El Ministerio Público peruano remitió 48 solicitudes de información a siete paraísos fiscales como parte de las investigaciones contra el bufete Mossack Fonseca, con sede en Panamá, especializado en creación de estructuras societarias offshore, y sus clientes peruanos.
Como se recuerda, más de 11 millones de documentos en poder de esta firma panameña se filtraron a la prensa en 2016 y desataron la investigación global Panama Papers, ganadora de un premio Pulitzer y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó Convoca.pe. Los hallazgos de esta cobertura permitieron que la fiscalía y la SUNAT iniciaran diversas investigaciones por posibles delitos tributarios.
Este medio pudo conocer que los pedidos de información fueron remitidos, vía la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, a Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Bahamas, Gran Caimán, Nevada y Anguila Británica, territorios de baja o nula imposición tributaria donde el estudio panameño creó compañías para los implicados.
La mira en el canal
En el caso de Panamá, el Ministerio Público ha solicitado datos de Mossack Fonseca como las partidas registrales de su empresa, los bienes a su nombre y el número de trabajadores que tiene. Asimismo, ha requirido un informe básico sobre el investigado Edison Teano —su operador clave en Latinoamérica que hoy está en libertad bajo fianza por el caso Lava Jato—, que visitaba Lima para promocionar la creación de estructuras financieras para ocultar grandes fortunas del fisco. Como se recuerda, Convoca.pe reveló los pormenores de sus tres viajes a la capital peruana en marzo de este año y esta información fue recogida por la fiscalía.
Además han sido incluidos en las indagaciones los fundadores del bufete Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Fuentes cercanas al caso indicaron que, por estrategia, ni a ellos ni a Teano se les interrogará hasta no tener más evidencias.
Por su parte, Mónica de Ycaza Clerc y Susana Kam Chong, las coordinadoras del bufete en Lima, también son alcanzadas por las pesquisas. De hecho, la fiscal a cargo Yovana Mori ya ha requerido información sobre ellas a la SUNAT.
Fuentes de Convoca.pe aseguraron que Mori, titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos, argumentó en su acusación que este grupo de personas se había constituido como una “organización criminal” dedicada al blanqueo de capitales.
La operación del bufete en Perú funcionaba de manera informal en una casa frente a la embajada de Panamá, donde el portero era quien recibía todos los documentos, cartas, actas, certificados y resoluciones sobre las sociedades offshore de los beneficiarios locales.
Antes del escándalo internacional, en abril de 2016, la firma realizó un registro de las sociedades creadas para sus clientes peruanos. Se contabilizaron más de 250 compañías constituidas solo en suelo panameño.