En los próximos días el Tribunal Constitucional (TC) deberá emitir una sentencia sobre la demanda de amparo contra Petroperú interpuesta por las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Santa Rosa y Nueva Esperanza, ubicadas en Loreto, para que la empresa estatal cumpla con dar mantenimiento integral a las tuberías del Oleoducto Norperuano  para evitar nuevos derrames de petróleo que afecten a las poblaciones indígenas de esta región de la Amazonía.

Estas cuatro comunidades aún vienen sufriendo los efectos de la contaminación provocada por el derrame de 2.358 barriles de crudo de Petroperú, ocurrido el 30 de junio de 2014, así como los múltiples derrames posteriores. Estos incidentes tóxicos han contaminado el agua de los ríos, que usan para consumo humano y aseo, y los peces, que eran su fuente de alimento y la base de su actividad económica.

Además de la demanda presentada ante el TC contra Petroperú por la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, estas comunidades nativas han llevado otras cuatro batallas en el Poder Judicial y todas las han ganado. Sin embargo, solo una de las sentencias ha sido ejecutada, dos están en etapa de ejecución y la restante es de primera instancia. Esta última ha sido apelada ante la Corte Superior de Loreto.

Una fuga del Oleoducto Norperuano ocasionó el derrame de más de 2300 barriles de petróleo que afectaron a cuatro comunidades nativas de Loreto en 2014. Foto principal: Alex Kornhuber / Servindi

Una de las sentencias que está en etapa de ejecución ordena al Ministerio de Salud y la Dirección General de Epidemiología que diseñen e implementen una estrategia de salud pública de emergencia que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, de la población de Cuninico, San Francisco, Nueva Santa Rosa y Nueva Esperanza. En especial, de los niños y niñas, madres gestantes y adultos mayores, para identificar a las personas afectadas por el derrame de petróleo. También incluye el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua.

Casi seis años después de haber ganado la demanda presentada contra el Ministerio de Salud, Petroperú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y el Organismo Supervisor de la Energía y Minería (Osinergmin), desde el 1 de agosto último, 33 pobladores de las comunidades de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa, entre niños y adultos, fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Loreto. Alí están siendo diagnosticados y atendidos por la presencia de metales pesados en sus organismos.

Sin embargo, la atención médica programada para unos pocos días se ha prolongado por casi dos semanas y los 33 pacientes, acompañados de sus familiares, han sufrido por las demoras en el Hospital Regional de Loreto, el encierro en un hospedaje de la ciudad de Iquitos, el mal servicio que les brindó el proveedor de alimentos contratado por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto (entidad que debe pagar el traslado, alojamiento, alimentación y tratamiento de salud de estos pobladores), tal como lo relataron representantes de las comunidades a Convoca.pe.

Ante los reclamos de los comuneros, voceros de la Geresa informaron a este medio digital que ya tomaron acciones para acelerar la atención médica, contrataron a un nuevo proveedor de alimentos y organizaron salidas recreativas el último fin de semana para sacar de su encierro en el hospedaje a los niños y adultos, quienes están acostumbrados a desplazarse libremente por los territorios comunales.

Pobladores de comunidades nativas afectados por derrame de petróleo se encuentran en hospedaje de Iquitos a la espera de que concluya la atención especializada en el Hospital Regional de Loreto. Foto: Difusión

Una larga espera

“Después de nueve años del derrame de petróleo, recién están dando cumplimiento a esta sentencia”, declaró a Convoca.pe el apu de la comunidad de Cuninico, Jeckson Silva Salinas, quien se encuentra en Iquitos acompañando a su hermana de 8 años para que reciba atención médica. La niña tiene metales pesados en el organismo por encima de los niveles máximos permisibles.

Siete niños y siete adultos, cada uno con sus respectivos acompañantes, dejaron la comunidad de Cuninico para recibir atención especializada en el Hospital Regional de Loreto entre el 2 y 3 de agosto, según el cronograma del acuerdo firmado entre sus dirigentes y representantes de la Geresa Loreto y el Ministerio de Salud. Sin embargo, deberán permanecer en Iquitos hasta el 21 de agosto por diversas demoras. Lo mismo ocurre con seis niños y cinco adultos de la comunidad San Francisco, seis niños de Nuevo Santa Rosa y dos niños de Nueva Esperanza.

