La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó este jueves la incautación de seis inmuebles, que pertenecían a Ximena Reyes Pazos y a la sucesión intestada del fallecido abogado Luis Pizarro Aranguren. La diligencia liderada por el fiscal Renzo Cayro está relacionada al caso Gasoducto del Sur y, según el Ministerio Público, tiene la finalidad de asegurar el proceso de extinción de dominio sobre un departamento, cuatro estacionamientos y un depósito valorizados en US$1.8 millones.

El Ministerio Público investiga si las seis propiedades, ubicadas en el distrito limeño de San Isidro, fueron adquiridas con dinero ilícito proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de Odebrecht, como parte del proyecto  “Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, una obra valorizada en US$ 7 mil millones con el objetivo de abastecer de gas natural a toda la población sureña del país.

El fiscal Renzo Cayro ejecuta la orden de incautación de los bienes comprendidos en el proceso de sucesión intestada del fallecido abogado Luis Pizarro.

La medida fiscal comprende seis inmuebles ubicados en San Isidro: un departamento, cuatro estacionamientos y un depósito.

La decisión de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima busca asegurar el proceso de extinción de dominio, es decir, que los bienes no sean transferidos.

En el 2019, Convoca.pe reveló el caso Gasoducto del Sur, una de las tramas de corrupción más grandes del gobierno de Ollanta Humala. En este caso, Jorge Barata identificó a la mayoría de los nombres de quienes estuvieron ocultos detrás de diez ‘codinomes’ —o seudónimos— y que recibieron 17 transferencias por más de US$3 millones entre el 19 de septiembre y el 12 de noviembre de 2014, tres meses después del otorgamiento de la buena pro a la constructora brasileña. Entre ellos, salió a la luz el nombre del abogado Luis Pizarro, apodado por Barata como ‘Disco’ por sus iniciales “LP” y quien aparece con una transferencia de US$400 mil con fecha 19 de septiembre de 2014.

Pizarro Aranguren fue un abogado especializado en la generación y dirección de negocios, y fue socio del estudio Pizarro, Botto y Escobar, que realizó diversos servicios jurídicos a Odebrecht, según el propio Jorge Barata, quien proporcionó esta información a la llamada Comisión Pari, el grupo parlamentario que investigó el caso Lava Jato en el Congreso. Cabe mencionar que el estudio de abogados de Pizarro fue contratado por la compañía brasileña para brindar asesorías relacionadas al proceso de concesión del Gasoducto del Sur, una licitación llena de irregularidades tras la descalificación del consorcio competidor a última hora. No obstante, según Barata, Pizarro hizo lobby a espaldas de su bufete.

Luis Pizarro también estuvo implicado en la creación de una empresa offshore en Panamá, cuyo presidente era Gil Shavit, vinculado en los pagos ilícitos por la Costa Verde Callao adjudicada a Odebrecht.

Convoca.pe también reveló en el 2017 que Pizarro aparecía como uno de los directivos de una offshore vinculada a Gil Shavit, implicado en los pagos ilícitos por la Costa Verde Callao adjudicada a Odebrecht, durante el periodo del gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Se trata de Capital Enterprises Overseas Inc., una empresa constituida en Panamá en noviembre de 2004 con un capital social de US$1 millón y que tenía como presidente a Shavit. Aquella vez, el abogado respondió a Convoca.pe que “no tenía idea” de la existencia de la mencionada firma. “Se crean compañías por decenas en Panamá, todos los días. No conozco ni he conocido de sus actividades, ni tengo relación alguna con el señor Shavit. Ni con esa empresa ni con otra. Lo que sucede es que viene un cliente al estudio de abogados, pide que se constituya una compañía en Panamá, se le hace el trámite, se genera la creación respectiva y se le entrega los papeles de la empresa creada. Desconocemos de las operaciones que los clientes realicen luego”, precisó Pizarro.

Pizarro Aranguren venía siendo investigado penalmente desde antes de su fallecimiento, por ello, el Ministerio Público informó que dicha situación no ha representado ningún “impedimento” para que se “active la indagación de los bienes que constituyen efectos o ganancias de actividades ilícitas contra la administración pública y el lavado de activos”. De esta manera,  la Fiscalía de Extinción de Dominio busca evitar que los bienes adquiridos con dinero ilícito sean transferidos a los herederos del abogado a través del proceso de sucesión intestada.