Argentina

Por Emilia Delfino (Diario Perfil)

Odebrecht admitió haber pagado al menos 35 millones de dólares en Argentina, pero aún no se conoce oficialmente quiénes fueron los destinatarios de los pagos. Tres de las obras de la compañía están en la mira judicial por presuntos sobreprecios, cartelización y coimas: la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas, la ampliación de los gasoductos de 2006 y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

El caso toca de lleno a exfuncionarios del matrimonio Kirchner, entre ellos el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, y al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, exsocio de Odebrecht.

El principal obstáculo para probar los sobornos es que la legislación argentina no permite un acuerdo de colaboración en los mismos términos en los que se realizó en Brasil.

Camargo Correa es investigada por otra planta potabilizadora. Techint es blanco de una causa por el caso Angra3. Contreras Hermanos afronta un expediente por presuntos sobornos.

Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue acusado de recibir dinero del doleiro Leonardo Meirelles. Ninguno de los jueces de la causa permitió que se investigara.

Julio de Vido, exministro de Planificación e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Política Judicial.

Brasil

Por Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo)

Hasta el momento, la condena del expresidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, a nueve años y seis meses de prisión por el juez federal Sergio Moro es la principal decisión judicial de la Operación Lava Jato en Brasil.

El caso también llevó a la presentación de la denuncia penal contra el presidente de la República Michel Temer, acusado de corrupción pasiva. La Procuraduría General de la República alega que Temer actuó para favorecer los negocios del empresario Joesley Batista, de la empresa JBS.

Ahora la Procuraduría negocia una posible delación premiada con dos grandes constructoras brasileñas que operan en varios países de América Latina y que también son investigadas en el caso Lava Jato: OAS y Queiroz Galvão.

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño y hoy condenado a 9 años y medio

de prisión por caso Lava Jato. Foto: Reuters.

Colombia

Por Colombiacheck

El escándalo de Odebrecht en Colombia ha dejado hasta el momento ocho personas en la cárcel o con medida de aseguramiento y a otras trece se les imputan cargos por varios presuntos delitos. El funcionario de más alto nivel que está en la cárcel y que confesó su culpabilidad es Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte en el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. El excongresista Otto Bula Bula también está preso aunque éste se declaró inocente.

La Fiscalía colombiana compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al congresista Bernardo Miguel Elías Vildal y al excongresista Plinio Olano.

La Procuraduría colombiana, entidad encargada de investigar las actuaciones de los funcionarios, también ha vinculado formalmente en un proceso disciplinario a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

Según las confesiones de Odebrecht, publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre último, la multinacional brasileña pagó sobornos en Colombia por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. La compañía obtuvo beneficios que superaron los 50 millones de dólares.

Respecto a información que han dado funcionarios de Odebrecht a la Fiscalía colombiana sobre ilícitos de la multinacional en el país, el ente acusador solo ha revelado que han colaborado en el contrato Ruta del Sol.

Los representantes de Odebrecht solo han revelado información de estos hechos ilícitos sobre el contrato de Ruta del Sol, de acuerdo con información de la Fiscalía colombiana.

Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y uno de los involucrados en caso Lava Jato en Colombia.

Foto:Revista Semana.

Ecuador

Por Christian Zurita (Mil Hojas)

El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel ha repetido incansablemente que en 2008 estuvo a punto de sacar a patadas de su oficina a Marcelo Odebrect. El conflicto sucedió porque la constructora se negó a ejecutar arreglos de importancia en una central hidroeléctrica. Por esa razón la empresa fue expulsada del país, pero en 2011 Odebrecht regresó con fuerza y logró firmar 4 mil millones de dólares en contratos, la mayor parte bajo la responsabilidad de Jorge Glas.

Hoy se sabe que las obras fueron sobrefacturadas por más de 500 millones de dólares y que el principal implicado hasta el momento es Ricardo Rivera Arauz, tío materno y hombre de confianza del vicepresidente Glas.

