Al filo de la medianoche, el 23 de septiembre de 2000, antes de rendir cuentas ante la justicia, Vladimiro Montesinos Torres escapó del Perú a bordo de un jet privado con rumbo a Panamá. Acababa de renunciar como asesor del dictador Alberto Fujimori y, para él, Panamá no era un destino cualquiera. Cuatro años antes, sus cómplices de corrupción habían comenzado a tejer en ese país una enorme red de compañías offshore. Su extensión real, sin embargo, nunca se conoció tanto como la presentamos hoy.

Convoca tuvo acceso a los Pandora Papers, proyecto liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que incluye más de 2,1 millones de documentos filtrados de la firma legal Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), la gran fábrica panameña de sociedades de papel.

Este medio ha identificado entre los archivos electrónicos de Alcogal  —cartas, faxes, actas, hojas de cálculo— al menos 80 empresas en Panamá (54), Bahamas (18) e Islas Vírgenes Británicas (8) ligadas a prestanombres de Montesinos, cómplices y abogados del entramado corrupto.

En este reportaje, presentamos la lista completa. Con el tiempo y las investigaciones de la justicia, la mayoría de estas empresas fueron liquidadas. Otras siguieron en funcionamiento luego de la caída de la dictadura y por lo menos tres tienen actividad hasta nuestros días.

Fueron por lo menos 80 empresas las que Alcogal tuvo a nombre de testaferros de Montesinos, cómplices y los abogados de estos. Seleccionar nombres y jalar cartillas hacia la izquierda para ver las empresas por personaje. 

Gran parte de estas aparecen ligadas a Guillermo Burga Ortiz (24 sociedades), Enrique Benavides Morales (20) y Luis Duthurburu Cubas (14).

Los tres fueron sindicados por el Ministerio Público del Perú como cómplices de Montesinos en sus negocios criminales con las Fuerzas Armadas, como las licitaciones amañadas para la compra de aeronaves de guerra y las adquisiciones sobrevaluadas de armamento. Burga y Benavides hoy están prófugos.

Duthurburu, además, ayudó a desfalcar la Caja de Pensiones Militar Policial, un robo masivo que implicó pérdidas por 1,000 millones de soles y por el cual cerca de 500 personas fueron investigadas.

Otros clientes de la telaraña montesinista en el portafolio de Alcogal fueron Oscar Muelle Flores (5), Juan Valencia Rosas (1), Gerald Krueger Dizillo (1), César Crousillat (1) y Fernando Medina Luna (1).

Por otro lado, también aparecen los abogados Oscar Barco Lecussan (4) y Enrique Ferrando Gamarra (9), actual socio del estudio Osterling Abogados, con un papel muy operativo que no se había conocido hasta ahora.

En ese tiempo, las compañías panameñas se caracterizaban por poder ocultar a sus verdaderos propietarios con la emisión de “acciones al portador”. Los “certificados de acciones al portador” acreditaban como accionistas a quienes los poseyeran, sin necesidad de inscribir sus nombres en ningún registro público. De esta manera, la caja negra de Alcogal guardó por 25 años secretos destinados a nunca revelarse.

Pantallas

Un vídeo grabado a dos cámaras por Vladimiro Montesinos registró en 1998 cómo Julio Vera Abad, entonces directivo del canal televisivo ATV, recibía 50 mil dólares del publicista argentino Daniel Borobio. El broadcaster revisaba que la cantidad fuera la correcta y guardaba los fajos de billetes en un sobre manila.

Ese era el costo de alquilar su línea editorial. Con esa entrega, decía Borobio, se iniciaba una cadena de pagos mensuales para recompensar su apoyo al gobierno.

Sin embargo, los vínculos de Vera Abad con la red de Montesinos son más profundos que los vistos en su ‘vladivideo’. De hecho, un rastro ahora lo une con Guillermo Burga Ortiz, el traficante de armas con mayor cantidad de compañías en los archivos de Alcogal.

12 de octubre de 1998. Vera Abad recibe de Borobio cinco fajos de billetes en un sobre manila. Los cuenta y los vuelve a guardar.

Una de las sociedades panameñas que este bufete asignó a Burga, cómplice de Montesinos, fue Elmont Enterprises Inc.

