Cuando Carlos Lomena, un camionero que vive en los suburbios de Miami, perdió su trabajo en enero durante la pandemia del coronavirus, le suplicó a un juez que evitara que el propietario de su vivienda lo desalojara. Lomena, de 37 años, esperaba un trato justo en el juzgado. Había emigrado de Venezuela después de la secundaria con la sensación de que Estados Unidos tenía un sistema legal más justo.

En una carta al juez de Florida, señaló la reciente prolongación de la moratoria nacional contra los desalojos durante el brote de coronavirus y pidió más tiempo para pagar las deudas de su alquiler.
“No tengo a dónde ir”, escribió Lomena, “ni dinero para mudarme a un departamento nuevo”.

El propietario de su departamento – un conglomerado de empresas inmobiliarias de Miami y Iowa – no se conmovió por sus pedidos; tenía que cumplir con sus inversores. La empresa presionó al juzgado para que lo desalojara a pesar de la moratoria federal y, a comienzos de febrero, el juez dictaminó que Lomena no había completado el formulario correcto para evitar su desalojo. Días después, en plena pandemia, la Oficina del Sheriff del condado de Broward colocó en su puerta un cartel grande con una gruesa tipografía roja, ordenándole a Lomena que si no vaciaba su casa en 24 horas lo arrestarían por ocupación ilegal.
Lomena no está solo.

Los inquilinos en todo el país se vienen enfrentando a tácticas agresivas, incluyendo desalojos durante la pandemia – por parte de un número cada vez mayor de grandes propietarios corporativos que cuentan con fondos de inversores ricos de todo el mundo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 150 medios asociados revisaron un caudal de documentos filtrados que ofrecen un panorama sin precedentes de las maniobras financieras globales que convierten a los pagos de alquileres en grandes ganancias que suelen quedar ocultas en cuentas de empresas fantasma controladas por inversores anónimos.

Los inversores relevados de los documentos filtrados incluyen fideicomisos en el extranjero que controlan millones de dólares para la Legión de Cristo, una orden católica romana muy adinerada, que cayó en desgracia por un escándalo internacional de pedofilia.

Los documentos confidenciales indican que los fideicomisos se convirtieron en un socio secreto de la estructura propietaria del complejo de departamentos donde vive Lomena, cuando colaboraron con los propietarios invirtiendo dos millones de dólares en 2015. Los fideicomisos invirtieron otros millones en otros edificios residenciales modestos en Florida, Texas, Iowa, Indiana e Illinois.

Poco después de que el Vaticano anunciara en 2010 que incautaría las operaciones de la orden en problemas y que comenzaría con una nueva investigación, ejecutivos de alto perfil de la Legión de Cristo comenzaron a crear los primeros tres fideicomisos encargados de cuentas bancarias en Suiza, según los documentos filtrados.

Dos de estos fideicomisos movieron millones de dólares alrededor del mundo. Esto incluyó más 14 millones de dólares destinados a inversiones en complejos habitacionales que Pensam Capital, la empresa propietaria del edificio de Lomena, estaba comprando a lo ancho de los Estados Unidos. En sus comentarios al ICIJ, los representantes de Pensam dijeron no haber recibido información que indicara que hubiera recibido inversiones de la Legión.

Estos dos fideicomisos llegarían a controlar cerca de 300 millones de dólares en activos adjudicados a la Legión de Cristo, según los registros filtrados, mientras las víctimas de abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes buscaban compensaciones financieras de la orden mediante demandas judiciales y a través de una comisión supervisada por el Vaticano.

Ante las preguntas sobre el conocimiento del Vaticano de los fideicomisos de la Legión, los representantes de la orden contestaron al ICIJ que “los institutos religiosos no están obligados a enviar información detallada al Vaticano sobre sus decisiones financieras o su organización interna”.

