Roberth Orihuela Quequezana | 4 de octubre de 2023
Este es un reportaje para Convoca, en alianza con Connectas, con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Vilma Maque recuerda cuando era niña y corría entre las calles del antiguo pueblo de Condoroma, en la provincia de Espinar, región Cusco. La hermosa vista de las montañas nevadas con riachuelos bajando, las casitas de piedra con techo de ichu donde vivía con sus padres, el camino hacia el colegio a donde iba todas las mañanas y la iglesia, también de piedras, que hoy luce abandonada y casi destruida. Todo el viejo pueblo luce ahora como si de las ruinas de un pueblo preinca se tratase.
Sentada en una roca de la antigua veta de plata que era explotada por la empresa minera Hochschild desde la primera mitad del siglo pasado, Vilma mira en la parte baja el pueblo en el que algunas vez vivió. Y a la derecha, la mina que la compañía abandonó hace casi cuatro décadas, pero que hoy sigue contaminando el río Condoroma. Aparte de la veta, abierta como una herida en la montaña, hay bocaminas que escurren agua, construcciones abandonadas —algunas con techo de calamina y otras casi en ruinas—, socavones profundos por donde se extraía el mineral, una moledora de roca, desmontes, y más abajo, a lado del río, una cancha de relaves secos del tamaño de dos estadios de fútbol, cuyo polvo fino es carcomido y arrastrado todos los años por el afluente.
Estos desechos dejados por las operaciones mineras son conocidos como pasivos ambientales mineros. De acuerdo con el conteo actual del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en todo el país hay 6.904 de estos desechos contaminando el medio ambiente. Sin embargo, expertos consultados para este reportaje advierten que el número real podría superar los 15 mil, debido a que las autoridades han detenido la labor de búsqueda y registro de pasivos. Y más bien, año a año van reduciendo la cantidad, pues para el 2021 la cifra era de casi 8 mil.
En el 92% de los casos, el Estado peruano no ha podido dar con los responsables, pues un vacío en la ley de Pasivos Ambientales Mineros, que se promulgó en 2004, permitía que las mineras renuncien a su derecho minero si no deseaban invertir en el cierre de las minas. Es decir, en la remediación. Esto provocó, señala el especialista en temas ambientales de la Universidad Católica San Pablo, Benigno Sanz, que en Cusco quede el mayor subregistro, pues, pese a que la región ha sido centro de la minería a gran, mediana y pequeña escala, incluso desde el tiempo del Imperio de los Incas, apenas se tienen registrados 240 desechos contaminantes, de los cuales en solo cuatro de ellos se pudo señalar al responsable para remediarlos. Además, el Minem decidió eliminar de la lista a una veintena de pasivos, a pesar de que siguen contaminando. Mientras que a nivel nacional, entre 2021 y 2022 se excluyeron 783 pasivos.
Pueblo minero fantasma
“Cuando la mina se fue, dejó todo contaminado”, dice Vilma, quien además recuerda que tras varias décadas de explotación el pueblo de Condoroma se fusionó con la mina. Esa simbiosis peligrosa ocasionó que, finalizada la operación de Hochschild, el pueblo sea mudado hacia donde hoy se ubica, en el tramo de la carretera Arequipa - Cusco.
Pero no pudieron alejarse mucho de la contaminación. Elmer Céspedes, presidente de la comunidad campesina de Alto Condoroma, advierte que la presencia de los desechos mineros provocan la muerte de sus alpacas y vicuñas, la inexistencia de peces. También les ha impedido contar con una represa que les permita mantener agua para los meses de sequía, debido a que el agua está contaminada.
Según el registro del Minem, en el distrito de Condoroma hay 42 pasivos ambientales, entre bocaminas, desmontes, relaves, trincheras, chimeneas y construcciones. De estos, 16 se encuentran donde estaban ubicadas las operaciones de la mina de plata de Hochschild. Y entre otros contaminantes, lo que resalta es que el Minem no ha listado la gigantesca poza de relaves. Para conocer por qué, solicitamos en varias oportunidades una entrevista con algún representante de la entidad pública, por canales formales y a través del personal de prensa, pero nunca confirmaron.
