La adjudicación del proyecto Hidrovía Amazónica al Consorcio Hidrovías II, conformado por la empresa china estatal Sinohydro y la empresa CASA S.A, actualmente investigada por corrupción, también vino acompañada de un tratamiento especial en el ámbito tributario por los 20 años en los que este consorcio estará a cargo de un canal de navegación de 2 mil 687 kilómetros en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, con una inversión prevista de US$ 95 millones.

En la primera entrega de esta investigación, Convoca.pe  logró identificar que representantes del entonces Consorcio Hidrovías II (hoy Cohidro), tuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Transportes en pleno proceso de licitación, entre enero 2016 y julio de 2017, según el registro oficial de visitas de la institución. Varias de ellas antes de la apertura de sobre cuando las autoridades revisaban los requerimientos técnicos para elegir a los ganadores. 

Luego que el 6 de julio de 2017 el Estado peruano otorgara la buena pro a dicha concesionaria, que se constituyó un mes después de ganar la licitación, según figura en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el consorcio solicitó el 24 de agosto de ese año, la suscripción de un Convenio de Estabilidad Jurídica a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Este beneficio le permitiría acceder a una tasa fija de impuesto a la renta en las próximas dos décadas.

La resolución ministerial- N888- 2017 MTC/01-, publicada el 6 de setiembre de 2017 en el diario El Peruano y firmado por el entonces Ministro de Transportes, Bruno Giuffra Monteverde, da cuenta de la aprobación de este convenio que “tiene por objeto que la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. se comprometa a emitir acciones de su capital a favor de las empresas Sinohydro Corporation Limited, constituida bajo las leyes de la República Popular de China, y Construcción y Administración S.A (CASA)" creada en el Perú.

Es así como Cohidro y sus accionistas, Sinohydro y CASA, firmaron estos llamados contratos-ley con el Estado peruano que lo obliga a respetar y congelar un régimen tributario mientras dure la adjudicación.

Precisamente, un día antes de que se suscriba el contrato de concesión de la Hidrovía, el 6 de septiembre de 2017, se reunieron durante treinta minutos para revisar detalles de este convenio en la sede de Proinversión: Yris Araceli Ríos Barzola, subdirectora de la Dirección de Servicios al Inversionista, y Jaime Sánchez Bernal, gerente general de la compañía peruana CASA, involucrada hoy en el denominado ´Club de la Construcción´, que de acuerdo a las investigaciones fiscales reunía a un grupo de compañías que se coludieron para repartirse millonarias licitaciones en Provías Nacional, que depende del Ministerio de Transportes. 

Jaime Sánchez Bernal, Gerente General de CASA se reunió el 6 de setiembre con Yris Araceli Rios Barzola, subdirectora de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión  Imagen: Proinversión.

En conversación con Convoca.pe, Yris Araceli Ríos Barzola, subdirectora de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión, confirmó que efectivamente se concretó este encuentro el mismo día que se firmó el convenio de estabilidad jurídica entre CASA y el Estado peruano.  Al ser consultada sobre cómo una empresa cuestionada por corrupción —que afectó los intereses del Estado y se benefició de fondos públicos—pasó a gozar de un beneficio tributario, respondió que "en ese momento no tenían conocimiento que (CASA) estaba en proceso de investigación" por hechos de corrupción. Además, recalcó que nadie puede ser declarado culpable, hasta que no haya una sentencia en su contra. "No podemos negarle, legalmente, acceso a algún trámite que (CASA) haya solicitado", explicó.

Beneficios millonarios

Con este convenio de estabilidad jurídica, además de un régimen tributario favorable, la constructora CASA tiene derecho a utilizar el tipo de cambio que más le convenga, a vender sus acciones en el consorcio a otro inversionista, y por ende a ceder su posición contractual en el proyecto de la hidrovía.

Pero lo más resaltante es que la tasa al impuesto por los dividendos u otra forma de distribución de utilidades que deben ser abonados a CASA se mantendrá durante los 20 años de concesión en 5% . Esto luego de la modificación de la ley del impuesto a la renta con el decreto legislativo N°1261 que desciende la tasa de este impuesto de 6.8% a 5% . Este cambio, que se mantiene vigente desde el 1 de enero de 2017, garantiza a CASA, en su calidad de accionista, una mayor acumulación de ganancias.
 

Convenio de estabilidad jurídica firmado entre el Estado peruano y CASA.