En declaraciones al ICIJ, la Legión reconoció que había creado uno de los tres fideicomisos, pero se distanció de los otros dos, que controlaban la mayoría de los fondos atribuidos a la Legión. La Legión dijo no tener conocimiento de las operaciones de los otros dos fideicomisos. Ambos fueron financiados por vástagos de una familia industrial prominente de México, incluyendo al Padre Luis Garza Medina, uno de los máximos líderes de la Legión. Un portavoz que respondió a las preguntas del ICIJ sobre el Padre Garza negó que el cura tuviera algún control sobre los fideicomisos.

Según los documentos filtrados ejecutivos de alto perfil de la Legión de Cristo crearon tres fideicomisos encargados de cuentas bancarias en Suiza. Foto Difusión

La revisión del ICIJ de los documentos revela conexiones profundas entre los tres fideicomisos y la Legión, que declaran el mismo domicilio en Nueva Zelanda y comparten también sus administradores.

Un representante de Garza dijo que los fideicomisos secretos eran estrictamente caritativos y estaban dedicados a apoyar a sacerdotes ancianos y otras causas católicas, y que solo hicieron aportes caritativos.
Los documentos filtrados son parte de los Pandora Papers, millones de archivos secretos que están en el centro de la investigación mundial de ICIJ y sus medios asociados, incluyendo la BBC, el Washington Post, L’Espresso en Italia, El País en España y las publicaciones mexicanas Quinto Elemento Lab y Proceso. Los registros que involucran a la Legión de Cristo provienen de Asiaciti Trust, un prestador de servicios corporativos radicado en Singapur que colaboró en la administración de los fideicomisos en Nueva Zelanda.

Los documentos hallados contienen grandes cantidades de datos sobre diversos inversores adinerados que usaron entidades en el extranjero para direccionar su dinero al mercado inmobiliario.
Son parte de un tipo creciente de inversores internacionales en emprendimientos inmobiliarios que suelen usar tácticas duras para maximizar la tasa de rentabilidad de las propiedades ocupadas por inquilinos de recursos bajos y medios.

Docenas de actuales y antiguos inquilinos de edificios en propiedad de Pensam entrevistados para este artículo detallaron los problemas de sus unidades habitacionales, incluyendo inundaciones, moho o humedad, artefactos rotos y ascensores peligrosos. Pensam se asocia regularmente con BH Management Services, una empresa radicada en Iowa, que se encarga de la administración cotidiana de sus propiedades.

La revisión de más de 100 casos judiciales en Florida demostró que los administradores de las propiedades sumaron penalizaciones por mora elevadas a los pagos de alquiler, y buscaron desalojar rápidamente a los inquilinos que no pudieran pagar. Los inquilinos dijeron que era difícil comunicarse con el servicio de atención al cliente de la empresa que las notificaciones de desalojo parecían ser la herramienta que más usaban para lidiar con los inquilinos. En una declaración, BH dijo que coordina el cobro de los alquileres “adhiriéndose estrictamente a los contratos de alquiler y a la ley, incluyendo a las órdenes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) con respecto a los desalojos”.

Los altos rendimientos que las empresas financieras prometen a sus inversores acaudalados exprimen inevitablemente a que los inquilinos más vulnerables, según Jim Baker, el director ejecutivo del Private Equity Stakeholder Project, una organización sin fines de lucro que monitorea a empresas de capital privado y otros grandes inversores.

“Este es el problema de la desigualdad global en la distribución de la riqueza cristalizado en una industria”, dijo Baker.

En 2013, Pensam y BH Management desalojaron a Collette Northrop y a sus hijos de un departamento en Dunedin, Florida, después de que su familia no lograra pagar 895 dólares, según las actas del juzgado. Solo unos meses antes, los fideicomisos a cargo del dinero de la Legión de Cristo habían aportado en secreto más de un millón de dólares para que Pensam adquiriera el complejo de departamentos. Nortrhop dijo que su familia se había mudado a un hotel de alojamiento y que los hijos habían cambiado de escuela. “En ese momento estábamos sin techo”, dijo Northrop. “Los chicos preguntaron: ‘¿cómo vamos a decirle a la gente que vivimos en un hotel?’ Todo esto es devastador para una familia.”