Vilma Maque cuenta que tenía 8 años cuando la compañía dejó de operar y la gente del pueblo empezó a mudarse debido a la contaminación que hasta hoy persiste. De acuerdo a un estudio realizado en 2013 sobre minas inactivas en la región Cusco, por la Dirección de Asuntos Ambientales del Minem, en la poza de relaves abandonados se encontraron altos niveles de azufre, potencial de acidez y potencial de neutralización. Estos juntos incrementan la acidez de las aguas provocando la muerte de las especies acuáticas, al igual que los desmontes y las bocaminas.
A pesar de que han pasado más de 11 años, este es el último estudio que evalúa la situación en la zona. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realiza estudios de calidad del agua en el río Condoroma, que es el afluente que llena la represa del mismo nombre y que a su vez brinda agua a más de 30 mil hectáreas de cultivos agrícolas en la irrigación Majes, en la costa de Arequipa. Sin embargo, no tienen ningún punto de control en la zona de los pasivos ambientales de la antigua mina de Condoroma. Así lo confirmó el ingeniero Lardy Chalco de la Autoridad Local del Agua Colca-Chivay, quienes realizan los estudios en la zona. El funcionario advirtió la deficiencia y aseguró que en futuros estudios tomarán en cuenta los pasivos ambientales de esa área minera.
Esta falta de data afecta también al pueblo de Condoroma. El alcalde de esa localidad, Vladimir Peña, explica en la plaza de esta comunidad que años atrás intentaron construir una represa aguas abajo de los pasivos mineros, con el fin de contar con agua que sirva para mantener la ganadería de alpacas durante la época de estiaje (bajo caudal del río). “Pero la ANA no dio el visto bueno. De acuerdo con unos estudios que se hicieron, el agua en esa zona está muy contaminada con metales pesados. El estudio no lo tenemos. Pero desde entonces la represa quedó en el olvido”, dice.
El edil además indica que la empresa que compró la unidad minera, Brexia GoldPlata, estuvo realizando trabajos de exploración hasta el 2012 en la mina Condoroma con el fin de volver a explotar. Sin embargo, “un día se fueron y no volvieron”. Parte de su documentación está aún en el campamento que adecuaron en la zona. En los papeles puede advertirse que al parecer las vetas de plata no eran suficientes para promover una explotación a gran escala.
Hoy, en Condoroma, solo hay agua potable para uso poblacional y los ganaderos de auquénidos andinos siguen dependiendo de la lluvia. “Todos los años perdemos decenas de cabezas de alpaca. La mayoría son crías que no soportan el frío o beben el agua contaminada”, añade Elmer Céspedes mientras arrea sus alpacas junto a sus perros.
Pasivos sin remediación
Desde el 2004 existe la Ley de Pasivos Ambientales Mineros. El primer texto proponía que las empresas mineras dueñas de las explotaciones debían presentar su plan de cierre, con el fin de remediar el daño ambiental. Sin embargo, en el artículo 5 la norma daba una salida a las empresas. Estas no asumían ningún responsabilidad si renunciaban a su derecho minero.
El especialista en temas mineros Edwin Alejandro, de la Red Muqui, un colectivo de instituciones civiles y científicas que asesora a comunidades donde se realiza la actividad minera, explica que debido a este “lamentable vacío” muchas empresas mineras aprovecharon la ocasión para abandonar los pasivos en minas de las que ya habían exprimido todo el mineral.
