IBD, la certificadora que avala a empresas de palma aceitera con denuncias ambientales en Perú, Brasil y Guatemala

“Estamos rodeados de palma africana”, nos dice el líder maya Humberto Cuc a través de una videollamada de WhatsApp. Ha caminado hasta un lugar del bosque donde la señal telefónica es fluida. Representa a la comunidad indígena Palestina Chinebal, asentada en los alrededores del lago Izabal, en el departamento del mismo nombre, al norte de Guatemala.

La zona alberga grandes extensiones de palma aceitera, una planta de la cual se extrae un fruto con un aceite muy apreciado en la industria de los alimentos y de la cosmética. Muchos productos masivos, desde galletas y mantequillas hasta jabones y shampoo, se producen con este insumo. Se trata de una especie originaria de África que, por ser tan rentable, se ha expandido por diversos países de Latinoamérica y Asia.

Cuc ha aceptado una entrevista para hablar de Naturaceites, una palmicultora guatemalteca que tiene el sello de sostenibilidad de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa privada del sector para asegurar estándares mínimos de calidad y, así, mejorar una imagen asociada a malas prácticas ambientales y de afectación de los derechos humanos. Naturaceites es miembro de la RSPO desde el 2012, y ha logrado acreditarse gracias a la validación de la certificadora brasileña IBD. Pero no es la única. En este reportaje veremos cómo esta auditora ha ayudado a otras empresas de la región en Perú y Brasil a presentarse como “verdes”.

Con la mirada lánguida, la autoridad ancestral afirma que el territorio que ocupan desde tiempos ancestrales se ha reducido con la llegada de interesados en sembrar palma. “Poco a poco nos quitaron esta tierra”, dice. A inicios del ochenta, debido a un periodo de violencia política que hubo en el país en el marco de la Guerra Fría, tuvieron que huir al monte, y al regresar encontraron un terreno militarizado. En medio del caos aparecieron foráneos que aseguraban ser propietarios de sus tierras y que empezaron a sembrar palma en 1989. Algunos mayas, sin embargo, lograron que el Estado los reconociera formalmente como posesionarios de ciertos terrenos.

Aldea maya Kaxlampom Pataxte sitiada por la palma aceitera a orillas del lago Izabal, en Guatemala. Foto: Carlos Alonzo.

En ese contexto apareció la empresa Naturaceites con la intención de comprar tierras de los nativos y formar grandes sembríos de palma. Entrevistado por Convoca.pe, el abogado Juan Castro, de la asociación civil Bufete para Pueblos Indígenas, que asesora jurídicamente a comunidades maya, recuerda así la estrategia que usó la compañía: “Llegaron personas que dijeron que esas tierras iban a ser inundadas por hidroeléctricas. La gente ante el temor de que fueran a perder sus tierras las vendió. Lo de las hidroeléctricas no era cierto, para nada. Esa fue una de las tácticas usadas por la empresa para acaparar los terrenos”.

Castro afirma que “otras tierras se las quedaron así nada más. Eran tierras nacionales y se metió la palma ahí”. Hoy Naturaceites domina la siembra de palma en Izabal.

La empresa no goza del aprecio de los mayas. En mayo del 2016 el lago Izabal, en una zona conocida como Kaxlampom Pataxte, apareció con cientos de peces muertos debido al vertido de desechos tóxicos de una planta procesadora de Naturaceites. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala inició un proceso y la Fiscalía abrió una investigación, pero hasta el momento no ha habido ninguna sanción.

“Es muy triste porque ese lago sirve para nosotros, para ir a pescar, para nuestro consumo diario, familiar. Nos da para vivir”, nos dice el maya Humberto Cuc. Siembra plátanos en pequeñas cantidades cerca del cuerpo de agua, y asegura que desde que ocurrió el derrame los frutos no crecen tan bien como antes. Cuenta que, por eso, muchos de sus vecinos indígenas han migrado a México y Estados Unidos.

Líder maya en entrevista virtual con Convoca.pe: “Poco a poco nos quitaron esta tierra”.

Además, dice que también los afecta el uso indiscriminado de insecticidas por parte de la empresa. “Cuando ellos aplican el pesticida, el químico, en la palma, a mis cultivos de maíz, frijol y chile les afecta demasiado, ya no dan fruto, ya no dan igual”, relata a través de la videollamada.

