La alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) el 14 de diciembre de 2025 ante el probable ingreso de la influenza A (H3N2) subclado K buscó advertir a los servicios de salud frente a un escenario de riesgo asociado a la alta movilización por las fiestas de fin de año. Sin embargo, apenas un día después, el propio sector confirmó la detección de los dos primeros casos en el Perú, ambos en menores de edad atendidos en hospitales de Lima.

Para el médico epidemiólogo Antonio Quispe, esta secuencia evidencia el principal problema de la respuesta estatal: una alerta tardía y sin presupuesto, que reconoce el peligro, pero no activa las acciones mínimas que permitan enfrentar de manera real una posible temporada severa de influenza.

La alerta epidemiológica se fundamenta en un contexto internacional ampliamente documentado: la circulación acelerada del subclado K del virus influenza A(H3N2) en Europa, Asia y América del Norte, y el llamado de la Organización Mundial de la Salud emitido el 4 de diciembre ante el aumento sostenido de casos.

El documento, suscrita por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), reconoce que durante las fiestas de fin de año se movilizan 1,3 millones de personas dentro del país y miles de viajeros internacionales ingresan al territorio nacional, lo que incrementa el riesgo de importación y diseminación de enfermedades. No obstante, al momento de su publicación, el Minsa señalaba que no se habían identificado casos del subclado K en el Perú, información que dejó de ser válida apenas 24 horas después, cuando se confirmaron los dos primeros contagios.

Para Quispe, el problema no es que la alerta se haya emitido antes de los casos confirmados, lo que, en teoría, es lo deseable, sino que llegó tarde frente a señales epidemiológicas claras que ya estaban presentes semanas atrás. “Lo que está pasando en Europa debía preocuparnos seriamente”, advirtió, al recordar que incluso países con sistemas de salud sólidos, como España, reportan hospitales colapsados por hospitalizaciones asociadas a la gripe.

Los primeros casos son niños 

El 15 de diciembre, el Minsa confirmó que los primeros casos de influenza A(H3N2) subclado K correspondían a dos menores de edad: un niño de un año hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y otro de ocho años atendido en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Las autoridades informaron que ambos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta.

Aunque el Ministerio transmitió un mensaje de calma y señaló que el riesgo de epidemia es bajo por no encontrarnos en invierno, Quispe considera que la confirmación de estos casos no minimiza el problema, sino que refuerza las advertencias previas. “No se trata de si estos dos niños están bien, sino de qué va a pasar si los casos aumentan y el sistema no tiene capacidad de respuesta”, sostuvo.

Alerta de papel sin presupuesto

Uno de los ejes centrales de la crítica del epidemiólogo es que la alerta epidemiológica no activa recursos económicos extraordinarios. En el propio documento oficial se detallan decenas de recomendaciones técnicas: refuerzo de la vigilancia, monitoreo de viajeros, envío de muestras al INS, intensificación de la vacunación y planes de comunicación, pero no se especifica cómo se financiarán ni se anuncia la habilitación de presupuesto adicional.

“Una alerta epidemiológica de verdad dispara presupuesto”, explicó Quispe. Ese financiamiento debería servir, entre otras cosas, para campañas de vacunación activas, con brigadas que salgan casa por casa a buscar a las personas vulnerables, y para incrementar la capacidad hospitalaria ante un posible aumento de neumonías y casos graves que requieran oxígeno.

En la práctica, advirtió, lo que ocurre es lo contrario: se pide a la población que acuda a los centros de salud, muchos de los cuales no tienen suficientes vacunas, exponiendo además a personas con síntomas respiratorios a nuevos contagios.

Escasez de vacunas y desigualdad en el acceso

El Minsa ha reconocido que las vacunas disponibles contra la influenza son limitadas, por lo que se ha priorizado a poblaciones de riesgo y personal de salud. Para Quispe, esta decisión, sin una estrategia de ampliación inmediata, profundiza la desigualdad.

“Los que tienen dinero se vacunan en clínicas privadas; los pobres, simplemente se quedan sin vacuna”, señaló. En un país con bajas coberturas de vacunación, esta situación deja expuestos especialmente a niños pequeños, adultos mayores, gestantes y personas con comorbilidades, justamente los grupos que la alerta reconoce como más vulnerables.

Vigilancia debilitada y detección tardía

La alerta epidemiológica destaca la importancia de la vigilancia y señala que los laboratorios regionales deben remitir muestras al Instituto Nacional de Salud (INS) para confirmación y vigilancia genómica. Sin embargo, Quispe matiza este punto: el país cuenta con vigilancia sindrómica, basada en síntomas, pero la vigilancia genómica se debilitó tras los recortes presupuestales posteriores a la pandemia de COVID-19.

Como consecuencia, advierte, el Estado puede detectar la circulación del virus cuando ya está ampliamente diseminado. “Cuando nos enteremos, va a ser tan tarde que no va a servir de nada”, afirmó durante la entrevista.

Influenza no es un resfriado común

El epidemiólogo también subrayó la necesidad de comunicar mejor los riesgos a la población. La influenza, explicó, no es un simple resfriado: provoca fiebre alta, dolor corporal intenso, postración y puede derivar en neumonía, especialmente en personas vulnerables. En un sistema de salud con limitada capacidad hospitalaria, un aumento brusco de casos graves puede traducirse en muertes evitables.

A ello se suma un problema estructural: la automedicación. Quispe alertó sobre el uso indiscriminado de antibióticos frente a infecciones virales, una práctica frecuente en el país que no solo es inútil contra la influenza, sino que puede debilitar al paciente y aumentar el riesgo de complicaciones.