La audiencia de ejecución de la sentencia 185-2025 del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori en el denominado Caso Cócteles, concluyó la tarde del 19 de diciembre sin una decisión final. El juez Wilson Verástegui dispuso nuevas actuaciones antes de resolver la situación jurídica de la lideresa de Fuerza Popular.
El juez Wilson Verástegui precisó que lo dispuesto por el TC exige evaluar los hechos concretos atribuidos a cada imputado (fácticos), es decir, las conductas específicas que se les atribuyen y su sustento. “Lo que quiero son los fácticos”, indicó al fiscal José Domingo Pérez.
En ese contexto, Verástegui dispuso que el Ministerio Público y la defensa de Keiko Fujimori remitan, a más tardar el martes, “todos los fácticos atribuidos a todos los procesados”, a fin de emitir un pronunciamiento.

Durante la audiencia, el juez Wilson Verástegui señaló al fiscal José Domingo Pérez que la sentencia del Tribunal Constitucional constituye una “calificación jurídica, propia de la función jurisdiccional”, y que, antes de emitir una decisión, el juzgado debe evaluar los hechos concretos atribuidos a cada imputado. “Lo que quiero son los fácticos”, remarcó el magistrado.

En ese contexto, Verástegui requirió al Ministerio Público que remita los fácticos de todos los procesados. Inicialmente planteó un plazo de 24 horas, pero tras la observación del fiscal sobre la habilitación de la mesa de partes, precisó que la entrega podía realizarse el lunes. Pérez respondió que las disposiciones de formalización y sus ampliaciones ya obran en el despacho judicial.

El juez reiteró el requerimiento y fijó un plazo definitivo, al disponer que el fiscal remita, a más tardar el martes 23 de diciembre, “todos los fácticos atribuidos a todos los procesados”, incluído Keiko Fujimori a fin de evaluar el caso y emitir pronunciamiento.

Durante la diligencia, Pérez sostuvo que el Tribunal Constitucional parte de una calificación errónea de los hechos, al afirmar que la Fiscalía imputó receptación patrimonial, “cuando ese delito no era vigente ni en el año 2000 ni en el 2016”. Añadió que una casación previa de la Corte Suprema no declaró atípicos los aportes ilícitos a campañas políticas. Al respecto, Verástegui respondió que la calificación jurídica corresponde al Ministerio Público, pero reiteró que el juzgado requiere contar con los hechos atribuidos de manera precisa para continuar con la evaluación del caso.

Durante la audiencia, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, a cargo de la abogada Giulliana Loza, sostuvo que no existe margen para reinterpretar la sentencia del TC. Según afirmó, el fallo resolvió de manera firme y definitiva la situación jurídica de su patrocinada.

“Esta sentencia ya ha resuelto de manera clara la situación jurídica de mi defendida y no cabe espacio alguno de discusión, reinterpretación ni reevaluación”, señaló Loza. Añadió que el Tribunal Constitucional “ha declarado nula y sin efectos todas las resoluciones y todos los actos procesales, incluso la acusación fiscal más reciente”.

La abogada insistió en que lo que debe prevalecer es el respeto al orden constitucional. “Lo que debe trascender no es una persona, sino la justicia, y la justicia solo trasciende cuando se respeta la Constitución y la ley”, afirmó. En ese sentido, subrayó que el TC “no está ordenando reexaminar ni corregir, sino poner fin al proceso penal”.