Cómo el mayor bufete de Estados Unidos canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales

Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que este asesor y sus socios utilizaron las empresas para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del gobierno.

Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones en una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de Mongolia.

El gigante tecnológico Apple estaba buscando un paraíso fiscal para depositar su montaña de dinero en efectivo en el exterior.

Todos ellos tenían un amigo en el bufete de abogados más grande de Estados Unidos.

Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago.

Con 4.700 abogados en 46 países e ingresos de 2.900 millones de dólares, Baker McKenzie se autodenomina "el bufete global original". Forma parte de una docena de bufetes estadounidenses y británicos que han creado grandes redes internacionales y han transformado la profesión jurídica.

Baker McKenzie asegura que está comprometida con el estado de derecho y con las más elevadas normas internacionales en materia de ética, derechos humanos y políticas anticorrupción. "Somos veraces y transparentes", afirma el bufete en su código de conducta empresarial. "No hacemos negocios con personajes de mala reputación".

Detrás de estas declaraciones tan solemnes hay una realidad evidente: Baker McKenzie es un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie.

Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela cómo Baker McKenzie ha ayudado a las multinacionales y a los adinerados a evadir impuestos y evitar el escrutinio mediante el uso de sociedades instrumentales, fideicomisos y complejas estructuras en paraísos fiscales. Estos instrumentos, envueltos en el secreto, albergan enormes riquezas: casas, yates, acciones y dinero que, en ocasiones, tiene un origen turbio.

Entre los clientes se encuentran personas y empresas relacionadas con la corrupción política, prácticas empresariales fraudulentas y regímenes autoritarios.

Jho Low, que sirvió de asesor de Najib Razak, el entonces primer ministro de Malasia, recurrió profusamente a las filiales de Baker McKenzie. Low es ahora un fugitivo, acusado de pergeñar el saqueo multimillonario de un fondo de inversión público; está reclamado por Malasia, Estados Unidos y Singapur.

Jho Low (derecha) con el actor Leonardo DiCaprio en el estreno de "El lobo de Wall Street" en París. Imagen: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Rostec, el fabricante de armas ruso que vendió su participación en la mina de Mongolia, es una de media docena de empresas rusas controladas por el Estado que han adjudicado contratos a Baker McKenzie, al tiempo que se enfrenta a sanciones internacionales.

Y Apple, que recurrió a Baker McKenzie para que le ayudase a encontrar un paraíso fiscal, se ha convertido en el preclaro ejemplo internacional de la evasión fiscal de las empresas en paraísos fiscales.

La investigación del ICIJ, basada en una nueva filtración de registros confidenciales, miles de páginas de documentos públicos, archivos internos no divulgados anteriormente procedentes de otras filtraciones y docenas de entrevistas, ofrece una rara mirada desde dentro sobre el papel que juega un selecto despacho de abogados en la economía offshore.

Más de 600 periodistas han explorado 11,9 millones de nuevos documentos, llamados 'Pandora Papers' , filtrados por 14 proveedores de servicios financieros, desde Dubái hasta Panamá. Han destapado las posesiones secretas de políticos, multimillonarios y líderes empresariales y las acciones de intermediarios profesionales que trabajan en la evasión fiscal y el secretismo.

Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker McKenzie. Ha asesorado a docenas de gigantes empresariales sobre maniobras fiscales y offshore. El bufete también ejerce presión en su favor en Washington y otras capitales, y los defiende cuando son cuestionados por las autoridades.

Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, ayudó a crear un refugio fiscal neerlandés. Sus abogados difundieron borradores de acuerdos y se reunieron con representantes de Facebook, que dirigió miles de millones de dólares en beneficios a Irlanda, país de baja tributación.

El ICIJ descubrió que Baker McKenzie desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas offshore registradas en paraísos fiscales, según documentos de los 'Pandora Papers' y filtraciones anteriores. Generalmente, el bufete conectaba a los clientes con proveedores de servicios en paraísos fiscales.

En una serie de declaraciones escritas al ICIJ, Baker McKenzie señalaba que procura prestar el mejor asesoramiento jurídico y fiscal para ayudar a sus clientes a orientarse en el marco de unas normas mundiales "sumamente complejas, en constante evolución y a menudo contradictorias".

"La transparencia y la responsabilidad son elementos integrales de este tipo de asesoramiento", aseguraba su portavoz John McGuinness. "Nos esmeramos en garantizar que nuestros clientes se adhieran tanto a la ley como a las mejores prácticas".

