En noviembre de 1993, una de las empresas del grupo Cyprus tomó el control de la mina a tajo abierto de cobre operada por la estatal Minero Perú, luego de ganar una licitación internacional impulsada por las entidades COPRI y la CEPRI, hoy Proinversión.

Cyprus Minerals Company fue la única que presentó una propuesta monetaria para adquirir Cerro Verde  —US$ 34 millones por el 91% de las acciones— de las 19 sociedades que se presentaron a la buena pro. Tras una planificada fusión entre compañías vinculadas al grupo minero de capitales estadounidenses, la sociedad ganadora cedió sus derechos a Cyprus Climax Metals Company, otra empresa vinculada, para operar la mina según se señala en el Acta del comité especial de Minero Perú.

Cuatro meses después de que la empresa extranjera se hiciera del control de la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), el 18 de marzo de 1994, Cyprus Climax Metals Company firmó con el Estado un Convenio de Estabilidad Jurídica, — un contrato ley inmodificable por el plazo que se establezca—para estimular la inversión en el sector minero que por esos años no superaba los US$ 22 millones debido a la inestabilidad económica y la violencia subversiva.

El convenio firmado con la CONITE (Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras) contenía once cláusulas que apuntaban a garantizar beneficios por un plazo de diez años, con una inversión de casi US$ 34 millones en la mina de tajo abierto de cobre.

El punto más importante para Cyprus Climax, la dueña de Cerro Verde, era la cláusula tercera en la que figuraba que no se aplicaría —amparado en el artículo 25 del decreto legislativo 774, Ley de Impuesto a la Renta de 1993— un impuesto a la distribución de sus utilidades y a las remesas enviadas al exterior que correspondían al inversionista.

La cláusula octava establecía claramente que la minera  no tenía derecho a ceder las acciones total o parcial de la mina a terceros en los siguientes diez años, sin antes obtener la autorización oficial de la CONITE. Su incumplimiento determinaría la resolución de todos los beneficios estipulados en el convenio, incluido los tributarios.

Extracto del convenio de estabilidad jurídica firmado entre la CONITE y Cyprus Climax  (1994).

Mala memoria 

En 1999, cinco años después de haberse firmado el convenio, y oficialmente vigente hasta 2004, Phelps Dodge Corporation —establecida en Phoenix, Arizona— compra en el exterior los activos de Cyprus Amax Minerals Company, la matriz de Cyprus Climax Metals Company, en una operación que costó US$ 1.8 billones. Tal como aparece en su reporte anual del mismo año con la adquisición del grupo Cyprus, Phelps Dodge pasó a ser dueña del 82% de las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde.

Extracto de la memoria anual de 2001 de Phelps Dodge.

Tal como se estipuló en el convenio del 18 de marzo de 1994, esta operación millonaria, requería previamente una comunicación y permiso del Estado. Este permiso no figura en los archivos de las autoridades pertinentes.

Convoca.pe solicitó a las autoridades, por medio de un pedido de acceso a la información pública, detalles de la autorización que Cyprus Climax debió pedir a las entidades encargadas como la CONITE (hoy Proinversión) y el Ministerio de Energía y Minas.

El  5 de febrero pasado, el Ministerio de Energía y Minas respondió que “debían denegar el pedido de información (solicitado por Convoca.pe) por no contar con dicho documento (la aprobación del Estado peruano en esta operación comercial) y no tener la obligación de producirlo.”

Similar consulta se trasladó a Proinversión, entidad que reemplazó a la CONITE y responsable de canalizar esa información referente a los convenios suscritos en los años 90. El 12 de febrero, la entidad respondió por escrito que el documento de autorización del Estado “...aprobando la cesión de Cyprus Climax Metals Company en favor de Phelps Dodge que usted solicita no obra en nuestros actuados.”

Convoca.pe también se comunicó con representantes de los dueños actuales de Cerro Verde, Freeport-Mcmoran Inc. desde el 23 de enero del 2019, vía correo electrónico, de manera presencial en sus oficinas en San Isidro y por vía telefónica. La única respuesta que se obtuvo al cierre de esta edición y con respecto a la autorización referida, fue que “Sociedad Minera Cerro Verde desea precisar que Phelps Dodge Corporation nunca ha sido accionista de la empresa minera.”

El reporte anual de Phelps Dodge Corporation de 1999 señala, sin embargo, lo contrario a la breve respuesta de Freeport-Mcmoran Inc: la empresa sí pasó a ser dueña del 82% de las acciones de la Sociedad Minera Cerro Verde, al adquirir  Cyprus Amax Minerals Company, matriz de Cyprus Climax Metals.Co. Esta falta de precisión en la información entregada por Cerro Verde no fue aclarada a Convoca.pe a pesar de haber efectuado nuevas consultas en los días siguientes.

