Mineras ganaron fortunas pero buscan la quiebra y evitan pagar S/ 489 millones en multas ambientales

Jesús Burgos y David Otiniano, comuneros de Angasmarca, en La Libertad, observan con rabia y tristeza la quebrada Sacalla, que cruza el caserío de Tambopampamarca, donde han vivido toda su vida. El agua, que solía alimentar sus cultivos y abastecer sus hogares, ha sido contaminada, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La señalada como responsable es la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa). Ahora, el tono rojizo del agua y el temor les impiden siquiera acercarse. "Esta agua antes nosotros la utilizábamos para el consumo humano y también para el sembrío, para los regadíos de las siembras", recuerda Jesús. "Más o menos desde 2008, el agua se ha contaminado por los trabajos que ha hecho la empresa minera [Comarsa]. Hasta el día de hoy no podemos usar el agua por ese motivo", se lamenta.

Comarsa es una de las diez mineras con deudas por contaminación ambiental que han sido beneficiadas por la Ley 30230, conocida como la Ley de Paquetazo Ambiental. La normativa redujo algunas de las multas de estas diez empresas por infracciones ambientales en un 50%. Pese a esto, Comarsa y el resto de compañías han solicitado su declaratoria de insolvencia a través de procesos concursales llevados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ente encargado de declarar a una empresa en estado de insolvencia o quiebra.

En estos trámites, al menos seis de las diez compañías –Comarsa, San Simón, Quiruvilca, Doe Run, Castrovirreyna y Azulcochamining– han logrado disminuir sus deudas con OEFA, aprovechando un entramado de normas estatales, como la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y la Ley General del Sistema Concursal. En conjunto, estas compañías deben US $129.9 millones (más de S/ 489 millones) a OEFA, pero Indecopi sólo les ha reconocido US $11.8 millones (más de S/ 44 millones), es decir, el 7.82 % de su deuda total. ¿Por qué?

Los beneficios de Comarsa

OEFA desempeña un rol crucial en la reducción de deudas ambientales en Indecopi, ya que es responsable de presentar los montos adeudados por las empresas mineras ante la Comisión de Procedimientos Concursales de esta institución para su reconocimiento. En ese proceso, OEFA comunicó a Indecopi montos menores a los adeudados por estas compañías mineras a causa de daños ambientales como, por ejemplo, el de la quebrada Sacalla.

De hecho, en el caso de Comarsa, su deuda total con OEFA es de más de US $68 millones (más de S/ 258.4 millones), pero Indecopi sólo le ha reconocido apenas el 0.87% de su deuda ambiental. Este reconocimiento, formalizado en una resolución emitida en agosto de 2019, fue solicitado por OEFA en abril de ese año. La minera estuvo ligada hasta 2018 a Santos Orlando Sánchez Paredes, investigado por lavado de activos y con antecedentes por narcotráfico desde los años 80. El empresario fue luego absuelto en un fallo cuestionado.

Los beneficios a esta minera son todavía mayores: este reconocimiento de deuda sólo cubre seis sanciones dispuestas hasta 2019 y excluye otras cuatro sanciones impagas que sumaron poco más de un millón de dólares (más de S/ 3.7 millones), de acuerdo a información que OEFA otorgó a este medio a través de un pedido de información pública.

Feria de rebajas 

Otra de las mineras beneficiadas, San Simón, protagoniza un caso similar: de los más de US$ 52 millones (más de S/ 198.7 millones) que debe a OEFA, Indecopi reconoce sólo el equivalente al 0,99% del total, de acuerdo a una resolución del 17 de diciembre de 2018. San Simón también es propiedad de una facción de la familia Sánchez Paredes, investigada por delito de lavado de activos en un juicio donde se incluyó a la minera antes de que la familia fuera absuelta.

Por su parte, la minera Quiruvilca debe poco más de US $542 mil (poco más de S/ 2 millones) a OEFA pero sólo tiene reconocido un monto que representa el 9.29% de su deuda total. Este monto fue solicitado por OEFA en julio de 2020.

Convoca.pe consultó a OEFA por qué la institución no persiste en la cobranza de las deudas de las 10 compañías en procesos concursales ante Indecopi. El organismo respondió que, según el artículo 16 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, no puede cobrar estas deudas si existe un "convenio de liquidación judicial o extrajudicial, acuerdo de acreedores" o si la empresa "ha sido declarada en quiebra". En otras palabras, una vez que las mineras llegan a la etapa de liquidación o quiebra, OEFA pierde la posibilidad de exigir el pago de las sanciones ambientales pendientes.

Este medio también intentó comunicarse con las principales empresas de la lista, Comarsa y San Simón, vía correo y llamadas telefónicas, a través de la empresa liquidadora a cargo de sus procesos concursales, Alva Legal Asesoría Empresarial SAC, pero hasta el cierre de esta edición, no encontró respuesta.