Vista panorámica de un pionero

El expediente reunido aporta una panorámica del papel de Baker McKenzie en la elaboración de leyes y reglamentos en todo el mundo, incluida su labor de presión respecto a las medidas relativas al blanqueo de dinero y los refugios fiscales. El bufete, actuando en nombre de los grandes bancos y las grandes empresas tecnológicas, se ha opuesto a las propuestas destinadas a reforzar la supervisión de la regulación financiera y las leyes fiscales.

En Emiratos Árabes Unidos, Baker McKenzie se apuntó un tanto por ayudar a crear zonas libres, áreas de bajos impuestos y normativas permisivas que según los detractores han propiciado las actividades ilícitas. En Australia, el bufete se opuso a una medida que pretendía atajar la evasión fiscal en paraísos fiscales por parte de las grandes compañías. Y en Estados Unidos, mediante presiones para favorecer a bancos multinacionales, quiso eximir a más clientes extranjeros de las reglas de comrpobación debida con las que se pretendía impedir el blanqueo de capitales.

En conjunto, el ICIJ descubrió, como parte de la investigación de los 'Pandora Papers', que más de 300 abogados de Baker McKenzie han asesorado o representado a organismos estatales, nacionales o internacionales en asuntos como la legislación fiscal internacional y las reformas anticorrupción. Más de 220 empleados de Baker McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado.

Aunqu e no hay registros internos de Baker McKenzie entre los archivos filtrados, el bufete aparece en más de 7.500 documentos, mucho más que cualquier otro gran despacho de abogados estadounidense.

Muchos de los documentos en los que se menciona a Baker McKenzie proceden de tres proveedores en paraísos fiscales a los que el bufete o sus clientes encargaron trabajos: Trident Trust, con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas; Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados con sede en Panamá; y Asiaciti Trust, con sede en Singapur.

Baker McKenzie, uno de los bufetes de abogados corporativos más conocidos del mundo, es también pionero en el sector. Ha adoptado un modelo que permite a las empresas asociadas en el extranjero beneficiarse de una marca global sin compartir los beneficios o la responsabilidad. Fue uno de los primeros defensores de las estrategias de planificación fiscal que permiten a las grandes empresas y a las personas adineradas trasladar sus beneficios a paraísos fiscales sin tener que trasladar su operativa allí.

La búsqueda de paraísos fiscales es desde entonces el pan de cada día el sector de los paraísos fiscales, una estrategia por la cual el ciudadano de a pie tiene que soportar la carga financiera de la que se libran los ricos y poderosos.

Los abogados desempeñan una función fundamental.

Destacadas organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional, afirman que la escasa regulación de los abogados y otros profesionales es un factor clave en la delincuencia financiera mundial.

Pero a diferencia de los banqueros y otros intermediarios en paraísos fiscales, los abogados han escapado al escrutinio, en parte debido al privilegio abogado-cliente, una doctrina que les obliga a mantener la confidencialidad de la información del cliente. En algunos países, ese privilegio legal exime a los abogados de informar sobre actividades como el blanqueo de dinero a los reguladores gubernamentales.

Un abogado es algo más que un mercenario de los ricos y poderosos. Según las Reglas Modelo de Conducta Profesional del Colegio de Abogados de Estados Unidos, un abogado es un representante del sistema legal y un ciudadano público con un papel especial para "fomentar la comprensión y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho".

Los abogados tienen el deber de hacer algo más que encontrar lagunas legales para el cliente y cobrar cuantiosos honorarios, comentaba Richard Painter, catedrático de Derecho de la Universidad de Minnesota, que fue abogado jefe de ética del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush. "Que algo no sea ilegal no significa que esté bien", añadía.

Milton Cheng, presidente mundial de Baker McKenzie, con sede en Hong Kong, declinó conceder una entrevista. El bufete rehusó hacer comentarios sobre asuntos de clientes, citando "obligaciones de confidencialidad y privilegio legal".

El portavoz McGuinness, radicado en Singapur, señala que el bufete lleva a cabo estrictamente las comprobaciones debidas y  realiza una comprobación global de los antecedentes de todos sus posibles clientes. Afirma que Baker McKenzie discrepaba "profundamente" con cualquier afirmación de que tuviera muchos clientes de riesgo o de mala reputación.

"En ocasiones, nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles", dijo.

