Tres de los cinco distritos con mayores recursos económicos gracias los impuestos y regalías de la minería son pretendidos por políticos que postulan a estas alcaldías locales a pesar de que fueron sentenciados por la justicia por diferentes delitos. Se trata de los candidatos a las alcaldías distritales de San Marcos y Nuevo Chimbote, en Áncash, y de Yarabamba, en Arequipa.

Según las cifras del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los ingresos mineros anuales de estos distritos, junto a Challhuahuacho, en Apurímac, y Megantoni, en Cusco [canon gasífero por el gas de Camisea], sumaron más de S/ 1.100 millones como promedio en los últimos tres años, pues alberga a importantes proyectos con operaciones millonarias. Bajo este criterio económico, los mencionados municipios son los cinco más privilegiados en todo el país.

El escrutinio de los candidatos es determinante para que estas localidades cuenten con las autoridades más idóneas, las que puedan administrar de manera eficiente sus millonarios recursos. Además, esta fiscalización es oportuna para evitar casos como el del excaldale de Megantoni, Daniel Ríos Sebastián, quien es acusado de liderar una organización criminal dentro de su municipalidad. El burgomaestre fue capturado en Quillabamba tras estar prófugo durante cinco meses.

"Los alcaldes caen porque son mañosos, quieren lucrar y cobran a los empresarios para beneficiarlos en obras. Acá no será igual. Es difícil gobernar. El desarrollo está orientado a que el pueblo descubra su propio destino. Enseñaremos a pescar a los pueblos, ya no más asistencialismo ni conformismo. Nuestra identidad ancestral de nación originaria tiene que hacernos sentir orgullosos", había dicho el exalcalde de Megantoni cuando, en entrevista, el portal Ojo Público le hizo ver que tres de alcaldes del distrito cusqueño de Echarate fueron acusados por corrupción.   

San Marcos

En primer lugar, la Municipalidad de San Marcos (Áncash) es pretendida por el candidato Dalton Santiago Garay Chávez, del partido Juntos por el Perú. El ciudadano fue sentenciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad el 7 de diciembre del 2011, según consta en la hoja de vida que entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).  

Según la información del ente electoral, esta pena fue cumplida de manera suspendida —es decir, no fue recluido en un penal—, pero no se precisa el tiempo de la misma.

En tanto, el ciudadano Loel Serapio Zorrilla Salazar, quien postula al mismo distrito por el Movimiento Regional El Maicito, enfrentó una demanda por alimentos, según versa en el expediente N.° 98-99-F del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre. El proceso fue archivado luego de que el postulante acudiera a una conciliación a nivel judicial.
 

San Marcos es el distrito peruano que percibe mayores ingresos por la minería. Foto: ProActivo.

Yarabamba

La Municipalidad distrital de Yarabamba, en Arequipa, también tiene a varios candidatos con algún tipo de inconveniente con la justicia. Es el caso del excapitán del ejército Tomás Salomón Delgado López, del Movimiento Regional Arequipa Avancemos, cuyo símbolo es un pollito pateando una balón de fútbol. Delgado López ya gobernó este mismo municipio entre 2015 y 2018.

En la hoja de vida que presentó ante el JNE, queda constancia de que estuvo frente a los tribunales por una demanda familiar y de alimentos, llevada en el Segundo Juzgado de Familia de Cusco y que fue interpuesta por quien era su esposa en ese entonces, la ciudadana Ruth Olivera del Pozo. Los detalles del caso quedaron consignados en el expediente 00989-2005-0-1018-JM-FC-01.

La justicia otorgó el divorcio absoluto a la demandante y además le concedió la tenencia de los tres hijos del matrimonio. El juzgado también dispuso que el ahora candidato entregue el 42% de sus ingresos a favor de sus vástagos. Asimismo, el excapitán enfrentó una demanda por alimentos en el 2015. Esta vez, fue demandado para que cumpla con un pago de S/300 a favor del menor Alex Tomás Delgado Sarmiento. En su hoja de vida, el candidato manifestó que el beneficiario ya es mayor de edad y “se le sigue apoyando con sus estudios superiores”.

Tomás Salomón Delgado asumió la alcaldía de Yarabamba por primera vez en 2015. Hoy lo intenta de nuevo. Foto: Internet.

Pero su relación con su nueva esposa también le ha traído otro tipo de problemas en la vida política.

En 2016, durante su primera gestión al mando del municipio de Yarabamba, afrontó un pedido de vacancia del cargo luego de que se descubriera que la institución edil entregó un fondo de 29 mil soles a la Asociación de Agricultores y Ganaderos Santa María - Yarabamba. Dicha organización tenía entre sus 14 socios a su actual esposa Katherine Lizett Villanueva Zaconet, a sus dos cuñadas Fabiola y Magaly Villanueva Zaconet, a su madre María Martha López y a su hermana Doris Delgado López. Sin embargo, la solicitud fue finalmente declarada improcedente por acuerdo del Concejo Municipal.