El Ministerio Público de Ecuador acusó a Rivera de haber recibido el 1% de cada contrato y adenda firmada por la empresa en el país. Se han abierto siete investigaciones, existen siete detenidos y un prófugo: el Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, la máxima autoridad en la vigilancia de los recursos del Estado hoy acusada de recibir dinero de Odebrecht.

Jorge Glas no ha sido involucrado en la investigación penal pero la oposición parlamentaria intenta llevarlo a juicio político y destituirlo.

Ricardo Rivera Arauz, tío del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, investigado por caso Lava Jato.

Foto: El Universo.

El Salvador

Por Jimmy Alvarado (El Faro)

La Fiscalía General de la República – de El Salvador- confirmó el 13 de junio comunicaciones con la justicia brasileña para intercambiar información sobre los aportes monetarios de Odebrecht que fueron gestionados para la campaña de Mauricio Funes, quien fue elegido presidente en marzo de 2009.

El fiscal general Douglas Meléndez dijo ante las preguntas de la prensa que no podía confirmar el monto todavía, pero aseguró que según algunos testimonios de “criteriados” brasileños podía concluirse que se trataba de varios millones de dólares. Funes negó en redes sociales que su campaña se nutriera de aportes de Odebrecht.

De acuerdo a las confesiones de Joao Santana y Mónica Moura –los publicistas que hicieron la campaña de Mauricio Funes–, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intercedió para hacer llegar aportes a la campaña de Funes debido a la amistad que mantenía con Vanda Pignato –quien en ese entonces era la esposa de Funes– porque ella es brasileña y había militado en el Partido de los Trabajadores (PT).

En una planilla de la División de Operaciones Estructuradas que registra una cuenta mantenida entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores, figura la siguiente anotación: “Evento El Salvador vía Feira: 5.3”. Según las confesiones de Marcelo Odebrecht, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva, ese apunte hace referencia a un aporte de la campaña de Mauricio Funes.

Los publicistas aseguran que recibieron 3 millones de dólares –5.3 millones de reales brasileños según el tipo de cambio en 2008– para producir la campaña de Mauricio Funes, quien en septiembre de 2016 se exilió en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por un incremento patrimonial injustificado, no relacionado al caso Odebrecht.

En la misma planilla de Odebrecht también aparece otro monto equivalente a 3 millones de dólares que fueron destinados a la campaña electoral de otro expresidente de América Latina: Ollanta Humala de Perú, hoy con prisión preventiva junto a su esposa Nadine Heredia.

Mauricio Funes, expresidente salvadoreño e involucrado en caso Lava Jato. Foto: El Nacional.

Guatemala

Por Daniel Villatoro (Plaza Pública)

Nadie ha sido acusado. En Guatemala no se han revelado los pagos de coimas de Odebrecht a políticos y funcionarios.

La investigación está a cargo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), financiada por Naciones Unidas.

Según Juan Francisco Sandoval, jefe de dicha fiscalía, la investigación se encuentra en reserva por lo que no da más detalles excepto que Guatemala sí tiene un convenio con las autoridades brasileñas para compartir información.

En un operativo del caso Petrobras, en diciembre de 2014, en la oficina del presidente de OAS se encontró un papel con el nombre del entonces ministro de obra pública y futuro candidato a la presidencia: Alejandro Sinibaldi, prófugo y acusado de aceptar sobornos de proveedores durante su gestión.

El papel escrito a mano también incluía menciones al entonces presidente, Otto Pérez (en prisión por defraudación aduanera), posibles pagos a su publicista español, Antonio Solá, y presuntos pagos a 105 diputados por un monto de 40 mil dólares cada uno.

Odebrecht llegó a Guatemala en 2012 cuando el Congreso aprobó dos préstamos para la ampliación de una carretera que empieza en la frontera con México; uno con BNDES de 280 millones de dólares y otro con un banco centroamericano por 119 millones de dólares. La vía fue diseñada con una extensión de 140 kilómetros que a pesar que terminó reducida en 48 kilómetros fue construida por el mismo precio inicial.

