Fuerza Popular, el grupo político que resultara derrotado en la última elección presidencial, ahora busca aprobar en el Congreso una de las principales propuestas que llevó Keiko Fujimori durante su campaña de segunda vuelta: el denominado "Canon para el Pueblo". La iniciativa, oficializada la semana pasada como un proyecto de ley, pretende distribuir entre los hogares más pobres el 40% de las rentas que los gobiernos locales y regionales reciben del Estado por la explotación económica de los recursos naturales.
De la misma forma que lo indicara la excandidata Fujimori en el "debate presidencial" realizado en Cajamarca en mayo último, la propuesta legislativa señala que en los últimos 14 años el 40% del presupuesto del canon no ha sido utilizado y propone "mejorar los ingresos y continuar reduciendo la pobreza de la población" entregando cheques de dinero. Durante la campaña, esta misma propuesta fue criticada por diversos expertos por incurrir en clientelismo político.
Tratando de explicar
La explicación de motivos de la propuesta pone como ejemplo la distribución de recursos generados por actividades extractivas en Alaska, Estados Unidos, donde se disponen transferencias directas a los hogares en una localidad que no tiene las mismas urgencias de inversión pública como la tienen las peruanas. Alaska tiene uno de los más altos índices de desarrollo humano, servicios básicos cubiertos, infraestructura de primer nivel y un producto bruto interno muy superior a cualquier región andina.
En el documento, los asesores fujimoristas también elaboraron un estimado sobre el número de hogares existentes en cada región y aseguraron que en 13 regiones, incluida Lima Metropolitana, casi 4 millones 400 mil hogares recibirán entre 0 a 100 soles. Esto equivale a menos de 30 centavos por día, en el caso más optimista.
El cuadro preparado por el equipo parlamentario de Fuerza Popular también también indica que en otras 17 regiones se entregaría entre 101 a 500 soles a los hogares de extrema pobreza. Es decir, menos de 1,50 soles por día, si se entrega el máximo calculado.
Solo 20 mil hogares de 8 regiones recibirían montos significativos superiores a los 6 mil soles. Estas regiones serían Cusco, Tacna, Áncash, Arequipa, Moquegua, Moquegua y Cajamarca, provincias en las que el entonces candidato Pedro Castillo resultó ganador de las elecciones y en las que a la vez se registran los mayores ingresos por canon minero en los últimos años. Si a todos esos hogares se le asignaran 6 mil soles, cada hogar sólo obtendría poco más de 16 soles diarios.
En este escenario, la propuesta fujimorista asegura que "no cabe duda" que la entrega de dinero del canon a cada hogar en zonas de impacto de actividad extractiva contribuirá a la "paz social".
Este proyecto ha sido presentado en medio de un clima tenso con 198 conflictos sociales vigentes desde septiembre último. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estos conflictos en su mayoría están relacionados con el rechazo a la minería, con exigencias hechas por comunidades a las empresas extractivas y con el abandono del sector agrícola.
Dinero por "paz social"
En opinión del politólogo Esteban Valle Riestra, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, el proyecto de ley firmado por miembros de Fuerza Popular parte de una premisa equivocada respecto al gasto, pues los congresistas sostienen que el dinero no se ejecuta. Valle Riestra recuerda que el canon que no es ejecutado no se devuelve al gobierno central. Este se acumula para el próximo año para ser usado por los gobiernos regionales y municipales.
El experto comentó que lo más sensato es que no se reparta el dinero, sino mejorar la ejecución del gasto. Consideró que con este tipo de propuestas, el grupo parlamentario busca que se abandone la tarea de hacer que el Estado sea más eficiente.
Respecto al caso del reducido número de regiones en donde los hogares podrían recibir más de 6 mil soles, Valle Riestra explicó que esto se mantendría solo cuando los precios de los metales estén en niveles altos y recordó que la eventual repartición se terminará cuando las inversiones extractivas abandonen la zona al término de sus operaciones.
"La actividad minera es muy volátil. Ahora vivimos un superciclo de los precios de los metales. Pero en diez años podría cambiar la situación", indicó el politólogo.
Sobre la denominada "paz social" que buscaría el proyecto fujimorista, Valle Riestra señaló que el proyecto sólo buscaría contentar a las personas en las áreas de extracción minera. Por estos motivos consideró que esa paz social sería muy precaria, ya que solo ocurriría si ese canon fluye gracias a los altos niveles de ingresos.
Otra de las consecuencias que, según el coordinador de Propuesta Ciudadana, generaría el proyecto de ley tal como lo propone Fuerza Popular es que incentivaría la migración de hogares hacia distritos o provincias donde se reciban mayores transferencias del denominado "Canon para el pueblo", lo que haría que el bono se disperse aún más.