Derrame de Repsol: daños sin reparar, falta de atención médica, escasos informes y ninguna solución en el horizonte

Veintiún meses después del derrame de petróleo en las costas de Ventanilla, Alejandro Huaroto, buzo y pescador, no olvida el olor del petróleo.

De pronto, junto con la noche, llegó ese olor. Todos en Puerto Pachacútec, pequeño enclave pesquero de Ventanilla ubicado a dos horas de Lima, pensaron que alguien pintaba barcos y que la brisa llevaba hasta sus casas el aroma fuerte de algún químico. Alejandro recuerda que olía como a aceite quemado. En algún momento los pescadores empezaron a preguntarse en su grupo de Whatsapp quién había decidido llevar a cabo una tarea tan molesta. Pero nadie tenía idea. Se fueron a dormir sin saberlo. Esa era la noche del 15 de enero del 2022. En aquel día, a las cinco de la tarde, se habían derramado al mar más de 11 mil barriles de petróleo durante una operación de descarga del Buque Tanque Mare Doricum, de bandera italiana, en el terminal marítimo La Pampilla N° 2, administrado por Refinería La Pampilla, del grupo español Repsol. El derrame afectaría más de 8 millones de m2 en áreas terrestres y marinas, entre ellas dos Áreas Naturales Protegidas.

Aunque una comisión conformada en el Congreso de la República para investigar la emergencia ambiental concluyó que Repsol tenía responsabilidad en lo sucedido, lo cierto es que la situación no ha avanzado mucho: hasta el momento la empresa española ha apelado todas las sanciones en su contra, aún se espera la presentación de su Plan de Rehabilitación Ambiental y tiene conflictos con las indemnizaciones a los pobladores de los distritos afectados. Mientras tanto, el papel del gobierno peruano sigue siendo insuficiente, lento y en algunos tramos hasta indolente. No se han desplegado estrategias adecuadas para el monitoreo de salud física y mental, ni se han determinado aspectos urgentes como la presencia de hidrocarburos en el mar, los sedimentos y la biomasa marina. Los pescadores siguen aguardando el día, lejano aún, en que por fin sane su mar.

Alejandro Huaroto, buzo y pescador de Pachacutec (Ventanilla), registró la llegada del petróleo a las costas el 16 de enero. Foto: Leandro Amaya/Convoca.pe.
 

Mar, petróleo, tristeza y olvido

De acuerdo con un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el derrame se originó en la tubería de descarga, infraestructura que fue reparada en el 2013 pero que, según el peritaje, había sido instalada en sentido inverso. Aunque Convoca.pe solicitó a esa institución los informes de supervisiones previas hechas a la estructura submarina, este pedido fue denegado bajo el argumento de que la información no era de acceso público. Es importante señalar que el informe final del Congreso concluye que existen indicios de responsabilidad por parte de Osinergmin en el derrame de Ventanilla. El mismo documento también determina que la intervención del Estado peruano, incluso antes del derrame, ha sido mínima. Y también señala que las acciones de desembarco de hidrocarburos se llevaban a cabo sin la presencia de ese ente supervisor, la Autoridad Portuaria Nacional y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

Lo que siguió después de la catástrofe ambiental fue una serie de negligencias y fracasos del plan de contención que debía implementar Repsol en casos como este. La mañana del día siguiente, el 16 de enero, el derrame afectaría 46 playas, entre ellas las de Cavero, Ancón y Bahía Blanca. 

En un video grabado por el pescador Alejandro Huaroto en Bahía Blanca— realizado sin imaginar lo que sucedería y con el simple objetivo de registrar un día de pesca— se ve a los bañistas mirar sorprendidos la mancha oscura que se expande sobre el mar. En algún momento aparecen dos niños jugando con la arena mojada sin prestarle mucha atención a lo que estaba ocurriendo. Momentos antes dos rescatistas que decidieron entrar cien metros costa afuera, habían vuelto con sus remos manchados de petróleo.  De pronto, bajo el sol de un día tranquilo, el desastre los había alcanzado. En las horas siguientes, por la tarde, Alejandro seguiría grabando desde los acantilados el derrame. Días después, el pescador aprendería cómo mueren las aves.