“Los millonarios de Cristo”

En 1941, un cura mexicano carismático llamado Marcial Maciel fundó la Legión de Cristo, una orden católica que se volvería famosa por cortejar intensamente a patrocinadores adinerados. Algunos llegaron a apodar “los millonarios de Cristo” a los Legionarios de Maciel.

Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Foto: Difusión

Durante seis décadas creció un culto a la personalidad de su fundador. A los miembros de la Legión les enseñaban que Maciel era un “santo viviente”. Su creación se expandió y se convirtió en una potencia global mientras construía vínculos con las autoridades del Vaticano y con católicos muy ricos e intelectuales republicanos conservadores en los Estados Unidos, como el fundador de Domino’s Pizza Tom Monaghan, el ex gobernador de Florida Jeb Bush y el ex senador de Pensilvania Rick Santorum.

Maciel se convirtió en “el mayor recaudador de fondos de la iglesia moderna” – y “su mayor delincuente”, según Jason Berry, un periodista investigador que indagó en las profunidades de la Legión y su líder.
A comienzos de 1997, Berry y un periodista del Hartford Courant escribieron una nota de portada donde expusieron los abusos sexuales que Maciel había cometido durante décadas, donde informaban que nueve hombres lo habían denunciado por haber abusado de ellos cuando eran niños o jóvenes formándose para convertirse en curas.

Antes de que la nota fuera publicada, según informó Berry más tarde, uno de los confidentes de Maciel, el Reverendo Luis Garza, “viajó a las casas de la Legión en distintos países para advertir sobre su próxima publicación, declarando que estaba basada en mentiras, y advirtiendo a los legionarios que ... no leyeran la nota si se encontraban con una edición.”  

En 2006, después de verse plagado durante años por las acusaciones contra el fundador de la Legión, el Vaticano investigó casi 100 denuncias de abuso contra Maciel y lo separó del sacerdocio, ordenándole adoptar una “vida de oración y penitencia”.

Cuando Maciel murió en 2008, el escándalo no murió con él. La revelación de que había sido padre de varios hijos con distintas mujeres atrajo todavía más atención negativa a la Legión de Cristo. La Legión resultaba una carga cada vez mayor para el Vaticano.

En medio del escrutinio sostenido, buena parte del liderazgo de la orden pasó a manos de Garza, conocido como el arquitecto de su compleja estructura financiera. Garza venía de la familia que controla desde hace décadas el grupo Alfa de México. Garza se unió a la Legión después de graduarse de la Universidad de Stanford y rápidamente ascendió por los rangos hasta convertirse en uno de los hombres de mayor confianza para Maciel.

El primero de mayo de 2010, el Vaticano anunció que tomaría el control de las operaciones de la Legión, su acción más dramática contra una orden católica durante el escándalo global por abusos sexuales. El Vaticano evaluaría las finanzas de la Legión y los posibles crímenes sexuales, y crearía una comisión para compensar a las víctimas.

El mes siguiente, uno de los hijos de Maciel presentó una demanda de alto perfil contra la Legión, alegando que la orden sabía y había permitido que Maciel abusara de él y de otros niños. En julio de 2010 – dos días antes de que la autoridad nombrada por el Vaticano tomara el control para reformar a la Legión – Luis Garza ayudó silenciosamente a crear el primero de los tres fideicomisos secretos en Nueva Zelanda que guardarían el dinero de la Legión.

El Vaticano no contestó a las múltiples solicitudes de comentarios.

Durante su investigación, el Vaticano parecía actuar de acuerdo a la creencia de que la Legión no contaba con mucho dinero. El supervisor del Vaticano para la Legión, el cardenal Valasio de Paolis, escribió en septiembre de 2011 que la situación financiera de la legión era “seria y desafiante” y que algunas víctimas solicitaban “sumas enormes que la Legión absolutamente no puede afrontar”, según un libro publicado en 2012 del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, basado en los documentos filtrados del Vaticano referidos a los abusos sexuales.