Como se recuerda, Burga fue perseguido por haber figurado en empresas proveedoras del Estado que participaban en los procesos fraudulentos de compras de armamento de las Fuerzas Armadas durante el fujimorato

Burga también tuvo un papel importante en el megaescándalo de corrupción de las adquisiciones sobrevaluadas de 36 aeronaves bielorrusas y rusas, MIG-29 y Sukhoi-25, en 1996. Cerrado por 591 millones de dólares, este fue el contrato más exuberante del gobierno de Fujimori. Los aviones no estaban en condiciones de ser utilizados en combate.

Burga fue extraditado de Alemania en 2004.

Durante todo este tiempo, su offshore Elmont Enterprises ha estado fuera de la mira de la Fiscalía peruana. Fue creada en abril de 1998 por directivos de Alcogal en Ciudad de Panamá.

A fines de 1999, Alcogal todavía enviaba la correpondencia de Elmont Enterprises Inc a Guillermo Burga Ortiz.

Su actividad en el Perú se concentra en la compra de un inmueble en la calle La Cañada, en la urbanización Rinconada, en el distrito limeño de La Molina. La compañía extranjera pagó 430 mil dólares a la congregación religiosa de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción en diciembre de 1999.

Para sellar la compra, Andrés Maximino Sánchez, uno de los abogados panameños de Alcogal que figura como fundador de Elmont Enterprises Inc —y muchas otras compañías de la red—, otorgó un poder al abogado peruano Enrique Ferrando Gamarra.

La compañía Elmont Enterprises Inc, constituida por Alcogal para su cliente Guillermo Burga, tenía como apoderado en Perú al abogado peruano Enrique Ferrando.

¿Pero cómo se vincula este inmueble de Burga con el ex broadcaster? La compañía esperó muchos años antes de hacer otros movimientos en Perú. En 2012 y 2019, la offshore, desde Panamá, nombró a una nueva representante: Margarita Abad Vásquez, madre de Julio Vera Abad. El documento la habilitó para múltiples propósitos. Pero es en el año actual, 2021, que se confirma el vínculo directo con el empresario televisivo.

Convoca encontró un documento notarial revelador: una “declaración de verdadero propietario”, firmada el 25 de marzo de 2021, en Lima, a través de apoderados. Por un lado, está Elmont Enterprises, representada por la madre de Vera. Por el otro, Julio Vera Abad y su esposa, Daniella Bavestrello, representados por un hijo de ambos.

“Las partes declaran que (...) el transferente [Elmont Enterprises], actuando en nombre propio, pero en interés y por cuenta de la adquirente [el matrimonio Vera Bavestrello], adquirió el dominio sobre el siguiente inmueble ubicado en calle La Cañada 268 (...)”, señala el documento.

“En dicho contexto, considerando que el inmueble se encuentra inscrito y declarado a nombre del transferente [Elmont Enterprises] y que la verdadera propietaria es la adquirente [Vera y Bavestrello], las partes han considerado adecuado que el transferente transfiera la propiedad, de forma real y perpetua (...)”, continúa.

Elmont Enterprise Vera Abad... by Convoca

La offshore Elmont Enterprises transfiere el inmueble al verdadero propietario: la sociedad conyugal Julio Vera Abad y Daniela Bavestrello.

Esto quiere decir que, en 1999, la compañía relacionada con Burga hizo en realidad la compra para Vera Abad y su esposa.

Escribimos a Julio Vera Abad, que aún radica en Chile con su familia, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.

Elmont Enterprises, según un archivo digital preparado por Alcogal, también señalaba en 1999 que daría un poder al abogado Enrique Ferrando para constituir una empresa en el Perú en la que esta offshore ostentaría el 50% de las acciones.

Elmont Enterprises, de Burga, decide otorgar poder a Ferrando para crear una sociedad en Perú. 

Burga era responsable, ante Alcogal, de 15 sociedades en Panamá y otras 9 en Bahamas. Fue condenado el último 6 de septiembre, después de 21 años, por el caso de los aviones de guerra. Desde entonces, está prófugo, con una orden de captura. Tiene 83 años. Vive en Lima.

Solicitamos comunicarnos con Burga a través de su esposa, pero comentó que no estaba en condiciones de responder. Enviamos preguntas a su abogado Yuri Grgicevic, pero no contestó al cierre de este reportaje.