—Aquel día dejaron que niños y ancianos acudieran al mar y respiren los vapores del hidrocarburo. Dejaron que los pescadores pesquen y tal vez consuman pescado posiblemente contaminado. No les importó. Todo el día fue horrible, ahí llorando…ahí… qué cólera—narra Huaroto un año y nueve meses después del derrame.— Después vimos a las aves. Allí aprendimos cómo morían, aprendimos a la mala. Y el trato que se les dio a los animales, mal, mal. Quemaban animales muertos, los acumulaban en bolsas rosadas. 

Los compañeros de pesca que lo acompañan asienten mientras narra este episodio. “Era una ola negra”, dice Walter Cruz, un veterano hombre de mar de Ventanilla.

Los pescadores afectos denuncian que no han recibido atención médica de ningún tipo y tampoco informes certeros sobre la situación del mar y sus recursos. Foto: Leandro Amaya/Convoca.pe.

Estamos en el pequeño local de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales (ASPEFAEA), levantado en Pachacútec. Afuera, clavada en el camino de tierra, se yergue un asta en cuya punta apenas se mueve la bandera del Perú. Pachacútec es un sitio lejano al gran centro de Lima y los palacios de poder, donde las demandas de estos pescadores parecen no ser oídas. El asentamiento humano está muy cerca del mar y sus habitantes se resisten a abandonar la pesca y el océano.

Los pescadores en la reunión coinciden en un punto: el tiempo que ha pasado ha sido de angustia y tristeza. Sienten que les han arrebatado algo, que desde el derrame ya no son los mismos. Ellos se dedicaban a la pinta (pesca con anzuelo) y el buceo. Usualmente pescaban lenguados, pintadillas, chitas, corvinas, pero ahora ya no pueden volver al mar.

—Acá nos han malogrado el trabajo. Yo ahora no sé en qué trabajar. Estoy en nada— cuenta el pescador Damián Calderón. Tiene la mirada cansada, y su rostro está marcado por repetidos gestos tristes —. Hasta ahorita sigo con eso  [depresión], sintiéndome mal porque a veces se necesita juntar plata. Por ejemplo, este año mi hija acaba el colegio y yo no sé qué hacer. Es lo que estoy pensando — continúa—. Me enfermé, la depresión, el estrés. He estado mal.

Damián narra que por su cuenta ha acudido a un psicólogo para superar sus crisis. Desde entonces las palabras salud mental, tristeza, depresión, angustia, se repetirán incesantemente en los testimonios y resonarán en la habitación de tierra y adobe. Una mujer anciana que ha escuchado atenta los relatos pide la palabra, lleva consigo una galonera de plástico cortada en la parte superior y a los lados le ha puesto correas. Se ha formado así una mochila para acomodar allí sus aparejos de pesca.

—Me llamo Luisa Janampa— empieza a hablar la pescadora de guitarras y lornas—. Soy pintera de orilla, desde que vino el derrame ya no se puede hacer nada. Un día me empezó a doler el estómago, se me puso flojo y la vista me ardía. De ahí, de un momento a otro, la pierna me dolía. Me fui al SIS [Seguro Integral de Salud], entonces la doctora me manda para que me vea el dermatólogo y me dice ‘señora, ¿usted dónde ha estado andando?’. Yo tenía una mancha. Me puso una ampolla y cremas — continúa—. Me sacó análisis de todo. Me dijo que ya no vaya al mar, que no me siente en la peña. Y luego ya no fui, pues. Hasta ahora tengo esa mancha, como un lunar grande. 

Luisa luego indica que aunque el dinero ayuda, el problema es que Repsol perjudicó al mar— ella lo llama “el mar de Grau”—, y sobre todo la salud de los pobladores.

