Odebrecht se libera de sanciones millonarias y ya puede volver a contratar en México

Hace cuatro años, el Gobierno de México le impuso a Odebrecht, a una empresa asociada y a dos exdirectivos sanciones equivalentes a 91 millones de dólares, pero a la fecha no ha podido cobrarles ni un peso.

Peor aún, Odebrecht ya logró que se le anularan multas por 54 millones de dólares y mantiene abierto un litigio con el que busca que se le cancelen otros 27 millones en sanciones.

Las autoridades también anularon multas por otros 10 millones de dólares a un exdirectivo de la compañía y a una empresa con la que Odebrecht estuvo asociada en la trama de corrupción en México.

Además de no pagar ni un peso de multas o reparación del daño por actos de corrupción, Odebrecht ha logrado, mediante litigios, que las autoridades mexicanas le cubran supuestos adeudos por obras ejecutadas y no pagadas en la refinería de Tula por 91 millones de pesos (unos 4.5 millones de dólares) y reclama una indemnización por un contrato cancelado en la refinería de Salamanca.

Las inhabilitaciones a la empresa vencieron este año, por lo que Odebrecht ya puede volver a concursar para obtener contratos en México.

Ni acuerdo ni castigo ni pruebas

Entre finales de 2018 y principios de 2019, Odebrecht ofreció al gobierno de México firmar un acuerdo de colaboración. La empresa se comprometía a pagar 18 millones de dólares de reparación del daño a cambio de que no se fincaran responsabilidades penales a sus exdirectivos, y permitirle continuar como contratista.

Además de una indemnización, Odebrecht ofreció aportar información documental para esclarecer el caso de corrupción y señalar a los funcionarios involucrados.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el acuerdo. También se negó a suscribir un compromiso con la Fiscalía de Brasil, para obtener información sobre el caso de Odebrecht a cambio de inmunidad legal para la empresa y sus exdirectivos.

La FGR decidió encarar una investigación por su cuenta, para lo cual realizó 50 peticiones de asistencia jurídica a 18 países, a los que ha requerido apoyo para obtener documentos y testimonios. A Brasil se le han realizado 9 peticiones de asistencia desde 2017.

El argumento de las autoridades mexicanas para no suscribir el acuerdo fue que se buscaría imputar responsabilidades a Odebrecht, a sus asociados y ex directivos, con multas que superaban los 90 millones de dólares, una cantidad 5 veces superior a la propuesta de convenio de reparación de daño que ofrecía la empresa.

No obstante, con el paso de los años, el gobierno de México no ha podido cobrar ni un peso de multas ni tampoco obtuvo la información documental que le hubiera permitido esclarecer la trama de corrupción, y mucho menos obtuvo indemnización de la empresa.

Marcelo Odebrecht junto al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Odebrecht obtuvo tres contratos en Pemex durante la gestión del exmandatario.

Las sanciones que no fueron

En diciembre de 2016, ejecutivos de Odebrecht se declararon culpables ante una corte federal en Estados Unidos de haber pagado sobornos fuera de Brasil en once países en América Latina y África a cambio de contratos para la ejecución de obras públicas.

Odebrecht confesó en aquel momento haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México, aunque los pagos ilegales fueron de casi el doble, como se expondrá más adelante.

Tras hacerse públicos los sobornos que Odebrecht había pagado para obtener contratos en México, la Secretaría de la Función Pública (SFP, el órgano encargado de investigar y castigar la corrupción) aplicó sanciones a la constructora brasileña, a una asociada y a sus directivos, que en conjunto sumaron alrededor de 1,840 millones de pesos (unos 91 millones de dólares, al tipo de cambio actual).

La primera sanción fue notificada a la Constructora Norberto Odebrecht SA el 7 de febrero de 2018. El castigo, sin embargo, no fue por haber cometido actos de corrupción, sino por haber cobrado servicios por duplicado en un contrato asignado en la refinería de Tula, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ubicada en el estado de Hidalgo, en el centro de México.

En el expediente 0006/2017, el órgano interno de control de Pemex acusó a Odebrecht de haber actuado con dolo, “al duplicar de manera improcedente actividades del contrato como extraordinarias, no obstante que dichas actividades ya se encontraban previstas” en uno de los anexos.