En Guatemala no existe una regulación del uso de agrotóxicos, y no se exigen estudios de impacto ambiental con tanta profundidad como en otros países, explica el abogado Castro. Las multas para quienes no presenten estos documentos son benévolas (oscilan entre los 5,000 y los 100,000 quetzales (entre 640 y 12,800 dólares). Naturaceites, en ocasiones, no ha cumplido con presentar estos estudios y, por tanto, ha sido multada.

Por ejemplo, en el 2019, la sancionaron con 5,072 quetzales (apenas unos 649 dólares) por producir raquis sin estudio previo en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas. El raquis es un abono obtenido de los restos del fruto de palma luego de extraerle el aceite. El problema es que cuando no se planifica correctamente genera la proliferación de moscas en los cultivos vecinos. Por no presentar estudios de impacto ambiental para otras operaciones también habían sido multados con 25,131 quetzales (unos 3,220 dólares) el 2015 y con 15,179 quetzales (unos 1,945 dólares) el 2016.

Resolución de una de las multas contra Naturaceites por no haber presentado un estudio de impacto ambiental el 2015. 

En el plano laboral, Naturaceites ha tenido problemas con quienes han aceptado trabajar para ellos. “Desde el inicio, laboralmente han venido explotando”, se queja Cuc. De hecho, en ocasiones los agricultores han presentado reclamos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ha habido protestas en las propias plantaciones. El abogado Castro cuenta que, incluso, los trabajadores han tomado instalaciones de la empresa como una forma de protesta laboral, algo que ha ocasionado violentos desalojos en los últimos años.

El representante del Bufete para Pueblos Indígenas señala que la empresa asigna a los agricultores tareas muy ambiciosas (por ejemplo, entregar una o dos toneladas de fruto de palma por persona), por lo que deben involucrar en el trabajo a su familia, incluso a los niños.

“Si no sacás la tarea, la empresa no marca el día en su planilla. Es por eso que tenés que involucrar a tu familia. Y esos niños que involucrás detrás de ti corren peligro. ¿En qué sentido? Hay culebras, hay animales que les pueden picar, les pueden causar daño bajo ese árbol de palma. Ha pasado. Y cuando uno de tu familia se accidenta corre por tu cuenta, no responden ellos”, cuenta el dirigente maya.

Convoca.pe solicitó la versión de la empresa sobre estos cuestionamientos, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.

Perú: deforestación para el monocultivo

Las únicas empresas peruanas que figuran en la RSPO como cultivadores de palma sostenible son las del Grupo Palmas, del Grupo Romero, uno de los conglomerados económicos más poderosos del país. A ellos también los certificó, como en el caso de Naturaceites, la brasileña IBD. Entre estas compañías está Palmas del Shanusi, que cultiva grandes extensiones de esta planta en las regiones San Martín y Loreto. Convoca.pe ha informado ampliamente cómo Palmas del Shanusi tiene bajo su control tierras donde ha habido deforestación.

La empresa afirma que adquirió los terrenos ya deforestados, pero testimonios recogidos por la Fiscalía la acusan de interesarse en los predios antes de que perdieran bosque.

Uno de los casos que investigó la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas fue la deforestación de alrededor de 500 hectáreas de bosques primarios y secundarios en los sectores Nuevo Japón e Independencia, en el distrito de Yurimaguas, en Loreto. La acusación fiscal indicó que la compañía usó a un tercero, Milton José Artiaga Díaz, para comprar tierras y realizar el desbosque.

El 30 de noviembre del 2022, el Poder Judicial dictó una sentencia condenando a Artiaga como autor material del delito contra los bosques. Se le impuso tres años de prisión suspendida y el pago de 750 mil soles como reparación civil a favor del Estado. El entonces gerente general de Palmas del Shanusi, Ronald Mario Campbell García, y el entonces apoderado de esta empresa, José Fernando Mercado Bartolo, señalados como autores mediatos de la deforestación por la fiscal Berta Rengifo Vásquez, fueron absueltos. El juicio se produjo luego de que quedara nulo, por vicios procesales, un juzgamiento anterior que había tenido un idéntico desenlace.