Una de estas empresas fue Hochschild, que en Cusco además abandonó la mina Raymondi, también ubicada en el distrito de Condoroma. Esta empresa, cuyo principal accionista es Eduardo Hochschild, uno de los empresarios más ricos del Perú, abandonó otros 15 pasivos, que fueron adquiridos por la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Antonio Raymondi Cusco. No obstante, esta compañía no se ha ocupado de remediarlos, más bien los están aprovechando para extraer plata, plomo y oro, por lo que la contaminación continúa. Un estudio de calidad de agua realizado por la ANA en 2021, señala que la quebrada Luli, a donde fluyen los desechos de la mina, exceden el Potencial de Hidrógeno (pH), que determina la acidez de las aguas.
Edwin Alejandro recuerda que el artículo 5 de la ley, que permitía el abandono de pasivos ambientales, se mantuvo vigente por diez meses. En mayo del 2005 la norma se modificó para señalar que aunque las empresas renuncien a sus derechos aún permanecerían como responsables de remediar los contaminantes. Pero ya era muy tarde. Esos diez meses fueron suficientes para que el 92% de los pasivos listados hasta el 2022 queden abandonados sin causante identificable.
“Las empresas abandonaron las minas y con ello los pasivos ambientales. Es por eso que hoy nadie se hace cargo de ellos y la responsabilidad cae en el Ministerio de Energía y Minas, que además no se preocupa en asignar presupuesto para remediarlos”, añade el especialista de la Red Muqui.
La ley también señala que el Minem tiene la responsabilidad de remediar los pasivos “huérfanos”. Esto a través de la empresa estatal Activos Mineros SAC (Amsac). Sin embargo, esta entidad no tiene independencia y solo remedia lo que el gobierno le asigna. Desde Amsac indicaron que todos los años esperan la asignación de presupuesto del Minem para la remediación de los pasivos que este ministerio considere en su política. “Además —dice— en muchos casos depende de las comunidades, que pidan la remediación con protestas y reclamos constantes”, dijeron.
Para el 2023, Amsac tiene 65 proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros en 11 regiones, con un presupuesto de apenas S/ 100 millones (US $ 25 millones). En el sur, solo las regiones de Puno y Tacna tienen procesos, mientras que Cusco sigue en el olvido. La única labor que Amsac realizó en esta región fue la capacitación, en abril, de dirigentes para que conozcan sobre el proceso de remediación. Con esto esperan que presenten propuestas que podrían ser analizadas por las autoridades.
El especialista en temas ambientales de la Universidad Católica San Pablo, Benigno Sanz, advierte que la remediación del gobierno va a paso muy lento. Uno de los casos más emblemáticos en el sur son los pasivos que dejó la minera Aruntani en las alturas de la región Moquegua y que hoy contaminan el río Tambo. A pesar de que la contaminación se advierte desde el 2014, recién en septiembre de este año convocaron a un concurso para que una empresa determine el estado actual del cierre de la mina.
También apunta a que los gobiernos locales y regionales deberían preocuparse en solicitar al gobierno nacional presupuesto para remediar los pasivos ambientales. Y el Minem debería exigir a las empresas que compraron las minas que inviertan en la remediación de los pasivos. “Cuando se adquieren las minas, no solo se compran los activos, sino también los pasivos. Es un tema legal que el gobierno debe resolver. Si no hay planes de cierre entonces el Ministerio de Energía y Minas debe exigir a las empresas. Ahí también entra el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), de aplicar la norma y sancionar a las empresas que mantengan los pasivos”, agrega.
Pero esto no es tan fácil. Ni Brexia GoldPlata ni la minera Antonio Raymondi han recibido una sola sanción del OEFA por mantener los pasivos en Condoroma. Mientras tanto, los pobladores siguen viviendo contaminados, sentados, mirando cómo el río se carga los relaves sin que nadie pueda impedirlo.
Para este reportaje se buscó la versión de las empresas Brexia GoldPlata y minera Antonio Raymondi, pero no respondieron las llamadas. En tanto, a través de su agencia de relaciones públicas, minera Hochschild declinó de dar una versión para este reportaje.