Al momento de la creación de los fideicomisos, Nueva Zelanda era un destino popular para quienes buscaban ocultar dinero en el extranjero. Los fideicomisos que controlaban el dinero de la Legión tenían cuatro cuentas en bancos suizos, y otra cuenta en un banco radicado en Génova, el Lombard Odier, que el Departamento de Justicia estadounidense descubriría más tarde que había ayudado a sus clientes a ocultar activos de las autoridades fiscales de su país.

La hermana de Garza, Roberta, que había abandonado la rama laica de la Legión después de terminar la escuela secundaria, le dijo al ICIJ que la Legión había usado históricamente estructuras en el extranjero para orientar el dinero aportado por religiosos caritativos a fines más egoístas, incluyendo el suntuoso estilo de vida de Maciel, sus hijos secretos y su consumo de drogas. “Los financistas conservaban mucho dinero fuera de la Legión, eran gente con poder notarial completamente fiel a la Legión”, dijo Roberta Garza. “Nunca podrían encontrarlo”.

Mientras los fideicomisos neozelandeses armaban sus portafolios de inversión en silencio, la Legión se enfrentaba a amenazas legales de múltiples frentes.

En un litigio civil que comenzó en 2011, Luis Garza y otros miembros de la Legión fueron acusados de defraudar a una mujer católica anciana por 60 millones de dólares en donaciones caritativas a la orden. Según The Associated Press, Garza fue uno de los líderes responsables de la Legión por distribuir el dinero de los fideicomisos de la mujer, aunque él no estuvo acusado en el caso. La Legión dijo en ese momento que no había ejercido una influencia indebida sobre la viuda. El caso fue desestimado más tarde por un juez de Rhode Island que dijo que la sobrina de la mujer no estaba en posición de demandar.

La policía de Milán inició una investigación criminal en 2013 para corroborar si clérigos de alto rango de la Legión habían intentado sobornar a una víctima italiana de abuso sexual para que retractara el testimonio que había presentado ante la fiscalía. Cuatro miembros de la Legión fueron acusados por ese intento de extorsión. El caso sigue abierto.

El mismo Garza fue acusado por abuso de menores en una demanda de 2016 que atrajo la atención de los medios, pero que fue retractada en 2019. En ese momento, un representante de la Legión dijo que Garza “niega categóricamente su participación en este abuso o cualquier otro.” La investigación interna de la misma Legión exculpó a Garza. En mayo, los abogados de la supuesta víctima le dijeron a L’Espresso, un socio de ICIJ en Italia, que estaban explorando formas para volver a presentar la demanda.

En noviembre de 2017, L’Espresso publicó una investigación sobre una parte del imperio financiero de la Legión, donde revelaron que habían pasado 300 millones de dólares por una empresa perteneciente a la Legión en Bermuda una década atrás. Aunque los fideicomisos de Nueva Zelanda estaban en actividad cuando esta información fue publicada, se mantuvieron como un secreto bien guardado. En respuesta a la revelación de sus actividades financieras en Bermuda y otros paraísos fiscales, la Legión declaró que “no posee empresas offshore, ni posee recursos en empresas offshore.”

La orden describió las cuentas en el extranjero como una reliquia del antiguo reinado de Maciel.
En febrero de 2020, el Papa Francisco le dijo a la Legión que se había manchado por el culto a la personalidad en torno a su fundador e, incluso tras una década de intensa supervisión del Vaticano, la orden todavía no se había reformado completamente.

‘Proyectos espirituales’

Pensam Capital es parte de una nueva ola de empresas de inversión que acarrearon miles de millones de dólares al circuito inmobiliario en la estela de la crisis financiera de 2008 – una tendencia que provoca el temor de que la industria financiera conquiste el mercado de viviendas.

En 2017, una investigación respaldada por las Naciones Unidas advirtió que “el papel creciente y el dominio sin antecedentes de los mercados financieros y de las corporaciones en el sector de la vivienda” contribuían al crecimiento de la pobreza, de los desalojos y de las personas sin techo en todo el mundo.

