El Estado no verifica la calidad de millonarias labores de remediación de derrames de petróleo en la Amazonía

En los últimos ocho años, entre 2012 y 2020, la petrolera estatal Petroperú ha firmado contratos por más de 482 millones 370 mil de soles (unos 141 millones 873 mil dólares) con cinco compañías para remediar derrames de crudo de petróleo causado por desperfectos técnicos a lo largo del Oleoducto Norperuano (ONP), que afectaron suelos, ríos y poblaciones en la Amazonía peruana. 

Pero las instituciones del sector hidrocarburos y ambiente no evaluaron la calidad de las labores de remediación de las empresas contratadas por Petroperú en los últimos años y tampoco de otras compañías que realizaron trabajos similares en zonas petroleras. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Ambiente (MINAM) respondieron a Convoca.pe que las actividades de remediación de las empresas contratadas por Petroperú, así como las efectuadas por otras compañías del sector hidrocarburos, no son materia de supervisión por parte de las entidades reguladoras en temas ambientales, con lo que difícilmente se podrá comprobar su efectividad.

OEFA respondió que no supervisa la calidad de las labores de remediación ambiental de las empresas contratadas por las petroleras. Foto: OEFA

Entre las firmas que han obtenido el mayor número de contratos y de órdenes de servicios por parte de Petroperú para labores de remediación está la compañía Inmac Perú, que es propiedad de Gustavo Osvaldo Salerno, ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, y de Germán Pablo Salerno, licenciado en administración de empresas de la Universidad Argentina de la Empresa. Esa empresa es parte de un pequeño grupo regional que también brinda servicios en Bolivia y Paraguay.

Inmac Perú S.A.C. no se dedica exclusivamente a la remediación de suelos y aguas contaminadas, sino también a trabajos de ingeniería civil, aunque en Perú se ha especializado en las labores rehabilitación ambiental. Con Petroperú han firmado, en los últimos cuatro años, 48 contratos y conseguido 7 órdenes de servicio por un total de 143 millones 540 mil 677 soles (42 millones 217 mil 800 dólares).

La segunda empresa con más contrataciones con Petroperú es Lamor Perú, filial de una empresa finlandesa, conocida mundialmente por alquilar equipos de respuesta para atender incidentes ambientales. Hasta julio de 2020, Lamor facturó 142 millones 71 mil 211 soles (más de 43 millones de dólares) por 31 contratos con la empresa estatal.

Lamor tuvo a Petroperú como uno de sus clientes, casi desde sus inicios. La empresa tuvo su primer trabajo con la petrolera estatal en febrero de 2015, de acuerdo a información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La labor consistió en impartir un curso de tres días titulado “Respuesta a derrames de petróleo” por el que cobraron 9 mil 912 dólares. 

Luego vendrían adjudicaciones millonarias de parte de Petroperú para Lamor. En junio del 2016, obtuvieron un contrato de 8 millones 469 mil 661 dólares (unos 27 millones de soles) por descontaminar un derrame ocurrido en el kilómetro 206 del Oleoducto Ramal Norte en Loreto.

Así lucía la laguna de Ushpayacu, uno de los 32 sitios impactados de Loreto, en el 2007. Hasta hoy el petróleo sigue en la zona. Foto: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP)

Lamor también fue contratada para evitar que se expanda el derrame del crudo en el kilómetro 103 del primer tramo del ONP ocurrido en noviembre de 2016 en Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas de la región Loreto, cerca a la comunidad nativa Naranjal. Además, Lamor fue contratada para el derrame ocurrido en febrero de 2018 en el kilómetro 20 del primer tramo del ducto cerca a la comunidad de San Pedro, distrito de Urarinas, región Loreto, entre varios otros incidentes.

Petroperú también contrató para labores de remediación a la firma Kanay que opera en el país desde el 2015 y no sólo se dedica a atender derrames petroleros, sino también a procesar residuos peligrosos hospitalarios. De hecho, tienen una planta de tratamiento en Villa El Salvador. Entre sus clientes están varias clínicas peruanas. En materia de hidrocarburos, han hecho limpiezas de derrames para Petroperú entre el 2017 y el 2018 por un total de 99 millones 449 mil 548 soles (31 millones 77 mil dólares). Han contenido crudo en varias partes del Oleoducto Norperuano y del Oleoducto Ramal Norte.

Tema Litoclean, que tiene capitales españoles, es otra de las firmas que ha sido contratada por la petrolera estatal. Esa firma ofrece una amplia gama de técnicas de rehabilitación de suelos, entre ellas la biorremediación, que consiste en el uso de enzimas y bacterias para la degradación de los hidrocarburos. Como no podía ser de otro modo, Petroperú también ha requerido sus servicios. Entre 2012 y 2019 les han adjudicado trabajos por 41 millones 554 mil 993 soles (más de 12 millones 200 mil dólares).

Entre estos procesos de contratación, también figuran algunos que han sido señalados por presuntas irregularidades por la comisión parlamentaria que en 2018 investigó los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano. Ese grupo de trabajo determinó que Petroperú contrató a las empresas Benites Servicios Industriales EIRL y Servicios y Representaciones Generales Benites EIRL., creadas por Carlos Eduardo Benites Guevara, extrabajador contratista que daba servicios de seguridad en el ONP.