Luisa Janampa solía ir a pescar en las peñas, desde que ocurrió el derrame no volvió a hacerlo. Su mochila con aparejos no ha sido usada en más de un año. Foto: Leandro Amaya/Convoca.pe.

Para los pescadores de Pachacútec la reparación económica no es suficiente. Ellos quieren volver a ver el mar limpio, como era antes, aunque son conscientes de que este escenario es cada vez más un sueño que una realidad. 

—Este mar era rico en todo tipo de especies. Toda esta zona era rica en especies marinas, cangrejos, moluscos, choros. Yo amo el mar, por eso me siento impotente. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos ayuda? Qué lástima: ellos podían actuar (Repsol) con todo el dinero que tienen —lamenta Walter Cruz, y en algún momento los pescadores en la sala se animan a recordar cómo era esta bahía antes del derrame. Muestran fotografías suyas cargando lenguados enormes y empiezan a reír: es una fugaz manifestación de alegría.

Luego Cruz prosigue:

—Nosotros éramos pescadores y mira en qué situación caímos. No le pedíamos a nadie —casi susurra.

—Aunque hemos querido ir a pescar a otro lado, eso nos cuesta más pasaje. Hemos intentado ir a Mala o León Dormido (casi dos horas de viaje al sur de Lima), pero allá no nos permiten. Cuando vamos, nos miran mal —el pescador Samuel Córdova Huanaco es quien habla ahora—. Yo tengo dos hijos y ahora me he metido en construcción, ahí ando sobreviviendo. A veces voy a ver el mar, a ver si ya se limpió. 

Samuel subraya que también ha pasado cuadros de estrés y depresión, sin recibir ayuda profesional. Una de las cosas que más le cuesta es cambiar de rubro, a veces junta chatarra para sobrevivir, pero sabe que eso no es para él.

En un momento el grupo de pescadores se dirige a una playa cercana llamada Los Delfines. Es un día brumoso y las olas están altas, corre un viento frío, solo algunas peñas sobresalen en la orilla. Mar adentro se pueden ver algunos barcos. Los pescadores miran en silencio la gran masa azul. Alejandro Huaroto conversa con sus compañeros sobre un gran peñasco donde solía ir a bucear, y lo señala, está al norte y tiene la forma de un gran arco, en él golpean fuerte las olas. En el relato del buzo se identifica de pronto un rapto de nostalgia.

—Para nosotros la pesca no es solo un trabajo, es una forma de vida. Repsol nos ha quitado nuestro trabajo, nuestro estilo de vida. Ya no podemos elegir ser pescadores porque ya no podemos ser eso. Por un problema de Repsol ahora toda mi vida debe cambiar. ¿Las consecuencias en nuestra salud? No sabemos. Tal vez aparezcan en algunos años —dice Huaroto mientras observa al acantilado que extiende su forma hacia el mar —. Allí solía bucear —repite, recuerda, y da media vuelta.

Un pescador recoge de playa Los Delfines una pequeña bola de petróleo. Foto: Leandro Amaya/Convoca.pe.

El reporte de la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en febrero del 2022, señalaba que en los días posteriores al derrame las unidades de salud atendieron a 123 personas con problemas de intoxicación por “deterioro de condiciones ambientales”. Por su parte una de las recomendaciones que el Informe Final de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso hace al Ministerio de Salud (Minsa) es la realización de monitoreos constantes, y por los próximos años, a la población afectada por el derrame de petróleo. Pero según Luis Nuñez, presidente de Aspefaea, ninguno de sus asociados ha recibido atención médica, ni física ni mental, por parte del personal del Minsa. Resalta que a su asociación tampoco han llegado documentos oficiales que sustenten intervenciones médicas en la población de Pachacútec. Y mucho menos se les ha explicado sobre los riesgos de la exposición prolongada a los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y cuáles son sus efectos. La situación se repite en otros gremios.  

