El mapa de la región San Martín está moteado de bosques verdes y extensos, interrumpidos a veces por las huellas claras de la deforestación. Y al mismo tiempo que esta zona de la Amazonía es depredada sin descanso, 22 funcionarios del gobierno regional y regentes forestales han visto árboles que nadie más ha visto y han impulsado, recomendado y aprobado 37 Planes de Manejo Forestal (PMF) con información fraudulenta, según documentos del Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (Osinfor) revisados por Convoca.pe.

Los PMF permiten que se controle y se registre cómo se gestiona determinado ecosistema boscoso destinado a la extracción. En estos documentos se determina el número de árboles existentes y permite que se comercialicen legalmente las especies madereras obtenidas de los predios inventariados. Pero si esta información se falsea, los PMF pueden servir luego para el blanqueamiento de madera ilegal. Los traficantes aprovechan los datos sobredimensionados para que recursos obtenidos en tierras no autorizadas pasen como si provinieran de una concesión legal.

En San Martín se concentra el 5% del bosque amazónico nacional, pero la deforestación lo acecha. En el año 2021 se registró la pérdida de 13  mil hectáreas de bosque. Foto: Andina. 

De acuerdo con documentos obtenidos por este medio del Área de Planificación Forestal del Gobierno Regional de San Martín, de las 14 concesiones con fines maderables que existen en la región, dos han sido sancionadas porque sus PMF contenían información falseada. Sin embargo, Osinfor maneja otra información. El organismo asegura que hay 22 concesiones que suman 357 hectáreas: en cinco han extraído madera sin autorización y cuatro han sido intervenidas por contar con planes forestales con datos falsos.

La misma entidad señala que entre 2018 y 2023 se incautó una cifra que supera los 3 mil metros cúbicos de “Volumen movilizado proveniente de extracción no autorizada” en San Martin. 

Fuente: Osinfor.

Una de las concesiones con planes forestales fraudulentos es la administrada por Aserradero Victoria SAC. La concesión es de 30 mil hectáreas y su plan fue elaborado por el regente forestal Adriel Reategui Trigozo —cuya licencia fue otorgada por SERFOR —, recomendado por el funcionario del Ara Harry Parra Castañeda y aprobado en 2010 por el entonces gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional San Martín (ARA-San Martín), Miguel Alva Reátegui. En la supervisión de Osinfor a esta concesión en el año 2011, de una muestra de 175 árboles se comprobó que 125 no existían. 

El caso de Aserradero Victoria SAC, gerenciada por el ciudadano chino Hoi Ming Lau Kong y ubicada en la provincia de Mariscal Cáceres, ilustra el problema de porqué los PMF con información inexacta están relacionados a actividades ilícitas. Esta empresa, de acuerdo a la La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Criminalidad Organizada de San Martín equipo n°4 , es pieza clave en la organización criminal de tráfico de madera “El Clan de la Topa”, pues en sus instalaciones se acopiaba la madera ilegal para empezar su periplo hacia el norte del Perú y el extranjero. La banda fue desmantelada en noviembre del 2023, tras dos años de investigación. Convoca.pe intentó comunicarse con la oficina de la empresa, pero no obtuvo respuesta.

En la operación seallanó la sede central de la ARA-San Martín. En el operativo se detuvo a 18 implicados por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, entre funcionarios y ciudadanos. La banda, según las sospechas del Ministerio Público, era conformada por 34 personas de nacionalidad peruana y ecuatoriana, y tenía en su estructura a policías, ex funcionarios  y funcionarios en funciones de la ARA.

Su método era extraer ilegalmente madera en la Amazonía y acopiarla en Aserraderos Victoria SAC, para luego enviarla al norte del país (Zarumilla, Tumbes), después a Ecuador y finalmente a Europa. Además de Aserraderos Victora, las empresas que integraban este presunto sistema ilegal eran Almacenes Aswan SAC, SD Logistic Agencia de Aduana SAC, Jalsuri Green SAC y Exportaciones Sambac Narvaez SAC.