Alejandro Sinibaldi, exministro guatemalteco e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Plaza Pública.

México

Por Raúl Olmos (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)

Las autoridades de México han decidido imponer una estrategia de silencio en el caso Lava Jato para evitar que el escándalo de corrupción internacional haga eco en la opinión pública.

Además, la investigación va muy rezagada. La Procuraduría General de la República abrió un expediente del caso apenas el pasado 17 de enero de 2017, casi un mes después de que ejecutivos de la constructora Odebrecht confesaron en una corte de Estados Unidos que habían pagado 10.5 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 a funcionarios mexicanos a cambio de contratos de obra.

La petrolera mexicana PEMEX decidió reservar por tres años (hasta el año 2020) todos los contratos asignados a Odebrecht, mientras que la Procuraduría argumenta que está impedida legalmente para dar a conocer avances de la investigación y para informar los nombres de los políticos o funcionarios públicos involucrados en la red de corrupción internacional. La reserva de información se extendió a 20 años en el caso de un contrato asignado por PEMEX para suministrar gas etano hasta 29% más barato, para que Odebrecht lo procese en una planta petroquímica que instaló en el estado de Veracruz.

Lo poco que se ha logrado saber del caso Odebrecht en México ha sido por investigaciones periodísticas, principalmente de la revista Proceso y de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha difundido sus reportajes en alianza con los sitios AristeguiNoticias, Animal Político y el periódico El Financiero.

Gracias a estas investigaciones independientes, hoy se sabe que Odebrecht recibió un trato privilegiado durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (del partido conservador Acción Nacional), quien permitió incumplimientos, autorizó ampliaciones de contrato y pagos ilegales en la modernización de la refinería de Minatitlán, en el estado de Veracruz, lo que provocó que el costo de la obra creciera en 80% (equivalente a 450 millones de dólares). Pese a graves irregularidades en las que incurrió Odebrecht, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de México, el gobierno del actual mandatario Enrique Peña Nieto (del oficialista Partido Revolucionario Institucional) otorgó por asignación directa más contratos millonarios a la constructora brasileña. En todos los casos se otorgaron ampliaciones o adendas a los contratos.

En total, entre 2006 y 2015 Odebrecht obtuvo en México contratos por alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, además de obtener el suministro de gas etano a precio preferencial para un negocio que representa ventas anuales por otros 2 mil 500 millones de dólares y la concesión para la explotación del servicio de agua en la zona metropolitana de Veracruz. El contrato más cuantioso corresponde a la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, en el norte de México, el cual se asignó en forma directa en 2014 a través de una red de empresas de papel que PEMEX creó en paraísos fiscales.

Las investigaciones periodísticas también han podido confirmar un soborno por 383 mil dólares para la ejecución de una presa hidroeléctrica en el estado mexicano de Michoacán y la transferencia de 3 millones 754 mil dólares a una empresa fantasma ligada al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. En ambos casos, los fondos fueron transferidos por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a través de empresas offshore.

Emilio Lozoya Austin, director de la petrolera mexicana PEMEX e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Pemex.

Panamá

Por Investiga Lava Jato

En Panamá, el Ministerio Público creó la Fiscalía Especializada Anticorrupción para investigar el caso Odebrecht.

El 24 de enero, formuló cargos a 17 personas por blanqueo de capitales, entre ellos exfuncionarios y empresarios. Aunque no revelaron las identidades, en la lista aparecen dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares. También figuran los socios de la firma Mossack Fonseca, conocida en el mundo por los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack. Hasta el momento, se han abierto 24 investigaciones y hay 36 personas procesadas.

