A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de millonarios sobornos a presidentes y otros altos funcionarios públicos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa.

Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos y la cooperación internacional con Brasil para acceder información clave sobre los hechos ilícitos se volvió pantanosa tras la desactivación de la Fuerza de Tarea de Brasil en plena pandemia durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En forma paralela a los procesos judiciales, la constructora emprendió litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional ‘El costo de la corrupción’ de la red periodística Investiga Lava Jato , liderada por Convoca.pe, e integrada por reporteros de El Pitazo y Runrunes (Venezuela), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), Periodismo de Investigación (Ecuador), elDiarioAR (Argentina) y del Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN (República Dominicana).

La compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales.

El monto que reclama Odebrecht en Perú, Ecuador, México y Argentina es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos.

Los Estados afectados también han exigido a la empresa que responda por los daños. Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones).

Otros 76 millones de dólares son reclamados por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2 mil 400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Mientras los procesos por los estos hechos de corrupción han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en el continente.