El conocido estudio García Sayán ha trabajado por lo menos para cinco de las diez empresas que encabezan el ranking de las compañías que exceden repetidas veces los límites máximos permitidos en concentración de minerales en efluentes arrojados al medio ambiente: Volcan, Caudalosa, Buenaventura, Castrovirreyna y El Brocal. En la página web de este estudio, figura entre sus clientes la aurífera más importante de Sudamérica, Yanacocha, una de las veinte más multadas por OEFA.

Osterling Abogados también ha defendido a Caudalosa y a la más infractora de todas, Volcan, que tuvo como vicepresidente al fundador de este estudio jurídico, Felipe Osterling Parodi, y hoy tiene como miembro del directorio a su hija, Madeleine Osterling Letts, ex candidata a la alcaldía de San Isidro por Fuerza Popular, partido liderado por Alberto Fujimori. Madeleine es a la vez socia del estudio que creó su padre.

La minera Los Quenuales del grupo suizo Glencore y la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa) de la familia Sánchez Paredes, investigada por narcotráfico y lavado de activos, han llevado casi todos sus procesos sancionadores impuestos por OEFA al Poder Judicial y figuran como clientes de Avendaño Abogados.

Si bien hay empresas que contratan estudios de abogados para que defiendan sus intereses comerciales, también recurren a sus propias oficinas legales como confirmó el gerente legal de minera Ares, Jaime Rinaldi.

A favor y en contra del Estado

Los estudios de abogados relacionados con las mineras también trabajan para el sector estatal. Convoca encontró al menos cuatro casos en los que también asesoraron a instituciones públicas, algunas encargadas de promover y autorizar las actividades en minería, petróleo y energía.

El Estudio Ferrero asegura, en su página web, que brindó asesorías a Doe Run en temas ambientales sobre el complejo metalúrgico de La Oroya. La empresa llevó hasta setiembre de 2014, once demandas contra las resoluciones de sanción de OEFA al Poder Judicial, que representaron la mitad de los casos abiertos por sus infracciones ambientales en el organismo regulador.

Este estudio también destaca que asesoró a la minera Buenaventura en procedimientos administrativos ante la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Sin embargo, tanto el estudio Ferrero como DIGESA evitaron dar mayor información a Convoca sobre este servicio. 

Este equipo halló dos resoluciones directorales de DIGESA de febrero de 2009 en las que se multó a Buenaventura por 4 mil 714 dólares (4 UIT) por descargar aguas residuales “sin contar con la correspondiente autorización sanitaria de vertimento” en su unidad Antapite, en Huancavelica, y en su proyecto de exploración El Milagro, en Ayacucho. 

En medio de estos procesos sancionadores, salta el nombre de una ex funcionaria: Fabiola Capurro Villarán, quien fue directora de DIGESA entre agosto de 2007 y enero de 2008 y luego pasó al estudio Ferrero como especialista en temas ambientales y recursos naturales. Mientras se mantuvo como socia del bufete de abogados se resolvió la sanción contra Buenaventura, cliente de su nuevo empleador.

El estudio Ferrero tiene una gran experiencia en brindar servicios al sector público. Ha firmado 54 contratos con instituciones del Estado, entre 2005 y 2014, según el registro del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Esto le ha generado ingresos que superan los 532 mil dólares (un millón 500 mil soles) por asesorías legales y análisis de documentos a solicitud de PeruPetro, ElectroPerú, PetroPerú, Sedapal, entre otras instituciones estatales; también por defender ante el Tribunal Fiscal a Osinergmin, el ex organismo regulador ambiental que antes multaba a Buenaventura y que es uno de los clientes de este estudio.

Entre miles de órdenes de servicio registrados en el Ministerio de Energía y Minas de los últimos cuatro años, Convoca encontró que el estudio Ferrero fue contratado en seis oportunidades por la Dirección General de Hidrocarburos por casi 21 mil 220 dólares (59 mil 800 soles) entre 2010 y 2014. Sus servicios consistieron en análisis legales de contratos en hidrocarburos, elaboración de normas, informes legales para la masificación del uso del gas natural a nivel nacional, entre otros.

Los consultores favoritos

Las consultorías para el sector público pueden significar millones de dólares de ingresos para los equipos de abogados que a la vez defienden a las mineras.

Hernández & Cía ha tenido entre su cartera de clientes a las empresas Ares, Buenaventura, Doe Run, Barrick, Argentum y otras. Al mismo tiempo, este estudio acumuló cerca de un millón 404 mil dólares (3 millones 957 mil soles) por 82 servicios prestados a instituciones públicas, entre 2005 y 2014, según Seace. 

Electroperú, la empresa estatal que cuenta con dos centrales hidroeléctricas en los Andes peruanos, fue la que más contrató a Hernández & Cía por asesorías en temas de derecho tributario y contables. En la lista de instituciones públicas también figuran PeruPetro, la Empresa de Generación Eléctrica de San Gabán, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras.

Osterling Abogados tiene siete contrataciones con el Estado entre 2006 y 2008 por más de 36 mil 603 dólares (107 mil 101 soles). Cuatro fueron para Conasev (hoy Superintendencia del Mercado de Valores) y otras para ElectroPerú, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

García Sayán Abogados no solo defiende a las mineras más infractoras también fue contratado por PetroPerú en 2005 y 2014. Los vínculos entre las empresas de las industrias extractivas, los estudios de abogados y los funcionarios públicos son más cercanos de lo que parece. Hay conflictos de intereses alrededor de los minerales, el petróleo y el gas que se extrae del territorio peruano.

Fecha de publicación: Lunes, 30 de marzo del 2015.