La promulgación de la ley 30230 en julio de 2014 - que gracias a favoreció a las compañías mineras y petroleras con la eliminación y reducción de sus multas por infracciones ambientales así como beneficios en deudas tributarias - evidenció el cambio de discurso del presidente Ollanta Humala quien en la campaña electoral 2011 se mostraba crítico a las élites, el modelo económico y los tratados de libre comercio. Además, Humala condenaba el efecto de las industrias extractivas. Años después, y ya en el poder, el mandatario se mostró cercano a los gremios empresariales.

En su última publicación Cuando el poder extractivo captura el Estado: Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú, Francisco Durand, investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza las decisiones que tomó el gobierno de Ollanta Humala respecto a la inversión privada y la reactivación de la economía peruana a partir de medidas incluidas en la norma 30230 creada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con presiones mediáticas de los gremios empresariales. Durand también ha considerado los hallazgos de la investigativa de Convoca 'Excesos sin castigo' sobre los impactos de esta ley.

Días previos al inicio del mandato de Humala, el 25 de julio, el fundador del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada, encabezó una lista de 60 economistas que publicaron en el El Comercio un comunicado en el que trasladaban tres desafíos que debía enfrentar el nuevo gobierno: mantener la estabilidad macroeconómica del país, conservar las condiciones para permitir el crecimiento económico y mejorar la eficiencia del Estado.

En la investigación se destaca el estallido del conflicto minero Conga como el hito que produjo la ruptura entre Ollanta Humala y su equipo de gobierno y asesores iniciales. Al final , el mandatario continuó apoyando a las corporaciones y su modelo económico. A partir de este contexto, la intervención del MEF fue creciendo y, a la vez, empezó a incluir el concepto del “destrabe” para referirse a la necesidad de agilizar procesos en las entidades públicas a favor las principales compañías de las industrias extractivas.

Para el caso específico de la ley 30230, según la publicación de Durand, existió una secuencia de hechos desde julio de 2011 hasta la promulgación del ‘paquetazo ambiental’ en julio de 2014. El análisis se basa en el discurso de los principales actores en los medios impresos de mayor alcance en el país y las acciones que tomó el gobierno de Humala.

Durand señala que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) - así como el MEF- inició su discurso sobre el “destrabe” en 2012. Alfonso García Miró, empresario vinculado familiarmente al Grupo El Comercio, y presidente en la Confiep, declaraba en enero de ese año que habían “proyectos energéticos, de petróleo, mineros e industriales paralizados por faltas de autorizaciones, de permisos”.

Con el transcurrir de los meses, en mayo de 2013, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 104-2013-EF que declaraba de interés nacional “la promoción de la inversión privada y público privada”. Esta medida encargaba a la cartera de Economía y Finanzas crear un equipo especializado de seguimiento a la inversión. En junio de ese año, Alonso Segura se convirtió en jefe del Gabinete de Asesores del MEF y también dirigió el equipo de seguimiento de la inversión.

A pocos días que la norma ingrese al debate en el Consejo de Ministros, el gremio empresarial continuaba su estrategia mediática. El 8 de junio de 2014, Roberto Abusada, el economista que lideró el comunicado en el que él y colegas sugerían los desafíos económicos que debía enfrentar el nuevo gobierno, dio una entrevista a El Comercio en la que comentaba la necesidad de reformar la “permisología”, al considerarla “el factor determinante de la parálisis de la inversión minera” y “las trabajas a la inversión en todas sus modalidades”. El día siguiente, el diario tomó las declaraciones de Abusada como parte de su editorial en la que indicaba que era necesaria “una reforma mayor”.

Otro sector que recogió los comentarios del sector empresarial fue el de Energía y Minas, bajo el mando de Eleodoro Mayorga cuando se aprobó el ‘Paquetazo’. Para Mayorga, recuerda Durand en su investigación, el Minem deseaba “lidiar orgánicamente con la permisología y con la burocracia estatal que entorpece la inversión privada”.

Las decisiones del Ejecutivo - y su cercanía con las empresas- evidenciaban que durante la elaboración de la ley en el MEF no se tomaron en cuenta la opinión de otras carteras públicas que se verían afectadas como el Ministerio del Ambiente o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La toma de decisiones se dio por la estrecha relación con los gremios empresariales y el MEF como actor cada vez más clave.

Ya con la norma vigente y luego de dirigir al equipo que trabajó la norma, Alonso Segura declaraba a El Comercio, tras su nombramiento como ministro de Economía y Finanzas en setiembre de 2014, que tuvieron reuniones con la Confiep para “conocer el diagnóstico de las problemáticas”. Sin embargo, el hoy titular del MEF no se reunió con los grupos sociales como las ONG y grupos indígenas que iban a ser impactados por la medida.

Como reflexión final, Durand señala tres puntos a considerar: leyes como la 30230 permiten conocer cómo un grupo económico puede favorecerse a partir de la “influencia desmedida de las élites económicas y coordinadas con los ministros”, cómo las normas limitan la fiscalización tributaria y ambiental del Estado y cómo grupos sociales vulnerables son afectados con las medidas que buscan potenciar los ingresos de las industrias extractivas.

*Foto de portada: Directivos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y Ollanta Humala días antes de asumir el cargo en 2011.Foto: Internet.