Benites Servicios Industriales fue constituida en 2013 para hacer trabajos de “mantenimiento de tuberías, mantenimiento y limpieza de parques y jardines, pintado industrial y hasta de Courier, pero no remediación ambiental”, se lee en la página 301 del informe. Sin embargo, en noviembre de ese año, obtuvo un contrato de 139 mil 834 soles (50 mil 119 dólares) para rehabilitar un derrame ocurrido en el kilómetro 504 del ONP, y en agosto del 2014 se le adjudicó un contrato de 4 millones 250 mil 839 soles (más de un millón 500 mil dólares)  para que controle una contingencia en el kilómetro 41 del mismo ducto.

En el 2018, una comisión parlamentaria detectó que Petroperú contrataba empresas sin experiencia para las labores de remediación ambiental por derrames de crudo.

El 18 de septiembre de 2014, Servicios y Representaciones Generales Benites EIRL, otra de las empresas vinculadas a Carlos Eduardo Benites Guevara fue contratada por Petroperú por un monto de 3 millones 632 mil 613 soles  (más de un millón 200 mil dólares), dieciocho mil por ciento más que su capital social inicial de apenas 20 mil soles. El concepto de ese servicio fue para realizar “Actividades de limpieza y remediación ambiental” durante un derrame de crudo en Cuninico, Loreto.

Entre otras irregularidades, la comisión legislativa encontró que en octubre de 2013, la empresa fue recomendada para realizar trabajos de limpieza y remediación por una emergencia ocurrida en el kilómetro 504 del ONP por cerca de 140 mil soles (50 mil 300 dólares). 

Para los congresistas, lo sospechoso fue que el informe que justificó la labor fue elaborado por el funcionario de la Gerencia del Oleoducto, Javier Vargas de la Barrera. La Comisión Investigadora descubrió que Vargas De la Barrera y Carlos Eduardo Benites Guevara estudiaron en la Facultad de Ciencias Contables en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y se graduaron en la misma promoción.

“Esto permite suponer con un alto grado de probabilidad, que ambos señores se pudieron haber conocido durante sus estudios universitarios (aproximadamente desde el año 2011)”, señala el informe parlamentario.

Entre otras irregularidades, encontró que funcionarios de Petroperú y de una empresa contratada para remediación tenían vínculos desde que estudiaban en la universidad.

El informe de la comisión investigadora recomendaba al Ministerio Público y a la Contraloría iniciar investigaciones sobre las irregularidades encontradas, pero no llegó a ser aprobado por el Pleno del Congreso ya que en mayo de 2019, cuatro meses antes de que el Congreso fuera disuelto, ese documento fue rechazado y enviado al archivo

Convoca.pe trasladó una lista de preguntas sobre las contrataciones de empresas para labores de remediación a la jefatura de comunicaciones de la empresa estatal, pero hasta el cierre de este informe Petroperú no respondió.

Millonarios contratos sin fiscalización

OEFA es la entidad que inspecciona los compromisos ambientales de las empresas de las industrias extractivas, y evalúa la responsabilidad de los derrames de hidrocarburos, como los ocurridos en el Oleoducto Norperuano. Sin embargo, el organismo indicó a Convoca.pe que las labores de remediación de los vertimientos “no son materia de supervisión”.

Este portal periodístico también consultó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) si existe un registro de las empresas que ofrecen los servicios de remediación ambiental, así como existen otros registros de empresas contratistas mineros o de empresas autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental. 

La respuesta del Minem fue que no existe tal padrón, por lo que las empresas responsables de remediar áreas afectadas por derrames pueden contratar los servicios de cualquier empresa o compañía para realizar las labores de remediación ambiental en busca de mitigar las consecuencias de los derrames.

El Minem precisó que solo existe un Registro Nacional de Consultoras Ambientales donde se inscriben las empresas que se encargan de elaborar estudios de impacto ambiental. En ese registro solo están incluidas las empresas Lamor Perú S.A.C., desde octubre de 2018, y Tema Litoclean S.A.C. que está registrada desde enero de 2017. El resto de empresas que contrató Petroperú no se encuentra en el registro de consultoras ambientales.

OEFA respondió a Convoca.pe que no es competente para verificar la calidad de las labores de remediación ambiental por derrames de crudo.

El Ministerio de Energía y Minas reconoció que no existe un registro de empresas especializadas en remediación ambiental.

Lamor y Tema Litoclean ingresaron a ese registro -que es administrado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)- al menos tres años después de que ambas empresas iniciaran sus vínculos contractuales con Petroperú para realizar labores de remediación.

La falta de información sobre la calidad del trabajo de las remediadoras, también se resalta en el Estudio Técnico Independientes (ETI) del ex Lote 1AB que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2018. En ese informe se señala que la documentación sobre las experiencias en remediación de suelos contaminados con vertidos y derrames generados por la actividad petrolera en la Amazonía provienen sólo de las empresas privadas y no de entidades públicas.