La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, se reunió en dos oportunidades con sus pares de la Fiscalía de la República Federativa de Brasil. El primer encuentro fue el 16 de febrero de 2017, cuando con otros fiscales de la región suscribieron la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción. El segundo fue el 9 de junio con la finalidad de coordinar los mecanismos mediante el cual se atenderán las asistencias internacionales solicitadas por Panamá en el caso Odebrecht.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado un acuerdo con las autoridades de Brasil que permita tener acceso a los testimonios brindados por los ejecutivos de la empresa en las delaciones. Esto ha ocasionado un aluvión de críticas en el país y hasta denuncias contra Porcell, quien no acepta el compromiso de no usar esa información para procesar a Odebrecht y sus colaboradores brasileños.

Las administraciones de dos expresidentes y el actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, otorgaron contratos millonarios a Odebrecht y hoy la sociedad pide que sean investigados.

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Acento.

Perú

Por Óscar Libón (Convoca)

El equipo especial del Ministerio Público a cargo del caso Lava Jato en Perú tiene 40 investigaciones en proceso a nivel nacional relacionadas a la presunta corrupción de empresas brasileñas en el país, durante los tres últimos periodos presidenciales.

La carpeta fiscal principal se abrió en junio de 2015 debido a presuntos pagos de sobornos entregados por la compañía brasileña Camargo Correa a funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, como fue revelado por Convoca en alianza con la plataforma Brío. Tiempo después se iniciaron investigaciones por las coimas vinculadas a la constructora OAS y recién en noviembre de 2016 por el caso Odebrecht.

Entre los investigados del caso Lava Jato en Perú figuran los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como exministros, un viceministro, exaltos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades públicas, además de autoridades municipales y regionales, empresarios y abogados.

Hasta el momento, el Poder Judicial ha ordenado la prisión preventiva para ocho personas bajo la acusación de haber recibido sobornos de parte de Odebrecht para beneficiarla con contratos de obras y concesiones, una de ellas es el exmandatario Toledo que está prófugo en Estados Unidos.

La semana pasada, el expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia fueron recluidos, en diferentes penales, por un caso de presunto lavado de activos relacionado a los 3 millones de dólares supuestamente entregados por la constructora brasileña para la campaña electoral del Partido Nacionalista en 2011. Este monto aparece en una planilla de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa y fue destinado a Humala, según confirmó Marcelo Odebrecht, a pedido del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado coimas por US$29 millones en Perú, pero las pesquisas fiscales indican que hubo más sobornos. El caso Lava Jato también se investiga en el Congreso desde hace seis meses y su función fue ampliada hasta julio de 2018.

Ollanta Humala, expresidente peruano y hoy con prisión preventiva por un pago de Odebrecht para su campaña presidencial.

Foto: Andina.

República Dominicana

Por Investiga Lava Jato

República Dominicana es uno de los países cuyas autoridades cerraron el acuerdo de delación premiada con la empresa Odebrecht pocos meses después que la compañía firmara los términos de la colaboración con Brasil, Suiza y Estados Unidos, donde admitió el pago de sobornos en 12 países.

La medida tuvo como resultado llevar a prisión en mayo último al ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, y otras siete personas acusadas de recibir sobornos de Odebrecht.

El último domingo, miles de dominicanos protestaron contra la corrupción y exigieron que el presidente Danilo Medina sea procesado por obstruir la justicia.

Exministro dominicano Juan Temístocles Montás, procesado por caso Lava Jato. Foto: El Viajero Digital.

Venezuela

Por Lisseth Boon y Jesús Alberto Yajure (Runrunes y El Pitazo)

Conocer los nombres de los funcionarios e intermediarios en Venezuela que cobraron 98 millones de dólares en sobornos para obtener y mantener megacontratos de la constructora Odebrecht, podría depender de una sola persona: la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien desde el Ministerio Público se encarga de investigar el capítulo local del caso de corrupción más grande de la historia de Brasil que involucra a otros 11 países de América Latina y África.