Ese mismo día, el 6 de setiembre de 2017, también se firmó el convenio de estabilidad jurídica con Sinohydro Corporation Limited en calidad de inversionista extranjero, que se comprometió a invertir 7 millones 100 mil soles en el capital social de la empresa receptora Cohidro (la mitad en el momento de la inversión y la otra mitad abonada a más tardar 6 meses después de la firma del contrato de concesión). En representación legal de la empresa estatal china suscribió el convenio Qiguang Gao.

En el documento se precisa que el impuesto a la renta que le corresponda abonar a Sinohydro Corporation “no será modificado mientras se encuentre en vigencia el presente Convenio”. También, como en el caso de CASA, si aumenta la tasa del impuesto, el Estado ajustará el monto “con el objeto de asegurar que la utilidad o dividendos finalmente disponibles o distribuibles sean iguales a los garantizados”.

Convenio de estabilidad jurídica firmado entre el Estado peruano y la empresa estatal china Sinohydro.

El Estado tampoco podrá restringir el envío de las ganancias por utilidades de Sinohydro al exterior. Es decir, Sinohydro no requerirá la autorización previa de ninguna entidad del gobierno nacional, regional o local para realizar estas operaciones. Del mismo modo, la empresa china estatal podrá acceder a la moneda extranjera al tipo de cambio más favorable que pueda conseguir sin que el Estado pueda obligarla a hacer lo contrario.

“Muchas de las cláusulas que tienen los convenios que además están aprobadas legalmente tienen una explicación histórica. Las condiciones por las que se otorgaban hace mucho tiempo, como en los 90s, siguen siendo las mismas. Es necesario una revisión de la regulación de todos los convenios de estabilidad para ver si es que aún le conviene o no al Estado dar este tipo de regímenes”, dijo Eduardo Sotelo, abogado y experto en Derecho Tributario.

Previamente a la firma del contrato de la concesión, el 7 de septiembre de 2017, Carmen Virginia Benítez Hernández, hoy gerente general de Cohidro, y el ciudadano chino Hai Li, firmaron un convenio de estabilidad jurídica como apoderados del consorcio, en el que no solo destaca el congelamiento del régimen tributario referido al impuesto a la renta sino también una estabilidad de los regímenes de contratación de los trabajadores de la concesionaria Hidrovía Amazónica.

Convenio de estabilidad jurídica firmado entre el Estado peruano y Cohidro ( Consecionaria Hidrovía Amazónica S.A.)

Miguel Sánchez Moreno, asociado senior del bufete Roselló Abogados, quien asesoró a Cohidro y a Sinohydro en la firma de este convenio de estabilidad jurídica, aseguró a Convoca.pe que no hubo ninguna modificación ni ningún requerimiento especial que se añadieron en estos contratos-ley por parte de los interesados. "Se utilizó la misma plantilla que Proinversión viene usando en todos los convenios jurídicos como parte de estos derechos a los que pueden aplicar los inversionistas desde 1991", explicó.

El abogó agregó que incluso estos convenios de estabilidad jurídica no tienen que estar previamente estipulados en las bases de un concurso de licitación y que, además, pueden ser solicitados luego de la suscripción de un contrato de concesión.

Es así como estos contratos-ley que nacieron como respuesta a una atmósfera de desconfianza para los inversionistas en décadas anteriores, sirve en la actualidad como una herramienta legal que otorga beneficios bajo un argumento repetido: la promoción de la inversión privada en el país. “Como Estado ofreces seguridad jurídica a cambio de inversión, y como contribuyente (empresa) ofreces cumplir con las exigencias de inversión y de impuestos a cambio de seguridad jurídica,” puntualizó a Convoca.pe Luis Durand, abogado especialista en Derecho Tributario.

Lo cierto es que estos convenios también generan costos administrativos para el Estado. “Al estabilizar un régimen tributario desde hace décadas, al Estado le cuesta mantener un aparato administrativo encargado de gestionar la estabilidad de un régimen que podría estar ya caduco hace años”, señaló Eduardo Sotelo.

De otro lado, si analizamos el marco legal sobre el que se sustenta la suscripción de los convenios de estabilidad jurídica, podremos advertir que, en agosto de 2001,se modificó la ley que obligaba a los contribuyentes a pagar la tasa del impuesto a la renta más 2 puntos porcentuales con el objetivo de proteger su inversión. Es decir, con la ley N° 27514 se anuló este pago a favor del Estado, convirtiéndose en un beneficio más para los “grandes inversionistas” que se adhieran a estos compromisos desde esa fecha.

