Al menos 26 empresas de transporte público acataron hoy el primer paro del año en protesta contra la extorsión y el sicariato, delitos que continúan afectando gravemente al sector pese a que desde noviembre de 2025 está vigente la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias para enfrentar estas modalidades criminales.

La norma fue promulgada el 3 de noviembre de 2025 por el presidente José Jerí, pero hasta la fecha no ha sido reglamentada, lo que ha impedido su aplicación efectiva. Recién esta semana, el mandatario anunció que el reglamento será aprobado el sábado 17 de enero, en medio de críticas por la reacción tardía del Ejecutivo frente a una crisis de seguridad que el propio Estado reconoció como prioritaria al aprobar la ley.

Más de 180 transportistas asesinados en 2025

El paro ocurre tras cerrar un 2025 con más de 180 personas dedicadas al transporte asesinadas, una cifra que refleja la gravedad de la violencia contra quienes trabajan en calles y carreteras.

De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., hasta septiembre de 2025 se registraron 101 mototaxistas y taxistas asesinados y 79 colectiveros, choferes de micros y buses asesinados

Estos datos, que solo cubren parte del año, refuerzan la percepción de que la criminalidad vinculada al transporte no fue contenida durante 2025, pese a los anuncios de políticas y reformas.

Dudas sobre la confiabilidad de las cifras de extorsión

A este contexto se suma un nuevo factor de desconfianza: las inconsistencias en los registros oficiales de denuncias por extorsión.

El analista de datos Juan Carbajal advirtió que durante 2025 existió un desfase sostenido entre las cifras de la Policía (SIDPOL) y las del Ministerio Público. A nivel nacional:

El Ministerio Público reportó 28,948 denuncias por extorsión. El sistema policial SIDPOL registró solo 26,585. La diferencia es de 2,363 casos.

En Lima Metropolitana, el desfase también fue significativo: Ministerio Público: 12,159 denuncias. SIDPOL: 11,192 denuncias. Diferencia: 967 casos

Carbajal también alertó sobre una caída abrupta en los registros policiales en los últimos meses de 2025, particularmente en noviembre y diciembre, lo que —según el analista, no coincide con la percepción ciudadana ni con la continuidad de los ataques extorsivos.
 

Una ley sin reglamento y sin impacto inmediato

La Ley 32490 fue diseñada como una estrategia integral que incluye: control financiero de pagos extorsivos, certificación de rutas seguras, mapas de riesgo,protección a víctimas, fiscalías especializadas, fondos de apoyo económico,y la creación de un grupo interinstitucional especial (GIES).

No obstante, la mayoría de estas medidas requiere reglamentación para activarse, definir procedimientos, asignar presupuestos y establecer coordinaciones operativas entre ministerios, Policía, fiscalías y gobiernos locales.

Hasta hoy, ese reglamento no ha sido aprobado, por lo que la ley permanece como un marco legal sin implementación concreta en el territorio, mientras continúan las amenazas, ataques y asesinatos.

Las 26 empresas que acataron el paro este 14 de enero

Las siguientes empresas paralizaron total o parcialmente sus operaciones:

La Encantada S.A. (Carabayllo – Ate)
Santa Cruz 13 (Carabayllo – La Victoria)
Nueva América (Carabayllo – SJM)
E.T. TISG S.A. San Germán (SJL – SMP)
Transporte Cruz del Centro S.A. (Ate – Carabayllo)
E.T. la “Z” (Ate – Pueblo Libre)
E.I.R. Polosac “Lorito” (Ate – Pachacútec)
E.T. Rosario de Santa María (Callao – Independencia)
Transporte Consorcio Vía (San Miguel – Puente Piedra)
Guadulfo Silva Carbajal (San Miguel – San Bartolo)
E.T. Zeballos (Lurín – Surquillo)
Etersac – Edilberto Ramos (VES – Puente Piedra)
Vipusa (VES – Ancón)
Etuchisa – Los Chinos (VES – Puente Piedra)
Etrascapsa (Línea E) (VES – SJL)E.T. Express Pachacamac S.A. (VES – Miraflores)
E.T. 41 (VES – Ventanilla)
El Rápido (VES – Ventanilla)
La 50 (SJL – Callao)
Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C. (SJL – Pachacamac)
E.S.T. Santa Catalina S.A. (SJL – VMT)
Urbanito (Callao – La Victoria)
Chosicano (San Miguel – Lurigancho Chosica)
Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. (Pachacamac – Ancón)
Transporte Huáscar S.A. (SJL – Callao)
Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (VES – Cercado de Lima)

Reglamentación anunciada tras el estallido del paro

Aunque el presidente Jerí aseguró que el reglamento será aprobado el 17 de enero, el anuncio se produce solo después del inicio del paro, lo que ha alimentado las críticas por la falta de acción preventiva frente a una problemática que ya había sido reconocida como prioritaria desde noviembre.

Para los gremios y trabajadores del transporte, el paro no solo es una protesta por la inseguridad, sino también una señal de desconfianza en la capacidad del Estado para ejecutar sus propias leyes de forma oportuna y eficaz.

Mientras el reglamento no entre en vigencia y las medidas no se implementen en campo, la Ley 32490 continúa siendo, para el sector transporte, una promesa pendiente en medio de una crisis que no se ha detenido.