Por: Wilson Siancas
Michel, de tan solo 9 años de edad, no conoce lo que es tener un colegio de muros de concreto, con aulas espaciosas, electricidad, servicios higiénicos, o con espacios seguros para protegerse de la lluvia. Desde que empezó su vida escolar ha tenido que asistir a aulas prefabricadas sin servicios básicos y expuesta al peligro de un derrumbe por el mal estado de la infraestructura. Lo que sería una medida temporal para ella y otros 1.600 estudiantes del colegio Jorge Basadre Grohmann en Villa Huangalá, Sullana, se ha convertido en una bomba de tiempo. Desde hace 3 años esperan la culminación de los trabajos de su institución educativa, en medio del peligro latente por el temporal de lluvias y los casos de dengue.
“Los señores [contratistas] estaban trabajando bien, tenían su presupuesto, todo, y de repente se fueron. Solo regresaron para llevarse los materiales. Vinieron policías y se llevaron todo. Ahora los chicos están estudiando por allá [en otro terreno]. Nosotros tenemos nietos en ese colegio y queremos que la presidenta haga algo”, dice el vecino Segundo Enrique Rivera. Su casa ubicada en la calle Santa Martha colinda con la obra del colegio y ha sido testigo del abandono del millonario proyecto que acogería a todos los estudiantes del sector, incluidos sus nietos.
El colegio Jorge Basadre de Villa Huangalá es uno de los 16 proyectos de mejoramiento y reconstrucción de infraestructura educativa en Piura que se encuentran paralizados. El impacto de la interrupción de estas obras es significativo, tanto en términos económicos como en el ámbito académico, llegando a comprometer un presupuesto total de S/. 78,8 millones (US$ 20,9 millones). Este dinero, destinado a mejorar las instalaciones y condiciones educativas, aún no logra su objetivo final debido a diversos problemas administrativos o de ejecución. Esta situación ha convertido a Piura en la región del norte con más cantidad de obras detenidas sin solución.
Convoca.pe elaboró una base de datos con información de la Contraloría General de la República sobre obras paralizadas en todo el Perú y en el caso de los colegios del norte, en Piura, Cajamarca y La Libertad, detectó un total de 30 obras inconclusas valorizadas en S/148 millones (US$ 39,2 millones) : 25 de ellas adjudicadas a contratistas y las cinco restantes están a cargo de instituciones públicas.
El análisis también revela que en Cajamarca hay ocho obras detenidas, valuadas en S/53,8 millones (US$ 14,2 millones), mientras que en La Libertad identificamos seis proyectos sin finalizar, con un monto total de S/15,6 millones (US$ 4,13 millones). Estas interrupciones en los proyectos de mejoramiento de infraestructura escolar representan un riesgo constante para miles de estudiantes en la zona norte del país. Una de estas obras, en Cajamarca, tiene más de 11 años pendiente e incluso es investigada por la Fiscalía por presunta corrupción.
Convoca ha identificado además que de las 25 obras paralizadas que fueron adjudicadas a privados, el 64% (16 de ellas) involucra a contratistas que han recibido sanciones, multas o inhabilitaciones para contratar por parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). En todos estos casos las medidas se impusieron por malas prácticas en concursos públicos posteriores a los de los colegios.
Riesgos en Piura
En la ciudad de Sullana se debe tomar un auto con destino a las áreas agrícolas que colindan con el Río Chira, durante 20 minutos, para llegar a Villa Huangalá. El alcalde encargado de este centro poblado, Juan Claudio Girón Aguilar, advierte que el pueblo se encuentra registrado como lugar vulnerable por estar en una zona inundable, lo que agrava aún más la necesidad de contar ya con un colegio con mejores condiciones para los estudiantes.
La autoridad local explica que por estos días los estudiantes de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria) tienen que resistir las altas temperaturas del verano, que se intensifican en el interior de las aulas prefabricadas que les entregó la Municipalidad Provincial de Sullana, responsable del proyecto abandonado. La obra empezó en 2019 y está paralizada desde marzo de 2021 con un avance físico de 27%, a pesar de contar con el presupuesto más alto de la zona norte para una obra escolar: S/ 19,8 millones (US$ 5,25 millones), financiado por la Autoridad de la Reconstrucción.