El contrato que motivó esa primera sanción corresponde a obras de “acondicionamiento y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula”, por un monto de 2 mil 135 millones de pesos (unos 115 millones de dólares). De acuerdo con declaraciones realizadas ante autoridades por ex directivos de Odebrecht, ese contrato fue obtenido en 2014 mediante el pago de sobornos a Emilio Lozoya, en aquel entonces director de Pemex.

A pesar de las irregularidades descritas, las autoridades mexicanas impusieron a Odebrecht una primera multa de apenas 1 peso (equivalente a 5 centavos de dólar), y la inhabilitación por dos años para obtener contratos gubernamentales en México.

Dos meses después de la primera sanción, las autoridades mexicanas notificaron otros cuatro procedimientos contra Odebrecht y dos de sus exdirectivos. Esta vez, los castigos sí fueron monetarios, pues se impusieron multas que en conjunto sumaron 1,089 millones de pesos (unos 54 millones de dólares al tipo de cambio actual).

Imágenes de dron tomadas de la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, ubicado en el centro de México. Foto: Lucia Vergara

Un segundo contrato para la construcción de accesos y obras externas en la Refinería de Tula derivó en una nueva sanción. El 17 de abril de 2018, se notificó a las empresas Norberto Odebrecht y a su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México la aplicación de dos multas, cada una por 543 millones de pesos (alrededor de 27 millones de dólares), y la inhabilitación por 2 años y 6 meses para obtener contratos gubernamentales.

Al igual que en el primer procedimiento, las sanciones no fueron por los actos de corrupción, sino porque ambas empresas supuestamente se confabularon para simular el cumplimiento de los requisitos del segundo contrato en la refinería, valuado en 1,811 millones de pesos (unos 90 millones de dólares). 

Dos directivos también fueron sancionados por las irregularidades en ese contrato. A Luis Alberto de Meneses Weyll y a Gleiber José de Faria, quienes se desempeñaban como director general y de administración de Odebrecht en México, respectivamente, se les aplicó una multa de 1 millón 262 mil pesos a cada uno (63 mil dólares), además de inhabilitarlos por dos años 3 meses.

Acusaciones de fraude y sobrecostos

Por los contratos con la refinería de Tula, en abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública abrió dos nuevos expedientes contra la constructora brasileña. 

A la filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México se le acusó de presentar información falsa en un convenio modificatorio para ceder derechos y obligaciones en uno de los contratos en Tula, y por esa falta se le aplicó una nueva sanción, también por 543 millones de pesos (unos 27 millones de dólares). Es una sanción diferente a la aplicada en abril de 2018, exactamente por el mismo monto.

Además, en el caso de Constructora Norberto Odebrecht, se le atribuyó responsabilidades “por haber actuado con dolo” durante la vigencia de un contrato en la misma refinería y “por haber realizado cobros en exceso, en detrimento del patrimonio de Pemex”, según el expediente del órgano encargado de investigar casos de corrupción, la SFP.

A las dos compañías se les inhabilitó por 3 años. Esas sanciones fueron anunciadas por la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, quien aseguró que las sanciones representaban una muestra de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Construcciones Industriales Tapia, una compañía que se había asociado con Odebrecht en Tula, fue sancionada en junio de 2019 con una multa de 206 millones 658 mil pesos (alrededor de 10 millones de dólares), y la prohibición de 2 años y 6 meses para acordar contratos en el Gobierno. Se le castigó porque, según el expediente de la SFP, “presentó información falsa con el propósito de obtener un beneficio o ventaja” en un contrato, conducta que según las autoridades representó una violación a la Ley Federal Anticorrupción.

Se cancelan multas millonarias

A pesar de las multas y sanciones que acumuló en su contra, tanto Odebrecht como sus directivos terminaron librándose de las sanciones de las autoridades mexicanas por vencimiento de plazos y por resoluciones de tribunales a favor de la constructora brasileña.

En un primer expediente administrativo sancionatorio, iniciado el 7 de febrero de 2018, se había establecido una inhabilitación de dos años contra Constructora Norberto Odebrecht.

Sin embargo, el plazo del castigo ya venció desde febrero de 2020, por lo que el órgano encargado de investigar la corrupción la dio de baja del directorio de empresas sancionadas; de esa manera, Odebrecht puede volver a concursar por contratos en México.

En otros dos expedientes iniciados en abril de 2018 también venció el plazo de inhabilitación desde octubre de 2020. 