“Por lo menos debería haber dicho [el MINSA]: señor presidente [de Aspefaea], a ver, mándame los datos de tu gente, vamos a examinar. Pero no me llegó ningún papel”, asegura Luis Nuñez. 

Por su parte, Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en entrevista con Convoca.pe, explica que su institución ha solicitado al Minsa, desde los primeros meses del incidente, la atención inmediata a los afectados por el derrame de petróleo. La respuesta del ministerio vino por parte del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, que —desde el año pasado— indicó que estaban desarrollando un protocolo de investigación para estudiar el impacto del derrame en la salud mental en la población. 

En mayo del 2023 el Instituto informó mediante oficio que el protocolo se encontraba en “proceso de aprobación técnico-metodológico y ético” y “posterior a ello deberá recibir financiamiento”. De llevarse a cabo, finalizará el 31 de julio del 2024. Luego de ello no hubo más comunicación. La Defensoría del Pueblo volvió a insistir en agosto del 2023 por respuestas y solicitaron a Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública, que su despacho informe sobre las acciones inmediatas que el ministerio tomará para abordar el tema de salud mental. En septiembre Convoca.pe solicitó información al Instituto y la respuesta fue que el proyecto aún seguía en proceso de metodología, faltando aún la aprobación y la gestión de presupuesto.

Para Lissette Vásquez es importante monitorear la salud mental porque han sido afectadas aproximadamente 10 mil personas con su familias, que consecuentemente han debido variar sus modos de vida y trabajo para sobrevivir. Por otro lado. resalta que los bañistas también han sido privados de sitios de esparcimiento, pues varias playas de uso recreacional han sido impactadas y eso se tendría que tomar en cuenta. Según la funcionaria, la remediación ambiental es un tema preponderante para la Defensoría y se debería contar con información clara y adecuada sobre este punto.  

El abogado Mario Carranza, quien representa y acompaña a diversas asociaciones de los cinco distritos afectados, asegura que sus defendidos tampoco han recibido atención médica alguna, a pesar de haberla solicitado formalmente. “No ha habido seguimiento de salud por parte del Minsa a los pobladores. La respuesta no fue adecuada y no se desplegó estrategia alguna”, indica Carranza. 
 

Respuesta del Instituto Nacional de Salud Mental al pedido de información de Convoca.pe

Luis Díaz Barroso, presidente de la Asociación de pescadores artesanales de Aucallama, reafirma la versión del abogado: “Hasta el día de hoy el Minsa poco o nada ha hecho, y la verdad es que psicológicamente esto [el derrame] ha afectado mucho. La gente no sabe si el mar se va a recuperar o no, y esto es lo que preocupa. A través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitamos atención sanitaria”. 

Díaz asegura que nunca ha recibido un informe oficial del Minsa que indique exámenes de salud mental y toxicológicos a la población. El pescador considera que por la afectación a la salud mental se debió considerar una reparación integral por lucro cesante, daño moral y daño emergente, “pero la empresa solo ha aceptado la figura de lucro cesante porque no se considera que haya afectación moral”, añade.

Convoca.pe solicitó de manera reiterada al Minsa los documentos de monitoreo a la salud pública en la población afectada y pidió una entrevista con un vocero oficial, pero hasta el cierre del reportaje ninguno de estos puntos fue atendido.

Por otro lado, al solicitarse información al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (Censopas) sobre los análisis realizados a los trabajadores encargados del recojo y limpieza de crudo, la institución respondió con el Informe Técnico N°004-2022, donde se detalla que los trabajadores cumplieron su labor bajo condiciones inseguras y de mucho riesgo. Por ejemplo se identificó que el equipo de protección personal (EPP) usado era insuficiente, su uso y cambio no era óptimo, y no contaba con equipo de protección respiratoria. Incluso los trabajadores consumían sus alimentos con el traje puesto, que usualmente estaba contaminado. 

En la logística también se encontraron deficiencias: se recogía el crudo a punta de palana y se recolectaba en baldes y para salvar la altura de los acantilados (en playa Cavero) se usaba una escalera de “madera doméstica sujetada por una cuerda”. Este informe reafirma las prácticas muy artesanales con las que se llevó a cabo la limpieza de las playas afectadas.

