Frente a un supermercado en el Callao, Aristóteles Arce Paucar espera una visita. Está preocupado por el trámite de un proceso por usurpación en el que figura como denunciado, razón por la cual días antes visitó a un magistrado para pedirle ayuda en aquel juicio. Este solo le comentó “te van a llamar”. Después de una semana, su teléfono celular timbra y alguien le ofrece ayuda indicándole verse cerca de un supermercado en la región chalaca. Llega el día, luego de unos minutos, aparece la persona que estaba al otro lado de la línea telefónica y se identifica como "Pacho". Su verdadero nombre es Luis Ángel Américo Alva Siguas, pero prefiere guardar reserva sobre él. Se acerca a Aristóteles Arce y le dice que viene de parte del “hombre número uno”. Tras esa breve conversación, su caso judicial parece tener solución, solo había que esperar. Pasan los días, el celular vuelve a timbrar. Era "Pacho" al otro lado del teléfono, quien le pide a Arce la suma de 3 mil dólares a cambio de la absolución de su caso; sin embargo, este se niega asombrado por el monto. La Sala Superior declara nula la sentencia absolutoria apelada de su caso.  

Meses después, el juez que una vez visitó, ahora conocido como el “hombre número uno”, asume la presidencia de la Corte Superior del Callao, se trata de Daniel Peirano Sánchez. En tanto, Aristóteles Arce vuelve a encontrarse en problemas. Ahora enfrenta un nuevo proceso judicial, pero recuerda a "Pacho" y lo llama. Se citan en un restaurante ubicado en la concurrida avenida La Marina, donde encuentra a un nuevo intermediario, Carlos Generado Quiñoñez Custodio, chofer del “doctor”. Esta vez la suma requerida eleva sus cifras de tres a cuatro dígitos. Ambos le piden un total de 30 mil soles por los tres jueces superiores que ventilan el caso y una suma de 1 mil 300 soles para la compra de un terno por cada magistrado, que Arce debe entregar en el centro comercial Jockey Plaza, ya que el “hombre número uno” está dictando clases, a dos cuadras, en la Universidad de Lima. El denunciado vuelve a rechazar el pedido porque no tiene esa cantidad de dinero, pero le señalan que al menos dos camisas sería "suficiente". Acepta el trato, recibe el color y marca específicos y compra las prendas, pero aún con la adquisición no se cierra el trato. Su caso está nuevamente en peligro. Aristóteles Arce decide retirarse del juego y presenta su queja formal por corrupción ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El 8 de julio de 2011, cita a "Pacho" para entregarle 1 mil 200 soles por el terno y cuando este se presenta, la Policía lo detiene. Este sería el inicio de una investigación contra la entonces máxima autoridad de la Corte Superior del Callao.

En la Corte de Superior de Justicia del Callao operaba la red criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Foto: Difusión

Cuatro años más tarde, la investigación concluye y mediante la Resolución Nº 47 del 11 de mayo de 2015, la Jefa de Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, Flor Aurora Guerrero Roldán, propuso ante la Jefatura Suprema que se imponga la propuesta de destitución, la falta de tipo más grave, para el “hombre número uno”, Daniel Peirano. El magistrado señaló en su defensa que los intermediarios usaban su nombre para beneficio propio en los actos corruptos descritos y que solo recibió a Aristóteles Arce en su oficina, como a cualquier ciudadano. Pero cuando en el proceso de investigación se halló que una de las llamadas que hizo "Pacho" para coordinar las citas, provenía de la casa del mismo juez.

Por estos hechos, Peirano fue apartado de sus funciones hasta el término de la investigación disciplinaria; no obstante, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), instancia que resolvía finalmente las propuestas de la OCMA, lo absolvió de los cargos un año después, reponiéndolo como juez. Sin embargo, esta no sería la única sanción que se le ha impuesto al magistrado.

Suspendido juez Daniel Peirano. Foto: Difusión

En 2012, el CNM decidió destituirlo como juez superior del Callao, tras aprobar un hábeas corpus a favor de Róger Javier Poémape para no ser investigado por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. No obstante, Peirano apeló y logró mantenerse en su puesto.

No solo ello, Convoca.pe ya había realizado una investigación previa titulada “Jueces del círculo de Hinostroza y Ríos favorecieron a empresario acusado de pesca ilegal”, publicada en agosto de 2018, caso en el que también se encuentra involucrado el referido magistrado, quien ya jugaba un rol especial en el entramado de favores en la Corte de Justicia del Callao.