En su página web, Pensam Capital se jacta de haber invertido más de 3,5 mil millones de dólares en propiedades para alquiler desde 2009, y promociona, entre sus servicios, “inversiones directas” en el mercado inmobiliario.

Aunque Pensam está enfocada en alquileres de departamentos, otras empresas de inversión, incluyendo algunos inversores de capital privado, incrementaron dramáticamente sus compras de casas unifamiliares después de 2008. Entre estas empresas están Blackstone y Colony Capital, de las más grandes y mejor conocidas. Blackstone adquirió más de 80.000 casas unifamiliares en todo el país durante la última década.

Uno de los mayores propietarios de casas unifamiliares es Pretium Partners, una empresa de capital privado que llegó rápidamente a la cima del mercado después de ser fundada en 2012, y superó a muchos de sus competidores hasta convertirse en uno de los mayores propietarios de inmuebles residenciales en Estados Unidos. Conocida usualmente como Progress Residential, la empresa posee más de 55.000 casas en todo el país.

Los Pandora Papers incluyen documentos que revelan la compleja estructura y dinámica del fondo de inversiones original de Pretium. Un comité de la cámara baja del Parlamento estadounidense está investigando los desalojos de los inquilinos de Pretium durante la pandemia. En respuesta a las preguntas del ICIJ, Pretium dijo que “siempre ha cumplido la moratoria del CDC”, y que “ningún residente comprendido por las declaraciones del CDC ha sido desalojado de las propiedades de Pretium por no pagar el alquiler”.
Mientras Pensam Capital conservó un perfil más bajo que Pretium, ambas empresas atrajeron inversores que usaban mecanismos financieros en el extranjero.

Cuando el escándalo se arremolinaba en torno a la Legión de Cristo, las riquezas de los fideicomisos en Nueva Zelanda eran transportadas por todo el mundo hacia diversas propiedades para alquiler en los Estados Unidos.
A través de Pensam Capital, los fideicomisos invirtieron en al menos ocho complejos de departamentos en Florida, Texas, Indiana, Illinois y Iowa. En documentos filtrados obtenidos por el ICIJ, Pensam ubicaba la meta para la tasa de ganancia anual por las propiedades de alquiler en 15%, un rendimiento que superaría cómodamente al del mercado de acciones.

Los fideicomisos hicieron docenas de otras inversiones, incluyendo participaciones en centros de rehabilitación, una empresa de dispositivos médicos radicada en Texas y una empresa mexicana de suplementos alimentarios.

La estructura usada por los fideicomisos para hacer inversiones parece haber sido diseñada tanto para ser secreta como para permitirle a la Legión distanciarse legalmente de las vastas reservas de dinero.
“Los fideicomisos te permiten disfrutar de las cosas cuando es el momento correcto, pero sin tener la desventaja de ser técnicamente el dueño del dinero”, le dijo al ICIJ Andreas Knobel, un investigador de la Tax Justice Network que ha estudiado intensamente los fideicomisos. “Pueden afirmar: ‘No tengo nada que ver con esto’”.

Los fideicomisos de Nueva Zelanda no se vieron obligados a presentar registros públicos que los vincularan a los líderes de la Legión.
Documentos de entre 2004 y 2017 filtrados de Asiaciti presentan a Nueva Zelanda como un lugar que “provee las ventajas de una jurisdicción offshore establecida” sin el estigma de los paraísos fiscales más conocidos. Los documentos sostienen que los fideicomisos de Nueva Zelanda no necesitan ser registrados ante ninguna entidad gubernamental local y que son ideales para quienes buscan proteger sus activos de acreedores y recaudadores fiscales. (En 2017, después de que medios asociados a ICIJ revelaran que Nueva Zelanda era un destino privilegiado por los ricos para ocultar sus activos, el país reforzó sus regulaciones para los fideicomisos).

