Voceros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso informaron que en las primeras semanas de actividad legislativa de este año, que se reinicia en febrero próximo, se pondrá a debate un predictamen en el que se incluirán disposiciones para regular los servicios de las empresas remediadoras contratadas por las petroleras. Esto, luego de que Convoca.pe revelara que el Estado no verifica la calidad de las labores de remediación de derrames de petróleo en la Amazonía,

En diálogo con este medio digital, asesores de ese grupo de trabajo parlamentario, que preside el congresista Lenin Bazán, señalaron que añadirán estas recomendaciones en el dictamen del Proyecto de Ley 1513/2016, el cual fue presentado en 2016 por el entonces legislador César Villanueva. Esta propuesta normativa busca que, como parte de la regulación de los pasivos ambientales, se incorporen los derrames producidos en el transporte de hidrocarburos realizados por el Oleoducto Norperuano (ONP).

Sobre los puntos que se añadirán al texto sustitutorio de la iniciativa, los técnicos de la comisión señalaron que se propondrá a los congresistas que se agregue que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tenga control sobre las actividades de remediación que realizan las empresas contratadas por las petroleras públicas, privadas u otras entidades sin fines de lucro, como Profonanpe.

Profonanpe tiene proyectado realizar acciones de remediación ambiental en 32 sitios impactados por derrames petroleros en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre en Loreto, que están cercanos al Lote 192, unidad petrolera que fue administrada por la trasnacional Pluspetrol entre los años 2000 y 2015. Se calcula que el proceso de remediación costaría 682 millones 254 mil 806 soles (unos 200 millones 600 mil dólares). Una inversión inédita en la historia ambiental peruana.

Además, la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos refirió que en la propuesta también se añadirá que las compañías causantes de los derrames y las empresas remediadoras deberán ser "responsables solidarios", en el caso de que no cumplan con los objetivos del contrato de remediación, por lo que la OEFA deberá modificar su propia normativa para agregar la evaluación de las labores de remediación.

Pedido a la Contraloría

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, quien además es asesor legal de las comunidades indígenas de Cuninico (Loreto) afectadas por el derrame de petróleo del ONP en junio de 2004, afirmó que esta ausencia de evaluación hace que incluso no se puedan verificar las disposiciones sobre medidas de remediación ordenadas por el propio OEFA a las petroleras.

Ruiz puso como ejemplo la resolución de OEFA que, en octubre de 2016, multó con 10 millones de soles a Petroperú por no cumplir con las labores de remediación ambiental en la quebrada de Cuninico en el plazo de seis meses posteriores al derrame. Agregó que por eso le parece un contrasentido, pues la entidad fiscalizadora ordena cumplir con la remediación, pero no verifica la calidad del servicio contratado por la petrolera estatal.

A su vez, el abogado comentó que en las próximas semanas presentarán un pedido a la Contraloría para que revise los contratos firmados por Petroperú, entre los años 2012 y 2020, con cinco compañías para remediar los derrames de crudo de petróleo a lo largo del Oleoducto Norperuano, que afectaron suelos, ríos y poblaciones en la Amazonía peruana.

La investigación de Convoca.pe también reveló que en los últimos ocho años, de 2012 a 2020, Petroperú ha firmado contratos por más de 482 millones 370 mil de soles (unos 141 millones 873 mil dólares) con cinco empresas para remediar derrames de crudo de petróleo causado por desperfectos técnicos del ONP, que afectaron suelos, ríos y poblaciones amazónicas en suelo peruano. 

Entre estos procesos de contratación, figuran además algunos que han sido señalados por presuntas irregularidades por una comisión parlamentaria que, en 2018, investigó los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano. Ese grupo de trabajo determinó que Petroperú contrató a las empresas Benites Servicios Industriales EIRL y Servicios y Representaciones Generales Benites EIRL, creadas por Carlos Eduardo Benites Guevara, extrabajador contratista que daba servicios de seguridad en el ONP.