Además de estas seis compañías, otras cuatro empresas —San Nicolás, San Valentín, Intigold y Rosario del Belén— iniciaron procesos concursales ante Indecopi. Mientras OEFA les reconoce un total de más de US $21 millones (más de S/ 79 millones) en deudas por daños al medio ambiente, Indecopi no les reconoce deudas ambientales con el organismo de control, de acuerdo a las resoluciones analizadas para esta investigación. 

Entre estas 10 empresas, algunas ya lograron su liquidación: Castrovirreyna, Doe Run Perú SRL, Compañía Minera Quiruvilca y Azulcochamining SA. Comarsa alcanzó el punto de quiebra. La liquidación es el paso previo a la quiebra, lo que significa que el Estado no podrá cobrar las deudas  acumuladas por estas compañías, muchas de las cuales son resultado de incumplimientos ambientales.

Estado actual de la quebrada Sacalla, que recibe vertimientos de la Mina Santa Rosa, propiedad de Comarsa, en Angasmarca, Santiago de Chuco, La Libertad. Foto: Gabriel García.

Deudas versus ganancias 

Dentro del grupo de diez empresas que han iniciado sus procedimientos concursales ante Indecopi, tres casos son bastante particulares: Compañía Minera San Simón, Sociedad Minera El Rosario de Belén y Comarsa. Estas compañías fueron beneficiadas por la Ley del Paquetazo Ambiental, que redujo algunas de sus deudas ambientales pese a registrar millonarios ingresos por la exportación de minerales.

Comarsa ya ha sido declarada en quiebra; San Simón intentó lo mismo, pero su solicitud fue rechazada; mientras que El Rosario de Belén ha logrado llegar a la etapa de liquidación ante Indecopi.

Estas tres empresas han exportado un total de más de US $ 393 millones en barras de doré, según datos de Sunat. Sus deudas ante OEFA suman casi US $ 121 millones (equivalentes a más de S/ 455 millones). Esto significa que con sus exportaciones, no sólo hubiese alcanzado para pagar sus deudas ambientales sino que, además, las empresas se llevaban una diferencia de más de Us $ 272 millones a su favor.

Jesús Burgos, ex teniente gobernador de Angasmarca, en las cercanías de la quebrada contaminada, Sacalla. Foto: Gabriel García.

Si comparamos esos US $ 393 millones en ventas con las deudas reconocidas por Indecopi, la diferencia es incluso mayor, ya que estas tres empresas tienen una deuda reconocida ante OEFA de apenas poco más de Us $1 millón (más de S/ 4 millones).

Esto plantea un dilema porque, al parecer, sus ingresos fueron más altos que sus obligaciones ambientales y, aún así, no han cumplido con estas. Lo que agrava aún más la situación es que además se vieron beneficiadas por la Ley de Paquetazo Ambiental y algunas de sus deudas originales fueron reducidas. Pero, incluso así, tampoco las pagaron e insisten en buscar la liquidación.

"En el proceso judicial de quiebra, el juez emite los 'certificados de incobrabilidad' para cada acreedor que no ha sido pagado", explicó a Convoca Julio Lozano Hernández, abogado y catedrático especializado en derecho concursal. Según el experto, y de acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, el procedimiento de quiebra de una empresa comienza cuando sus activos se han agotado, pero aún quedan deudas sin pagar. En estos casos, el liquidador designado está obligado a solicitar el inicio del proceso de quiebra ante el Poder Judicial.

Por ejemplo, en el caso de Comarsa, entre 2013 y 2017, esta compañía exportó más de US $ 262 millones, mientras que su deuda total con OEFA asciende a poco más de US $ 68 millones (más de S/ 256 millones), dejando un saldo a favor de la empresa de US $ 194 millones. Comparado con la deuda reconocida por Indecopi de sólo US $ 629.000, la diferencia se amplía a más de US $ 261 millones. Es importante destacar que Comarsa no ha pagado estas deudas y ya ha sido declarada en quiebra, lo que impide su cancelación.

Lozano señala que cuando una empresa se declara en quiebra sus deudas suelen considerarse incobrables, debido a la ausencia de recursos o liquidez para cubrir los compromisos pendientes. Esto significa que el patrimonio del deudor, como bienes o efectivo, ha sido totalmente agotado, lo que impide a los acreedores recuperar lo que se les debe. En este caso, el que no recuperará es el Estado peruano.

Compañía Minera San Simón exportó más de US $ 109 millones entre 2013 y 2017, con una deuda ante OEFA de más de US $ 52 millones (más de S/ 198 millones). Ante Indecopi, su deuda reconocida es de apenas US $721.000 (más de S/ 2.7 millones), dejando un saldo favorable para la empresa de más de Us $ 108 millones.