Baker McKenzie no respondió directamente a muchas preguntas sobre su papel en la economía offshore o por qué su nombre aparece tan frecuentemente en los registros de proveedores de servicios en paraísos fiscales. Pero McGuinness declaraba: "Tenemos una gran y amplia práctica de derecho mercantil que representa a clientes a escala internacional; cuando no tenemos oficinas en un país concreto o no prestamos un servicio específico, solemos remitir los asuntos a otros bufetes y proveedores de servicios que sí tienen oficinas o prestan esos servicios allí". 

McGuinness añadía que Baker McKenzie está comprometido con un sistema fiscal global más justo y sencillo. "Al mismo tiempo", remachaba, "debemos asesorar claramente a nuestros clientes sobre sus obligaciones con arreglo a las leyes y reglamentos vigentes".

Los gobiernos, los reguladores y los grupos industriales piden regularmente a Baker McKenzie y a otros bufetes de abogados que les ayuden a desarrollar y analizar la legislación, explicaba McGuinness. El trabajo se realiza en cumplimiento de las leyes locales sobre grupos de presión, puntualizaba, y cuando contrata a antiguos cargos públicos, Baker McKenzie se adhiere estrictamente a las normas sobre conflictos de intereses.

CHICAGO: Un trayecto en taxi hacia un nuevo mundo 

Russell Baker nació en 1901 en el seno de una familia de granjeros en Portage, Wisconsin. Cuando tenía 12 años, la familia se trasladó a Texas, según cuenta la historia del bufete. A los 16 años, los Baker se mudaron a Nuevo México, donde Russell aprendió español y se apasionó por diferentes culturas, lo que le llevó a crear el primer bufete mundial. Se trasladó a Chicago para asistir a la Universidad de Chicago y a su facultad de Derecho. Con un amigo de la facultad, fundó su primer despacho de abogados, especializado en asistir a ciudadanos mexicanos, en 1925.

En 1942, Estados Unidos aprobó la Ley de Corporaciones Comerciales del Hemisferio Occidental, que ofrecía exenciones fiscales a las empresas que fabricaban en Latinoamérica. Baker ideó una manera de que las empresas estadounidenses pudieran beneficiarse de esta ley, trasladando sus beneficios a jurisdicciones de baja fiscalidad.

Así comenzó lo que Baker McKenzie denomina una de las mayores prácticas de planificación fiscal del mundo, orientada a ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho de las complejidades del extenso código fiscal estadounidense.

"El contribuyente tiene derecho a organizar sus asuntos de la manera que desee", escribían Baker y un compañero en un artículo publicado en 1957. "Este concepto es inherente no solo a nuestra legislación fiscal, sino que es uno de los pilares de nuestro modo de vida estadounidense".

En 1948, Baker coincidió en un taxi con John McKenzie, un abogado experto en litigios de Chicago, y al poco tiempo ya estaban considerando la idea de crear un bufete internacional. Al año siguiente fundaron Baker & McKenzie.

Al principio, el bufete, hoy conocido como Baker McKenzie, realizaba trabajos internacionales desde su sede de Chicago. Luego siguió a sus clientes, como el gigante farmacéutico Abbott Laboratories, en su expansión al exterior. En 1955 abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela.

En un artículo publicado en la publicación Wisconsin Law Review dos años después, Baker y un coautor recomendaban constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta. "En ningún lugar de Estados Unidos es posible formar una sociedad con acciones al portador", afirmaban Baker y su colega. "Esto es posible en una serie de países extranjeros de primera clase con un potencial económico prácticamente ilimitado".

Muchos países acabarían prohibiendo las acciones al portador porque los agentes malos las utilizaban para ocultar delitos y activos.

Baker McKenzie se expandió velozmente desde finales de la década de 1950, y abrió 20 oficinas en 15 años, en lugares lejanos como Sao Paulo o Sydney. Se convirtió en el gigante no convencional del sector, con 76 oficinas en todo el mundo y 4.700 abogados, el mayor número de cualquier bufete estadounidense, según National Law Journal. Les siguieron otras grandes firmas: DLA Piper creció hasta los 4.000 abogados; Norton Rose Fulbright hasta los 3.180; y Latham & Watkins hasta los 2.860, según el estudio más reciente de la revista.

A medida que iba creciendo el sector de los paraísos fiscales, Baker McKenzie se convirtió en un experto en ayudar a las empresas a dirigir sus beneficios, al menos sobre el papel, a países con tipos impositivos bajos. Cuando un gobierno se movilizaba para tapar una laguna legal, Baker McKenzie u otros bufetes buscaban otro nuevo.