“La empresa indicó que se fueron por motivos de la pandemia, pero luego nos dimos cuenta de que tenía otros problemas. En este momento, tenemos cerca de 200 alumnos en el colegio que están en aulas prefabricadas que se encuentran en mal estado. Estas aulas han sido oficinas de la Cooperativa Agraria de Huangalá, que fueron cedidas al colegio allá por el año 80, para secundaria. Ahora en ese lugar están todos los estudiantes de los tres niveles. Todo está mal ahí: en el techo se empoza el agua, las ventanas están quebradas. Es un peligro”, sostiene.
Rolando Pasache Araujo, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad de Sullana, señala a Convoca.pe que la obra ha sufrido una serie de paralizaciones por responsabilidad de la empresa MB Ingenieros Asociados S.A.C., que finalmente optó por abandonar los trabajos. Indicó que la municipalidad ha elaborado un nuevo expediente de saldo de obra para iniciar una nueva licitación que permita culminar los trabajos del millonario proyecto, que debió ser entregado hace tres años.
“Jorge Basadre Grohmann sí es un colegio que está más complicado. Falta aún toda la arquitectura, las instalaciones eléctricas, sanitarias, parte de la infraestructura, las losas del segundo nivel. Casi todos los pabellones están faltando”, reconoce el funcionario.
Convoca trató de comunicarse insistentemente con los representantes de MB Ingenieros Asociados S.A.C para conocer las razones de la paralización en Villa Huangalá, pero al cierre de edición sus teléfonos no fueron atendidos y su buzón de correo se encontraba inoperativo.
Como unidad ejecutora, la Municipalidad de Sullana también estuvo a cargo de la recuperación de la infraestructura del Colegio Santa Rosa (N° 20526), en el Centro Poblado de Cieneguillo Norte. La obra empezó en agosto de 2021 y debió acabar en enero de 2022, pero fue abandonada por el contratista, Consorcio San Miguel, poco antes de cumplir su contrato. En su momento, el regidor Luis Almestar explicó que el proyecto comprendía la construcción de aulas en los dos niveles, servicios higiénicos, dos patios de formación, área de juego y ambientes administrativos. Los menores y sus profesores siguen a la espera de esa infraestructura hasta hoy.
En noviembre de 2023, un grupo de indignados padres de familia llegó hasta las oficinas de la Municipalidad de Sullana para exigir la entrega del colegio, que se encuentra en un 98% de avance. Mencionaban que diariamente tenían que gastar entre 15 a 20 soles en transporte para que sus hijos lleguen al colegio aledaño del Centro Poblado de Villa María, que está a 4 kilómetros de distancia. Y quienes no tienen dinero deben caminar ese trayecto bajo el intenso sol para evitar perder el año.
De acuerdo con información del OSCE, la Municipalidad de Sullana licitó el proyecto por S/ 5,5 millones al Consorcio San Miguel, que está integrado por Skava Ingeniería EIRL, que fue inhabilitada hasta 2027 por presentar información inexacta en un procedimiento de selección posterior a la obra del colegio.
“Se ha llegado a un acuerdo con el contratista y, como resultado de esa conciliación, se ha logrado reactivar el colegio. En este momento el contratista se encuentra llevando a cabo las partidas correspondientes. Ya es poco lo que falta para que, para la quincena o fines de marzo, tengamos el colegio terminado y listo para que los alumnos lo puedan usar. El porcentaje que queda es del 2%. Solo falta la carpintería metálica, que incluye puertas, ventanas y pintura, lo cual es sencillo”, asegura Pasache a Convoca.pe.
A nivel regional, la provincia de Piura registra la mayor cantidad de obras de colegios paralizados, siete, para las cuales se ha asignado un presupuesto total de S/30,4 millones (US$ 8 millones). La interrupción de estas obras no solo representa una pérdida económica, sino que también afecta directamente los objetivos y la calidad de la educación en la provincia.
El Centro de Educación Básica Especial Jesús Nazareno para niños con habilidades diferentes, del asentamiento humano Santa Rosa, precisamente en la provincia de Piura, es uno de esos proyectos. La entidad responsable es el Gobierno Regional de Piura. Durante el último año, los padres de familia estuvieron esperando que la obra sea terminada, pues habían sostenido un diálogo con la autoridad regional para resaltar que sus hijos necesitan espacios seguros y docentes especializados con herramientas adecuadas. Pero las obras siguen interrumpidas.
“Nos sentimos burlados, por esta gestión y la anterior. Ellos se están burlando de nuestros niños. Estamos corriendo de un lugar a otro, los profesores no pueden hacer las terapias, los niños no puedan llegar hasta donde los mandan”, sostenía un desesperado padre de familia en radio Exitosa en 2023. La obra valorizada en S/8,3 millones (US$ 2,2 millones) fue iniciada a finales de 2020 y debió estar lista a mediados de 2021. Sin embargo, el Consorcio San Pedro, adjudicatario de la obra, incumplió el contrato y paralizó el proyecto.
