Un acta del Consejo de Ministros a la que accedió Convoca.pe revela que en diciembre la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, impartió lineamientos al entonces titular del Ministerio del Interior, Víctor Rojas Herrera, y al de Defensa, Jorge Chávez Cresta, para que "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú sólo usen la disuasión no letal, a fin de evitar más muertes". Sin embargo, la disposición no ha sido acatada plenamente por efectivos policiales, quienes luego de este pedido de la mandataria continuaron disparando sus armas de fuego.

La referida acta es de la sesión del gabinete ministerial del martes 21 de diciembre de 2022. En dicha reunión, Boluarte también pidió a sus ministros "trabajar con lealtad al pueblo peruano" y cedió la vocería del gobierno al premier Alberto Otárola, quien un día antes era el ministro de Defensa y ese día se convertía en el segundo al mando del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el documento oficial, Dina Boluarte "solicitó al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior que frente a la violencia que se presente en las protestas, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) sólo usen la disuasión no letal, a fin de evitar más muertes".

Boluarte, cuando ya se conocían que 21 personas murieron a causa de proyectiles de arma de fuego, dio lineamientos a sus ministros para que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no utilizarán armas letales. Imagen: Acta del Consejo de Ministros.

Para la fecha de la reunión del gabinete ministerial, la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ya conocían que en los primeros nueve días de las manifestaciones contra el gobierno se habían registrado 21 personas muertas a causa de disparos de armas de fuego. Y también ya se contaba con imágenes de efectivos policiales y militares disparando sus pistolas y armas de largo alcance.

En esa misma jornada, y luego de seis días de agonía, falleció también Jhonathan Alarcón Galindo de 19 años de edad. El 15 de diciembre de 2022 había recibido un disparo en el abdomen, justo en el lugar y momento en que los militares reprimían las protestas en Ayacucho.

Entre el 10 y 21 de diciembre de 2022, se registraron 20 muertos de los cuales 19 tuvieron como causa de muerte el impacto de balas. Foto: Zoe Alexandra/Revista Común

La información recogida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) indica que del total de víctimas por disparos de las fuerzas del orden, desde el inicio de las protestas hasta la fecha del lineamiento instruido por Boluarte al entonces ministro del Interior, Rojas, diez personas ya habían fallecido por disparos en el departamento de Ayacucho, tres en Apurímac, dos en Arequipa y dos en Junín. También otra en La Libertad.

En otra sesión del gabinete ministerial, esta vez el 5 de enero de 2023, Boluarte nuevamente hizo un pedido a los ministros del Interior y Defensa para que elaboren "un informe en el que se explique las circunstancias de la intervención de la PNP y las FFAA. Y el cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza, teniendo en cuenta los lineamientos del gobierno que ordenan el uso de armas no letales ante las movilizaciones y protestas".

Cuatro días después de que Dina Boluarte reiterara los lineamientos de su gobierno "que ordenan el uso de mas no letales ante las movilizaciones y protestas", 18 personas murieron por impacto de armas de fuego en la ciudad de Juliaca. Imagen: Acta del Consejo de Ministros.

A pesar de la disposición de Boluarte, pasadas las fiestas de fin de año, aumentó el número de civiles muertos a causa de disparos de proyectiles de arma de fuego. Cuatro días después de que la presidenta solicitara informes a sus ministros, el 9 de enero en la ciudad de Juliaca, en Puno, 18 personas murieron por impacto de arma de fuego en otra jornada de protestas. Según, la CNDDHH, las balas de los agentes policiales causaron diez de las muertes. Entre las víctimas de la denominada "masacre de Juliaca" se registraron tres menores de edad.

Luego de que Boluarte diera su lineamiento al gabinete, se reportaron 24 muertes de civiles por disparos de arma de fuego en  enfrentamientos con la Policía. De acuerdo con la CNDDHH, al menos 16 de estas son imputables a la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior. Y aún están pendientes de clarificarse las circunstancias de las otras ocho, aunque los indicios también apuntan a las fuerzas del orden.

Días después de los hechos de violencia en Juliaca, el 13 de enero, Boluarte designó como nuevo ministro del Interior al general PNP Vicente Romero. Durante su gestión, también se registraron cinco fallecidos por impacto de arma de fuego: tres en Puno, un fallecido en La Libertad y una víctima en Arequipa.

En Ilave, Puno, policías fueron grabados disparando sus pistolas en plena protesta. Durante esa jornada, el 21 de enero, murió un manifestante de un balazo en la pierna.

Hasta la fecha, durante toda la crisis social iniciada luego del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, los manifestantes muertos en enfrentamientos alcanzan la cifra de 47, de los cuales 36 tienen como causa confirmada proyectiles de armas letales.

De hecho, no todos los decesos han ocurrido por balas. Por ejemplo, entre el total de los 47 asesinados se incluye a Víctor Santisteban Yacsavilca, de 55 años, quien fue asesinado el último 29 de enero en Lima por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo policial a pocos metros de distancia. El golpe le destrozó el cráneo. Una cámara de videovigilancia de un local privado captó el instante del crimen.

Multitudinaria fue la despedida de los fallecidos en la masacre de Juliaca del pasado 9 de enero del 2023, solo cuatro días después de los lineamientos de Dina Boluarte. Foto: La Jornada

No utilizó su mando 

Pese a dar esa indicación a sus ministros en calidad de cabeza del Poder Ejecutivo, para dos expertos en temas vinculados a los derechos humanos la presidenta Dina Boluarte no hizo lo necesario para detener los abusos. La situación, según los especialistas consultados, muestra que Alberto Otárola tiene mucho control sobre las decisiones que debería tomar Palacio de Gobierno. 

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), considera que al disponer que ya no se use armas de fuego para la represión, Dina Boluarte reconoció que las muertes se produjeron por el uso de la fuerza letal en manos de los policías y los militares. 

Además, Pérez indica que pese a sus versiones ante el Consejo de Ministros, la presidenta no dio ninguna muestra de haberlas hecho cumplir planteando otras medidas, lo que los estándares internacionales denominan "la responsabilidad del superior".

Dina Boluarte tendría responsabilidad por omisión de funciones al no haber controlado la acción de las fuerzas del orden. Foto: AP Photo

"Lo que deben hacer los superiores para que no les salpique la responsabilidad es investigar y sancionar a los responsables", dice la representante de la CNDDHH. Asimismo, cuestiona que Boluarte no haya tomado medidas concretas para abrir investigaciones internas y que se separe a los mandos policiales y militares que estuvieron relacionados a los asesinatos.

Opinión similar tiene el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz. El especialista sostiene que pese a su invocación en el Consejo de Ministros, Boluarte no se aseguró de que el Ministerio del Interior realice un control sobre los efectivos policiales para evitar el asesinato de manifestantes a través de la fuerza letal que continuó en días posteriores. 

"La presidenta tenía la facultad del dominio del hecho. Hay una responsabilidad por omisión de funciones, porque tiene control efectivo de las fuerzas del orden a través del ministro del Interior. Boluarte no ejerció ese control", dice Ruiz.