Servicios profesionales

Enrique Ferrando es uno de los expertos jurídicos más conocidos en Perú en materia de arbitraje. Es socio de Osterling Abogados, firma legal fundada por el exsenador Felipe Osterling, uno de los principales opositores al autogolpe de Fujimori de 1992. Ferrando señala en su biografía institucional que en este bufete “ha desarrollado toda su carrera profesional”.

¿Prestó entonces servicios para Burga? “Vamos a aclarar. El señor Guillermo Burga Ortiz era miembro, socio, accionista, qué sé yo, de la empresa Wotan (...). Estamos hablando de los años 95 o 94. Y nosotros hemos prestado servicios corporativos, no solamente yo, sino el estudio [Osterling], a la empresa Wotan”, explicó Ferrando por vía telefónica.

Como se sabe, Wotan International SA fue una empresa peruana manejada por los traficantes de armas Guillermo Burga, Claus Corpancho y Fernando Medina Luna. La empresa ganó varias licitaciones con las Fuerzas Armadas. Los tres conformaban un subgrupo, dentro de la telaraña de corrupción liderada por Montesinos, que la Fiscalía llamó “Grupo Corpancho”.

Corpancho murió el año pasado en Europa. Medina Luna está con orden de captura.

Enrique Ferrando, actual socio del estudio Osterling, era apoderado de algunas compañías offshore del traficante Guillermo Burga. Foto: Facebook.

¿Luego de que se destaparan los casos de corrupción, el estudio siguió asesorándolos? "Por supuesto que no", aseguró Ferrando. "No es que hubo una causalidad entre que salió la noticia y dejamos de prestar servicios. Que yo recuerde, antes de eso ya no prestábamos servicios tampoco. Esta era una empresa [Wotan International] que trabajaba con diversos abogados, diversos estudios, como hacen las empresas hoy día", dijo.

Pero entre los documentos de Alcogal el nombre de Ferrando no se limita a un caso puntual. Sigue apareciendo varias veces. Y, sobre todo, después de la renuncia de Alberto Fujimori como gobernante peruano en noviembre del 2000. Con la abrupta caída del régimen, muchas cosas empezaron a moverse rápido.

En un archivo electrónico de un fax que Alcogal dirigió al propio Guillermo Burga, a quien llaman “director-gerente” de la compañía peruana Wotan International SA, con fecha 3 de enero de 2001, se menciona la participación de Ferrando en varias compañías relacionadas con este traficante.

“Estimado señor Burga: en relación con su telefax del 27 de diciembre de 2000, por este medio le solicitamos nos informe los nombres de las sociedades cuyos documentos deben ser remitidos al señor Enrique Ferrando Gamarra, en Lima Perú. En espera de sus instrucciones, nos suscribimos”, escribió el bufete de Panamá.

Para entonces, ya se habían iniciado las investigaciones fiscales contra esta red criminal. Además, Wotan International no era nada desconocida debido a los escándalos mediáticos que ya había protagonizado desde 1996 por sus sospechosas ventas de armamento.

“Todos los documentos, comunicaciones y/o facturas de sociedades de Guillermo Burga se envían al Dr. Gamarra [sic]”, escribía también una empleada de Alcogal de nombre Thania, en enero de 2001, en una hoja de cálculo, al lado de los datos de contacto de Ferrando Gamarra.

Alcogal espera instrucciones de Burga para enviar documentos de sus offshore a Ferrando.

Ferrando no solo figura como apoderado de las compañías de Burga en las hojas de cálculo de Alcogal, sino también como "cliente" mismo del bufete. La firma de servicios offshore lo vincula con unas 9 compañías en Panamá distintas a las que consigna para Burga. Una de ellas es Stokedale Overseas Inc, también desconocida hasta nuestros días.

“Observaciones: El señor Guillermo Burga ya no debe aparecer como corresponsal de esta sociedad [Stokedale Overseas], sino el que se menciona anteriormente [Enrique Ferrando]”, señalaba en un apunte interno Yaniseth Sullivan, una gestora de Alcogal, el 29 de enero de 2001.

Se efectúa un cambio de corresponsal en Stokedale Overseas Inc. Ferrando reemplaza a Burga, según la observación anotada.

Otra compañía con la que Ferrando apareció como cliente, según los registros internos de la firma legal, es Siem SA, que fue objeto de las pesquisas de las autoridades panameñas y peruanas, aunque sin Ferrando a la vista.