CENSOPAS. Sobre Repsol by Convoca on Scribd

Los hidrocarburos y los peces

Tres de las grandes dudas de los pescadores es cuándo volverán a pescar, cuándo se remediarán las playas —en julio del 2023 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) comunicó que aún registran 19 sitios con restos de hidrocarburos—, y cuál es el estado de las especies marinas. Aunque hasta el momento no hay estudios definitivos que brinden respuestas certeras a estas interrogantes, sí hay informes que nos dan indicios importantes. Por ejemplo, según el informe elaborado por la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales de la ONU, la remediación del mar peruano podría tardar entre seis y diez años, y añade que podría existir un impacto negativo a largo plazo en conchas y mariscos. Una de las recomendaciones más importantes del informe es el monitoreo ambiental que “permita determinar el momento en el cual sea saludable abrir las playas y consumir los productos marinos”. Esto último abre otra interrogante.

¿Cuál es el estado de las especies marinas? Convoca.pe mediante un pedido de información pública al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y el envío de un cuestionario a Muriel María Gomez, directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad, pudo acceder a los análisis de especies para determinar la presencia de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), que son sustancias de difícil degradación que pueden causar serios daños al medioambiente y a los seres humanos. De acuerdo con los documentos, se realizaron tres monitoreos en un año (entre febrero del 2022 y febrero del 2023). Las intervenciones sanitarias, según Sanipes, están ligadas a la disponibilidad presupuestal, logística y de recursos hidrobiológicos.

Información sobre los monitoreos sanitarios brindada por SANIPES  a Convoca.pe

En aquellos monitoreos se analizaron en total siete especies. Aunque los resultados dicen no registrar presencia de hidrocarburos (HAPs), tan solo fueron evaluados el caracol negro, la lapa, el yuyo, la pintadilla, el choral, las algas y la anchoveta. Estas muestras pertenecen a zonas pesqueras y no existe, de acuerdo al organismo, informes de análisis químicos —en estos veintiún meses— a los productos hidrobiológicos que arribaron a los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) de las zonas comprometidas por el derrame.

Lo único que se ha llevado a cabo en los desembarcaderos son los análisis organolépticos (evaluaciones hechas con los sentidos de la vista, tacto y olfato) a las especies. Es decir, los agentes de Sanipes solo las ven, las tocan y las huelen. Estos monitoreos se registran hasta agosto del 2023, y la institución sostiene que “son el mejor enfoque para determinar la seguridad y aceptabilidad de los productos hidrobiológicos provenientes de áreas contaminadas con petróleo seguido de un análisis químico, de acuerdo con protocolos internacionales para la atención de derrames de hidrocarburos en ambientes marinos”. No obstante, el biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana consultado para este reportaje, indicó que esto podría no ser del todo acertado.

Para el especialista, los análisis realizados por el Estado para detectar HAPs en las especies marinas no han seguido la rigurosidad científica correspondiente. Se debieron hacer a todas las especies, o a la gran mayoría, que habitan en la zona de impacto. Reitera que la evaluación meramente sensorial es insuficiente porque no es una metodología que garantice la idoneidad del pescado de consumo humano desde el punto de vista bacteriológico y toxicológico. Para el científico era necesario diferenciar las especies en dos grupos. Primero, aquellas que actúan como bioindicadores, que generalmente son los filtradores (conchas, caracoles, etc.), donde las posibles partículas quedan atrapadas en sus músculos. Y luego, las especies de carácter comercial, como en el caso de los peces, puntualiza. Era indispensable tomar muestras de sus órganos, como riñones y músculos.

