Esta mañana las fiscales Carol Cuba Peralta y Diana Canchihuamán, del Equipo Especial Lava Jato, intervinieron 15 domicilios de exfuncionarios del Ministerio de Transportes y de abogados e ingenieros involucrados en los casos 'Club de la Construcción' y 'Arbitrajes', en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

Según informó la fiscalía, dos de las viviendas allanadas por la fiscal Cuba corresponden a Luis Held Ponce, ex director de Provias Nacional, y Henry Zaira Rojas, ex viceministro de Transportes. En el 2019, ambos fueron señalados por colaboradores eficaces de ser parte del denominado 'Club de la Construcción', el cartel de empresas que con ayuda del MTC se repartía las obras públicas del sector a cambio de cuantiosos sobornos.

En el caso de Held Ponce, el entonces funcionario se encargó entre 2014 hasta el 2016 de la Unidad Gerencial de Administración de Provías Nacional y era quien designaba a los miembros de los comités de licitación, un papel determinante en la adjudicación de las obras públicas. Esto ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala.

En el 2014, el entonces ministro Carlos Paredes, designó a Henry Zaira Rojas como viceministro de Transportes, quien se desempeñaba como director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, cargo que mantenía desde el gobierno de Alan García.

Durante el 2010, Zaira Rojas, fue uno de los funcionarios del MTC que defendieron ante el Congreso la necesidad de prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) al proyecto Tren Eléctrico, que era construido por la empresa brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero.

15 viviendas fueron intervenidas por el Equipo Especial Lava Jato. Foto: Fiscalía

Árbitros

En tanto, 12 viviendas allanadas por el Equipo Especial corresponden a exsecretarios y experitos de arbitrajes y a funcionarios del Ministerio de Transportes implicados en la preparación de laudos arbitrales que beneficiaron con millonarios pagos del erario público a la constructora brasileña Odebrecht.

Una de las viviendas allanadas, ubicada en San Borja, fue la del exviceministro de Transportes, Alejandro Chang Chiang, quien es señalado de haberse reunido con directivos de Odebrecht, como Eleuberto Martorelli, para concertar un arbitraje que le facilite un resultado favorable en el adicional de la obra "Vía Evitamiento Tarapoto". Para la Fiscalía, Chang habría acordado con Martorelli nombrar al abogado Celso Gamarra Roig, que tenía el codinome "Italiano", en el cargo de director de Concesiones del MTC en noviembre de 2011.

También fueron intervenidas las viviendas de los secretarios arbitrales Carlos Ruska Maguiña y Marcia Porras Sánchez, ubicados en Miraflores y San Borja. El Equipo Especial considera que ambos habrían intervenido en el resultado de estos procesos a favor de Odebrecht y en perjuicio del Estado. 

En el caso de Ruska Maguiña, la Fiscalía lo investiga por haber intervenido por haber sido el secretario arbitral encargado de resolver la controversia surgida por la mencionada obra Vía Evitamiento Tarapoto en el Centro de Conciliación Marc Perú, entre 2012 y 2013, donde Ruska es asociado. El abogado habría recibido como honorario arbitral 144 mil 444 soles a cambio de favorecer a la constructora, de acuerdo con la tesis fiscal.

 También fueron allanadas viviendas de 12 involucrados en el caso Arbitrajes.

En tanto, en el caso de Porras Sánchez, el Ministerio Público la identifica como parte de una “asociación criminal” al participar como secretaria de un arbitraje de Odebrecht contra el Estado peruano por el caso Carretera Interoceánica Norte (IIRSA Norte). Esta controversia arbitral resultó fue favorable para la constructora brasileña y le reconoció ampliaciones de plazo para la obra vial por más de 24 millones 510 mil soles.

Según los fiscales, por el laudo arbitral de septiembre de 2013, Porras habría recibido un soborno de 45 mil dólares.

También fueron intervenidas las viviendas de los ingenieros civiles Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por el Ministerio Público como los presuntos responsables de emitir informes periciales favorables a Odebrecht en arbitrajes de 2011 sobre el proyecto Carretera Interoceánica Sur. 

Según la Fiscalía, Jorge Arturo Mendoza Torres recibió un beneficio económico reflejado en sus honorarios a cambio de preparar un Informe de "pericia técnica económica" de oficio en los procesos arbitrales 2070 y 2083 del 2011, sobre las obras de los Tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur, cuyas conclusiones fueron de "conformidad y satisfacción" de Odebrecht.

Su designación como perito habría sido sugerencia de los árbitros árbitros Emilio Cassina Rivas y su hijo Emilio Cassina Ramón, en coordinación con el árbitro Horacio Cánepa.

Una similar actuación identificó la Fiscalía respecto al ingeniero Roger Arévalo Ramírez, quien emitió informes periciales favorables a Odebrecht en los procesos arbitrales 1991-2011, 1992-2011, 1993-2011. Su designación también fue a sugerencia de los árbitros Cassina Rivas y Cassina Ramón y contó con el aval de Cánepa. El Ministerio Público detectó que Roger Arévalo cobró honorarios arbitrales por 13 mil 500 dólares, monto superior a los 12 mil dólares aceptados por el tribunal arbitral.