De hecho, entre los documentos de Alcogal, se halla un archivo digital con un modelo de poder que indicaría que Siem SA, que ligan a Ferrando, tuvo como representante en Perú a la empresa peruana Gotama SA, regentada por el peruano Walther Wenzel del Águila.

Wenzel, que también estuvo implicado en ventas irregulares de armamento, huyó del país hace muchos años. En 2009, se solicitó su extradición al gobierno de los EE.UU. Hoy se encuentra en Orlando, Florida.

Por su parte, la peruana Gotama fue acusada por un colaborador eficaz de integrar un esquema para defraudar al Estado peruano manejado por Víctor Alberto Venero Garrido, testaferro confeso de Montesinos. La fama que le precede es la de haber vendido más de 2 millones de dólares en lacrimógenas, disparadores y máscaras antigás para reprimir en el 2000 la masiva Marcha de los Cuatro Suyos contra el régimen de Fujimori.

En las hojas de cálculo llevadas por Alcogal aparece Ferrando como cliente con, por lo menos, nueve compañías panameñas.

Alcogal también se refiere a Ferrando como su cliente respecto a Porter Finance SA, ya conocida por la Fiscalía, que tuvo como apoderados a Burga y Corpancho.

Por otro lado, el abogado también recibía las comunicaciones de N.M. Real Estate N.V. SA, relacionada con Fernando Medina Luna, del "Grupo Corpancho”, y su concuñado Enrique García Corrochano, fallecido. Esta última compañía está activa y pudimos confirmar que incluso celebró una junta de accionistas, a través de prestanombres, en octubre de 2020.

Documento Para El Estudio O... by Convoca

De acuerdo con este documento, Ferrando instruyó a Alcogal para que las comunicaciones de la offshore N.M. Real Estate N.V. se dirigieran a Fernando Medina Luna.

Ferrando negó haber sido cliente de Alcogal. De acuerdo con el abogado, su participación ocurrió en el marco de los servicios profesionales que prestó a Wotan International con el Estudio Osterling.

Otras offshore panameñas que Alcogal ligó a Enrique Ferrando fueron las desconocidas Gurley Enterprises Inc y Bendorf Finance Corp. De ambas, además, Ferrando tuvo poderes en Perú para constituir más empresas peruanas a nombre de estas panameñas.

Alcogal preparó un acta de Bendorf Finance en la que se aprueba un préstamo de 700 mil dólares a favor de Enrique Duthurburu Daruich, hijo de Luis Duthurburu Cubas, testaferro de Montesinos.

Doc N.M. Real Estate N.v. SA Panamá by Convoca on Scribd

La sociedad N.M. Real Estate N.V. sigue activa y celebró una reunión de accionistas en octubre de 2020 con prestanombres.

Según se desprende de toda la documentación corporativa, Ferrando conocía varios de los tejemanejes offshore del "Grupo Corpancho". Ferrando afirmó que la Fiscalía jamás lo llamó a declarar ni como investigado ni como testigo. Tampoco fue citado por el Congreso en las investigaciones parlamentarias que se hicieron sobre la corrupción durante el gobierno de Fujimori.

"Usted va a registros públicos y ahí tiene las representaciones que me han otorgado mis clientes (...). Es muy común que los clientes otorguen poderes a los abogados para que puedan firmar sus documentos. No solo empresas offshore, también empresas peruanas. Es parte del ejercicio profesional normal", comentó Ferrando.

Ferrando volverá a participar en dos compañías panameñas más: Amden Trading SA (de Burga) y Starline Overseas Inc, que configuran otro caso especial.

Vecino en El Bucaré

Otro miembro clave de la red liderada por Montesinos, Enrique Benavides Morales, prófugo en Alemania, también tuvo un rol estelar en la trama de corrupción. Ha sido declarado reo contumaz en el reciente proceso penal llevado en el Poder Judicial por el caso de la compra estatal fraudulenta de las 36 aeronaves de guerra. Renunció a la ciudadanía peruana y hoy vive en Dusseldorf con una orden de captura internacional.

Además de lo ya investigado por la Fiscalía peruana, Convoca revela hoy un nuevo caso que lo involucra hasta la actualidad.

Alcogal registraba a nombre de Benavides, en su portafolio, la empresa panameña Ferness Holdings Inc, que sigue tan activa como anónima.