A través del informe del informe 027-OCI/5349-SCC, la Contraloría advirtió un retraso del proyecto en diciembre de 2021. Asimismo, en el Informe de Hito de Control N° 013-2022-OCI/5359-SCC señaló que la obra registraba una serie de deficiencias como fisuras en las canaletas de evacuación pluvial, lo que podría provocar posibles filtraciones de agua. También halló un desnivel en el piso del aula de educación inicial y la vereda de acceso, algo que ponía en riesgo de accidentes a los estudiantes más jóvenes, considerando que se trata de un colegio enfocado en la atención de alumnos con habilidades diferentes. Además advirtió sobre la aprobación de dos trabajos adicionales a la obra que generaron una diferencia entre el monto original y el modificado de S/ 200.836 (US$ 53 mil), que no se encuentra cubierto con la carta fianza.
El Consorcio San Pedro fue integrado por Representaciones Valnath y Shekinarafa SRL. Esta última hasta el 2023 registraba sanciones en el Tribunal de Contrataciones del Estado por incumplir injustificadamente con acuerdos administrativos en un procedimiento de selección de ese año.
Convoca.pe llegó hasta este colegio y constató que, a pocas semanas del nuevo ciclo escolar, la obra sigue inconclusa y en completo abandono. En el lugar se pueden apreciar montículos de basura y hasta materiales de construcción que fueron olvidados por la contratista. Intentamos consultar al Gobierno Regional de Piura por las gestiones respecto a la obra para su culminación, pero la encargada de imagen no respondió ni nuestras llamadas ni nuestras consultas escritas.
A distancia
Por otro lado, desde Lima, el Programa Nacional de Infraestructura Escolar (Pronied) del Ministerio de Educación licitó un paquete de obras que incluía la reconstrucción de cinco colegios en Piura que presentaban serios daños en su infraestructura y que requerían de manera urgente la intervención de las autoridades. De acuerdo al reporte de la Contraloría, al menos cinco de estos proyectos contemplados con un presupuesto total de S/ 16 millones 691 mil (US$ 4,4 millones) no han llegado a culminar.
En otra parte de la geografía piurana, los niños que asisten al Colegio Niño Jesús del Centro Poblado Nuevo Porvenir, desde el nivel inicial hasta el primario, deben atravesar carreteras y áreas rurales para llegar allí. Esta escuela está ubicada a 17 km de la antigua Panamericana norte, a la altura del Km. 80, cerca del límite con el distrito de Catacaos, en Piura. Acceder a ella resulta complicado por su ubicación en medio del bosque seco.
Los trabajos en este colegio fueron entregados por Pronied para su ejecución en septiembre de 2022 al Consorcio Miracle, integrado por Moalva E.I.R.L., Josseph Chris Brandan Moreno y Constructora Brandmore E.I.R.L. Esta última está impedida de contratar con el Estado hasta mediados de 2024 por haber presentado documentos adulterados en otro procedimiento de selección del Estado. La obra del Colegio Niño Jesús tenía como objetivo la construcción de un cerco perimétrico para proteger a los niños y debió estar lista en 35 días, pero eso nunca pasó. A la fecha, los niños siguen expuestos y tienen que recibir sus clases en aulas de adobe, sin ninguna otra protección.
Pronied también adjudicó en septiembre de 2022 otra obra de construcción, la de un cerco perimétrico para la institución educativa N°1250 del Centro Poblado de Sidro, en Ayabaca, al Consorcio Cercos Perú. Este está integrado por Rebco Construcciones S.A.C. y Capulí Contratistas Generales S.A.C. Ambas empresas registran penalidades que fueron impuestas durante procesos de ejecución de obras similares en la región de Piura.
Convoca.pe también identificó la interrupción de los trabajos de reconstrucción en la institución educativa N° 413331, ubicada en Catacaos. Este proyecto, que se inició en 2021 por encargo de Pronied, contaba con un presupuesto de S/6,4 millones (US$ 1,7 millones). El consorcio JRCS, responsable de la ejecución, abandonó la obra cuando había alcanzado solo un 35% de avance. Uno de sus miembros, José Ricardo Celis Salinas, fue sancionado con inhabilitación hasta enero de 2026 debido a la presentación de información inexacta durante otro proceso de selección.