Además, dos sanciones por 1,089 millones de pesos fueron canceladas en junio de 2022 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento a una sentencia dictada por el décimo primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito.

Odebrecht impugnó legalmente las multas que la SFP le había impuesto a dos de sus empresas en abril de 2018, y tras cuatro años de litigio, el tribunal resolvió a su favor el 17 de marzo de 2022.

En el portal de sanciones de la Función Pública se incluyó una leyenda en los mencionados expedientes, en la que se informa que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, “se deja insubsistente la resolución” contra Odebrecht “y en consecuencia las sanciones impuestas”.

Ese fallo también benefició a Gleiber José de Faria, ex director administrativo de Odebrecht, a quien la autoridad fiscal, el SAT, le canceló la sanción en su contra por 1 millón 262 mil pesos. 

La resolución judicial establece que las compañías de Odebrecht y el exdirectivo “no incurrieron en las conductas irregulares que se les atribuyeron, respectivamente, consistentes en la evasión o simulación del cumplimiento de las reglas o requisitos” del contrato.

El SAT acató la sentencia y el 27 de junio de 2022 les notificó a los sancionados que había cancelado las gestiones para el cobro de las multas.

Los notificadores del SAT acudieron a la torre Esmeralda II, en Lomas de Chapultepec, pero la recepcionista les informó que Odebrecht había desocupado ese domicilio desde hacía cinco años, cuando estalló el escándalo de corrupción.
 

Odebrecht reclama a las autoridades mexicanas supuestos adeudos por obras ejecutadas y no pagadas en la refinería de Tula por 91 millones de pesos (unos 4.5 millones de dólares). Foto: Lucia Vergara.

Weyll se va sin pagar

El ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, también se libró de las sanciones.
En declaraciones judiciales ante autoridades brasileñas y mexicanas, Weyll ha reconocido que él fue quien negoció los sobornos con Lozoya y, pese a ello, su caso quedó en total impunidad, pues las autoridades fiscal del SAT nunca pudieron cobrar la sanción monetaria que le habían fijado, ya que desde 2018 abandonó el país.
Además, el 18 de julio de 2020 quedó sin efecto la inhabilitación en su contra.

Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa que había sido señalada por Weyll como parte de la trama de corrupción de Odebrecht, también logró mediante un litigio que se le cancelara la multa que se le había aplicado por 206 millones de pesos (unos 10 millones de dólares).

La SFP informó que se le dio de baja en su sistema de empresas sancionadas, “en virtud de que mediante acuerdo de 26 de noviembre de 2020, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México” se dejó sin efecto la multa.

En su caso, se le había aplicado una inhabilitación de 2 años y 6 meses, la cual venció el 6 de diciembre de 2021, por lo que puede volver a contratar con el Gobierno.

De hecho, una empresa creada por Tapia ha tenido participación en la refinería de Dos Bocas (una de las obras emblema del gobierno de López Obrador) mediante un contrato por 75 millones de dólares que obtuvo en consorcio con otras dos sociedades mercantiles.

Pemex le paga por obras canceladas

Odebrecht no sólo ha evitado el pago de multas, sino que además ha emprendido litigios para reclamar a Pemex el pago de adeudos por obras canceladas.

La constructora reclama el incumplimiento del contrato “Desarrollo de la fase I del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca”, el cual había sido asignado en noviembre de 2014 a un consorcio que encabezaba la Constructora Norberto Odebrecht SA. El pago reclamado es de 16 millones 685 mil dólares.

Odebrecht pretende cobrarle adeudos a la petrolera estatal Pemex. Foto: Vera Márquez/Cuartooscuro.

La constructora brasileña también impulsó un litigio en el que reclamaba el pago de un monto equivalente a 90 millones de dólares por la obra “Construcción de accesos y obras externas” en la refinería de Tula.

En julio de 2022 un juez federal falló a favor de Odebrecht, pero no por el total del monto reclamado a Pemex, sino sólo por 4.5 millones de dólares por trabajos ejecutados que Pemex supuestamente no le había pagado entre 2016 y 2017, además de anularse un finiquito equivalente a 3 millones de dólares que reclamaba la petrolera mexicana.

Ya puede volver a contratar

En abril de 2022 venció el plazo de las dos últimas inhabilitaciones que se habían establecido contra Odebrecht, por lo que a partir de esa fecha la constructora brasileña ya puede volver a concursar por contratos públicos en México, ahora con su nueva denominación Novonor.