El gobierno de Fujimori compró aviones de guerra a través de decretos de urgencia secretos. Foto: Difusión.

Creada el 7 de mayo de 1998, la primera actividad de Ferness Holdings fue comprar una vivienda de 1,300 metros cuadrados, por 410 mil dólares, en el 571 de la calle El Bucaré, en el distrito limeño de La Molina. Lo hizo a través de Julio Prosopio Sánchez, sindicado por las autoridades judiciales como operador y testaferro de Benavides. Prosopio también escapó del Perú.

La Corte Suprema peruana aprobó una solicitud para extraditarlo en 2013. Hoy está en Miami, Estados Unidos.

En 2002, en el contexto de las investigaciones iniciadas tras la caída del fujimorismo, la offshore vendió la casa al ciudadano Víctor Manuel Urteaga Mendoza. Sin embargo, en 2009, la casa fue embargada por un incumplimiento en el pago.

El Bucaré by Convoca

En 2010, de acuerdo con los registros públicos, Ferness Holdings instruyó al arquitecto Mario Efraín Salazar Pino para resolver el contrato de compraventa con Urteaga. De esta forma, en mayo de 2011, la casa volvió a ser propiedad de la offshore vinculada a Benavides. Y lo sigue siendo hasta hoy.

Salazar Pino, apoderado de Ferness Holdings, es suegro del fugitivo Julio Prosopio.

De acuerdo con información que ha conocido Convoca, en los últimos años la casa se ha venido alquilando por más de 3 mil dólares mensuales. Ferness Holdings hoy tiene una cuenta activa en el Banco Multibank de Panamá con número 10102507679.

Prosopio pasa sus días en Miami, Florida, y hasta ha sido directivo de la Hermandad del Señor de los Milagros en esa localidad. Foto: Facebook.

Nos comunicamos con la madre de Julio Prosopio, Vicenta Sánchez de Prosopio, quien, según fuentes de este medio, es quien administra la casa.

En primer lugar, Sánchez reconoció que gestionaba con su hija, Luz Prosopio Sánchez, el alquiler de la casa ubicada en la urbanización Camacho y que esta vivienda estaba a nombre de “una empresa”. Sin embargo, su hija tomó el teléfono y negó tener conocimiento de la casa, de la empresa y de las rentas.

"No sabría decirle, señor. Que yo tenga conocimiento, no", aseguró Luz Prosopio, hermana de Julio Prosopio.

La residencia, vinculada a Prosopio y Benavides, se encuentra justo al lado del 559-561 de la calle El Bucaré, domicilio del conocido local de campaña del partido fujimorista Fuerza Popular. El búnker usado por Keiko Fujimori es propiedad, desde abril de 2010, de Lima Ingeniería y Construcción SAC, de Joaquin Ramírez, financista de esa organización política e investigado por lavado de activos.

Coincidencia geográfica: la casa relacionada con un testaferro de Montesinos (gris) está al lado del centro de operaciones del partido fujimorista (rojo). Foto: Convoca.pe.

Negocios en Lima

La estructura de corrupción no solo operó en el extranjero, sino también en suelo peruano. Amden Trading SA, otra de las offshore secretas que Alcogal vinculó a Guillermo Burga, también tuvo como apoderado en Perú a Enrique Ferrando desde 1999.

En esta sociedad aparece otro personaje desconocido que, según los documentos de los registros públicos locales, empezó a mezclarse con los negocios de la telaraña montesinista, en Lima, al menos desde 2001: el ciudadano austríaco Franziskus Thun-Hohenstein von Fuerstenberg.

Un archivo digital de 1999 —un modelo de “acta de reunión de la Junta Directiva” de  Amden Trading preparado por Alcogal—,  indica que la compañía de Burga buscaba comprar un departamento, tres cocheras y un depósito en un edificio, entonces en construcción, en la cotizada esquina de la avenida Santo Toribio con la calle Choquehuanca, en San Isidro. El inmueble en la actualidad tiene como dirección Choquehuanca 806 y cada departamento, más de 400 metros cuadrados.

Thun-Hohenstein fue apoderado de dos empresas desconocidas y vinculadas a los cómplices de Montesinos: Amden Trading SA (Panamá) y Alimentos Los Andes SAC (Perú). Foto: Facebook.