Para realizar las inversiones en Estados Unidos, los fideicomisos de Nueva Zelanda usaron una empresa fantasma en Delaware llamada Lowndes Holdings Inc. Los registros públicos de Lowndes no contienen ningún rastro de su relación con los fideicomisos o con la Legión.

Ni la Legión ni sus líderes sufrían sanciones ni estaban sujetos a investigaciones criminales en los Estados Unidos. Pero las inversiones insinúan la facilidad con la cual millones de dólares pueden ser inyectados all mercado inmobiliario manteniendo un perfil bajo. Los expertos culpan a las regulaciones federales que permiten la confidencialidad que vuelve tan atractivo al mercado inmobiliario estadounidense para los que buscan esconder dinero.

Pensam presentó una declaración donde dice que “se adhiere a un programa de conformidad amplio para ‘conocer a nuestros clientes’ cuando analiza si aceptar a un nuevo inversor o continuar una relación con un inversor existente”. Dijo que “no recibió ninguna información que los llevara a creer que alguno de sus inversores haya estado o estuviera actualmente controlado o administrado por la Legión de Cristo.”

La Legión reconoció en comentarios al ICIJ que había creado uno de los tres fideicomisos – el Fideicomiso Caritativo Jubilatorio y Médico – para recibir donaciones que financiarían las vidas de los curas ancianos. La Legión dijo que no tenía conocimiento de las operaciones de los otros dos fideicomisos que controlaban la mayor parte de su dinero – el Fideicomiso AlfaOmega y el Fideicomiso Salus. Estos dos fideicomisos controlan cientos de millones de dólares en activos consignados al Fideicomiso Caritativo Jubilatorio y Médico.

Un portavoz de la Legión dijo que sería incorrecto “atribuir cualquier decisión, inversión o actividad” de esos dos fideicomisos a la Legión. Pero también reconoció que la Legión a veces solicitaba “donaciones” de los dos fideicomisos, “que tienen la libertad de cumplir o rechazar esas solicitudes”.

Sin embargo una revisión de muchos de los registros filtrados corrobora los vínculos intensos entre los fideicomisos y los más altos rangos de la Legión.

Miembros prominentes de la Legión ayudan a controlar los tres fideicomisos. Todos comparten el mismo domicilio, los mismos fiduciarios, son administrados por la misma empresa y tienen cuentas en los mismos bancos suizos. Un operador financiero de la Legión llamado Alejandro Páez Aragón es el “protector” de los fideicomisos AlfaOmega y Salus – un puesto que le da una influencia profunda sobre ellos. En torno al momento de la creación de los fideicomisos, Páez Aragón dirigía el principal instrumento de inversión de la Legión, el Grupo Integer. Páez Aragón es el cuñado de Luis Garza.

En una nota filtrada de 2016, un abogado tributario neozelandés que analizaba a los tres fideicomisos calificó a AlfaOmega y a Salus como “esencialmente conductos hacia” el Fideicomiso Caritativ oJubilatorio y Médico.

Los administradores de los fideicomisos esperaban que fueran calificados como puramente “caritativos o religiosos” a efectos de obtener los beneficios del tratado impositivo que Nueva Zelanda mantiene con los Estados Unidos. Pero la nota del abogado advertía que los fideicomisos AlfaOmega y Salus no tenían “prohibiciones explícitas de asignar beneficiarios no caritativos”.

El abogado recomendó limitar los fideicomisos a fines estrictamente caritativos, quitando la posibilidad de que individuos específicos se convirtieran en beneficiarios. No está claro si este cambio alguna vez fue realizado.

En declaraciones al ICIJ, un portavoz de AlfaOmega y Salus dijo que los fideicomisos tenían el objetivo de “ayudar a los sacerdotes ancianos y a los individuos consagrados, así como apoyar proyectos sociales, caritativos y espirituales basados en las enseñanzas católicas”.