Cuando en 2018 explotó el caso 'Los Cuellos Blanco del Puerto', organización criminal que involucra a empresarios, abogados, jueces y funcionarios, principalmente de dicha corte judicial y el CNM; la OCMA abrió una nueva investigación a Peirano y a otros 35 magistrados de esta jurisdicción. El entonces juez superior de la Cuarta Sala Penal Liquidadora fue suspendido preventivamente por haber concertado estrategias judiciales con Walter Ríos, una de las cabezas de la red y expresidente de la misma corte de justicia. Esto con el fin de ser beneficiado en la elección para ser titular del distrito judicial de Callao en el periodo 2019-2020.

Sanciones a juzgadores

El caso del magistrado superior Daniel Peirano, en la actualidad suspendido en sus funciones, es uno de los 423 jueces a los que se les impuso propuestas de destitución por parte de la OCMA, entre 2009 y 2018, cuyas resoluciones fueron revisadas por Convoca.pe antes de que este órgano de control sea reemplazado por la nueva Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial. Este tipo de medida disciplinaria representa el 57% del total de sanciones contra jueces, vocales y presidentes de las diversas Cortes Superiores de Justicia del país, se sustenta en investigaciones preliminares, definitivas y quejas recibidas en las Odecmas (Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura).

En tal sentido, para analizar los distritos judiciales con mayores propuestas de destitución se construyó una base de datos con una muestra de este tipo de resoluciones emitidas por la OCMA en relación a un periodo determinado, de 2015 a 2018, y se establecieron las jurisdicciones que lideran los primeros puestos en cada año. Cabe resaltar que el número de sanciones se vincula a la cantidad de magistrados asignados en ese lugar, pues un distrito podría tener igual cantidad de sanciones que otro que pudiese registrar el quíntuple del total de sus jueces. Por lo tanto, el registro se rige en torno a la proporción entre estos dos factores.

Por otro lado, la indagación en un proceso de la OCMA toma un promedio de seis meses a dos años en finalizar, y en algunos casos hasta cinco años, motivo por el cual un juez puede recibir una suspensión en un determinado año, pero ser destituido tiempo después tras una investigación definitiva o una resolución disciplinaria firme.

Según los registros oficiales, de los 11 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia sancionados de 2009 a 2018, cinco fueron con propuestas de destitución. Además, se halló que de los 423 investigados por este tipo de sanciones, 138 son jueces de paz y 49 jueces de paz letrado. Esta cifra es preocupante cuando se considera a la Justicia de Paz como uno de los sectores más importantes del Poder Judicial, por lo que sus integrantes deben gozar de credibilidad y legitimidad intachable, puesto que contribuyen a la construcción de la democracia. En el Perú existen actualmente 638 jueces de paz letrado.

Entre las causas por las que este grupo ha recibido una sanción, se encuentran haber ocultado una sentencia por delitos cometidos por negligencia o descuido, intervención en las actividades político-partidaria y recibir dinero y guardarlo para sí mismo.

Uno de los casos más resaltantes es el de Jorge Luis Javiel Cherres, juez de paz letrado de Monsefù de la Corte Superior de Lambayeque, quien en 2013 fue grabado en vídeo recibiendo una coima de 10 mil soles de litigantes para resolver un caso. La investigación iniciada en el 2013 recogió la declaración del magistrado respecto al vídeo y solo atinó a decir que había visto la prueba, que a su despacho llegan muchas personas y que este fue editado porque colocaron su imagen en la filmación. La investigación terminó con una propuesta de destitución expedida por la OCMA. El ex magistrado no solo fue separado de su cargo, sino que recibió una condena de nueve años de prisión, además de la orden de un pago por concepto de reparación civil de 30 mil soles en favor del Estado y los afectados.

Juez Jorge Luis Javiel Cherres fue registrado en vídeo cuando recibía 10 mil soles por un caso judicial. 