De hecho, en otro archivo, con fecha 21 de diciembre de 2001, Alcogal preparó una carta con destino a las oficinas del estudio Osterling, a Ferrando, confirmándole la compra del inmueble. Para entonces, ya había terminado el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua y gobernaba Alejandro Toledo. Burga estaba prófugo en Alemania.

“Estimado señor Ferrando”, empezaba la carta. “De acuerdo a instrucciones del señor Guillermo Burga, adjunto encontrará los siguientes documentos relacionados con la sociedad en referencia [Amden Trading SA]: 1. Certificado de vigencia (...). 2. Acta de Junta Directiva autorizando el otorgamiento de un Poder Especial a favor del señor Franziskus Thun-Hohenstein von Fuerstenberg (...). 3. Carta dirigida al presidente de la Junta de Propietarios (...)”.

En efecto, después de Ferrando, en los registros públicos peruanos figura que el ciudadano austríaco Thun-Hohenstein recibió poderes de Amden Trading para administrar los bienes de la compañía de Burga. El departamento, en el sexto piso, fue comprado en septiembre del 2000 a la inmobiliaria Crystal Creek. En febrero de 2002, no obstante, se volvió a otorgar un poder al austríaco para que deje sin efecto la compra.

Andem Trading - Guillermo Burga by Convoca on Scribd

Amden Trading SA presenta a Thun-Hohenstein como su representante ante la junta de propietarios del edificio. No firma Burga sino Myrna Navarro, una funcionaria de Alcogal. Burga estaba prófugo.

Buscamos a Thun-Hohenstein en su domicilio en Villa, Chorrillos, pero un familiar nos informó que ya no vivía ahí. Se excusó de darnos referencias para ubicarlo, pero comentó que mantenía comunicación con el austríaco. Dejamos nuestros datos de contacto. Al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

Además de su participación en los negocios de Amden Trading, de Burga, Thun-Hohenstein tuvo otro papel entre estos personajes.

En agosto de 2000 se creó en Perú una empresa, inocua en apariencia, bajo el nombre de Alimentos Los Andes SAC. En el registro peruano aparece como fundadora, con el 70% de las acciones, la sociedad panameña Starline Overseas Inc, que Alcogal atribuía a Ferrando. Esta compañía panameña fue representada en Perú por el fallecido Oscar Muelle Flores, otro operador cercano a Enrique Benavides.

En febrero de 2001, Alimentos Los Andes sacó a Muelle y designó a Walther Wenzel del Águila, también involucrado en las licitaciones militares fraudulentas de los 90. Y en abril de ese mismo año, el extranjero Thun-Hohenstein fue nombrado gerente general. La compañía alimenticia no tuvo más movimientos registrales desde entonces.

Partida registral
Alimentos Los Andes SAC fue creada por Starline Overseas, que en ese momento era representada por el fallecido Oscar Muelle Flores. Thun-Hohenstein fue su gerente general desde 2002.

Inquietudes de imagen

El Poder Judicial español ya ha calificado en una sentencia a Alcogal como una prestadora de “servicios de testaferros profesionales”. Estas pegajosas etiquetas, difíciles de rebatir, son una preocupación mayor en ese bufete legal. Incluso, Jaime Alemán Healy, directivo de la firma, llegó a perder los papeles el 2 octubre de 2000, cuando amenazó y agredió, según denunciaron, a dos periodistas peruanas que pedían entrevistarlo en sus oficinas en Ciudad de Panamá.

En ese momento, Montesinos ya se encontraba en dicho país y había pedido asilo al canciller panameño Miguel Alemán Healy, hermano del director de Alcogal.

El gobierno panameño aceptó la entrada al país del asesor de Fujimori para, según el entonces canciller, “evitar un derramamiento de sangre” en Perú. Pero semanas después, ante la presión internacional, Panamá terminó rechazando la solicitud y devolviendo a Montesinos a su lugar de origen.

Luego de eso, Alcogal desplegó otro tipo de control de daños: cartas aclaratorias a la prensa, memorandos internos y advertencias de acciones legales a quienes calificaban a sus miembros como “abogados de Montesinos”. Al mismo tiempo, sin embargo, también siguió ayudando a sus clientes peruanos de mala fama.

Convoca ha podido encontrar archivos digitales de “cartas de referencia” que Alcogal preparó para facilitar la apertura de nuevas cuentas para los integrantes de la red de Vladimiro Montesinos, luego de su paso por Panamá, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de ese país.