“El señor Milton Artiaga era prácticamente, como comúnmente le dicen, el terrateniente de Palmas. Pero durante el juicio no se pudo encontrar el nexo que vincule el hecho con la empresa Palmas”, nos dice el abogado Miguel Celis, de la Pastoral de la Tierra, una organización del Vicariato Apostólico de Yurimaguas que acompañó a las comunidades donde hubo desbosque. Sin embargo, este medio sí llegó a demostrar dicha relación, pues a pesar de que Artiaga aparecía como "comprador", existían también contratos paralelos donde firmaba el representante de Palmas del Shanusi, Héctor Dongo.

Milton Artiaga Díaz, condenado a tres años de prisión suspendida y al pago de 750 mil soles de reparación civil por el desbosque en los sectores Nuevo Japón e Independencia. Foto: Milagros Salazar Herrera/Convoca.pe.

Incluso, uno de los comuneros que vendió sus tierras tenía en su poder una copia de un cheque suscrito por Dongo, y con el logotipo de Palmas del Shanusi, con el que asegura que se le pagó la transferencia de su terreno.

¿Por qué no se consideraron las declaraciones fiscales que vinculaban a Palmas del Shanusi con la deforestación? Porque los comuneros que las dieron no fueron al tribunal. “Las personas tienen miedo a declarar, no quieren hacerlo en el juicio”, asegura Celis. Y agrega: “A esos comuneros que mencionaron a Palmas en la Fiscalía se les ha notificado por todos los medios: hasta por los medios radiales, pero no, tienen miedo”.

Mientras que Palmas del Shanusi niega relación con los predios deforestados, el comunero Juan Pinasco asegura que se le pagó con este cheque.

Uno de los testimonios que no llegó a discutirse en el juicio fue el de Segundo Benturo Flores Bardales, que el 23 de abril del 2013 contó a la Fiscalía que ocho meses atrás “me llevaron a las oficinas del Grupo Romero”, donde le hicieron firmar un documento por la compraventa de un terreno de 56 hectáreas por 46.000 soles. Ante la fiscal Rengifo, el comunero dijo: “Yo vendí mi terreno al Grupo Romero entregándolo con purmas [terrenos de cultivo abandonado] y bosque primario”.

La Procuraduría del Ministerio del Ambiente está evaluando apelar la sentencia de diciembre pasado. Es posible que soliciten incorporar a los representantes de la empresa como terceros civilmente responsables para que paguen solidariamente la reparación.

Fragmento de la declaración fiscal de Segundo Flores Bardales. "Yo vendí mi terreno al Grupo Romero entregándolo con purmas y bosque primaria", dijo. Pero no se apareció durante el juicio para ratificarlo y ofrecer más detalles.

Consultado por Convoca.pe sobre la deforestación en Nuevo Japón e Independencia, el Grupo Palmas dijo a través de un correo electrónico que “no tenemos responsabilidad en los hechos imputados. Los predios involucrados en el caso son de propiedad de un tercero y no tenemos ninguna injerencia sobre estos”.

Sin embargo, según la información de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, que representa al Estado en este caso, algunos de los terrenos deforestados están actualmente bajo control de la compañía. ¿Qué relación tiene o ha tenido el Grupo Palmas con Milton José Artiaga Díaz? ¿Qué planean hacer como empresa en los terrenos deforestados? ¿Sembrarán palma aceitera ahí? Estas preguntas, formuladas por nuestro equipo, quedaron sin respuesta.

Cabe recalcar que Palmas del Shanusi es miembro de la RSPO desde el 2016, cuando ya eran públicas las denuncias de deforestación. De hecho, el sello ambiental le ayudó a capear este tema de cara al mundo.

Por estos días, hay otra queja contra la empresa en la región San Martín: tiene que ver con el riego de material tóxico desde avionetas. El presidente de la comunidad campesina San José Obrero, Marcelino Vilela, dice a Convoca.pe: “Ahora la empresa fumiga con avioneta y, usted sabe, al fumigar con avioneta nos perjudica demasiado el aire, el agua, todo. Serán insecticidas, fungicidas, será para abonar su plantación, no sabemos. En primer lugar, nos afecta el aire. ¿Y ese veneno que cae abajo, al piso, cuando llueve a dónde va? Va a las quebradas, a las pequeñas aguas que tenemos”.

Vilela informa que, además de su comunidad, hay otras afectadas por los riegos: San Fernando, Leoncio Prado y Nuevo Ica, por ejemplo.