“En mi lectura de los informes de Sanipes, no me parece que haya existido un protocolo que indique por ejemplo el tamaño de muestra. Esto parece ser más un muestreo de evaluación que un muestreo sistemático. Por lo tanto, no están bien hechos, son análisis realizados con buena voluntad pero con recursos limitados. Es importante no solo medir algo sino dónde medirlo y en qué elemento de la cadena alimenticia se está midiendo. En este caso la ausencia de evidencia [en especies de una parte de la cadena] no implica que no existan HAPs en el medio”, afirma el biólogo.

Por su parte, Sanipes indicó a Convoca.pe que actualmente viene gestionando monitoreos en los distritos de Ancón, Chancay, Huacho y la provincia del Callao. A 21 meses de la catástrofe ecológica, subraya que "ampliará el universo de muestras incluyendo recursos hidrobiológicos por cada zona de pesca, considerando invertebrados marinos, algas y peces pelágicos y/o demersales costeros, o de acuerdo con la disponibilidad en las zonas antes detalladas”. El número de especies, los órganos a estudiar y las fechas de los monitoreos no se indicaron. 

En cuanto a la calidad del ambiente marino, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en su más reciente informe técnico —de los siete elaborados—, realizado entre febrero y marzo del 2023, concluye que las máximas concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) se registran en las zonas costeras y la línea de playa. Por tanto, los distritos donde se registró la mayor presencia de estos fueron Chancay, Ventanilla y Ancón. En muchas de las estaciones de medición, los valores de TPH estaban por encima de los límites permitidos y si se compara con el informe anterior (octubre del 2022) se evidencia que las concentraciones fueron más altas presumiblemente por el oleaje anómalo registrado en esas fechas, pues el petróleo está atrapado en el lecho marino y aflora con los cambios de marea.

Conclusiones del Informe Técnico realizado por Imarpe entre febrero y marzo del 2023

Por otro lado, el procurador del Ministerio de Ambiente, Julio Guzmán, declaró que aún no se puede estimar cuánto durará el daño de esta contaminación en el litoral.

—No podríamos afirmar con certeza cuándo se va a descontaminar, pero de que está degradándose la contaminación, se está degradando, se está reduciendo—, declaró. Además se mostró optimista con el progreso de la investigación de su despacho para iniciar medidas contra Repsol y señaló que ya está en las etapas finales—. Nos faltan máximo el 10% de los medios de prueba que debemos producir dentro del proceso de investigación. Estamos muy conformes con los generados hasta hoy. El estado tiene un caso sólido—finalizó.

En tanto, Repsol, mediante publirreportajes difundidos en diarios de tiraje nacional, ha tratado de comunicar que las playas están limpias y que todo marcha bien. El último fue publicado el domingo 10 de septiembre. Este medio consultó al área de imagen de Oefa sobre la información que propaga la petrolera española, y el organismo reafirmó su comunicado emitido el 10 de agosto donde sostienen que la infractora “ha informado de manera incorrecta, incompleta y tendenciosa”.

Es decir, Oefa ya había aclarado anteriormente la información publicada por Repsol, pero la empresa no se da por aludida y sigue difundiendo datos que no se ajustan a la realidad.

Indemnizaciones truncas

Uno de los compromisos a los que se conminó a Repsol fue la indemnización económica a los afectados por el masivo derrame de petróleo del que fue responsable. Las valorizaciones económicas fueron de 65 mil soles para los pescadores “no embarcados” y 70 mil soles para los “embarcados” por año. Se consideraría a los comerciantes temporales, comerciantes anuales y pescadores. Las negociaciones de pago para el año 2022 empezaron con adelantos de 3 mil soles, y en noviembre del mismo año se tasaron las cantidades totales anteriormente señaladas. La empresa asegura que el 97% de afectados ya ha recibido los depósitos, peru aún hay pescadores que se niegan a firmar el contrato de indemnización por considerar las condiciones muy lesivas a sus intereses. Con respecto los pagos de reparaciones que corresponden al 2023, oresentan más problemas avivan el conflicto.

