Durante los diez años que duró el proceso entre la denuncia, la investigación fiscal y la sentencia en primera instancia en su contra, Lisbeth Abarca Peña, presidenta del barrio de Huancayo-Tambobamba, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), relata que su vida estuvo suspendida entre estigma social y la preocupación por su futuro.

Abarca fue una de las personas que participaron en las manifestaciones de septiembre de 2015, en donde los dirigentes de los Frentes de Defensa de la provincia de Cotabambas convocaron a manifestaciones contra la minera MMG Las Bambas, considerada una de las minas de cobre más importantes del Perú. Las protestas tuvieron como motivo la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. En el contexto de esas movilizaciones, murieron cuatro personas.

“A mí me involucran en este proceso y en la sentencia del 2024, por el siempre hecho que mi firma está en el documento de permiso que se presentó en la Subprefectura (para realizar la manifestación), según ellos, ese habría sido el delito y se usó para darme una sentencia arbitraria de nueve años de prisión y también la reparación civil de 86 mil dólares a la empresa y 50 mil soles al Estado”, declara Abarca a Convoca.pe.

La dirigente suma a ello, las afectaciones emocionales y psicológicas que sufrió. El proceso, añade, no solo los afectó a ellos como acusados sino también a sus familias.

Ronald Bello Abarca fue sentenciado en primera instancia a nueve años de prisión. Él era presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba en Apurímac. Dice que la única prueba mayor que presentó la fiscalía contra él, fue el permiso ante la Subprefectura para realizar las protestas de septiembre de 2015. Ese documento fue considerado por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas como evidencia para sentenciarlo como autor mediato de las protestas.

“En ningún momento ningún dirigente y menos yo, hemos ordenado que alguien de la comunidad pueda causar algún desmán. Para nada, nuestra intención siempre fue realizar una protesta pacífica”, recordó.

Maximiliano Huachaca Mamani quien fuera sentenciado a ocho años y 11 meses, fue integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas y Grau durante las protestas de 2015. Describe que lo sentenciaron por haber participado de un programa radial donde convocó a una reunión de dirigentes. A su entender, la razón principal para su sentencia es haber sido dirigente comunal.

“La denuncia fue para callarnos, para que no salgamos en contra de la empresa minera. No es justo porque nunca hubo una prueba contundente y tampoco participé de las movilizaciones”, dijo.

Huachaca asegura que aunque ellos, y otras ocho personas fueron absueltos, el problema de criminalización de la protesta por parte de la minera Las Bambas continúa porque actualmente existen comunidades que están en proceso de investigación o procesos judiciales.

“Hay comunidades como Pumamarca, Huancuire y las comunidades de Challhuahuacho donde hay varios grupos que están en ese proceso de investigación y judiciales. Creo que la empresa minera sigue criminalizando a los dirigentes que quieren decir algo contra la empresa y a nosotros nos usó para callarnos y callar a nuevos dirigentes”, acotó.

Los tres dirigentes que llegaron a Lima el miércoles 23 de abril, luego de la sentencia absolutoria del martes 22, subrayan que evaluarán con su defensa las acciones que emprenderán contra la empresa minera por los perjuicios que les han causado.

Acusan criminalización de la protesta

David Velazco, director de Fedepaz y representante legal de los acusados, explicó que durante el juicio no se acreditó la existencia de pruebas que conectaran directamente a los imputados con los delitos que se les atribuían. Además, señaló que la sentencia inicial se basó en hechos que no formaban parte de la acusación formal.

De acuerdo a Mar Perez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante este proceso judicial quedó en evidencia la “instrumentalización del sistema de justicia” para la persecución y criminalización de defensores ambientales. Alertó sobre la necesidad de garantizar que las inversiones mineras respeten los derechos de las comunidades y el medio ambiente.

Como se recuerda, el 22 de abril de 2015, once comuneros de la provincia de Cotabambas fueron absueltos por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Los líderes comunales habían sido sentenciados en primera instancia a penas de entre 8 y 9 años de prisión y al pago de una reparación civil al Estado y a la empresa minera MMG Las Bambas por las protestas sociales del año 2015.

En la sentencia leída el 22 de abril, los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Apurímac encontraron inconsistencias en la acusación de autoría mediata, inexistencia de pruebas de responsabilidad penal y falta de fundamento al establecerse el pago de la responsabilidad civil. Los líderes comunales fueron absueltos de toda responsabilidad civil y penal.

En julio de 2024 el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, en Apurímac, condenó a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau, a penas entre 8 y 11 años de prisión, con efecto suspendido, por los supuestos delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Esto en el marco del conflicto social contra la minera MMG Las Bambas.