Entre los jueces con mayor número de resoluciones de ese tipo de sanción están: el primer puesto registra un empate con Miguel Vidal Ramírez; Alexander Rioja Bermúdez y Carlos Eduardo Pickman Tejada. Todos desempeñaban funciones en Juzgados de Paz y tienen cuatro propuestas de destitución cada uno. Han sido sancionados, en el primer caso, por formalizar actividades de la mafia a través de procesos legales, como haber ingresado cerca de 29 vehículos de forma irregular al sistema, en el segundo caso por plantear acciones judiciales en colusión con terceras personas y, por último, por haberse apropiado de la pensión de alimentos de sus tres menores hijos durante un año.

Miguel Vidal (derecha) y Alexander Rioja (izquierda) son dos de los tres jueces de paz que registran el mayor número de solicitudes de destitución por parte de OCMA por faltas graves. Cortesía: Diario La República. 

En el último año

En 2018, se registraron 43 propuestas de destitución contra jueces que fueron presentadas ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El actual jefe de la OCMA, Vicente Walde Jáuregui, quien se encuentra en su sexto mes en el cargo, refirió a Convoca.pe que hay "demoras" en las Cortes Superiores de Justicia para tramitar los expedientes judiciales causados por una inadecuada infraestructura de los locales, así como medios insuficientes para que los jueces puedan cumplir con su labor.

Sobre las sanciones de inconductas funcionales de los magistrados, dijo que éstas tienen respaldo probatorio, pero que actualmente la OCMA no tiene la capacidad para poder destituir a un juez, ya que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido desactivado. Por lo cual, hizo un llamado durante una conferencia de prensa a que se les otorgue la potestad de poder sancionar con la destitución en los casos graves, de forma inmediata. Ello hasta que comience a funcionar la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial.

Si bien para esta investigación se analizó las resoluciones disciplinarias registradas en la OCMA, esta posee otra base de datos que son cuadros estadísticos respecto a sanciones, los cuales evalúan también a auxiliares. Entre el periodo 2009-2018, hay 11,812 casos de magistrados sancionados. Las sanciones impuestas abarcan amonestaciones (que pueden ser escritas o verbales), multas, suspensiones y propuestas de destitución.

Según el Boletín Estadístico Institucional N° 04-2018, emitido por la Gerencia General del Poder Judicial, en el Perú hay 3,215 jueces, de los cuales el 55% (1,767) son titulares, 28.8% (925) son supernumerarios y el 16.3% (523) son provisionales. De estos, 51 son jueces supremos, 768 son jueces superiores, 1.758 son jueces especializados y 638 son jueces de paz letrado. En el último año, la cantidad de magistrados que recibieron una sanción por parte de la OCMA fue de 1,390, es decir un poco más de la mitad del total de jueces incurrieron en faltas leves, graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones.

El escenario donde se registra un mayor número de sanciones a magistrados y auxiliares fue durante 2017 y 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. En ese entonces, el vocal supremo Duberlí Rodríguez se desempeñaba como titular del Poder Judicial.

Nuevo organismo

Tras la desactivación del CNM por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', el pleno de Congreso aprobó por mayoría -el 3 de abril reciente- la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial que sería el reemplazo de la OCMA, actual órgano disciplinario. Este proyecto se basó en la Ley Nº 3160, que en agosto del año pasado fue planteada por el Ejecutivo y forma parte de las ocho reformas del sistema de justicia.

Esta nueva entidad podrá realizar investigaciones administrativas y disciplinarias a jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial, pero también abarcará medidas preventivas y correctivas. Las investigaciones se darán conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

En diálogo con Convoca.pe, Samuel Rotta, director de Proética, apuntó que esta nueva autoridad trae consigo dos cambios significativos para el control del Poder Judicial: autonomía y especialización. Esto debido a que el control del cargo del Jefe no estará en manos del Poder Judicial. Por lo tanto, un externo puede postular y ser nominado por la Junta Nacional de Justicia por un plazo de cinco años. Por otro lado, se contará con jueces especializados, elegidos por concurso público, quienes llevarán a cabo los procedimientos administrativos contra malos funcionarios. Para Rotta, estos aspectos brindan estabilidad y son claves cuando se requiere de experiencias, habilidades, capacidades, metodologías y herramientas que no se podían asegurar cuando cada el jefe de la OCMA era cambiado cada dos años.

De otro lado, se informó que la nueva entidad comenzará a ejercer sus funciones cuando cubra la totalidad de las plazas por sus titulares. El presupuesto de la OCMA y de las Odecmas, será transferido a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

(*) Con la colaboración de Joselyn Marcelo