Un mayor presupuesto del Estado para el diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas por metales pesados y nuevas cordinaciones del Poder Ejecutivo con organizaciones de la sociedad civil para mejorar la situación de los 10 millones de peruanos expuestos a elementos tóxicos fueron los avances más destacables del año 2022.

Sin embargo, aún hay una gran brecha entre lo que figura en el papel y lo que realmente se está ejecutando, pues el mayor presupuesto y los anuncios de las autoridades nacionales, regionales y locales no se han traducido en acciones concretas en favor de gran parte de la población afectada por los metales pesados, tal como lo ha evidenciado Convoca.pe en diversos reportajes.

En el Perú, 10 millones 162 mil 380 habitantes se encuentran en riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, lo que equivale al 31,15% de la población nacional estimada al 2020, según un informe del Ministerio de Salud (Minsa). Para el 2023, dicho ministerio anunció a este medio que está trabajando en la actualización y sinceramiento de esta cifra, "para llegar realmente a las personas que requieren el abordaje y la atención de salud".

Toda la población de Lambayeque y más de la mitad de la población de Ucayali, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Callao, Amazonas, Puno y Pasco está expuesta a estos peligrosos elementos, de acuerdo con el citado informe, que señala como principales fuentes de contaminación a las actividades de los sectores de Minería e Hidrocarburos.

Presupuesto que sube y baja

El año 2022 comenzó con buenas noticias por el incremento del presupuesto asignado por el Estado, con un monto inicial de hasta 10 millones 682 mil 505 soles. Además, le dio a las autoridades la posibilidad de ampliar el presupuesto hasta un máximo de 30 millones de soles adicionales y otra ampliación adicional de 10 millones de soles.

"En diciembre último, se ha conseguido una asignación adicional de 2 millones 969 mil 438 soles para este año, que ayudará a mejorar la atención de personas expuestas en 18 regiones", informó Guillermo Villa, de la Unidad Funcional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados y otras Sustancias Químicas del Minsa.

El presupuesto para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados de este año que se va priorizó cinco zonas del país afectadas gravemente por la contaminación: Espinar (Cusco), Cerro de Pasco (Pasco), Cuninico (Loreto), La Oroya (Junín) y la cuenca del Coata (Puno).

Esta asignación a las zonas priorizadas estaba relacionada con conflictos sociales y resoluciones del Poder Judicial en favor de poblaciones afectadas por metales pesados que habían interpuesto demandas contra el Estado, como en la provincia de Espinar, en Cusco.

Sin embargo, en Cusco, al cierre de este año, solo se ha ejecutado el 75% de los más de 2 millones y medio soles asignados a la provincia de Espinar. El resto del dinero será devuelto a la Gerencia Regional de Salud. En un informe anterior, dimos cuenta de que los representantes de la población afectada no han llegado a un acuerdo con las autoridades sobre el plan de acción que se debe aplicar, de acuerdo con la sentencia emitida en la demanda judicial interpuesta contra el Ministerio de Salud y otras entidades del Estado, de mayo de 2015.

"Estamos en coordinación permanente con la Gerencia Regional de Salud del Cusco, con la asistencia técnica, en cuanto a la programación y la ejecución de su plan. Estamos elaborando, en el Minsa, un plan que sume o ayude a que se ejecute ese plan Cusco. Estamos colocando, acciones, presupuesto y cronograma para el 2023 de cómo vamos a mejorar esa ejeución, y eso se va a traducir en una resolución ministerial", adelanto a este medio Villa, representante del Minsa.

Toma de muestra a niño en Cerro de Pasco para medir los niveles de plomo en la sangre. Foto: Diresa Pasco

Para este 2023, el presupuesto total destinado a acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación con metales pesados es de hasta 11 millones 853 mil 194 soles, más modificaciones presupuestales por hasta 10 millones de soles.

Este nuevo año, el monto aprobado para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados es de hasta 6 millones 853 mil 194 soles, y, para acciones relacionadas a la salud integral e intercultural y monitoreo de exposición a metales pesados e hidrocarburos, es de hasta 5 millones de soles.

Además, el Ministerio de Salud fue autorizado para realizar modificaciones en su presupuesto institucional hasta por 10 millones de soles, para financiar la implementación del Plan de salud integral e intercultural y monitoreo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en Loreto, con el fin de contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida de la población indígena, afectada por la actividad petrolera.

Una norma pendiente de aplicación

El 4 de  mayo de 2021, el gobierno de Francisco Sagasti promulgó la Ley N° 31189, Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. La norma establecía un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo apruebe su reglamento.

La propuesta de reglamento de la Ley N° 31189, que elaboró el Ministerio de Salud, se encontraba en proceso de revisión, según informó el 2 de diciembre último el entonces viceministro de Salud Pública, Luis Fuentes, cuando se reunió con representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas.

Fuentes estimó que la revisión de la propuesta de reglamentación culminaría la segunda semana de diciembre y posteriormente sería remitida a la Comisión de Coordinación Viceministerial correspondiente. “Tengan la seguridad que, como Ministerio de Salud, seguiremos trabajando para hacer realidad el incremento de presupuesto para la atención de los afectados por metales tóxicos, así como para lograr la reglamentación de Ley 31189”, dijo el alto funcionario.

Con la vacancia del presidente Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte y la renovación de ministros, viceministros y altos directivos del Estado, no se ha reestablecido un diálogo con los representantes de la población afectada sobre cómo va el proceso de aprobación del reglamento que es esperado desde hace más de un año y medio.