Las misivas tienen fechas entre el 11 y el 20 de diciembre de 2000, cuando Montesinos estaba de nuevo prófugo, en su segundo intento de fuga hacia Venezuela.

“Por medio de la presente les informamos que conocemos al Sr. Guillermo Burga desde hace varios años. El Sr. Burga es una persona seria y de excelente reputación, razón por la cual nos permitimos recomendarlo como cliente del banco”, decía el documento de Alcogal sobre el perseguido traficante de armas.

En el mismo tono, se prepararon cartas para Claus Corpancho y su esposa Maricarmen Villasana, así como para las sociedades del entramado de la corrupción Porter Finance SA y Arlington Foundation.

Cartas de Referencia de Alc... by Convoca

Scribd:  “Cartas de referencia” de Alcogal.

Alcogal preparó cartas de referencia para que los traficantes de armas Claus Corpancho y Guillermo Burga, así como las compañías de la red, abrieran cuentas bancarias mientras Montesinos andaba prófugo.

Colaboraciones

Luego de que colapsara el gobierno de Fujimori, Luis Duthurburu Cubas estuvo entre los primeros de este grupo en entregarse a la justicia. Por ello, la Fiscalía aceptó su acogimiento a los beneficios de la colaboración eficaz. Duthurburu entregó información que desentrañó algunos casos de corrupción, como las compras militares y las inversiones inmobiliarias fraudulentas que se hicieron con el dinero de las jubilaciones de los militares y policías.

De hecho, algunas operaciones con las que se desfalcó la Caja de Pensiones Militar Policial fueron conocidas a detalle por Alcogal.

Por ejemplo, la firma legal generó la documentación legal para que Duthurburu pudiera concretar la sobrevaloración del Hotel Diplomat, en el distrito limeño de Miraflores, que la Caja Militar Policial compró, vendió y volvió a comprar a más del doble de su valor original.

Un informe “estrictamente confidencial” de Alcogal, al que accedimos, describe la situación de cuatro sociedades offshore en las que Duthurburu tuvo participación. El documento fue elaborado de forma exclusiva para ser enviado al abogado Gonzalo Salas, penalista peruano. No está fechado, pero su contenido indica que sería posterior a mayo de 2001.

Informe Confidencial de Alc... by Convoca

Los empleados de la firma panameña conocían las extrañas transferencias ordenadas entre las empresas de Duthurburu, que compró el inmueble

La financiera Finsur, controlada por la Caja Militar Policial, había hecho un préstamo a la compañía dueña del Hotel Diplomat, Corporación Hotelera Tampu, que esta no pudo pagar. El enorme edificio, ubicado en la calle Alcanfores de Miraflores, tuvo que ser rematado por un notario para honrar la deuda.

¿Quién compró el remate? La misma Finsur. El directorio de la financiera, integrado por Duthurburu, aprobó en 1995 la compra del inmueble por US$ 2’700,000. Al año siguiente, acordó venderlo en US$ 2’772,500 a la offshore panameña Alliance Stichting Corp, operada en secreto por Duthurburu, pero representada de forma pública por el empleado de Alcogal Andrés Maximino Sánchez.

En 1997, Alliance Stichting, para inflar el precio, simuló la venta del hotel a otra offshore de Duthurburu en Bahamas, Heniker Holdings Inc, representada por el fallecido abogado Oscar Barco Lecussan, por US$ 5’650,000.

Y por último, en enero de 1998, Heniker hizo un nuevo trato con la Caja Militar Policial y completó el ruleteo. El Hotel Diplomat, que valía US$ 2’700,000 cuando lo compró Finsur, subsidiaria de la Caja, fue comprado de nuevo por la Caja a US$ 6’200,000. Con los fondos para las pensiones de los policías y militares, se pagó a la offshore de Duthurburu US$ 1’300,000 en efectivo y, aparte, se le entregaron en pago dos inmuebles en la Av. Paseo de la República, en San Isidro.

Este negociado fue destapado primero por el diario peruano La República en octubre del 2000. Sin embargo, hoy revelamos que poco después, según cartas preparadas por Alcogal, la firma seguía ayudando a Duthurburu con sus papeleos societarios. En noviembre de 2000, facilitó la apertura de una cuenta en el Banco Exterior de Panamá a favor de su offshore Croswill International SA. Un mes después, Alcogal lo apoyaría para disolver otras sociedades de papel: Millet Trading SA, Penback Trading SA y Newland Trading SA.