Además de la naturaleza controversial de los convenios, resulta incierto hasta hoy por qué se firmaron dichos acuerdos cuando dos meses antes, en julio del 2017, ya existía información que apuntaba a la existencia del ‘Club de la Construcción’––un cartel de empresas, entre ellas CASA, que se repartían licitaciones de concursos públicos de una entidad que dependía del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Actualmente el fiscal Germán Juárez Atoche viene investigando a CASA y a su representante legal, Jaime Sánchez Bernal, por su participación en el Club de la Construcción en relación al proceso de licitación de tres obras que también fueron ejecutadas en la selva peruana. Los proyectos investigados son la carretera Tingo María - Aguaytía (Pucallpa), la carretera Juanjuí Tocache tramo Campanilla (San Martín), y la carretera Chamaya-Jaén-Puente Integración (Cajamarca). 

Convenios con Toledo y García

Esta no es la primera vez que Sánchez Bernal, en representación de CASA y la empresa ecuatoriana matriz a la que pertenece, Hidalgo e Hidalgo (HeH),  firma convenios de estabilidad jurídica para asegurar ganancias y beneficios de ambas compañías.

El 15 de setiembre de 2005, durante el gobierno del exmandatario Alejandro Toledo, suscribió un contrato-ley en representación de HeH para la construcción y explotación del tramo vial Puente Pucusana-Centro Azul-Ica de la carretera Panamericana Sur. En representación de Proinversión firmó Carlos Herrera Perret.

Convenio de estabilidad jurídica firmado entre el Estado peruano y la empresa CASA en 2005.

Recordemos que Hidalgo e Hidalgo, compañía matriz de CASA en Ecuador, tiene en su haber dos escándalos por corrupción en Panamá y Ecuador. En el país centroamericano se vio envuelta en el pago de más de US$ 10 millones en coimas para beneficiarse con el proyecto de riego en el Valle de Tonosí, el cual tuvo un valor de US$ 155 millones. Este caso terminó con el ex vicepresidente de esa nación, Felipe Alejandro Virzi encarcelado.

Mientras que en Ecuador aparece vinculada al proyecto de riego Carrizal - Chone Fase 2 junto con Odebrecht, por realizar pagos ilícitos por esa obra.  A su vez, estuvo ligada al aporte de 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Rafael Correa en el 2014.

En Perú, a HeH y CASA no le han ido nada mal especialmente en el segundo gobierno de Alan García (ver infografía interactiva). Precisamente en el régimen aprista, en octubre del 2007, Hidalgo e Hidalgo firmó un convenio de estabilidad jurídica en el marco de la concesión del tramo 5 de la carretera Interoceánica Sur. En representación del Estado peruano firmó Antonio Miguel Castillo Garay, director de la Dirección de Promoción de Inversiones de Proinversión.

Precisamente, sobre la adjudicación de dicho tramo, la Contraloría viene investigando indicios de irregularidades y corrupción.

Pero las sospechas de pagos ilícitos asociados a la Interoceánica Sur se remontan a años atrás.  En junio de 2015, Convoca.pe puso al descubierto pagos de sobornos de la constructora brasileña por el tramo 4 de la este megaproyecto durante el regímen de Alejandro Toledo, y reveló las suscripciones de 22 adendas por los tramos 2, 3, y 4 que ocasionaron que los presupuestos por dichos tramos se incrementen en más de US$1200 millones. Dichos tramos estuvieron a cargo de las principales empresas brasileñas hoy investigadas en el caso Lava Jato: Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, y Queiroz Galvão. 

Dos años después, también en el segundo gobierno del exmandatario Alan García, CASA como accionista de la Concesionaria Vial del Sol ( COVISOL), suscribió el 24 de julio de 2009 otro convenio de estabilidad jurídica en el marco de la concesión de la Autopista de Sol Tramo Trujillo-Sullana. El documento fue firmado por el actual gerente general de CASA, Jaime Sánchez Bernal, y por el lado del Estado peruano, Cayetana Aljovín Gazzani, directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión Privada (Proinversión).

A estos beneficios tributarios, se suman los cuestionamientos por el potencial impacto ambiental y social de la Hidrovía Amazónica. El Estudio de Impacto Ambiental detallado del referido proyecto ha recibido observaciones de más de 10 entidades públicas como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Áreas Naturales Protegidas, el Ministerio de Cultura  y el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pese a ello, estamos frente a un consorcio que ha logrado acceder, por decirlo menos, a ciertos privilegios en medio de investigaciones por corrupción.

Con colaboración de Shirley Cayetano y Paul Tuesta.