El portavoz dijo que los fideicomisos pueden cambiar sus destinatarios previstos en cualquier momento.
En un documento sin fecha del Servicio Interno de Impuestos estadounidense obtenido por el ICIJ, el Fideicomiso Caritativo Jubilatorio y Médico solicitó una exención impositiva como organización puramente caritativa o religiosa.

Qué hicieron los líderes de la Legión hasta hora con las ganancias de las inversiones en Pensam, entre otras, no está claro. Un documento filtrado suma 1,63 millones de dólares en repartos de los fideicomisos por “gastos anuales de manutención” de la Legión de Cristo, sin especificar a dónde fueron los fondos. En respuesta a las preguntas del ICIJ, la Legión no explicitó quién recibió ese dinero. Un portavoz de Garza dijo que los fideicomisos solo han apoyado causas caritativas.

‘Vivir en una pesadilla’

A comienzos de septiembre de 2015, los fideicomisos neozelandeses invirtieron dos millones de dólares a través de Lowndes Holdings en el complejo donde luego residiría Carlos Lomena en Plantation, Florida. Según su página web, Pensam iba a valorizar esa inversión mejorando los exteriores de los departamentos, cambiando el diseño del paisaje y haciendo otras mejoras. Pensam le dijo al ICIJ que invirtió millones en el complejo.

Legalmente el complejo era propiedad de un conglomerado empresario llamado PBH Plantation LLC – un guiño a la asociación entre Pensam Capital y BH Management.
ICIJ visitó los edificios a fines de junio, justo después de que Pensam informara la venta del complejo por 46 millones de dólares a una empresa administradora inmobiliaria radicada en Miami.

Las fachadas de los edificios de cuatro pisos son atractivas, con barandas modernas de vidrio en los balcones y colores tierra que quedan bien en el paisaje tropical. Más allá de las fachadas, los corredores exteriores muestran daños de agua y las puertas de los departamentos están cubiertas de moho. Una gran notificación de desalojo seguía en la puerta de un antiguo residente que había sido expulsado en mayo.

Los inquilinos que habían alquilado a PBH Plantation dijeron que la administración no demoraba en cobrarles penalizaciones duras por demoras en los pagos.

“Si te pasabas tres días de la fecha de pago, el recargo era de 100 dólares. Tres días después de eso, te mandaban una carta hablando del desalojo”, dijo un antiguo inquilino de PBH Plantation, que dejó el complejo de departamentos por la suba del alquiler y pidió permanecer anónimo.

Earl Walker, un inquilino del complejo de Plantation, dijo que PBH Plantation tardó meses en ocuparse de los daños en su unidad causados por el agua y las filtraciones – pero que eran muy rápidos para penalizarlo cuando pagaba el alquiler apenas pasado el período de gracia de tres días. “Tenía una filtración acá, y tardaron meses en venir a arreglarla. Pero si yo tardo un par de horas más, toman las armas”, dijo Walker sobre las penalizaciones. “Realmente no es justo”.

Mariya Vazhelyuk, madre de dos, dice que su departamento del tercer piso tiene filtraciones grandes cuando hay tormentas y que sus hijos sufrieron problemas respiratorios durante los primeros meses después de mudarse ahí – una reacción, cree, al moho o a los hongos. Dijo que varios meses antes de que Pensam vendiera el edificio, la puerta del ascensor se había cerrado sobre el cochecito donde llevaba a uno de sus hijos. El chico salió ileso, dice, pero el cochecito quedó trabado entre las puertas.

Según los registros públicos, los inspectores del condado de Broward encontraron 40 infracciones en los tres ascensores del complejo entre febrero de 2018 y abril de 2021, incluyendo permisos vencidos, averías en los mecanismos que evitan que las puertas se abran entre pisos, teléfonos y alarmas de emergencia rotos y extintores de fuego vencidos.

En agosto de 2019, la ciudad de Plantation emitió una citación por “exceso de moho” en las escaleras y pasillos de todo el complejo, así como por los “olores molestos” de la basura.
Varios antiguos inquilinos de los edificios que son propiedad de Pensam se quejaron de los costos del proceso judicial y otras cargas asociadas a los desalojos.