Al cumplirse el plazo, el nombre de Odebrecht fue borrado del listado de empresas inhabilitadas.
No obstante, todavía está en litigio el cobro de una multa por 543 millones de pesos (unos 27 millones de dólares).

El área jurídica de Pemex informó que la sancionada promovió un juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya Sala Superior dictó resolución el 13 de octubre de 2021 en la que reconoció la validez de la multa. Sin embargo, la empresa promovió una demanda de amparo y el litigio sigue abierto.
Ni siquiera Lozoya, el principal acusado en la trama de corrupción de Odebrecht, ha pagado sanciones.

En el reporte 242/22, la Fiscalía General de la República informó que el ex director de Pemex no había cumplido con la reparación del daño que es obligatoria en el caso.

¿Quién debió cobrar?

Si bien las sanciones fueron aplicadas por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, esa dependencia no tiene facultades para cobrar las multas.

De acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la atribución del cobro de las multas correspondía al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No obstante, la promoción de los medios de impugnación que presentó Odebrecht ante instancias judiciales fue una de las causas por las que no se cobraron las sanciones.

En abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública abrió dos nuevos expedientes contra la constructora brasileña por los contratos con la refinería de Tula. Foto: Lucia Vergara.

La justicia selectiva: una historia de impunidad

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014. Sin embargo, nueva información difundida el 27 de octubre de 2021 por dos consorcios de periodistas reveló que la constructora brasileña había pagado al menos otros 9.2 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

Un expediente de 334 páginas al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato coordinado por el medio digital Convoca, de Perú, evidenció que los pagos ilícitos de Odebrecht comenzaron en México en 2006 y estuvieron destinados a personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán.

Con esa revelación se pudo saber que, entre 2006 y 2014, Odebrecht había pagado sobornos por al menos 19.7 millones de dólares en México. En el mismo periodo, la constructora obtuvo contratos de obra pública por más de 2,570 millones de dólares, de acuerdo con información documental recopilada por MCCI.
Es decir, los sobornos representaron menos del 0.8 por ciento del monto que Odebrecht obtuvo en contratos en México en los sexenios de Fox, Calderón y Peña.

Los contratos se distribuyeron así: 1,429 millones de dólares en el fallido proyecto de elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula; mil millones para la construcción de un gasoducto en el norte de México; y el equivalente a 145 millones de dólares en una presa en Michoacán.

El primer contrato fue en Michoacán en 2005, cuando ese estado era gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente López Obrador. Odebrecht construyó en aquel estado la presa hidroeléctrica “Francisco J. Múgica”, cuyo costo original era de 1,500 millones de pesos, pero se elevó a 2 mil 915 millones.

En la etapa final del gobierno de Vicente Fox, Odebrecht obtuvo dos contratos para modernizar la refinería de Minatitlán, pero la obra la entregó hasta 2013, a un sobrecosto del 66% y con un rezago de cinco años. El compromiso de la empresa era realizar la obra en 635 millones de dólares, pero el gobierno de Felipe Calderón aceptó pagar un excedente y contratos adicionales por 420 millones de dólares.

Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Odebrecht obtuvo otros tres contratos en Pemex para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, así como para la construcción de un tramo del gasoducto Los Ramones.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han mostrado que una porción de los sobornos de Odebrecht en México fueron para pagar campañas electorales del PRI en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como del candidato presidencial de ese partido en 2018, Enrique Peña.

A pesar de que hay documentos y declaraciones ministeriales que comprueban que la trama de corrupción de Odebrecht en México va de 2006 a 2014 e involucra a distintos gobiernos locales y federal, la Fiscalía General de la República ha centrado su acusación en torno a los señalamientos que ha realizado Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a quien le ofreció beneficio procesal a cambio de información.

Se ha dado una justicia selectiva, pues el caso ha dejado de lado o ha minimizado el posible involucramiento de personajes que colaboran en el actual gobierno de López Obrador, como Leonardo Cornejo, quien firmó los contratos a favor de Odebrecht en la refinería de Tula y quien ahora es directivo de Pemex, con responsabilidad en la ejecución del proyecto petrolero de Dos Bocas; o Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores, quien en su periodo como gobernador de Michoacán asignó la obra de una presa a la constructora brasileña.
 

*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar Herrera, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).