Después de casi una década de lucha y dolor, las viudas de los cuatro líderes ashéninkas asesinados en Saweto (Ucayali), finalmente encuentran un rayo de justicia. Convoca.pe siguió de cerca el inicio y el desenlace de este caso que las enfrentó a los responsables del brutal asesinato de sus familiares en defensa de los bosques. Sin embargo, este fallo judicial no puede borrar la tragedia ni mitigar el dolor de una comunidad que ha perdido a sus líderes en la lucha contra la tala ilegal. A continuación una cronología de este proceso: las demoras, amenazas e irregularidades que marcaron su largo camino.

Desde el desgarrador grito de Jaime Arévalo, vocal de Alto Tamaya-Saweto, anunciando: "¡Ya lo han matado al Chota, ya lo han matado a nuestro jefe!", han transcurrido más de nueve años. Fue el 1 de septiembre de 2014 cuando Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, destacados dirigentes de la comunidad Alto Tamaya-Saweto en Pucallpa, región Ucayali, perdieron la vida a manos de taladores ilegales. Después de una ardua lucha, este jueves 11 de abril finalmente, las sobrevivientes, las viudas, encontraron justicia.

El Juzgado Penal Colegiado de Ucayali dictaminó por unanimidad una sentencia de 28 años y 3 meses de prisión para cuatro de los implicados en el asesinato de estos cuatro líderes ashéninkas. Josimar y Segundo Atachi, José Carlos Estrada y Hugo Soria son los condenados, quienes también deberán pagar una reparación civil de S/ 200 mil a favor de las viudas.

Sin embargo, esta sentencia no podrá nunca borrar el hecho de que las víctimas fueron interceptadas, torturadas y finalmente asesinadas en defensa de sus bosques.

 

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De acuerdo al testimonio del nuevo testigo protegido, clave para la sentencia lograda, el defensor ambiental, Edwin Chota, fue cruelmente asesinado por sus persecutores. Foto: Difusión.


 

El difícil camino a la sentencia

Convoca.pe ha seguido de cerca el caso y la lucha de las viudas de los cuatro líderes ashéninkas. En 2019, realizó un viaje a Saweto para conocer la persistente lucha de estas mujeres, quienes continúan el legado iniciado por Edwin Chota y los otros tres dirigentes asesinados.

En aquel entonces, se supo que el 23 de febrero de 2018, el fiscal a cargo del caso, Julio Reátegui, solicitó el archivamiento de la acusación contra cuatro sospechosos de los asesinatos. Este hecho fue corregido por la Fiscalía Superior de Ucayali el 19 de noviembre de 2018, nueve meses después.

Según lo reportado en la investigación titulada "Miedo y Olvido en Saweto" llevada a cabo por Convoca.pe, el fiscal Reátegui afirmó que no existían pruebas suficientes contra los acusados. "Una cosa es lo que los familiares dicen y otra cosa es que se pruebe eso, ni siquiera se puede establecer si el sujeto o los sujetos estuvieron ahí en la fecha de los homicidios", declaró a Convoca.pe en aquel entonces.

Finalmente, los cuatro acusados a los que se hizo referencia fueron condenados este jueves. 

Pero antes, el 27 de febrero de 2023, ya habían recibido una sentencia de 28 años y tres meses de prisión en primera instancia. Sin embargo, esta sentencia fue anulada por la Sala de Apelaciones de Ucayali el 31 de agosto de 2023, lo cual dio pie a un nuevo proceso.

Con la apertura de un nuevo juicio oral el 2 de noviembre de 2023, que entró en su etapa final en febrero de 2024, las familias de Saweto iniciaron un nuevo capítulo en su búsqueda de justicia. En este proceso, se introdujo el testimonio de un testigo protegido que identificó plenamente a los asesinos, no obstante, con ello, las viudas también enfrentaron un nuevo riesgo.

En diciembre de 2023, tras la incorporación de este testigo, las viudas fueron amenazadas por ciudadanos brasileños, según Yusen Caraza, abogado de las familias de las víctimas. 

“Las garantías [a favor de las viudas] han sido tramitadas ante la prefectura, pero son meramente documentales. No hay efectivos policiales que las acompañen día a día. Hace poco hubo un acontecimiento que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia”, comentó entonces Caraza. “Lamentablemente en Perú se hace el trámite documental, pero esas resoluciones emitidas no paran una bala”, agregó para Convoca.pe.

El nuevo juicio oral, que condujo a la sentencia dictada ayer, enfrentó varios obstáculos. Deniss Vega Sotelo, fiscal a cargo del caso, fue trasladado a Lima Centro un día antes de la reanudación del juicio oral, según una resolución publicada en El Peruano. Algo que, en su momento, motivó suspicacias de parte de la defensa de las víctimas.

Un nuevo proceso en marcha y una tragedia evitable

El proceso judicial contra los imputados por el homicidio calificado de los cuatro líderes ashéninkas no es el único que enfrentan, ya que también se les acusa de tráfico de especies forestales. El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, dijo a Convoca.pe en enero último, que la Fiscalía Ambiental de Ucayali pronto iniciará un juicio oral por este delito. La investigación, que se formalizó en 2015, ha enfrentado obstáculos debido a la dificultad para determinar a los responsables y la inaccesibilidad de la zona donde ocurrieron los hechos.

A pesar de que el proceso debería haber pasado a juicio oral en 2017, la pandemia ha causado retrasos, y ahora se ha coordinado su aplazamiento para evitar que se cruce con el juicio por homicidio. Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep, y Yusen Caraza, abogado de las viudas, expresaron entonces su sorpresa por la falta de culpables nueve años después del delito ambiental. Caraza sugiere que el juicio podría revelar que los imputados estaban involucrados en tala ilegal, además del homicidio. Todavía se está a la espera de que este nuevo proceso prospere.

 

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Las viudas del caso saweto siguen luchando por justicia tras nueve años de juicios y tribunales. Foto: Minjus.

 

Por el momento queda el amargo sabor de la justicia en la vida de los familiares de los cuatro líderes y, acaso, el pensamiento de que esta tragedia pudo evitarse. En 2008, el hoy asesinado Edwin Chota, uno de los líderes más destacados de Saweto, presentó una denuncia ante la Fiscalía Ambiental de Ucayali, alertando sobre la actividad de madereros ilegales en sus territorios ancestrales, quienes, finalmente, lo mataron. 

Sin embargo, el caso fue archivado debido a la supuesta falta de pruebas. Desde entonces, la comunidad de Saweto ha abogado por la intervención de la Policía Nacional del Perú para detener la tala ilegal y por la titulación de sus bosques. Su objetivo principal era evitar que el Estado otorgara concesiones madereras en sus tierras y combatir a los madereros ilegales. Lamentablemente, su lucha derivó en la muerte de cuatro de sus líderes y se hace imposible no pensar en que seguirían vivos, si se les hubiese escuchado realmente.