La fiscal Ortega Díaz ya había solicitado meses atrás la detención del brasileño Euzenando Praceres Azevedo, director de la constructora Odebrecht en Venezuela, quien se acogió a los acuerdos de delaciones premiadas y colabora con las autoridades brasileñas en el caso Lava Jato, que involucra no solo a Odebrecht sino a otras cuatro empresas que pagaron millones de dólares en sobornos en al menos 21 países.

Sin embargo, las recientes imputaciones a María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Dias son las primeras que realiza el Ministerio Público a ciudadanos venezolanos. Baptista, de 39 años, y Zacarías, de 64, son esposa y suegra, respectivamente, de Haiman El Troudi, actual diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido del presidente Nicolás Maduro.

El Troudi también ocupó la cartera de Planificación y Desarrollo, fue ministro de Transporte y Obras Públicas y presidente hasta septiembre de 2015 de la empresa estatal Metro de Caracas.

Antes de conocerse las imputaciones, la fiscal Ortega Díaz anunció el inicio de las citaciones a personas vinculadas a funcionarios con responsabilidad sobre obras o contratos otorgados por el Estado venezolano a la constructora Odebrecht. Aseguró además en una entrevista en radio que funcionarios vinculados a las obras habían recibido comisiones. “Incluso estos [funcionarios] que recibieron comisiones las depositaron en el extranjero, en algunos casos a nombre de familiares. Todo eso nosotros lo tenemos bien organizadito”, aseguró.

En enero de 2008, como ministro de Planificación y Desarrollo, El Troudi designó a su propia esposa, María Eugenia Baptista Zacarías, en el cargo de Directora de Relaciones Institucionales, según consta en la Gaceta Oficial Nº358.932 del miércoles 9 de enero de 2008. Baptista es además militante del PSUV y también trabajó para el Servicio Autónomo de Protección al Niño y Adolescente (Sapranan) del estado Monagas. Baptista aparece como directora de la sociedad Publicicorp, SL. registrada en el número 8 de la calle Alcántara en Madrid, España. Las sociedades las crearon un mes antes de que se difundiera un vídeo en el que se veía a El Troudi y a su familia volver desde Francia en primera clase vía Guadalupe.

Pero esta no es la única sociedad levantada por la familia de la esposa de El Troudi. Su suegra, Elita del Valle Zacarías Dias, constituyó en julio de 2016 tres sociedades inmobiliarias en París. Zacarías también trabajó en Sapranam, según el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Estas sociedades se registraron entre el 6 y 11 de julio de 2016 con los nombres de Saint Mathis 238, Saint Claire 230 y Saint Marie Sasa 238. Cada una tiene un capital de 1.000 euros y tienen por objeto la compra y venta de bienes inmobiliarios.

Haiman El Troudi, diputado venezolano e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Runrunes.

Ambas mujeres deberán comparecer el próximo 27 de julio ante las autoridades. Una fuente portavoz del Ministerio Público aseguró a El Pitazo que son investigadas por delitos de legitimación de capitales.

La diligencia ha causado revuelo en Venezuela. La Fiscal Ortega Díaz no mencionaba a la constructora desde febrero de 2017, cuando firmó en Brasil un convenio de cooperación para investigar las empresas del caso Lava Jato con la Procuraduría General de ese país, a pesar que ya en mayo se conocía que el propio Maduro —entonces en el cargo de canciller— pagó al menos 11 millones de dólares en efectivo provenientes de las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez a Mónica Moura, esposa del publicista João Santana, estratega y asesor de la campaña presidencial de Chávez en 2012.

Como parte de la serie de reportajes de Investiga LavaJato, Runrunes y El Pitazo revelaron que Odebrecht pagó vía “Caja 2” al menos 13 millones de dólares de un total de 98 millones de dólares en sobornos en 2014 por cuatro obras que aún no se han construido. La fiscal todavía no se pronuncia al respecto.

Angola

Por Rafael Morais (Maka Angola)

Mientras los principales ejecutivos de la empresa Odebrecht contemplan sus días en la cárcel, en Brasil, y enfrentan a la justicia en la mayoría de los países0 donde operan, en Angola la multinacional está en el paraíso de la impunidad.

