Un líder indígena denuncia que tanto él como los integrantes de su comunidad nativa reciben amenazas de muerte desde el 2011, por parte de colonos que han tomado posesión de su territorio y se dedican al cultivo de coca. Viajan por horas para llegar a la capital de la región y logran hacer pública la situación. Tras años de espera y reclamos por protección, el Ministerio del Interior le otorga garantías personales para resguardar su vida en el año 2023. Sin embargo, hasta hoy el Estado no tiene capacidad para cumplir con esa protección de forma efectiva y, tanto el líder como la comunidad, continúan expuestos a la muerte.

La historia descrita es real pero mantendremos en reserva los detalles del caso, el nombre del líder defensor y de la comunidad por su propia seguridad. 

Aquel líder indígena es solo uno de 226 defensores ambientales en situación de riesgo que han sido registrados en toda la región Ucayali y en provincias de Huánuco y Loreto, según los resultados del estudio: "Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024", realizado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación ProPurús y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) al que Convoca accedió en exclusiva.

Los datos que analiza el estudio son resultado de diversas solicitudes de acceso a la información pública realizadas por los investigadores al Ministerio del Interior y del acceso a los documentos por fuentes directas. El informe halló que la Prefectura de Ucayali solo emitió 38 resoluciones de garantías personales que benefician a 105 personas entre el 2020 y 2024, mientras que el universo total de defensores amenazados en esta región es de 180. En el desagregado, tenemos que en 2020, solo se otorgaron 8 resoluciones; en 2021, 8; en el 2022, ninguna; en 2023, 10 y en 2024, 18. 

El estudio incluye casos de defensores ambientales amenazados en tres sectores específicos de las regiones Huánuco y Loreto. En relación a Huánuco, levantaron información en la provincia de Puerto Inca donde ubicaron 41 casos y en Loreto, en los distritos de Padre Márquez y Contamana, se registraron cinco. 

Es preciso mencionar que, en el esfuerzo por identificar la situación de los defensores, el equipo a cargo de este informe indica que consideró no individualizar por casos y más bien verlos en conjunto para analizar los conflictos de la población indígena.

Carla Limas, coordinadora del Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales de la Asociación ProPurús, quien estuvo a cargo del análisis de los datos explica que la falta de capacidad de las autoridades nacionales para ejecutar las normas vigentes a favor de defensores amenazados, limitan el acceso a las medidas de protección ante asesinatos, amenazas, hostigamiento y criminalización.

“Hemos podido visibilizar varios limitantes en la información y la actuación del Gobierno en la aplicación de las normas vigentes. En cuanto a la aplicación e implementación de medidas de protección, hay un ideal que se podría seguir según los mecanismos pero en realidad no son operativos ni funcionales. Si encontramos una situación de riesgo, el defensor está obligado a esperar un tiempo largo para terminar de cumplir con el protocolo y mientras, ¿qué pasa con ellos? Además, hemos verificado que en muchas situaciones de riesgo no hay seguimiento de la alerta temprana. El Estado no cuenta con la capacidad para esto”, manifestó Limas a Convoca.

La situación en la que viven los defensores ha sido investigada por Convoca en los últimos años, como se da cuenta en el proyecto Tierra de Resistentes. 

La especialista de ProPurús hace referencia que en 2018, el Estado peruano aprobó una serie de disposiciones legales orientadas a la protección de los defensores ambientales, como por ejemplo, incluirlos como una categoría de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que devino en la aprobación del Protocolo de Personas Defensoras a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y desde el año 2021, mediante el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos para cumplir con la prevención, protección y acceso de justicia.

Sin embargo, explica Dimas, al no vincular a todos los poderes del Estado, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos tiene poco campo de acción. Si bien el mecanismo tiene como finalidad “eliminar el riesgo”, no logra un examen minucioso de la situación de los defensores ambientales por los que los hechos y amenazas suelen repetirse. Y además, dijo, cuando se dictan las medidas de protección estas son insuficientes también por falta de presupuesto.

“La policía responde que no tiene la logística necesaria para hacer el seguimiento y brindar seguridad a los defensores ambientales”, dijo Limas. Esta situación genera que las y los defensores queden desamparados. 