Páginas 1 y 4 del acuerdo firmado entre los dirigentes de las comunidades nativas y representantes del Minsa y la Geresa Loreto para brindar atención médica a pobladores afectados por derrames de petróleo. 

El apu de Cuninico relató que, cuando llegaron al Hospital Regional de Loreto, el personal de salud no sabía nada del acuerdo que firmaron. Denunció que les hicieron esperar varias horas para hacerles los exámenes de laboratorio a pesar de que no habían desayunado y que les dieron recetas para que fueran a comprar medicinas con su dinero. También comentó que les ofrecieron de almuerzo pescado mal cocido en el hospedaje y los dejaron en sus habitaciones a la espera de que haya citas disponibles en el establecimiento de salud.

“Hemos venido sin dinero. Estamos encerrados en el hotel esperando a que avisen que hay un cupo (...). Los señores tienen familia, han dejado su chacra, sus animales, los niños están perdiendo clases”, contó Jeckson Silva.

Silva narra que le increparon estos maltratos a la coordinadora de Metales Pesados de la Geresa, Rosa Valera, pero como su despacho no les hizo caso, difundieron sus reclamos en los medios de comunicación locales. Luego de la publicidad que tuvo el caso, el último viernes, el personal de salud se reunió con ellos y les prometió mejoras, aunque les informaron que el plazo para la atención médica se prolongaría hasta el 21 de agosto.

“A lo mejor, todo el pueblo está contaminado. Siempre hemos vivido de la pesca. Pescamos, comemos, nos abastecemos. Por ahí pasa el tubo de Petroperú. Cuando merma el río, los tubos forman roturas y se parten, por ahí chorrea el petróleo y sale por nuestro río, de ahí juntamos nuestra agua”, advierte Silva, quien precisa que los 33 pobladores que están recibiendo atención médica son los más graves.

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a las comunidades indígenas, recordó que en 2018 se confirmó la sentencia de primera instancia que ordena brindar asistencia médica a las comunidades afectadas y que el Gobierno Regional de Loreto ha destinado 5 millones de soles para cumplirla. “La sentencia se está cumpliendo, pero las comunidades están detrás para que se cumpla”, señaló.

Jesse del Águila, jefa de Imagen de la Gerencia Regional de Salud Loreto, informó a este medio que han venido 68 personas de las comunidades nativas, pues son los 33 pacientes con sus acompañantes. Explicó que las demoras se deben a que necesitan realizarles varios exámenes y atenderlos en diversas especialidades médicas. Para acelerar la atención, señaló que han conversado con la dirección del Hospital Regional de Loreto y que ciertos exámenes los harán en una clínica particular.

Niños afectados por derrames de petróleo son atendidos en diversas especialidades en el Hospital Regional de Loreto. Foto: Geresa

TC debe emitir sentencia

Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, con sede en la comunidad nativa de Cuninico, ratificó a Convoca.pe la mala atención que han recibido los 33 pobladores de las cuatro comunidades en el Hospital Regional de Loreto y en el hospedaje donde los alojó la Geresa. “No le están dando una alimentación buena, como si fueran animales. Les dan la comida cruda”, agregó.

Vásquez estuvo en Lima el 9 de agosto pasado para participar en una audiencia pública del Tribunal Constitucional, donde dio su testimonio sobre los derrames de petróleo que se vienen produciendo desde el 2014, en el Oleoducto Norperuano y exigió que Petroperú cumpla con darle mantenimiento a esta infraestructura.

“Estamos aquí para pedir que se dé mantenimiento adecuado al Oleoducto Norperuano, porque el no haberle dado, nos ha afectado en nuestra salud, alimentación, agua, vida digna, territorio, medio ambiente y recursos naturales. Prueba de ello, hoy nuestra salud está siendo afectada desde el derrame de 2014”, afirmó Vásquez ante los magistrados del TC.

El Tribunal Constitucional tiene un plazo de diez días hábiles, hasta el 22 de agosto, para emitir sentencia y decidir si ordena o no que Petroperú cumpla la sentencia del Poder Judicial para dar mantenimiento integral al Oleoducto Norperuano y evitar que se produzcan más derrames de petróleo que perjudiquen a las comunidades nativas o aminorar el riesgo de derrames.