Las respuestas tanto de las autoridades peruanas como de la empresa sugieren que el convenio fue ignorado para asumir otros acuerdos con el Estado más adelante. Consultado el abogado tributarista, David Bravo, señaló que en caso no exista esta autorización demostraría un acto de “negligencia” por parte del Estado por no haberse puesto en conocimiento sobre esta transacción de las acciones para defender el interés público.

En julio del 2017, en la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema tuvo lugar el pedido de nulidad de sentencia, que obligaba a Cerro Verde a pagar a la Sunat alrededor de S/. 500 millones en regalías para Arequipa desde 2008; el abogado de la entidad tributaria, Francisco Eguiguren, explicó a los jueces que la minera suscribió en 1998 un nuevo contrato de estabilidad aun cuando existía uno firmado en 1994 . “Han llegado a coexistir dos convenios", señaló el abogado.

La defensa de Cerro Verde, Luis Rodrigo Prado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados en su descargo señaló públicamente que el convenio de 1998 “subsume y reemplaza a la primera con conocimiento de las autoridades mineras y la Sunat”; lo cual sugiere que el primer compromiso con el Estado de 1994 fue ignorado posteriormente.

Luis Rodrigo Prado, abogado de Cerro Verde sustentando recurso de pedido de casación. Captura: Justicia TV

En el litigio judicial por las regalías no pagadas del 2008 al 2013, Cerro Verde solo hace referencia a  contratos de Garantías y Medidas a la Promoción de la Inversión —firmados el 16 de marzo de 1994, 13 de febrero de 1998 y julio del 2012—, un tipo de acuerdo que contempla la ejecución de un proyecto de inversión específico acompañado de beneficios tributarios como la reinversión de utilidades. No mencionan en ningún momento el primer compromiso, el Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito el 18 de marzo 1994.

Y es que al ignorar o dar por resuelto el Convenio de estabilidad jurídica, Cerro Verde estaba sujeta al pago de los impuestos vigentes al menos desde 1999 cuando la mayoría de acciones pasaron a control de la multinacional  Phelps Dodge. Entre ellos el pago de dividendos y las remesas al exterior de los montos que correspondan al inversionista.

Si bien el régimen tributario de los años 90 no contemplaba gravar los dividendos repartidos por las mineras que empezaron a operar en el Perú, esta situación se modificó en 2003 cuando el gobierno mediante la ley 27804, art. 22, aplica el pago de impuestos a los dividendos con una tasa de 4.1 %. Por lo tanto, la minera debía pagar los períodos fiscales correspondientes a los años 2003 y 2004, ¿lo hizo?

Tal como se ha señalado anteriormente los operadores actuales de Cerro Verde no informaron a Convoca.pe si hubo una autorización para el traspaso de acciones a Phelps Dodge en 1999. Peor aún, Proinversión (ex CONITE) confirmó que no contaba con ese documento a pesar que era la institución encargada de velar por el cumplimiento del convenio de estabilidad jurídica que firmó con la minera.

Para descubrir el dinero que estaba en juego en perjuicio del Estado peruano, nuestro equipo revisó los estados financieros de Sociedad Minera Cerro Verde de 2003 y 2004, años en los que la empresa debía pagar estos impuestos. De la información disponible, se identificó que por lo menos fueron más de US$ 2 millones en tributos que debió retener la minera a Phelps Dodge como producto de la repartición de las ganancias que le corresponde a los accionistas (dividendos). 

A continuación explicamos cómo se determinó el monto.  

Al revisar los estados financieros de 2003 de Cerro Verde, se observa que se efectuó la repartición de los dividendos a los accionistas producto de los US$ 43 millones obtenidos ese año en utilidades netas. El directorio de la minera reportó que el primer pago de dividendos a sus accionistas fue por un monto de US$ 15 millones. Los accionistas eran en ese entonces la extranjera Phelps Dodge Corporation, con el 82% de acciones, la peruana Minas Buenaventura con 9.7%, y los trabajadores y terceros con 8.3%. La decisión del directorio de distribuir se explicaba, a juzgar por el análisis de la empresa, al incremento de la producción y exportación de más de 87 mil toneladas de cobre fino exclusivamente a su empresa norteamericana vinculada, y al incremento de las ganancias que pasaron de US$118.6 millones en 2001 a US$158 millones en 2003.

Así, Cerro Verde debió retener a Phelps Dodge —por ser principal accionista y una empresa no domiciliada en el Perú—, el 4.1% de los millonarios dividendos repartidos con la peruana Buenaventura, y declararlos a la Sunat. Es decir, medio millón, producto de los US$ 12.3 millones de los dividendos que le correspondía según el porcentaje de participación.

El estado financiero de Cerro Verde de ese año solo señala la retención de la renta anual obtenida. No figura la retención relacionada a dividendos.