En el estudio concluyen que en los cuatro años de su entrada en vigor, la implementación del mecanismo intersectorial ha sido insuficiente, especialmente en zonas remotas de la Amazonía. Situación que ha sido señalada en múltiples oportunidades por distintas autoridades y expertos como el exRelator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michael Forst, quien expresó en su declaración de fin de misión en 2020 que existen profundas preocupaciones sobre las condiciones que enfrentan estos defensores en el Perú, quienes son objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, criminalización y ataques físicos.

Gráfica del número de casos registrados por el estudio y su distribución en Ucayali, Loreto y Huánuco. Elaboración ProPurús, DAR y ORAU.

Los territorios más afectados

Según especifica el estudio, a nivel distrital la distribución de casos reportados de defensores y defensoras indígenas en situación de riesgo en la región Ucayali muestra una concentración significativa en Masisea con 41 casos, Callería con 35, Irazola con 29 y Yurúa con 14 casos. De otro lado, en otros distritos de la región como Nueva Requena se detectaron 11 casos, en Yarinacocha 11 casos e Iparía 10 casos.

Los registros más altos se ubican en Masisea y Callería, distritos que incluyen casos emblemáticos como el de la comunidad Flor de Ucayali donde se ha reportado desde el año 2021 la amenaza constante que ejerce el narcotráfico contra la comunidad Shipibo Conibo y el de Alto Tamaya Saweto, donde se produjo en 2014 el asesinato de los cuatro líderes indígenas: Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo quienes denunciaron mafias de taladores ilegales. Pese a que existe una sentencia condenatoria por los asesinatos, la comunidad hasta el momento se mantiene bajo amenaza. En ambos casos, el estudio ha registrado las amenazas a una buena parte de los comuneros.

En el caso de la región Huánuco los distritos donde el estudio ha registrado mayores situaciones de riesgo son en Puerto Inca con 17 casos, Codo del Pozuzo con 15 casos y Tournavista con 8 casos. En estos tres distritos se han reportado la existencia de actividades ilegales como minería ilegal y sembrío de coca. Mientras que los distritos de Padre Márquez y Contamana, en Loreto donde se registraron cinco casos estos están vinculados con amenazas provenientes de la tala ilegal y el cultivo de coca.

“Desde una perspectiva distrital, se reitera el hecho de que las situaciones de riesgo reportadas por los defensores y defensoras indígenas en el ámbito del estudio están vinculadas principalmente a actividades ilícitas como el narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal y tráfico de tierras. La expansión de estas actividades ilegales suele ir acompañadas de amenazas, hostigamientos y violencia contra quienes las denuncian o intentan detener su avance, lo que incrementa la vulnerabilidad de los líderes y lideresas indígenas en sus territorios”, menciona el informe.

Gráfica del detalle de delitos por distritos. Elaboración ProPurús, DAR y ORAU.

Casos emblemáticos

El estudio presenta también casos emblemáticos que evidencian la situación de los defensores ambientales. La carretera Nueva Italia - Sawawo - Breu, proyectada en la región Ucayali, concentra múltiples amenazas, incluyendo la invasión de territorios indígenas, deforestación y la confluencia de delitos como el narcotráfico.

El caso de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y los palmicultores es otro ejemplo de conflicto por tráfico de tierras y expansión de monocultivos en esta región. La comunidad reclama un territorio ancestral de 86.713 hectáreas, pero solo cuenta con título de propiedad sobre 1.762 hectáreas. La empresa Ocho Sur ocupa 7.000 hectáreas de la comunidad. Otro caso en esta región es el de la colonia menonita de Masisea que está establecida hace unos 5 años y ha causado la deforestación en terrenos de comunidades nativas.

En tanto, el pueblo Kakataibo, que habita en los límites entre Huánuco y Ucayali, enfrenta amenazas, principalmente el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras. De acuerdo al estudio, se han documentado el asesinato de al menos seis líderes y defensores entre 2020 y 2024.

“Adicionalmente, hemos identificado localmente que sí hay un mayor número de mujeres que han hecho sus solicitudes de garantías pero estas no se han registrado oficialmente bajo las estadísticas de amenazadas", mencionó Carla Limas. El estudio menciona que el rol de las mujeres es importante pero existe una importante brecha de género. Es importante, apunta el informe, señalar que cuando ocurren los asesinatos de los defensores indígenas hombres, son las mujeres, madres, esposas e hijas las que se encargan de sostener a la familia.