En su función como entidad ejecutora, Pronied también incluyó en sus planes la construcción de dos colegios. El primero, denominado Nº 1422, está ubicado en el Centro Poblado Hualtaco III, distrito de Tambo Grande, con un presupuesto de S/2 millones (US$ 530 mil) y fue asignado al Consorcio Victoria. El segundo, colegio Nº 14888, se encuentra en el Centro Poblado Yuscán, distrito de las Lomas, con un presupuesto de S/ 5 millones (US$ 1,3 millones) a cargo del Consorcio Las Lomas, integrado por Sebastián Valentín Alvarado Cubillus, JUBAL Constructores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y 'E & S' Sociedad Anónima, esta última está sujeta a penalidades por parte de OSCE.
El especialista en contrataciones públicas, Marcos Montoya, cuestiona el hecho de que las entidades públicas tengan que lidiar con empresas inhabilitadas o con penalidades para la culminación de los proyectos, puesto que ya registran una falta de compromisos en los procedimientos de contratación y no garantizan la entrega de obras importantes como las de infraestructura escolar.
Y el sistema además presenta más problemas, dice Montoya, pues la resolución de contratos con empresas que incumplieron sus compromisos en obras del Estado podría generar más años de paralización, así como nuevos presupuestos para el Estado que podrían superar, en algunos casos, el 100% del costo inicial de la obra. El experto indica que la mayoría de obras con estos resultados son producto de la falta de filtros adecuados, que no permiten una elección acertada de proveedores que garanticen una solvencia económica, un historial exitoso de obras, y más. Advirtió que muchas de las contratistas utilizan recursos judiciales para evitar multas o inhabilitaciones.
"Hay empresas sancionadas a las que se les concede una medida cautelar, que es una acción de amparo, que levanta la sanción y, mientras se resuelve todo el proceso, han conseguido volver a contratar con el Estado. Son empresas que ya incumplieron con el Estado en algún momento, ya sea presentando documentación falsa o se les resolvió el contrato por diferentes razones y ya se les impuso la sanción. Pero como el Tribunal del OSCE es un tribunal administrativo, la decisión puede ser revocada por el Poder Judicial", detalló el especialista.
Este medio se comunicó con el área de prensa del Pronied, pero al cierre de esta edición no llegaron a enviar sus comentarios.
Sombras en Cajamarca
La mayoría de los ocho proyectos escolares paralizados en la región de Cajamarca, que fueron identificados por la Contraloría, se licitaron en la gestión regional anterior (2018-2022). Incluso existe uno con más de 11 años de antigüedad. Es el caso de la obra para mejorar la infraestructura de las escuelas de los centros poblados de Sairepampa, La Palma de Santa Rosa y Sinshahual, en el distrito de San Luis de Lucma en Cutervo, por un monto de S/ 3 millones (US$ 810 mil).
Esos caseríos se encuentran a 1.850 metros sobre el nivel del mar. Los estudiantes de estos pueblos tienen que lidiar con el peligro latente de huaicos en épocas de lluvia. Muchos de ellos culminaron sus estudios sin conocer la infraestructura que les prometieron en el año 2013, durante la gestión de Segundo Manuel Salas Julón, entonces alcalde de San Luis de Lucma.
En diciembre de 2021, el Ministerio Público de Lambayeque ordenó la detención de los exfuncionarios Juan Magno Fonseca Julón y Jorge Walter Olaya Mayanga por presunta participación en el delito de colusión por esta obra que hasta hoy sigue detenida. Fueron acusados de haber direccionado la licitación a favor del Consorcio La Lucma, representado por el empresario Antonio Nicodemo Fiestas.
Según la Fiscalía, el dinero acordado en este presunto pacto ilegal habría sido del 10% del costo de la obra. El monto pactado, siguiendo la tesis fiscal, era recibido por Jorge Olaya Mayanga, en una cuenta del Banco Interbank de Chiclayo, y posteriormente era entregado a Segundo Manuel Salas Julón, exalcalde hoy investigado. Este dinero se recibió a través de cheques emitidos por la Empresa Constructora Estrella Del Sur SAC, operador tributario del Consorcio La Lucma.
Según el portal Infobras de la Contraloría, los trabajos se iniciaron en julio de 2013 con una fecha prevista de finalización en diciembre del mismo año. Sin embargo, la empresa a cargo abandonó el proyecto dejándolo incompleto a pesar de haber alcanzado un avance del 73%. Desde entonces, la construcción no se ha retomado hasta la fecha actual. Convoca.pe trató de comunicarse con los representantes de la Municipalidad de Lucma, para conocer los planes de reanudación del proyecto, pero no obtuvimos respuesta.
