresista de la República, nombró a Gino Dávila Herrera como jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), en reemplazo de  Luis Bromley. Justo en ese año se extendieron las labores de búsqueda y exhumación de los restos de las víctimas del conflicto armado interno.

La Comisedh ha acompañado en este proceso a los deudos que buscan reconocer los restos óseos de sus familiares. Según Carola Falconí, durante su gestión, Dávila Herrera tomó decisiones que generaron complicaciones en la identificación de las víctimas. 

Por ejemplo, emitió informes —que se incluyeron en comunicaciones dirigidas por el Estado a las organizaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos— que afirmaban que el número de desaparecidos era de 15,731.

Esta cifra representaba casi el doble de las 8,558 víctimas que la Comisión de la Verdad y Reconciliación identificó y registró como “en situación de desaparición”. Sin embargo, ante esta disparidad y a pesar de los pedidos, el Instituto de Medicina Legal bajo la jefatura de Dávila nunca entregó el registro de estas personas identificadas como desaparecidas.

"El tema es que siendo una entidad pública debieron proporcionar el listado de los 16 mil desaparecidos que identificó esa institución del Ministerio Público", señaló Falconí, experta en derechos humanos. 

Además, la representante de Comisedh indicó que durante la gestión de Dávila Herrera no se siguieron las recomendaciones de la CVR para los procesos de exhumación de los restos, que indicaban que se debían realizar constataciones previas antes de ejecutar las excavaciones para la búsqueda y retiro de los cuerpos.

Según Comisedh, el IML durante la gestión de Dávila no realizó investigación previas a las exhumaciones.

Según Falconí, una de las decisiones más criticadas por las organizaciones de derechos humanos, fue la exhumación de Chungui, en la que no se realizaron las investigaciones previas en profundidad que exigen los estándares internacionales.

En septiembre de 2011, en la localidad de Chungui, provincia de La Mar en Ayacucho, fueron exhumados los restos de 21 adultos y 7 niños, asesinados de manera extrajudicial por personal militar de la Base Militar de Chungui entre 1984 y 1986.

Para la directora de Comisedh, estas omisiones en las pesquisas contribuyeron a la acumulación de más de 1,500 restos óseos de personas no identificadas, que permanecieron en el almacén del Instituto de Medicina Legal en Ayacucho, lo cual consideró como "un error grave" por parte de la entidad gestionada entonces por Dávila Herrera. 

"En los procesos de búsqueda la investigación es clave porque si no se hace no tendremos elementos para poder identificar a la víctima. Información sobre la ropa que vestía la víctima, dónde podría estar enterrada, con qué otras personas podría estar acompañada. Ellos [IML] pasaron por alto esto", afirmó.

Falconí añadió que estas recomendaciones fueron pasadas por alto por el IML lo que ha contribuido a que se pierdan evidencias que permitirían identificar a las víctimas.

Por otro lado, Dávila Herrera también ha ocupado importantes cargos de confianza en EsSalud durante la gestión de Fiorella Molinelli (2018-2021). Fue director del Hospital Rebagliati y de la Red Prestacional Rebagliati, gerente de Operaciones Territoriales y gerente de la Red Asistencial Lambayeque.