Para los pescadores, los montos establecidos no son proporcionales con los daños ambientales y sociales ocasionados. Además alegan que ocurrieron diversos irregularidades con el empadronamiento. Luiz Nuñez, presidente de Aspefaea, denuncia que muchos no han sido incluidos o han sido categorizados en actividades económicas que nunca han realizado. Sobre este último punto Repsol respondió a este portal, a través de su oficina de prensa, que el empadronamiento estuvo a cargo de INDECI y que cada persona declaró de manera voluntaria la actividad a la que se dedicaba. Pero, según Nuñez, a las asociaciones pesqueras no se les pidió una relación de sus asociados. Por eso duda de la legitimidad del empadronamiento.

El abogado Mario Carranza, representante legal de diferentes asociaciones pesqueras de los distritos de Chancay, Aucallama y Santa Rosa, reafirma lo dicho por los pescadores.

—La participación del Estado ha sido nula. El Estado debió hacer una valorización económica tal como lo recomendó la ONU. Prácticamente aparecieron cuando ya más del 90% de los pescadores había firmado—, declara Carranza, quien además opina que fue una negociación muy desigual la llevada a cabo entre los pescadores y Repsol. 

El defensor legal de los pescadores advierte que actualmente hay deficiencias en la entrega de las reparaciones económicas y que incluso la petrolera española intenta interrumpirlas. “Actualmente hay una situación controvertida porque la empresa, en lo que concierne a este año, inició el pago de las reparaciones primero con los trabajadores temporales [aquellos que laboran solamente en temporada de verano]. A ese grupo les ha pagado el 100% del importe que les pagó el año pasado. Luego ha empezado con el grupo de los comerciantes anuales, y a este grupo le ha dicho: ‘Mira, el único pago que te voy a hacer, es la tercera parte de lo que te pagué el año pasado. Tómalo o déjalo’. Es bajo argumentos de imposición: 'lo tomas o, si no, nos vamos a juicio'”.

¿Pero por qué Repsol puede interrumpir las compensaciones? Carranza indica que una de las condiciones del contrato para que Repsol siga pagando las indemnizaciones es que el Ministerio de Producción emita una norma que prohíba la pesca. Como esto no ha sucedido, entonces no se seguirán depositando los pagos. El abogado opina que el cumplimiento de esta condición es imposible e inviable. “Lo que dice la cláusula 7 [sobre condicionar el pago a la emisión de una norma para prohibir la pesca] se discutió en la mesa de diálogo [y se concluyó] que era un imposible. Tenemos un pronunciamiento del Ministerio de la Producción y del Ministerio del Ambiente que así lo señalan. Es decir, para acceder a una compensación en este año, pusieron en la transacción una condición de imposible complimiento”, enfatiza.

Esto ha motivado la movilización de los pescadores, pues la empresa mantiene su posición y ha comunicado que mientras no acuerden las condiciones de pago con el grupo de trabajadores anuales no empezarán con ellos.

En este escenario, los pescadores exigieron reunirse con representantes de la empresa el último 4 de septiembre. Convoca.pe accedió a un video de dicho encuentro, en el que se puede oír a José Edgardo Allemant Sayán —miembro del equipo de Gestión Social de Repsol y ex director de la Dirección de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción— hablar a los pescadores en tono poco conciliador. “Lo que has firmado tiene carácter de 'cosa juzgada', es un contrato que no lo puede mover ni siquiera un juez. En la cláusula número 7 dice que tiene que haber una norma expresa [del Estado para suspender la pesca] para tener una nueva compensación. A pesar de que no se ha cumplido esa cláusula, que tú tienes firmada, Repsol ha decidido abrir la compensación del año 2023. Por eso les digo que piensen”, expresa.

De pronto una pescadora lo interrumpe para decir “no”, pero él responde: “No importa el ‘no’, Maritza. Tú puedes seguir tu proceso legal, nosotros también. Mientras no se firme una adenda, tu contrato ya está terminado. Sin embargo, se está haciendo una excepción”. “Pueden hacer una huelga, dos huelgas, mil quinientas huelgas, no cambia el proceso. Y ustedes ya lo vieron con esas personas que entraron a negociar con Defensoría del Pueblo”, afirma Allemant en la grabación.