Entre los detenidos del “Clan del Topa” figura Jhon Robert Cárdenas Gallardo, jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dipincri) de Tarapoto (San Martín), conocido en la organización criminal con el alias de “Comandante”. La función del jefe policial era facilitar el transporte de la madera ilegal cuando en el 2021 y 2022 fue comisario de la Comisaria Sectorial Cobain Vasquez de la ciudad de Juanjuí, en la misma región, lo que revela por qué fallaba este puesto de control.

Notificación. Caso "El... by Convoca

El allanamiento de la oficina de Gestión Forestal y Fauna Silvestre, perteneciente a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín, ocasionó que por el momento se suspenda la emisión de guías forestales. En entrevista para este medio, Carlos Villavicencio Vásquez, gerente de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, indicó que el sistema y los equipos para emitir guías están en poder de las autoridades.

“A partir del allanamiento de la oficina de la Dirección Forestal y Fauna Silvestre, se ha suspendido la emisión de las guías forestales. Ahora no contamos con los equipos, pues han sido allanados y llevados a Lima. Aunque estamos a la espera seguimos viendo con Serfor [Servicio Nacional Forestal] el tema de los procesos de cambio de uso”, señaló el gerente del ARA. 

Aserradero Victoria SAC. Supervisión by Convoca on Scribd

En la región de San Martin, otras concesiones intervenidas en los últimos años son las administradas por Alto Saposoa SAC y Biavo SAC. El exfuncionario Martín Alva Reategui también aprobó sus planes de manejo forestal en 2013 y 2014. En ese entonces era director de Recursos Naturales del Gobierno Regional de San Martín. Actualmente labora como especialista en recursos naturales del Proyecto Humedales de Profonanpe.

Otra concesión intervenida por extraer producto forestal sin autorización fue Aserradero Yurimaguas, según el Área de Planificación Forestal de San Martín. Actualmente las investigaciones continúan y la tala ilegal cobra mayor fuerza en la región amazónica encontrando poca resistencia de las autoridades regionales y nacionales.

Para la directora de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en Perú, Julia Urrunaga, las sanciones contra los regentes funcionarios sería que Serfor los retire del Registro de Regentes Forestales, y a los funcionarios el Estado debe sancionarlos y abrirles procesos administrativos y penales. 

"Eliminar del registro de regentes forestales a todos los que han hecho por lo menos un inventario forestal falso, no se les puede dejar hacer más. El funcionario que se demuestra que ha validado inventarios forestales falsos tendria que salir de inmediato y abrirle proceso administrativo y penal por lo cometido. Si se saca del camino  la mayor parte de personas que están cometiendo estos delitos será mucho más dificil lavar madera", declara Urrunaga

Perdida de cobertura vegetal en San Martin del 2004 al 2023. Fuente: Geoservidor

Planes adulterados y sus consecuencias

Usualmente el blanqueo de madera se da cuando los traficantes han obtenido las especies en un predio no autorizado para extracción de árboles. Durante el transporte de la mercancía ilegal, para salvar los controles de fiscalización pueden presentar una “Guía de Transporte Forestal” en la que sustenten que su carga proviene de una concesión autorizada, donde muchas veces tales árboles solo existen en el papel de un Plan de Manejo Forestal adulterado. En otras palabras, para traficar los recursos recurren a guías de transporte “oficiales”, pero que contienen información falsa. 

Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en Perú, indica que el Estado peruano no ha tenido acciones contundentes para mitigar esta problemática aún sabiendo que el sector está dominado por la ilegalidad. La especialista añade que es “increíble” que la gran mayoría de los involucrados— entre regentes forestales y funcionarios públicos— en estos procesos fraudulentos no tengan sanciones administrativas ni procesos judiciales.

“Cuando accedemos a la data tenemos niveles exageradamente altos de ilegalidad. No puede ser posible que casi el 100%  sea ilegal y que se acepte como algo normal”, respecto al problema de adulteración de información en los Planes de Manejo Forestal, Urrunaga indica que gran parte del problema se encuentra en los profesionales que evalúan de manera ocular las concesiones otorgadas y en quienes posteriormente aprueban estos planes. 