Sobre esto, el Grupo Palmas asegura en la comunicación con nuestro equipo que “realizamos monitoreos periódicos aguas arriba y aguas debajo de los ríos que atraviesan nuestra operación con el objetivo de asegurar la calidad del agua de las quebradas. De acuerdo a estos monitoreos, podemos asegurar que los ríos que atraviesan nuestra operación cumplen con los Estándares Ambientales de Calidad del Agua previstos en las normas ambientales nacionales”.

Brasil: vigilados en el cementerio

“IBD es una certificadora que da credibilidad a empresas como Agropalma para vender sus productos a grandes consumidores internacionales”, explica la fiscal brasileña Ione Nakamura en entrevista con Convoca.pe. “El Ministerio Público del Estado de Pará constató en una investigación que la certificadora [IBD] no tuvo en cuenta criterios de protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades tradicionales que se encuentran en la zona reclamando el reconocimiento de fraude en la adquisición de tierras”, añade. Se refiere a las zonas de Castanheira y Roda de Fogo, donde la compañía se ha hecho de tierras con procedimientos irregulares. Esto con la complicidad del Instituto de Tierras de Pará (Iterpa, por sus siglas en portugués).

Fiscal brasileña Ione Nakamura en entrevista con Convoca.pe: "La certificadora no tuvo en cuenta criterios de protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades tradicionales". Foto: Jeso Carneiro.

Agropalma es la principal exportadora de aceite de palma de Brasil y miembro de la RSPO desde el 2004, y enfrenta múltiples acusaciones de acaparamiento de tierras. Por ejemplo, en las comunidades quilombolas (afrodescendientes) de Vila Gonçalves y Balsa, en el estado de Pará, más de 200 familias viven en un territorio legalmente en poder de la compañía, lo cual limita su libertad en varios sentidos. La agroindustrial ha registrado estas tierras como propias, en una operación cuya legalidad también es investigada por el Ministerio Público.

La asociación civil Global Witness ha informado que en esta zona la empresa cavó zanjas profundas para limitar el tránsito de los quilombolas, a quienes les exigen que presenten sus cédulas de identidad cada vez que entran al lugar. Si quieren recibir a algún familiar o amigo deben pedir permiso a la empresa. Agropalma también ha limitado la caza, la siembra de subsistencia y la pesca en estas comunidades con el argumento de que su territorio debe mantenerse inalterado.

En el cementerio histórico de Nossa Senhora da Batalha la situación es alarmante. Los quilombolas, detalla Global Witness, sólo pueden ingresar si forman parte de un listado facilitado por ellos mismos, y son vigilados cuando permanecen en el lugar. “Es una humillación constante. Me siento una persona esclavizada, como lo fueron mis antepasados, porque cuando nos permiten ir allí los empleados de Agropalma se paran detrás de nosotros todo el tiempo”, declaró el dirigente Raimundo Serrão el año pasado a la organización internacional.

Líder quilombola Raimundo Serrão sobre las plantaciones de Agropalma: "Me siento una persona esclavizada, como lo fueron mis antepasados". Foto: Global Witness.

En cuanto a las irregularidades en Castanheira y Roda de Fogo, el Ministerio Público del Estado de Pará llevó a la empresa a los tribunales. También demandó a la certificadora IBD, su compatriota, que permitió que Agropalma se inscribiera como sostenible en la RSPO.

En agosto del 2020, a partir de la evidencia documental que aportó el Ministerio Público, el Poder Judicial falló en contra de la empresa disponiendo cancelar sus registros de propiedad en Castanheira y Roda de Fogo. Pero descartó la cancelación del certificado de IBD que permitía que la compañía figurara en la RSPO. “La justicia decidió que no se podía cancelar [el aval de IBD] judicialmente”, remarca la fiscal Nakamura. Como se trataba de una certificación privada correspondía que la propia industria reaccionara.

¿Quién certifica a las certificadoras? Entre otras, una entidad llamada ASI Assurance, que se asegura de que estas empresas cumplan estándares mínimos a la hora de certificar a las palmicultoras. El 8 de junio del 2022, ASI Assurance suspendió a la brasileña IBD en la certificación de productores de palma aceitera en todo el mundo. ¿La razón? “Falta de implementación de Correcciones y/o Acciones Correctivas efectivas”, dice la entidad en su página web. El 4 de febrero del 2023 la suspensión se levantó e IBD recuperó su capacidad de certificar a las productoras de palma.