El informe del PNUD también se refiere a los servicios por los que fue contratada la empresa Lamor Perú para las labores de recolección del derrame, saneamiento de las zonas impactadas y remediación, en uno de los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano en 2014 y que afectaron la zona de Cuninico en Loreto. 

Según el documento del ETI, Lamor Perú refiere esa labor en Cuninico como uno de sus casos exitosos, pero que no muestran documentos sobre los resultados, ni el logro de los objetivos del proyecto de remediación.

El Estudio Técnico Independiente del PNUD concluye que las experiencias conocidas de remediación no dan lugar a suponer que exista una experiencia exitosa.

Próxima remediación sin inspección

“No existe un registro de empresas remediadoras. Lo que existe es el requerimiento de que la remediación que se realice deba hacerse previa aprobación de un instrumento de gestión ambiental”, explica a través del correo electrónico Martha Aldana, directora general de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del MINEM. Esta falta de registro se suma a la ausencia de una entidad que asuma la evaluación de la calidad de las labores de remediación.

Esto es especialmente relevante en un momento en que se está planeando una convocatoria internacional para elegir a las empresas que limpiarán la contaminación petrolera del Lote 192, en Loreto. Allí operó, entre 2000 y 2015, Pluspetrol Norte, una empresa que causó múltiples derrames y que es señalada como la responsable por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Se trata de viejos derrames en 32 lugares cerca de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. La laguna de Ushpayacu, en la cuenca del Pastaza, es uno de los lugares más afectados. Ahí los niños, mujeres y ancianos tienen que ingerir peces contaminados.

Entre 2000 y 2015, Pluspetrol Norte, una empresa que causó múltiples derrames y que es señalada como la responsable por el OEFA. Foto: OEFA

Hay mucho dinero en juego para estas futuras labores de remediación que de no contar con la evaluación de su calidad, difícilmente se podrá comprobar su efectividad. En 2015, el Estado creó, por insistencia de las comunidades nativas de esa región, el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, un capital destinado a la rehabilitación de las zonas afectadas por los hidrocarburos. 

Tales recursos son administrados por el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), una entidad privada sin fines de lucro especializada en captar recursos para proyectos a favor de la naturaleza. Posteriormente, trasladó esta responsabilidad a PROFONANPE, otra entidad privada sin fines de lucro de naturaleza similar a su predecesora.

El Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental nació con 50 millones de soles (14 millones de dólares) que se han destinado principalmente a la elaboración de los planes de rehabilitación de los 32 lugares. Una junta de administración del fondo, en la que están las comunidades indígenas y representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y de otros sectores del Estado, toma las decisiones. PROFONANPE actúa como secretaria.

Flor Blanco, gerente del Programa de Pasivos Ambientales de PROFONANPE, explica a Convoca.pe que un cálculo inicial del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), ha arrojado que remediar las zonas aledañas a los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre costaría 682 millones 254 mil 806 soles (más de 200 mil 600 dólares). Una inversión inédita en la historia ambiental peruana. Este monto se confirmará cuando el MINEM apruebe los planes de rehabilitación y se desarrollen los proyectos de ingeniería.

Hasta el momento, el Estado ha inyectado 183 millones de soles (50 millones 800 mil dólares) al fondo para la ejecución de la remediación. Y se prevé otra transferencia de 88 millones de soles (24 millones 444 mil dólares) en los próximos días. Así, habría asegurados 271 millones de soles para limpiar Loreto (más de 75 millones 277 mil dólares). Pero esto sólo representa el 40% de lo que se necesita. “La plata que tenemos ahora no va a alcanzar para los 30 planes de rehabilitación [que abarcan los 32 sitios impactados], es responsabilidad del Estado mirar el incremento del fondo”, dice Blanco.

Todavía no hay fecha para la convocatoria en que se elegirá a las empresas remediadoras del Lote 192, pero los organizadores adelantan algunas consideraciones. “Hay criterios que son importantes para PROFONANPE y van a estar en todos sus procesos: la amplitud de la convocatoria, la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro lado. La idea es tener a la mejor empresa, de la mejor calidad, y, obviamente, al menor precio”, dice Flor Blanco, representante de esta entidad.
 

Como secretaria de la junta de administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, PROFONANPE será la encargada de proponer al colegiado las que considere las mejores remediadoras, otorgar la buena pro a las que resulten elegidas y firmar los contratos.

En este proceso será clave evaluar la experiencia y la capacidad financiera de las empresas en competencia. La idea es que no ocurra lo que pasó con las contrataciones de Petroperú entre el 2013 y el 2017, según una comisión investigadora del Congreso que analizó la limpieza de los derrames en el Oleoducto Norperuano durante esos años.

¿Por qué el Perú va a remediar con dinero público lo que contaminaron las petroleras privadas? Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Pluspetrol Norte es responsable de, al menos, 25 de los 32 lugares contaminados. Pero la empresa ha objetado las resoluciones del ente fiscalizador en el ámbito judicial, donde puede tardar años tener una decisión final. El Estado irá poniendo de la suya con la esperanza de pasarles, en algún momento, la factura de la remediación a las empresas que son realmente responsables.