“En el proceso de obtener autorización para comercializar y extraer madera legalmente el concesionario debe hacer un inventario forestal, un proceso detallado de los árboles que existen en el área de su concesión que va aprovechar en ese año. Para eso realiza un plan operativo anual para un área específica. No puede sacar madera de donde quiere. Se asume que esa información debe ser real, quien firma eso es un ingeniero forestal [o regente forestal autorizado por Serfor]. Lamentablemente en gran cantidad se comete fraude: se inventan la existencia de árboles que luego son validados por la autoridad forestal correspondiente. Lo que tendría que hacer la autoridad antes de validar es entrar a campo y verificar, pero eso casi no se hace”, asegura. 

En los últimos años se ha vuelto realmente difícil identificar la trazabilidad de las especies debido a la variación del formato del acta de documentación, en el que se han eliminado diversos puntos claves de reconocimiento como el número de concesión, el punto de extracción y la ruta. “Algo tan simple, que nos serviría para detener madera ilegal y abrirnos mercados, se ha eliminado”, declara para Convoca.pe. 

A nivel nacional se registran 1.313 planes fraudulentos , según la plataforma Madera Legal de Proética.

Hugo Che Piu, presidente de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indica que estos funcionarios operan normalmente porque solo se ha informado del hecho, pero no se ha sancionado. 

“Lo que tenemos es una situación escandalosa en varias regiones amazónicas. Por ejemplo en Loreto, donde el caso es muy grave, parece que existe una mayor tolerancia a la corrupción en el sector forestal peruano que en otros sectores”, precisa el abogado Che Piu. Además, el especialista indica que aparentemente los datos de incautaciones y de disminución de la deforestación— otorgados por los organismos estatales —dan la sensación de progreso contra la tala ilegal, pero son cifras del 2019. 

“Estamos atendiendo al paciente con datos pasados. Hay un problema de desfase, y en campo la sensación de ilegalidad no ha cambiado mucho. El Estado debe ser más efectivo en el control y supervisión”, puntualiza.

San Martín posee el 5% de cobertura de bosques amazónicos de Perú y por ello es también una de las más amenazadas por distintos ilícitos relacionados con especies maderables. Entre enero del 2021 y julio del 2023 el ARA-San Martín recibió informes de 106 denuncias por delitos contra los bosques, tala ilegal, tráfico ilegal de productos forestales y quema de bosques en la región. Además, en el mismo período, la autoridad impuso 43 multas por "intervenciones forestales" y detectó 121 infracciones muy graves donde las especies más afectadas fueron el cedro, la quinilla y el tornillo.

Hugo Che Piu señala que para salvar el bosque es importante la prevención: evitar que haya funcionarios vulnerables a la corrupción, porque son una pieza necesaria para que exista el blanqueo de madera. 

La deforestación en San Martín puede estar relacionada a distintas modalidades, una de ellas es el cambio de uso de tierras. Foto: Andina

Cambio de uso de tierras forestales: ¿legalidad para deforestar?

El cambio de uso de la tierras forestales es la modificación de áreas de bosque para otras actividades que pueden ser agrícolas, agropecuarias, entre otras. En San Martín son cientos de miles de hectáreas involucradas en esta modalidad. Desde el 2004 hasta julio del 2023, San Martín ha perdido 69 mil hectáreas de cobertura vegetal por cambio de uso de la tierra, según Geoservidor, la plataforma de monitoreo geoespacial del Ministerio de Ambiente.

En el 2022 se perdieron 7.865 hectáreas y en el 2023, más de 1.500 hectáreas. En el Mapa de Densidad de Cambios por Pérdida de Cobertura Vegetal entre el 2004 y 2022, San Martín fluctúa entre los valores de densidad Muy Alta y Extremadamente Alta.

Otro problema es que en la región se registra un incremento de pastizales, lo que indica que las áreas deforestadas han aumentado. En el 2000 se registraban 300 hectáreas y en el 2022 fueron 32 mil hectáreas.

El gerente del ARA, Carlos Villavicencio, advirtió en entrevista con este medio que en los pedidos de cambio de uso que llegan a la oficina ambiental los titulares de los predios no especifican para qué piden la autorización. Por este motivo el ARA ha verificado que algunos administrados no cumplen con lo estipulado y utilizan sus terrenos para otros fines. Cuando esto sucede, según el funcionario, se implementa un proceso de sanción administrativa. 