Al no llegar a un acuerdo, los pescadores decidieron marchar hacia la Presidencia del Consejo de Ministros.

Reunión entre pescadores y Repsol  para tratar el tema de las compensaciones económicas del año 2023.

En la primera marcha a la PCM los pescadores presentaron un oficio con las siguientes exigencias: la instalación de una mesa de diálogo para tomar acuerdos sobre una “justa reparación integral” para el año 2023; la inclusión de familias en el Padrón Único de Afectados y que Repsol no se haga cargo de dicho padrón; y que se coordine con el Minsa la elaboración y ejecución de protocolos para el seguimiento y evaluación de salud física y mental de los afectados. Además, fueron claros en exigir su participación en el Plan de Rehabilitación Ambiental que será presentado por Refinería La Pampilla el 04 de octubre.

Convoca.pe consultó al área de prensa de Repsol sobre el tema de las indemnizaciones, y la empresa respondió que estaban manteniendo reuniones con los comerciantes. Respecto al punto de su eventual interrupción no hubo una respuesta clara. En cuanto a las declaraciones de su representante en la reunión del 4 de septiembre indicaron que las reuniones eran extensas y no podían "sacarse de contexto".

Finalmente los pescadores y representantes de los comerciantes se reunieron el 13 de septiembre en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros con Werner Caiguaray Pérez, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, con Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública del Minsa, la congresista Ruth Luque, de la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología, y otros funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Producción y Salud. Se concluyó, mediante un acta, con el compromiso de la instalación de una mesa de diálogo (que incluirá a Repsol) en la primera semana de octubre. Por otra parte, el Poder Ejecutivo se comprometió a comunicar periódicamente “la situación actual de la afectación ambiental y su evolución”. 

La congresista Luque, quien acompañó a los pescadores en la asamblea, sostiene que el estado no ha logrado exigir responsabilidades a Repsol y ha mostrado una actitud pasiva. “Lo que se ha hecho frente a este tema es nada. Y la población tiene toda la razón en señalar que ellos están en una relación absolutamente desventajosa frente a una empresa que hace lo que le da la gana y que incluso genera condicionamientos”.

Oficio enviado por la congresista Ruth Luque a Alberto Otárola para la instalación de una mesa de diálogo entre el estado, pescadores y Repsol.

Luque resalta que el estado no puede ser mediador sino garante de los derechos de sus ciudadanos. “El viceministro dijo que el Estado 'mediaba'. Yo interrumpí eso porque el estado no media, garantiza derechos.”, agrega.

La parlamentaria espera que se puedan lograr cosas concretas en la mesa de diálogo. “Uno, garantizar conversaciones justas para la población. No es posible que haya un diálogo tan vertical en términos de poder. Segundo, tiene que haber un Estado que le exija a la empresa reportes permanentes de la remediación en la flora, fauna y zonas [afectadas].” También considera que es necesario exigir transparencia a la empresa y recomienda retirar algunas cláusulas [del contrato de indemnizaciones] que pueden coaccionar absolutamente a la población.

Al cierre de este reportaje, más de 40 asociaciones de trabajadores del mar de los cinco distritos afectados anunciaron su desacuerdo con los puntos a los que se llegó en la reunión con la PCM. Por eso, llevaron a cabo el 19 de septiembre una gran marcha en distintos puntos de la carretera Panamericana como parte de una protesta indefinida. La jornada terminó con un herido por impactos de múltiples perdigones disparados por un agente policial.

Exigen hoy, como desde hace 21 meses, que el Estado y Repsol den una solución justa a este problema que para ellos solo empeora con el tiempo y les impide volver a ser uno con el mar.

Pescadores iniciaron una protesta indefinida el 19 de septiembre. Exigen una mesa de diálogo que incluya al estado, Repsol y los gremios de pescadores y comerciantes.