Después de las revelaciones de Convoca y BRIO sobre los presuntos pagos de soborno por la construcción de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, representantes de los partidos políticos de los dos ex presidentes salieron al frente a culparse unos a otros. En un comunicado, el partido aprista aseguró que estos hechos “confirmaban graves irregularidades en la contratación de la carretera” durante el gobierno de Toledo, que según aseguraron, fueron denunciados en su momento por el ex congresista aprista José Augusto Vargas. En respuesta, el parlamentario de Perú Posible, Daniel Mora, aseguró que el megaproyecto fue investigado en el Congreso en 2008 y no se encontraron irregularidades. Lo cierto es que si se revisan los archivos del Poder Legislativo, se puede comprobar que ambos partidos políticos caen en contradicciones rotundas. Las dos investigaciones que se realizaron sobre la Interoceánica durante el gobierno de Alan García quedaron en el aire por la decisión de los mismos apristas que hoy atacan a Perú Posible. Y es falso que no se encontraron irregularidades. Revisemos.

Dos meses después de terminado el gobierno de Alejandro Toledo, en setiembre de 2006, se creó una Comisión en el Congreso para investigar la gestión del ex presidente. La integraron Freddy Serna (Unión Por el Perú), Martha Moyano (Perú 2000), Elías Rodríguez (Apra), Mario Peña (Alianza Parlamentaria) y Rosa Florián (Unidad Nacional). Las presuntas irregularidades en las concesiones otorgadas para la construcción de la carretera interoceánica fue uno de los casos que investigó el grupo de trabajo. 

El informe final en mayoría de la Comisión se presentó el 30 de abril de 2008. Llevaba las firmas de Serna, presidente de la comisión, Rodríguez, Moyano y Florián. Un mes después, el fallecido congresista Mario Peña presentó un informe en minoría en el que pasaba por alto los cuestionamientos contra la Interoceánica y Camisea. Mientras que el 29 de mayo, Rosa Florián retiró su firma del informe Serna y decidió respaldar el documento de Peña. Con este giro parlamentario, la investigación de la Interoceánica perdió fuerza a pesar de las graves irregularidades encontradas.

En el documento se indica que al estimarse el costo por kilómetro final de las obras ejecutadas de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera y realizarse “la comparación con estándares similares de la República de Colombia y con otras obras nacionales”, se pudo “determinar un sobrecosto en perjuicio del Estado”.  Estos tramos precisamente estaban en manos de las empresas brasileñas Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, involucradas en el actual escándalo Lava Jato por el presunto pago de coimas a funcionarios de la estatal Petrobras para obtener contratos.

Camargo Corrêa, que formaba parte del consorcio Intersur que construyó el tramo 4, habría pagado sobornos por la construcción de esta carretera durante el gobierno de Toledo y García de acuerdo al informe de la Policía Federal que estuvo a cargo de la operación “Castillo de Arena”, que en 2009 permitió la incautación de documentos, correos y USB de los directivos de esta empresa, tal como reveló Convoca y BRIO el último martes.

Informe de la Policía Federal del caso "Castillo de Arena" en el que se muestran pagos durante el gobierno de García.

La Corte Suprema de Brasil confirmó en febrero último la anulación del proceso judicial de este caso debido a que la empresa interpuso una medida legal para anular la forma en que se recogieron las evidencias de la oficina y casa de los directivos de la empresa. Sin embargo, Camargo Corrêa no ha podido negar la veracidad de la información.

En Perú, los incrementos millonarios del costo de la carretera fueron duramente cuestionados. El informe Serna aseguró que el sobrecosto “por kilómetro de vía asfaltada (..) superaría en 79.11% al costo por kilómetro promedio de obras nacionales similares evaluadas por la Contraloría”. 

Otro elemento que llamó la atención de la Comisión fue que Proinversión modificó las bases durante la licitación de manera que redujo requisitos para los postores del tramo 1, que tenía como una de sus principales concesionarias a la empresa peruana Graña y Montero, y del tramo 5.

La comisión cuestionó, a su vez, la aprobación de la Ley 28670 que declara de interés nacional varios proyectos, entre ellas IIRSA SUR. La norma permitió explícitamente que empresas con juicios pendientes con el Estado postulen para la concesión de dichas obras. Antes de la ley, ninguna empresa en litigio con el Estado peruano podía participar. 

Por otro lado, sobre la suscripción de la tercera adenda del contrato del tramo 4 que tenía como una de sus concesionarias a Camargo Corrêa, la comisión Serna determinó que era perjudicial para el Estado y que modificaba las condiciones en las que se dio la licitación. Según el informe, esta decisión beneficiaba financieramente a la concesionaria y llevaba al Estado peruano a asumir mayores riesgos.

Informe de la comisión investigadora del gobierno de Alejandro Toledo.