Luego de que se conociera en octubre del 2000 el escándalo de la Caja Militar Policial y la participación de las offshore de Duthurburu, Alcogal facilitó a su cliente la apertura de una cuenta bancaria y la disolución de otras compañías de su propiedad.

¿Alcogal nunca cuestionó a su cliente? En el ya mencionado documento “estrictamente confidencial”, enviado a Gonzalo Salas, el bufete legal aseguraba que el Banco Santander de Panamá dio referencias positivas de Duthurburu y que un abogado del estudio limeño García Sayán —Alberto Varillas— se refirió al testaferro de Montesinos como “un empresario exitoso y serio”.

En su informe, Alcogal comunicaba su preocupación por las publicaciones del diario La República que eran luego recogidas por los diarios panameños. Salas confirmó a Convoca que fue consultado por Alcogal, pero explicó que no llegó a dar ninguna asesoría. Añadió que por razones éticas personales y profesionales, no asesora ningún caso que implique presuntos delitos de corrupción.

Duthurburu se declaró culpable de diez delitos y cumplió una pena de 5 años de prisión. Se le impuso una reparación de 800 mil dólares y se comprometió a repatriar 2 millones de dólares, congelados en Suiza, de su compañía de papel Croswill International SA.

Este medio ha podido determinar que Alcogal registraba a nombre de Duthurburu ocho compañías en Panamá y cinco en Bahamas. 

Enviamos preguntas a Duthurburu, de 81 años, pero al cierre de esta publicación no llegamos a obtener respuesta. 

Megacorrupción

Alcogal tenía en su portafolio a Treves Intora Association Ltd, de Bahamas, la compañía intermediaria que se utilizó para desfalcar al estado en 1996 con la compra multimillonaria de los 36 aviones de combate MIG-29 y Sukhoi-25 que no estaban en condiciones para uso bélico. Poco después de su entrega, en 1997, una aeronave se fue a pique y terminó siniestrada. Para 2001, eran 13 las aeronaves de esta flota que se encontraban inoperativas.

Como se recuerda, el gobierno de Fujimori aprobó esta y otras compras militares a través de decretos de urgencia secretos.

La Fiscalía peruana ha calculado que el daño al Estado asciende a 320 millones de dólares. Treves Intora Association Ltd estuvo integrada por el prófugo Moshe Rothschild, Luis Duthurburu, Enrique Benavides, César Crousillat López-Torres, Guillermo Burga y Claus Corpancho.

Otras dos compañías en las que participaron todos estos mismos personajes, juntos, como accionistas, fueron Laurel Holdings Inc y Watertown Inc. Ambas también tuvieron como domicilio el paraíso fiscal de Bahamas.

Doc Laurel Holding 1 by Convoca

La fiscalía ha estimado que Montesinos cobró 29 millones de dólares en comisiones ilícitas solo por la venta de los aviones.

Una vez descubierta la corrupción, Alcogal señaló a Salas que todos estos traficantes de armas “parecían personas serias”. En un documento interno del bufete, titulado “ayuda memoria”, además se afirmaba: “Es importante aclarar que Alcogal, como firma responsable y en apego a la ley, realizó a su vez las investigaciones adicionales que estimó razonables”.

¿Qué tipo de investigaciones? Esta es una de las varias preguntas que Convoca planteó a Alcogal y que quedaron sin respuesta. Atareado por la masiva fuga de información de sus archivos, es probable que el bufete más conocido de Panamá ahora no tenga tiempo de atender a todos los periodistas como sí lo ha hecho siempre con sus acaudalados clientes en busca de anonimato.

*Actualización: 20 de octubre de 2021

Se ha actualizado la lista de compañías que presentamos en la nota original y que se basaba en las offshore que el portafolio de Alcogal manejaba solo en Panamá y Bahamas. Hemos incluido una nueva jurisdicción, las Islas Vírgenes Británicas, donde se han contabilizado 8 empresas adicionales. De estas, siete corresponden al prófugo Enrique Benavides y una a Luis Duthurburu. Ahora que se han identificado al menos 80 compañías, la justicia peruana ya tiene una nueva ruta para seguir indagando.