A la semana siguiente sucedió algo imprevisto: IBD informó a Agropalma que había suspendido temporalmente su certificación RSPO. Todo indica que tuvo que ver con la complicada situación jurídica de la empresa palmicultora: por ejemplo, ya el Poder Judicial había acreditado que inscribió irregularmente terrenos en Castanheira y Roda de Fogo. Desde febrero del 2023 y hasta que mejore sus prácticas, Agropalma no puede exhibir con orgullo el sello de la RSPO.

Letrero que anuncia el inicio del territorio de Agropalma en la región de Tailandia. Foto: Karina Iliescu.  

Consultada por Convoca.pe, Agropalma critica en un correo electrónico la suspensión de su certificado de sostenibilidad RSPO. “La empresa analizó el informe de la certificadora [IBD] y no está de acuerdo con las notas por entender que la evaluación fue inadecuada, ya que no refleja la realidad y las normas de la RSPO y, por ello, apeló la suspensión”, expresa.

En cuanto a sus problemas con la inscripción de algunas tierras, hace un “mea culpa”. “La empresa señala que todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe a sus legítimos propietarios y poseedores, incluida la confirmación de la documentación por parte de los órganos competentes en el momento de la adquisición. Desafortunadamente, décadas después de la compra, se encontraron fallas notariales que comprometieron la legitimidad de la documentación de la tierra de algunas propiedades. Tan pronto como tuvo conocimiento de la situación, Agropalma tomó voluntariamente la decisión de llamar a los órganos competentes y solicitó la cancelación de los registros, además de iniciar el proceso de regularización de tierras”, afirma.

Sin embargo, en el caso de Castanheira y Roda el sistema de justicia tuvo que ponerse en marcha para cancelar las adquisiciones irregulares.

Convoca.pe solicitó la versión de IBD sobre por qué validó por años a empresas cuestionadas como las que figuran en este reportaje, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.

IBD Certificações tiene sus cuarteles principales en Sao Paulo, Brasil. En su web oficial se precia de ser la "mayor certificadora de productos orgánicos de América Latina". También está autorizada para entregar las certificaciones de "sostenibilidad" a nombre de la RSPO, la Union for Bioethical BioCommerce (UEBT), Rainforest Alliance (RFA), RZU (de café y cacao), entre otras. Trabaja con la RSPO desde 2014.

 
Certificadoras pagadas por las certificadas

“Los estándares de certificación, como están diseñados, presentan serias deficiencias en cuanto a conflictos de interés y falta de imparcialidad. Por ejemplo, que Agropalma sea quien paga a IBD por la certificación genera un conflicto de interés, ya que si IBD, luego de recibir el dinero, tuviera que negar la certificación por resultados negativos en la auditoría perdería a un cliente potencial para futuras auditorías, y probablemente espantaría a otros clientes potenciales”, nos explica Julia Urrunaga, directora en el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Esto sin considerar que las certificadoras hacen sus auditorías en base a información que les entrega la compañía interesada, el sistema no prevé que busquen datos de manera independiente.

IBD es una certificadora brasileña que valida la sostenibilidad de las empresas palmicultoras ante la RSPO. Foto: Luize Hess. 

Además, la especialista recuerda que un informe reciente de Friends of the Earth en los Países Bajos demostró que actualmente la RSPO permite que sólo se certifique una parte de una plantación, si es que hay partes que están con problemas o que no cumplen con los estándares. “Es decir, que una empresa que no cumple con los estándares de RSPO de todos modos puede certificarse dejando fuera las ‘partes feas’, ya sea para ‘arreglarlas después’ o para dejarlas así por siempre. Pero, mientras tanto, puede acceder a los mercados internacionales más exigentes como si fuera un ‘productor responsable’ de ‘palma sostenible’”, remarca Urrunaga.

“Creo que los criterios de certificación podrían ser más claros y efectivos en términos de protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades tradicionales”, reflexiona la fiscal brasileña Ione Nakamura.

A la luz de lo ocurrido en Guatemala, Perú y Brasil con tres clientes de IBD, la invocación resulta oportuna y relevante. Después de todo, las certificadoras pueden ayudar a que grandes palmicultoras cuestionadas por malas prácticas y procesos judiciales se presenten como sostenibles ante el mundo.