“Cuando empezamos la gestión había denuncias donde se especificaba que los ‘cambios de uso’ se usaban para blanquear madera. Y sí, al supervisar nos hemos encontrado con administrados que no han hecho lo que se decía en el expediente. Entonces los sancionamos y le damos la información a procuraduría para que proceda una denuncia”, explica el ingeniero. 

De lo afirmado por Villavicencio, se desprende que una de las principales debilidades del cambio de uso de tierras es la falta de supervisión estatal. De acuerdo a especialistas consultados en este reportaje, la manera de saber qué uso se dará a las tierras y si cumplen con las condiciones es mediante supervisiones.

Lo complicado de no tener idea de para qué se variará el uso de la tierra es que eso acarrea diversos problemas como afectación en los bosques y aumento de blanqueo de madera.

Por su parte el gobernador regional de San Martín, Walter Grúndel Jiménez, al ser consultado sobre la creciente preocupación por la deforestación y la ausencia de respuesta de la Autoridad Regional Ambiental, declaró a Convoca de manera muy breve que está llevando a cabo cambios en el personal de la dependencia ambiental.

Para Fernando Regal, especialista en sistemas de información geográfica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, hablar de cambio de suelo es hablar básicamente de deforestación antrópica. Es decir, por actividad humana. Regal también propone que los tratos, y procesos sancionadores a los deforestadores, deben ser diferenciados.

“Es importante analizar los elementos que están provocando el cambio de uso de suelos. Si es la expansión agrícola del pequeño agricultor que llega a un lugar, tala, quema y tiene un tiempo de producción hasta que acaba... La mayor parte no tiene la capacidad para usar tecnología avanzada. Finalmente el suelo se agota y van a otro espacio que se vuelve a deforestar. El trato con ese agricultor debe ser distinto”, señala Regal. 

El especialista propone que a los pequeños agricultores se les debe dar herramientas para evitar la deforestación y se les tiene que diferenciar de los mineros ilegales, empresas agroindustriales, traficantes de madera y demás actores relacionados con ilícitos.

El tráfico de madera no es una actividad exenta de la violencia, es un yugo que ha cobrado la vida de uno de los defensores ambientales más importantes de la región San Martín, como es el caso de Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad Kechwa de Santa Rosillo y líder del valle de Yanayacu, quien sostenía una lucha frontal contra los taladores ilegales. 

Inuma, quien en el papel tenía garantías brindadas por el Ministerio de Justicia para salvaguardar su vida, fue asesinado el 29 de noviembre del 2023, cuando se desarrollaba este reportaje. El apu había denunciado innumerables veces ser amenazado de muerte. Incluso fue golpeado en el 2021. Lamentablemente no hubo una respuesta estatal eficaz para mantenerlo a salvo. 

Cuando el líder indígena fue entrevistado por Convoca para este reportaje, denunció que desde hace muchos años exigían y esperaban en su comunidad la presencia del Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), así como de funcionarios de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín. 

“Nosotros luchamos todos los días para evitar que sigan acabando nuestros bosques. Nos cansamos de esperar la visita de nuestras autoridades y de los fiscalizadores ambientales. Hasta el momento no hay respuestas concretas. Mientras tanto, seguimos exponiendo nuestras vidas para conservar nuestra Amazonía”, señaló el apu.

El Apu Quinto Inuma fue asesinado frente a su esposa e hijo cuando volvía a su comunidad Santa Rosillo. Foto: Hugo Anteparra.

La falta de vigilancia, supervisión y respuesta de las autoridades agrava la lucha contra la tala de madera en la región y coloca en situación vulnerable a los defensores ambientales que se atreven a enfrentar este ilícito. 

La abogada Cristina Gavancho León, asesora legal de comunidades indígenas en la zona del Bajo Huallaga y de la provincia de Lamas, asegura que la deforestación está avanzando de manera preocupante en San Martín y la falta de políticas claras para combatir el cambio climático agrava aún más la situación. Indica que a pesar de que las autoridades tienen conocimiento, por los monitoreos satelitales, de las zonas dónde hay deforestación, no ensayan acciones concretas para combatirla.

*Con la colaboración de Hugo Anteparra.