"Ya culminó la etapa técnica de elaboración de este reglamento, lo más difícil, que era llegar a un consenso con las direcciones del Ministerio de Salud y la sociedad civil. Ahora está pasando la revisión por la unidad de Asesoría Jurídica y, luego, se requiere la opinión de los otros sectores", explicó a Convoca.pe Guillermo Villa, de la Unidad Funcional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados y otras Sustancias Químicas del Ministerio de Salud.

Monitores ambientales toman muestra para la evaluación de la calidad del agua en zonas expuestas a la contaminación por la actividad minera. Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras

Una comisión que aún no funciona

El 1 de diciembre último, el Poder Ejecutivo instaló la Comisión Multisectorial encargada de hacer cumplir la incorporación de la prevención, mitigación y atención a la población afectada por exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, en los planes y programas a cargo de las entidades de los tres niveles de gobierno, así como la implementación del Plan Especial Multisectorial, aprobado por Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM.

Esta comisión, creada mediante el Decreto Supremo N° 129-2022-PCM, es presidida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y está conformada por delegados de ministerios, organismos públicos y la sociedad civil.
 
Félix Suasaca, presidente de Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, organización que integra esta comisión multisectorial, dijo que tenían plazo hasta el 28 diciembre para presentar su propuesta de reglamento a la secretaría general, a cargo del Ministerio del Ambiente.

“Una vez aprobada la reglamentación, se presenta a la Presidencia del Consejo de Ministros y tiene que publicarla. Si no la aprueban, todas las regiones vamos a tener que declararnos en guerra con los grandes contaminadores, con el gobierno mismo”, dijo Suasaca a este medio digital.

El Ministerio de Salud ya alcanzó las observaciones sobre la propuesta de reglamento al Ministerio del Ambiente y está a la espera de la segunda reunión técnica. "El camino que se determine con esta comisión multisectorial nos va a ayudar a empujar las acciones desde el Plan Especial Multisectorial, porque se va a ver qué parte se está cumpliendo desde el resto de sectores", explicó Guillermo Villa, de la Unidad Funcional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados del Minsa.

Congreso amplía plazo para investigar
 
En el Congreso de la República, la Comisión multipartidaria investigadora de la atención de los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú se instaló el 10 de diciembre de 2021 y contaba con 180 días hábiles para realizar su labor. En agosto de este año, se aprobó ampliar su vigencia por un año más.
 
El objetivo de esta comisión es identificar a los responsables de los daños causados a la población por las sustancias tóxicas y formular recomendaciones al Estado para la definición de políticas que permitan afrontar esta problemática. Para ello, ha venido recopilando información sobre indicios, hechos y datos del período 2018-2022, durante sesiones en el Parlamento y visitas a las zonas afectadas.
 
Aunque la investigación congresal aún no concluye, a mediados de este año, el grupo de trabajo emitió un informe preliminar. Entre sus conclusiones destaca que la administración pública debe cumplir con atender a la población afectada por exceso de plomo, arsénico, mercurio y otros metales tóxicos y da detalles sobre la contaminación en la provincia del Callao y la región Pasco.

Pobladores afectados por metales pesados reclaman acciones concreta para el diagnóstico y tratamiento de esta problemática. Foto: Red Muqui
 

Retos del nuevo gobierno

Como los pasivos ambientales producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas y las unidades mineras en actividad son las principales fuentes de contaminación por metales pesados y sustancias químicas, la política del gobierno de turno con respecto a la minería ha sido blanco de cuestionamientos, no solo de la población afectada por dicha problemática sino también de los empresarios del sector.

En mayo de este año, desde la asamblea anual del Foro Económico Mundial que se realizaba en Davos, Suiza, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, denunció que las empresas mineras en Perú estaban contaminando el medio ambiente, los ríos, los pastizales, las lagunas e hizo un llamado a las empresas privadas que explotan las minas para que apoyen a limpiar la contaminación.

Las declaraciones de Boluarte fueron interpretadas por los empresarios como un mensaje del Gobierno de Castillo contra la minería formal y legal. A través de un comunicado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expresó su rechazo y acusó a la vicepresidenta de pretender “descalificar al sector minero informal que trabaja en el Perú al imputarle acciones contra el medio ambiente y de falta de interrelación con las comunidades vecinas a las unidades mineras”.

A pesar de ese incidente, según Félix Suasaca, dirigente de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, Dina Boluarte es “pro minera” y advierte que su organización no la reconoce como presidenta de la República, por lo que no han tenido ningún tipo de acercamiento desde que asumió la jefatura del Estado.

En 2022, la Cartera de Proyectos de Exploración Minera del Ministerio de Energía y Minas consideró 63 proyectos mineros ubicados en 17 regiones del país, que contemplaban una inversión global de 586 millones de dólares. Allí figuraban proyectos de exploración dirigidos al descubrimiento de nuevos depósitos minerales y de aquellos que buscan la ampliación de reservas y recursos ya existentes.

Para el 2023, el Gobierno tiene planeado seguir convocando más iniciativas de inversión minera, ampliar la vigencia de contratos y otorgar nuevas concesiones. “Se nos vienen meses, años, muy difíciles. Tenemos que batallar para que las empresas mineras no sigan contaminando a nuestras comunidades”, advirtió Félix Suasaca, representante de la población afectada por metales pesados y otras sustancias químicas.