De otro lado, el candidato también dio a conocer en su declaración jurada que fue imputado por el presunto delito de falsificación de documentos y de negociación incompatible. Al mismo tiempo, por un lado, se refiere a una absolución, y por otro, al pago de una reparación civil que deberá abonar de manera solidaria con otros funcionarios procesados. La manera confusa en la que Delgado López ha redactado la declaración no permite aclarar el desenlace del proceso judicial.

Finalmente, el postulante también fue demandado por un caso contractual y fue obligado a pagar la suma de S/ 1.050 al ciudadano Erick Valdeiglesias Medina.

Yarabamba, el tercer distrito con mayor recaudación por la minería a nivel nacional, solo ejecutó el 23% de las ganancias obtenidas en el 2021. Foto: Internet.

En el mismo distrito de Yarabamba también candidateaba por el partido Podemos Perú el ciudadano Wilber Enrique Ramos Bigoria, quien fue sentenciado por el delito de peculado el 10 de agosto del 2020, según consignó en su hoja de vida que entregó al JNE. El fallo está en etapa de cumplimiento, por lo que su candidatura fue declarada como improcedente. No obstante, el candidato también fue sentenciado por una demanda de alimentos y cuyos detalles quedaron señalados en el expediente judicial 01845-2010-0-0401-JPFC-01.

Nuevo Chimbote

En Áncash, el partido Juntos por el Perú intenta convertir en alcalde de Nuevo Chimbote a Jorge Marlon Glenni Sosa, quien fue sentenciado dos veces por demandas de alimentos en el Juzgado de Paz Letrado de dicha localidad. Los casos en cuestión están descritos en los expedientes 434-2007-0 y 319-2015-0, respectivamente. En una tercera demanda de este tipo, el 4to juzgado de investigación del distrito se reservó el fallo al tener “por no efectuado el juzgamiento”. El caso fue archivado.

Nuevo Chimbote tiene recursos suficientes para desarrollar obras de envergadura,  pero necesita una adecuada gestión. Foto: RSD Chimbote.

En un caso similar, la candidata Giovanna Araceli Villanueva Diaz, del partido Frente de la Esperanza 2021, fue obligada por el Juzgado de Paz Letrado a realizar un pago tras afrontar una demanda de tipo contractual. 

Asimismo, el Movimiento Regional El Maicito postula a la alcaldía de Nuevo Chimbote al ciudadano Clindt Edward Silva Vergara, quien también fue obligado judicialmente a asumir el cumplimiento de un pago de dinero por una demanda de tipo contractual. Se trata de una "deuda contraída como garante de un tercero, apersonado y asumida en ejecución al 60% cancelado”, señaló el postulante a manera de descargo en la declaración jurada que entregó a la autoridad electoral.

Challhuahuacho y Megantoni

Finalmente, en el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac, hay candidatos que no registran sentencias judiciales pero tuvieron que responder ante distintas autoridades. Por ejemplo, Luis Iván Cruz Puma, del partido Perú Libre. En marzo del 2021, el postulante fue sometido a un procedimiento administrativo sancionador por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por no presentar la información financiera de los aportes e ingresos recibidos y los gastos efectuados durante su campaña electoral en 2018.

Un caso distinto es el del candidato Jacinto Lima Lucas, del partido Acción Popular, quien era presidente de la Federación Campesina de este distrito cuando estallaron en 2015 las protestas de las comunidades contra la compañía minera Las Bambas. Tuvo que responder ante la justicia porque junto con otros 17 dirigentes fue denunciado por la transnacional y el gobierno peruano.

Cabe resaltar que distintas asociaciones de derechos humanos calificaron este episodio como un típico caso de criminalización de la protesta. La Fiscalía inició una investigación contra los líderes comunales por los supuestos delitos de usurpación agravada, asociación ilícita para delinquir, daños agravados, disturbios y otros. La investigación duró seis años, pero no prosperó. Fue finalmente archivada en 2021.

Por otro lado, en el distrito cusqueño de Megantoni, jurisdicción que alberga el megaproyecto energético del Gas de Camisea y maneja más de 200 millones de soles anuales por ingresos mineros, no tiene aspirantes al sillón municipal que sigan en carrera y registren sentencias en sus hojas de vida. Sin embargo, a pesar de que el distrito fue creado recién en el 2016, ya ha experimentado sonados escándalos de corrupción.

Como se recuerda, el exalcalde Daniel Ríos Sebastián, líder machiguenga de la localidad, gobernó solo entre enero de 2019 y diciembre de 2021, pues su mandato se vio interrumpido porque el Poder Judicial ordenó su captura en el marco de una investigación que se le sigue por organización criminal, nepotismo, falsificación de documentos, delitos informáticos y otros. A Ríos se le dictaron 36 meses de prisión preventiva, pero se mantuvo en la clandestinidad por varios meses. Recién fue capturado el agosto último en un hotel de Quillabamba, en Cusco.