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A pesar de que el gobierno peruano tiene normas claras sobre el aprovechamiento de las macroalgas marinas, las entidades encargadas de fiscalizar la legalidad de la producción que luego se exporta hacia China no están realizando su labor. Esto es aprovechado para la extracción ilegal que se concentra mayormente en el litoral arequipeño donde el impacto del ecosistema se incrementa afectando a otras actividades que dependen de bosques marinos.
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