En un anexo de la memoria anual de la minera figura, según el auditor contratado, que la empresa estaba autorizada según “los contratos de estabilidad jurídica suscritos con el Estado a transferir el íntegro de sus capitales y dividendos al exterior”. Esto demuestra que para la compañía el convenio firmado con el Estado peruano estaba vigente y que, por lo tanto, así como lo invocaba para poder trasladar su capital a otros países también debía cumplir con solicitar la autorización a las autoridades antes de transferir las acciones a la compañía Phelps Dodge.

En el documento financiero de 2004 publicado en la Bolsa de Valores, Cerro Verde reporta US$ 87.6 millones en utilidades. En este documento elaborado por la empresa, no se menciona una distribución de utilidades a los principales accionistas.

Sin embargo, el accionista minoritario, Minas Buenaventura en su memoria anual del 2004, declara que recibió US$ 4.8 millones en dividendos producto de las acciones que poseía de la minera arequipeña (9.8%). Tomando en cuenta este porcentaje, Cerro Verde debió haber repartido en total más de US$ 48 millones en dividendos a sus accionistas.

Debido a que la multinacional estadounidense tenía el 82% de las acciones, le correspondía más de US$ 40 millones en ganancias. Según la ley del impuesto a la renta, Cerro Verde debió retener para la Sunat el 4.1%, de esos dividendos de 2004, es decir, alrededor de US$ 1.6 millones en impuestos.  Si sumamos este monto con el medio millón de 2003, Cerro Verde debió retener por lo menos una suma que superaba los US$ 2 millones en impuesto.

Al ser consultada, la Sunat no se pronunció respecto a los impuestos a los dividendos que Cerro Verde pudo haber pagado esos años. Sin embargo, la entidad confirmó que no hubo "un pronunciamiento de la autoridad competente" sobre la nulidad de ese convenio suscrito, lo que habría generado una fiscalización tributaria. 

El consultor y expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, calificó como “falta grave” la omisión de la autorización de parte del Estado. Para él, es evidente que las acciones de Cerro Verde fueron transferidas de manera indirecta a otra empresa extranjera no domiciliada en el Perú. Señaló que no está prohibido que se realicen este tipo de transferencias, sin embargo el Estado debe conocer la magnitud de la empresa que se hará responsable de Cerro Verde.

El convenio firmado entre el Estado y Cyprus, formó parte de los 257 acuerdos firmados entre 1993 y 2000, que habrían generado -según un análisis de la Sunat elaborado en 2002 sobre su impacto en la recaudación- una pérdida que fluctuaba entre S/. 238 millones y S/. 282 millones.

La incapacidad del Estado para fiscalizar los convenios que eximían del pago de impuestos también es recogido por el ciudadano Dante Martínez, quien denuncia desde hace 13 años a Cerro Verde por “simular la vigencia del contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión” (1998) y a la SUNAT, por “fraude procesal administrativo y judicial”. A mediados del año 2018 presentó un informe dirigido al presidente Martín Vizcarra, en el que expone su denuncia que lleva por título: “La millonaria defraudación tributaria cometida por Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. en complicidad de SUNAT”.

A inicios de este año, Martínez presentó una denuncia formal a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la misma que la remitió al Ministerio de Energía y Minas. Esta última entidad respondió que los contratos suscritos no se podían resolver, lo cual Dante Martínez considera un “informe tendencioso”.

Dante Martínez encabezando manifestación contra la minera Cerro Verde frente a la SUNAT de Arequipa. Captura: El Buho.pe

No es la primera vez que la empresa Cerro Verde está envuelta en controversias con entidades del Estado. A fines del año pasado, Convoca.pe publicó el especial Juego de precios en el que se pone en evidencia cómo la minera a partir de intercambios comerciales con empresas vinculadas redujo de su renta más de 156 mil dólares, esto bajo el concepto de “comisiones de venta”, concepto que no pudo acreditar ante la sala de un Tribunal Fiscal. En este caso la empresa tampoco respondió con respecto al litigio que tiene con Sunat ante el tribunal.

En 2013, el investigador Manco Zaconetti hizo la siguiente reflexión en el marco de un análisis que publicó sobre los beneficios tributarios obtenidos por  la minera Cerro Verde en los últimos años: “Se debe reconocer que los contratos de estabilidad jurídica y tributaria estaban justificados cuando el país era percibido como un paria en el mundo financiero y las inversiones mineras no superaban los 22 millones  de dólares anuales (1991), explicables en parte por la violencia terrorista, la inestabilidad económica y el populismo irresponsable que vaciaron las arcas fiscales.” Lo que no se explica ahora es cómo las autoridades del Estado han sido tan negligentes con los compromisos que ellos asumieron y debían hacer cumplir hasta el final a los inversionistas, y que probablemente por esa desidia se ha dejado de pagar a las arcas fiscales.

Con la colaboración de Miguel Gutiérrez R.

Actualización: 12 de abril, 15:00