Las revelaciones recientes, según las cuales Odebrecht aportó 50 millones de dólares, en 2012, para la campaña de reelección del presidente José Eduardo dos Santos y de su partido, MPLA, fueron recibidas con indiferencia institucional. A nivel de la sociedad, se volvió a confirmar lo que desde hace mucho tiempo es de dominio público. Odebrecht y el Presidente duermen juntos en la misma cama de la corrupción.

Desde la independencia, en 1975, los angoleños no conocen otro poder. El Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) gobierna hace 41 años y José Eduardo dos Santos hace 37.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en diciembre último que entre 2006 y 2013, Odebrecht corrompió gobernantes angoleños con unos 50 millones de dólares para obtener beneficios por 261 millones de dólares. Odebrecht se reconoció culpable de estos actos ilícitos cometidos en Angola. Sin embargo, las autoridades del país ignoraron esa admisión.

La mayor indignación causada por Odebrecht en Angola se debe a las declaraciones de Emilio Odebrecht como parte de la delación en Brasil, en las que señaló que no había condiciones para vivir en Angola porque sus pobladores usaban el inodoro como “florero”.

La corrupción en Angola es generalizada como lo revela el escándalo del estatal Banco de Poupança e Crédito. Un diputado del MPLA, Monteiro Pinto Kapunga, se hizo multimillonario al recibir un crédito de 687 millones de dólares. Otro, Elías Chimuco, se ganó 435 millones de dólares. El hijo del Presidente, que también dirige al Fondo Soberano de Angola, obtuvo 324 millones, mientras el sobrino, el general Bento Kangamba, recibió 318 millones de dólares. Kangamba es el mismo general acusado en Brasil de tráfico internacional de mujeres y denunciado como jefe de una red internacional de prostitución. A su vez, la hermana del presidente, Marta dos Santos, a través de su empresa Marsanto, obtuvo un préstamo de 13 millones de dólares. Como no podía ser de otro modo, Odebrecht también obtuvo un crédito de ese banco, aunque sólo de 357 mil dólares.

Las investigaciones en Brasil y en Portugal, destinos internacionales predilectos para el blanqueo de capitales angoleños en complicidad con las élites políticas y empresariales de esos países, han estrechado el cerco al régimen de José Eduardo dos Santos. Y quedan cada vez más expuestos a un día de revuelta popular.

José Eduardo dos Santos, presidente de Angola y vinculado a caso Lava Jato. Foto: The Cable.

Mozambique

Por Adérito Caldeira (Jornal @Verdade)

La justicia de Mozambique optó por ignorar la revelación de que Norberto Odebrecht pagó sobornos a altos funcionarios del gobierno para poder obtener términos favorables en la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Nacala.

En un acuerdo de reducción de pena firmado en diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña admitió haber pagado sobornos por 900 mil dólares a funcionarios del gobierno de Mozambique entre 2011 y 2014.

Las coimas incluían aproximadamente 250 mil dólares en pagos para funcionarios de alto nivel del gobierno de Mozambique a cambio de obtener términos favorables en la construcción de un proyecto gubernamental. Odebrecht efectuó los pagos en dos cuotas de 135 mil dólares y 115 mil dólares a través de su División de Operaciones Estructuradas mediante una compañía con sede en un paraíso fiscal, según el informe de Estados Unidos. La única obra que ejecutó Odebrecht en Mozambique es el aeropuerto de Nacala.

En febrero pasado, el Gabinete Central de Combate a la Corrupción (GCCC) mozambiqueño afirmó que estaba investigando el caso de sobornos, aunque aguardaba al 1 de junio, día en que venció el plazo de sigilo de seis meses previsto en las delaciones de Odebrecht.

Al término del plazo, la Procuraduría General de la República brasileña informó cuáles eran los países que habían solicitado documentos y testimonios de ejecutivos de la constructora, y Mozambique no era uno de ellos.