Finalmente, El Rosario de Belén exportó US $ 22 millones en 2013, con una deuda ante OEFA de sólo US $ 93.000, mientras que Indecopi no le reconoce deuda alguna ante OEFA. 

Niños del caserío de Tambopampamarca, afectado por la contaminación de la minera Comarsa, en Angasmarca. Foto: Gabriel García. 

El daño y la impunidad

Los casos de estas 10 empresas con procesos concursales ante Indecopi reflejan un esquema de impunidad relacionado con la Ley del Paquetazo Ambiental. Convoca ha recopilado información sobre 51 empresas que se beneficiaron de esta norma y analizó y sistematizó estos datos luego de 10 años de su aprobación.

La Ley 30230 obligaba a OEFA a priorizar medidas correctivas en lugar de sanciones económicas, reservándolas para situaciones excepcionales. Aunque estas medidas buscan que las empresas reparen el daño ambiental, también limitaban el monto de las multas al 50% de la sanción máxima en caso de incumplimiento. Un año después de su implementación, Convoca demostró que el gobierno peruano dejó de cobrar más de US $7.9 millones debido a esta ley, lo que llevó a OEFA a reconocer sus efectos negativos. Finalmente, se derogó parte de la ley en 2017.

Cercanías a la quebrada Bellota, también contaminada por Comarsa. Según la Resolución Directoral N° 00223-2019-OEFA/DFAI, se identificaron 2 puntos de vertimiento a esa quebrada, donde el nivel de PH excede en 10,132.93% y  el nivel de sólidos totales suspendidos excede en 813% a lo permitido. Fuente: OEFA

Sin embargo, los efectos de la ley continúan hasta el presente, debido a que los beneficios otorgados en procesos iniciados antes de la derogación parcial siguieron su camino.

Uno de los casos más notorios es el de Comarsa, que ha acumulado deudas significativas y ha recibido 19 medidas correctivas por daños ambientales, incluyendo la descarga de desechos mineros en la quebrada Bellota y el río Ucumal en Angasmarca. Gracias a la Ley 30230, estas deudas fueron reducidas de US $2.1 millones a la mitad.

San Simón cometió 21 infracciones entre 2019 y 2021, la mayoría relacionadas con incumplimientos de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). Sus multas, que alcanzan US $5.8 millones, fueron también reducidas a la mitad por el Paquetazo Ambiental. 

Las infracciones más graves de San Simón incluyen la descarga de material tóxico en los ríos Suro y Cuchicorral. Pese a esto, la empresa ha seguido operando y ha solicitado un proceso concursal que le permite evitar el pago de sus deudas.

Fotos del informe de supervisión donde se aprecia el punto de recojo de las muestras provenientes de los botaderos que terminan arrojando los desechos líquidos en el río Suro (el resaltado en color rojo es nuestro). 

Otro ejemplo es la Sociedad Minera El Rosario de Belén, que debe más de US $508.000 por infracciones ambientales en su unidad minera Patibal, donde almacenó residuos peligrosos al aire libre. Esta deuda también fue disminuida a la mitad por la ley.

El proceso de quiebra

Puntualmente, un procedimiento concursal ordinario permite que las empresas se declaren en insolvencia si sus deudas superan un tercio de su capital social. Aunque pueden optar por reestructuración mediante un plan financiero, muchas han elegido la disolución y liquidación de activos. 

En este escenario, según la Ley General del Sistema Concursal, las deudas deben pagarse en un orden específico, priorizando beneficios sociales y salarios, lo que relegó las deudas ambientales a un segundo plano. Esto ha facilitado, finalmente, que estas empresas se deslinden de sus responsabilidades frente al Estado y, en primera instancia, ante las comunidades y el medio ambiente afectados.

Entre las entidades que también tienen deudas pendientes con estas 10 compañías, que fueron beneficiadas por el Paquetazo Ambiental y que además solicitaron su declaración de insolvencia ante Indecopi, se encuentran no sólo OEFA, al que adeudan en total más de  US $11.7 millones, sino también otras entidades del Estado.

De acuerdo con el portal de Información Concursal del Indecopi, otras entidades que tienen deudas por motivos tributarios y laborales con estas empresas son la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a la que deben más de US $48 millones; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming), con más de US$ 8 millones; el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), con más de US $1 millón 800 mil; y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), con la que tienen una deuda de más de US$ 849 mil.

*Este reportaje tuvo como editora a Emilia Delfino, como parte de la serie investigativa 'Los negocios de la impunidad ambiental'. Luis Enrique Pérez estuvo a cargo del análisis de los documentos y la construcción de la base de datos y Milagros Salazar es la editora general del proyecto.