Al menos 13 exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), designados entre 2007 y 2015 —es decir durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala—, fueron hallados responsables por la Contraloría de cometer irregularidades en la suscripción de una adenda y la ejecución de la autopista Puno-Juliaca del tramo 5 de la vía Interoceánica Sur, las cuales ocasionaron una pérdida de 38 millones de soles para el Estado.

La concesión del tramo 5 de la Interoceánica Sur por 25 años se adjudicó el 24 de octubre de 2007, cuando García era presidente de la República, a la Concesionaria Vial del Sur (Covisur), conformada por la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo Constructores S.A. y la compañía Construcción y Administración S.A. (CASA), ambas investigadas en la fiscalía por su presunta implicancia en el llamado “Club de la construcción”.

Según las pesquisas del Equipo Especial del caso Lava Jato, este "club" funcionó como una organización criminal teniendo como esquema la “repartición” de forma indebida las licitaciones de obras públicas junto al resto de integrantes de esta red de empresas.

Informe de auditoría del órgano de control sobre el tramo 5 de la Interoceánica Sur.

De acuerdo con la Contraloría, siete de los 13 exfuncionarios cometieron presuntos delitos además de infracciones administrativas. Estos son Raúl Torres Trujillo (ex director ejecutivo de Provías Nacional), Lizardo García Carpio (ex director general de Concesiones en Transportes del MTC), Wenceslao Linares Hurtado (ex jefe de la Oficina Técnica de Concesiones en Provías Nacional), Diego Mori Franco (ex analista legal de Concesiones en Transportes), Gian Silva Ancco (ex especialista económico financiero de Concesiones en Transportes), Milagritos Livaque Suárez (ex especialista en Costos y Presupuestos de Concesiones en Provías Nacional) y Patricia Cama Meza (ex especialista en Infraestructura de Transportes de Concesiones en Transportes).

Los otros seis ex servidores públicos, responsables de faltas administrativas, son Henry Zaira Rojas (ex viceministro de Transportes), Marina Sansotta Gutiérrez (ex gerente en Asesoría Legal de Provías Nacional), Luis Chan Cardoso (ex gerente de Derecho de Vía de Provías Nacional), César Herrera Briceño (ex jefe de la Oficina Técnica de Concesiones de Provías Nacional), Steven Cueva Herrera (ex jefe de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas de Provías Nacional) y Jorge Gutiérrez Rodríguez (ex especialista en Diseño Vial de Provías Nacional).

Segunda parte de la relación de exfuncionarios involucrados en actos indebidos.

Según el Informe de Auditoría Nº 620-2019-CG/APP-AC, en el caso de Raúl Torres, quien fue director ejecutivo de Provías Nacional entre marzo de 2007 y enero de 2017 —durante tres periodos presidenciales—, “su participación está acreditada al haber suscrito la resolución directoral mediante la cual se aprobó el costo directo de la ‘construcción de la autopista Puno-Juliaca’ sin el debido sustento (…). (Se incumplieron) principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases del Sistema Nacional de Inversión Pública”.

La auditoría comprendió el periodo del 1 de enero 2013 al 30 de abril 2018 a las acciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la cual concluyó con tres observaciones.

Hallazgos

El órgano de control determinó que el MTC y la concesionaria del tramo 5 (Covisur) suscribieron la adenda Nº 3 e iniciaron la ejecución de una segunda calzada (paralela a la calzada o pista existente), incumpliendo la normativa de evaluación de impacto ambiental, la normativa de asociaciones público privadas y el propio contrato de concesión.

Esa adenda fue suscrita y ejecutada a pesar de que el estudio de ingeniería fue aprobado sin contar con la certificación ambiental respectiva para prevenir impactos negativos en el medio ambiente y daños a restos arqueológicos en la zona (se verificó que el trazo de la autopista afectaba un camino prehispánico).

Con la adenda, el concedente además se comprometió a entregar los predios necesarios para el inicio de la obra, sin contar con la disponibilidad de los mismos, al no haber realizado oportunamente el saneamiento físico legal respectivo.

En tal sentido, el MTC y la concesionaria suscribieron un acta de acuerdo temporal para iniciar trabajos preliminares de la segunda calzada, antes que se haya suscrito la adenda, asumiendo obligaciones y compromisos no previstos en el contrato de concesión.

Expresidentes Alan García y Ollanta Humala son investigados por el Equipo Especial para el caso Lava Jato. Foto: Andina

Estos hechos, además de haber incumplido con la normativa vigente, ocasionaron que hasta la fecha no se haya concluido la segunda calzada (cuyas obras recién se iniciaron en el año 2016 y debió culminar dos años después), y que se haya generado un sobrecosto y perjuicio económico por 2 millones 508 mil soles por mayor reajuste de precios derivado de la demora en la ejecución de las obras (por la entrega de terrenos).

La segunda observación es que el MTC aprobó el costo directo del presupuesto de la obra de la autopista Puno-Juliaca en dólares, cuando en aplicación de los términos de referencia el presupuesto debía ser en moneda nacional. Asimismo, en ese presupuesto se aprobó partidas sin sustento técnico alguno y con mayores costos. Esto causó mayores pagos que constituyen un perjuicio económico al Estado por más de 34 millones de soles.

La tercera y última observación es que el MTC aceptó y aprobó el estudio de ingeniería de la segunda calzada, sin advertir deficiencias en el diseño geométrico de algunos elementos esenciales de la vía que no cumplen con la norma DG-2001 (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras) afectando los niveles de servicio, lo cual, a su vez, generó un sobrecosto y perjuicio por 377 mil 508 dólares (más de 1 millón 291 mil soles).

El documento de la Contraloría fue alcanzado a los titulares del MTC y Ositran, el 8 y 11 de marzo último, respectivamente. Asimismo, a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del ente de control, y al Órgano Instructor competente, para que se inicien las acciones legales y administrativas correspondientes contra los funcionarios y servidores implicados en los hechos.