Una presentación de desalojo de 2017 de uno de los complejos de departamentos de Pensam en Florida, por ejemplo, muestra que el administrador inmobiliario de la empresa le cobró a un inquilino, que debía 1.960 dólares en alquileres atrasados, otros 662 dólares en honorarios de abogados y costos judiciales, 203 en cargos por mora y cerca de 175 en “otros gastos” – llevando el total a 3.000,02. Este edificio también era administrado por BH Management.

“Las penalizaciones por mora y los gastos judiciales para estas empresas son una forma importante de incrementar sus ganancias”, le dijo al ICIJ Shamus Roller, el director ejecutivo del National Housing Law Proyect. “Este proceso tiene el objetivo de extraer la mayor cantidad de dinero posible de los inquilinos más pobres”.

Lo que más le molesta a Lomena de su desventura fue la falta de voluntad de PBH Plantation de trabajar con él, incluso durante la moratoria a los desalojos por la pandemia del coronavirus. En la carta que le mandó en enero al juez, Lomena remarcó que había conseguido un trabajo nuevo, aunque todavía no había cobrado su primer sueldo. De todas formas, la empresa siguió adelante con su desalojo.

El proceso de desalojo se prolongó por semanas, durante las cuales Lomena vendió casi todos sus muebles a través de Facebook Marketplace – para poder irse rápidamente si perdía el caso. “Vendí todo”, dijo Lomena. “Estar ahí era como vivir en una pesadilla”.

Un portavoz de BH Management Services dijo que es “responsable por coordinar el cobro de los alquileres de los inquilinos, lo cual hacemos adhiriendo estrictamente a los contratos de alquiler y a la ley, incluyendo las órdenes del CDC con respecto a los desalojos durante la pandemia de COVID-19”.
Lomena había llamado a abogados para que lo ayudaran, dijo, pero ninguno le ofreció una tarifa que él pudiera pagar. Entonces intentó defenderse a sí mismo en el caso. Como no había presentado los formularios federales requeridos por el CDC para protegerse del desalojo – solo había mencionado la moratoria en su carta al juzgado – el juez aprobó el desalojo el 4 de febrero.

En una declaración presentada al ICIJ, Pensam dijo que BH Management se “comprometía a no desalojar a ningún residente por falta de pago de alquileres mientras presentaran una declaración válida del CDC”. Pensam dijo que “las penalizaciones por mora y los gastos legales están declarados en todos los contratos de alquiler” y “son consistentes con los estándares de la industria y cumplen con las leyes federales, estatales y locales”.

Una semana después de que el juez dictara sentencia, al volver a su casa Lomena, se encontró con dos notificaciones de desalojo del despacho del sheriff en su puerta de entrada. Lomena se apuró para encontrar un lugar donde vivir, y alquiló una habitación por 700 dólares al mes en la casa de una señora mayor.

Lomena dijo que la propietaria de su habitación solo le permitía usar la cocina los domingos, cuando prepara la comida para el resto de la semana. Dijo que llegó a un acuerdo con PBH Plantation para pagar su deuda – la mezcla de alquileres, penalizaciones por mora, honorarios de abogados y otros gastos – en cuotas de aproximadamente 300 dólares al mes.

Lomena dijo que espera mudarse a un departamento propio nuevamente, pero le preocupa que ningún propietario lo acepte por su desalojo – una consecuencia grave para los desalojados a largo plazo, según los defensores de los derechos de inquilinos.

“Acá no siento poder salir a flote”, dijo Lomena. “Quiero seguir adelante, ahorrar dinero y ser feliz”.
Colaboradores: Mathiew Tourliere, Andrea Cardenas, Georgina Zerega, Leo Sisti, Mike Hudson, Dean Starkman, Kathryn Kranhold, Margot Gibbs, Brenda Medina, Agustín Armendariz, Emilia Díaz-Struck.
Traducción de Ignacio Rial-Schies/elDiarioAR

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