La Contraloría además ha reportado la paralización de dos millonarias obras donde el Gobierno Regional de Cajamarca participó como unidad ejecutora. La primera de ellas es el mejoramiento de las instituciones educativas de las comunidades del Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la provincia de Hualgayoc, valorizado en más de S/16 millones (US$ 4,2 millones). Si bien cuenta con el mayor presupuesto en toda la región, la obra solo llegó a registrar un avance físico de 21,4%. A finales del 2022 el Gobierno Regional de Cajamarca decidió resolver el contrato de este proyecto con el Consorcio Covicsa, integrado por Corporación Villanueva Caballero S.A. y Qian Bei SRL.
Por otro lado, a principios del año 2022, en la provincia cajamarquina de San Marcos se lanzaron tres importantes proyectos de infraestructura educativa destinados a beneficiar a numerosos niños en etapa escolar. En el distrito de Pedro Gálvez se encuentran dos de ellos (en Chuquiamo y en Saparcón) y el otro se halla en Aguas Calientes, en el municipio de Eduardo Villanueva. La inversión total para estos proyectos ascendió a más de S/ 7 millones (US$ 1,9 millones). Llevaban el compromiso de mejorar significativamente las condiciones educativas en estas áreas.
Sin embargo, a la fecha actual, las obras permanecen inconclusas como testigos mudos de una promesa incumplida en las comunidades. El ex gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, reconoció públicamente no haber logrado la culminación de estos trabajos adjudicados a la empresa Capulí Contratistas Generales, que registra penalidades y sanciones ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, además de participar en otra obra de colegios paralizada en Ayabaca, Piura, ya mencionada.
Este medio intentó comunicarse con esta compañía siguiendo los datos de contacto que consignó para su contratación, pero no se obtuvo respuesta.
Malestar en La Libertad
El colegio N° 82542 de San Felipe, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú se encuentra abandonado, una situación que se presenta desde hace tres años. Los ciudadanos de la zona han levantado su voz para denunciar esta problemática en la institución educativa, ubicada en el centro poblado de San Felipe, La Libertad. La construcción quedó a medio hacer, dejando a los colegiales sin un lugar adecuado para estudiar.
El proyecto, licitado por la Municipalidad de Gran Chimú, fue valuado en S/8,5 millones (US$ 2,2 millones). Alcanzó un avance del 27% y ahí se quedó desde marzo del 2022. Los alumnos se vieron obligados a trasladarse a casas alquiladas para continuar con sus estudios, una solución temporal y que los padres consideran inadecuada. Hasta la fecha, las autoridades municipales no han dado respuesta alguna ante esta situación crítica.
La responsabilidad de la obra recae en Corporación RC S.A.C., empresa que ahora enfrenta prohibiciones para contratar con el Estado debido a irregularidades en los procedimientos de selección. Además ha sido sancionada por incumplimientos contractuales desde el 2020.
En la región La Libertad, Pronied también ha iniciado un proyecto de reconstrucción en la IE N° 1912 C.P. Martha Chávez, ubicada en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. La ejecución de la obra está a cargo de H & B Construserv S.A.C., con un presupuesto de S/1 millón 875 mil (US$ 497 mil). Convoca se comunicó con la contratista responsable para conocer detalles de la paralización, pero indicaron no poder declarar al mantener un contrato de confidencialidad con Pronied.
Según información del portal del OSCE, la H & B Construserv ha recibido penalidades por no cumplir al 100% con la póliza de seguro para sus trabajadores durante la ejecución de los trabajos. A pesar de haber iniciado en septiembre de 2022 con un plazo de finalización en diciembre del mismo año, la obra solo ha alcanzado un avance físico del 11%.
Los padres de familia expresan continuamente su preocupación por el lento progreso de la reconstrucción del colegio que afecta a sus hijos. Recientemente, la consejera Olanda Torres Cancino y el regidor provincial Luis Gabriel Pichén se reunieron con los habitantes del asentamiento humano Martha Chávez para conocer la situación. Anunciaron que solicitarán una reunión con el director de la UGEL para obtener información detallada sobre el estado del proyecto y remitirán evidencia al Pronied sobre la situación actual del proyecto.
Mientras tanto, los niños de este colegio con obras paralizadas, así como los otros en su misma situación en el norte del país, ya iniciaron sus clases este 11 de marzo en infraestructuras que los exponen a riesgos y afectan su aprendizaje y su futuro.