Sobre esta adenda, Convoca reveló que, según los documentos incautados por la Policía Federal de Brasil a los directivos de Camargo Corrêa , esta empresa tenía previsto el pago de una “propina” de 31 mil 667 dólares el 25 de julio de 2006, un día antes que el viceministro de Transportes Néstor Palacios firmara esta modificación del contrato. 

La adenda permitía la creación del Certificado de Reconocimiento de Derechos sobre el Pago Anual por Obras (PAO), que era una especie de bono otorgado por el Estado a pedido de los concesionarios para que puedan venderlo a financieras y otros privados interesados.

La comisión recomendó denunciar penal y constitucionalmente a los funcionarios encargados de aprobar y suscribir el contrato y la adenda. Pero todo quedó en el papel y nunca se discutió en el pleno del Congreso. ¿Cómo fue esto posible?

El 11 de mayo de 2010, el Consejo Directivo del Congreso, presidido por el aprista Luis Alva Castro, decidió “pasar al archivo los informes en mayoría y en minoría” de la comisión investigadora del gobierno de Toledo. La propuesta para este archivamiento la realizó Carlos Bruce, entonces parlamentario de Perú Posible y hombre cercano a Toledo. Sin embargo, esta decisión fue irregular: el Consejo Directivo no tiene la facultad para aprobar o archivar los informes de investigación, según el reglamento del Congreso.

Aprobación para archivar informe del Congreso que encontró presuntas irregularidades en Interoceánica.

La comisión decapitada

La comisión Serna no fue la única que investigó la Interoceánica Sur durante el régimen aprista. El 17 de abril de 2008, trece días antes de que Serna presentara su informe final, el Congreso aprobó un nuevo grupo de trabajo dedicado exclusivamente al “Proyecto Corredor Interoceánico Perú – Brasil IIRSA Sur”.  

Esta comisión fue presidida por Margarita Sucari e integrada por el aprista Aurelio Pastor, Renzo Reggiardo, Juvenal Silva y Juan Carlos Eguren. En 60 días útiles debían investigar presuntas irregularidades en el contrato, las adendas y la ejecución de la obra, principalmente en los tramos 2, 3 y 4 de la carretera.  También estaba bajo la lupa el rol de las empresas supervisoras y el presunto incumplimiento de las “cláusulas referidas al impacto ambiental” por parte de las compañías. 

Sin embargo, la comisión tuvo varios problemas para cumplir su labor. El 3 de agosto de 2008, su presidenta Margarita Sucari, apareció en un programa de televisión denunciada por supuestos cobros de salarios de sus trabajadores. Sucari fue suspendida en sus funciones parlamentarias mientras que el 11 de agosto, el vicepresidente Renzo Reggiardo renunció a la Comisión. 

El 29 de ese mes, la parlamentaria Susana Vilca presentó una moción para que la comisión sea recompuesta y se le dé un plazo mayor para investigar el caso. El 25 de setiembre, el aprista Pastor, Silva y Eguren presentaron el informe final del grupo de trabajo en el que se indicaba que no se encontraron irregularidades en la Interoceánica. Sin embargo, el Partido Aprista pide hoy que se investigue las irregularidades en la Interoceánica cuando uno de sus principales representantes tuvo la oportunidad de hacerlo y prefirió pasar todo por alto.

Este es el informe que la empresa Camargo Correa hizo referencia en un reciente comunicado en respuesta al reportaje de Convoca y BRIO, sin mencionar las debilidades de estos hallazgos y sin tomar en cuenta el informe Serna.

Pero las revelaciones en el caso de la Interoceánica Sur recién comienzan.

El Ministerio Público decidió iniciar las investigaciones sobre los presuntos pagos de soborno. Convoca confirmó con fuentes de dicha institución que el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, César Zanabria Chávez, ya habría designado al responsable del caso. 

La Comisión de Fiscalización del Congreso lleva seis meses investigando presuntas irregularidades en las obras ejecutadas por las cuatro principales empresas brasileñas que operan en nuestro país:  Camargo Corrêa, Odebrecht, Queiroz Galvao y OAS, confirmó aConvoca su presidente Enrique Wong. El parlamentario reveló que ya realizaron el pedido de información a las autoridades de Brasil para que remitan la documentación sobre los casos “Castillo de Arena” y “Lava Jato” vinculada a Perú.

El ex procurador anticorrupción, Julio Arbizú, explicó que la nulidad del proceso en Brasil no impide que el Ministerio Público peruano inicie una investigación sobre los presuntos pagos de sobornos con relación a la Interoceánica. Para Arbizú, es posible solicitar a la justicia de Brasil que remita toda la documentación para iniciar los procesos en nuestro país. 

* Con la colaboración de Aramís Castro y Milagros Salazar.

Fecha de publicación: Domingo, 14 de junio de 2015. 9 a.m.

Este artículo también fue publicado en la edición impresa de La República del 14 de junio de 2015.