Desde entonces, @Verdade contactó al GCCC así como a la Fiscalía General de Mozambique, sin obtener hasta el momento respuesta alguna. Como parte del proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’, el portal Convoca, de Perú, preguntó si Mozambique solicitó información a Brasil al fiscal Vladimir Aras que está a cargo de coordinar desde la Procuraduría de Brasilia la entrega de las pruebas de Odebrecht a los países de América Latina y África. El fiscal Aras respondió que la información aún se mantiene en reserva.

El aeropuerto de Nacala comenzó a ser construido en el norte de Mozambique en septiembre de 2001, con un costo inicial de 110 millones de dólares y después de dos agregados a la construcción original, quedó concluido y fue inaugurado en diciembre de 2014 con un costo que superaba los 210 millones de dólares, de los cuales 125 fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES) (Ver el aplicativo ‘VíaSobrecosto’). El resto lo desembolsaron dos bancos mozambiqueños.

A pesar de que no estén identificados los funcionarios de “alto nivel” que fueron sobornados, @Verdade averiguó que por el Gobierno de Mozambique, que en esos días estaba dirigido por Armando Guebuza, lideraron las negociaciones el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Paulo Zucula, y el de Finanzas, Manuel Chang, y que en ese momento el Consejo de Administración de la Empresa Aeropuertos de Mozambique estaba a cargo de Manuel Veterano.

El aeropuerto puede recibir aviones de gran porte en vuelos intercontinentales directos, funciona apenas dos días por semana, cuando recibe un vuelo de la compañía aérea mozambiqueña.

Paulo Zucula,exministro de Transporte y Comunicaciones de Mozambique y uno de los funcionarios que lideró

las negociaciones en el aeropuerto de Nacala. Foto: Trademark

El aeropuerto de Nacala comenzó a ser construido en el norte de Mozambique en septiembre de 2001, con un costo inicial de 111.753.087,16 dólares. Después de dos agregados a la construcción original, quedó concluido y fue inaugurado en diciembre de 2014, con un costo final de 216 216.288.261,08 dólares, de los cuales 125 fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES). El resto lo desembolsaron dos bancos mozambiqueños.

A pesar de que no estén identificados los funcionarios de “alto nivel” que fueron sobornados, @Verdade averiguó que por el Gobierno de Mozambique, que en ese momento era dirigido por Armando Guebuza, lideraron las negociaciones los entonces ministros de Transportes y Comunicaciones, Paulo Zucula, y Finanzas, Manuel Chang, y por el presidente del Consejo de Administración de la Empresa Aeropuertos de Mozambique en ese momento, Manuel Veterano.

El aeropuerto, cuyo costo aumentó en 63 millones de dólares y puede recibir aviones de gran porte en vuelos intercontinentales directos, funciona apenas dos días por semana, cuando recibe un vuelo de la compañía aérea mozambiqueña.

Explora la herramienta #VíaSobrecosto

La versión de Odebrecht

La empresa Odebrecht señaló en comunicaciones anteriores que está colaborando con las investigaciones de Lava Jato y que no sobrefacturó las obras.

La empresa informó que suscribió un acuerdo de leniencia en Brasil, Suiza, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos y que “está comprometida en presentar los esclarecimientos necesarios para dilucidar todos los hechos”.

Según la constructora, los sobornos que confesó fueron pagados para garantizar la adjudicación de las licitaciones y el cumplimiento regular de los contratos.

En junio último, los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ publicamos una investigación en la que revelamos que 50 obras en siete países tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales entre 2001 y 2016.

De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total. Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ hasta el 15 de junio.

La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.

Conoce más en ‘Obras de Odebrecht registran costos adicionales por más de US$6 mil millones en países donde pagó sobornos’.

A continuación el informe publicado en portugués en el diario Folha de Sao Paulo.

Accede al proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’ de medios y periodistas de 11 países de América Latina y África.

* Ilustración por Rodrigo Avilés