Desde las "inversiones-fusión" a McLey con un aire suizo 

Por ejemplo, las "inversiones-fusión". En una inversión-fusión, una empresa se fusiona con otra, normalmente más pequeña, en una jurisdicción de baja fiscalidad, logrando a menudo un gran ahorro de impuestos. La estrategia surgió en la década de 1980 con las "inversiones-fusión de buzón", en las que las empresas estadounidenses creaban empresas instrumentales en un apartado de correos en el paraíso fiscal de las Bermudas. En 2002, el entonces senador estadounidense Max Baucus, demócrata de Montana, denunció a Baker McKenzie, citando el asesoramiento del bufete a Helen of Troy, una empresa estadounidense de cosméticos que se constituyó nuevamente en Bermudas en 1994.

"Esta cuestión de las inversiones-fusión me parece un gran problema, también quienes las fomentan", afirmaba Baucus en una audiencia sobre los refugios fiscales. "Promotores bien reconocidos que las fomentan".

Señaló un pasaje de la página web de Baker McKenzie que promovía el uso de inversiones-fusión para reducir "drásticamente" los tipos impositivos. "Baker McKenzie ha sido pionera en la operación de inversión-fusión moderna con la inversión-fusión de Helen of Troy en 1994", leyó Baucus en voz alta en la audiencia, y "desde entonces ha proporcionado asesoramiento fiscal y corporativo en cerca de la mitad de todas las operaciones de inversión-fusión divulgadas públicamente; ningún otro bufete o sociedad de contabilidad puede hacer una afirmación comparable".

Al denunciar estas "farsas" que "roban al resto de los contribuyentes", el Congreso aprobó una legislación contra la inversión-fusión que se promulgó en 2004.

Siete años más tarde, los focos del Senado volvieron a apuntar a Baker McKenzie, esta vez en una audiencia sobre los paraísos fiscales en el extranjero. El bufete había asesorado al gigante bancario suizo UBS sobre cómo tratar a los clientes estadounidenses que no querían que sus activos en el exterior fueran revelados al Servicio de Impuestos Internos (IRS). El banco, que revisó sus prácticas en 2009, dijo que no "contrata servicios de terceros que ayuden a otros a eludir los impuestos legalmente debidos".

Por otra parte, el sector de la planificación fiscal fomentó nuevos refugios fiscales, incluida una oleada de estrategias de inversión-fusión cada vez más complejas. Las grandes empresas trasladaron sus sedes a jurisdicciones más desarrolladas y de baja fiscalidad, como Irlanda. Esta tendencia llevó a Baker McKenzie a publicar un folleto dirigido a los clientes en el que se promocionaba el trabajo del bufete con 16 empresas en diversas operaciones de inversión-fusión en un periodo de seis años que finalizó en agosto de 2014.

Desde que creó sus primeros despachos en el exterior, Baker McKenzie siempre se ha promocionado como una "ventanilla única". Se inclinaba por un modelo de franquicia, con despachos locales independientes que compartían la misma marca. Por el camino, el bufete se ganó el apodo de "McLey".

Christine Lagarde fue la primera mujer en dirigir Baker McKenzie en sus 50 años de historia. Imagen: Ralf-Finn Hestoft / Corbis a través de Getty Images

A principios de la década de 2000, Christine Lagarde, una destacada abogada del despacho de París y la primera mujer presidenta mundial de Baker McKenzie, se propuso imponer normas uniformes para los despachos miembros en todo el mundo. Bajo el mando de Lagarde, ahora presidenta del Banco Central Europeo, Baker McKenzie se reorganizó como una "verein [sociedad] suiza", centralizando todas sus operaciones de marca, administrativas y de financiación en un nuevo centro corporativo en Países Bajos.

Sin embargo, los despachos nunca se unificaron realmente. Baker McKenzie se mantuvo como una confederación de despachos miembros independientes que compartían la marca, los servicios administrativos y el marketing, pero no así los beneficios o la responsabilidad legal".

Otros importantes bufetes siguieron su ejemplo.

HONG KONG:  Confección de una ciudad de secretos

Hong Kong es una ciudad de comerciantes y transportistas que se ha transformado repetidamente, pasando del transporte marítimo a la manufactura después de la Segunda Guerra Mundial y volviendo a reinventarse. Mientras las dependencias caribeñas de Reino Unido ya florecían como paraísos fiscales en la década de 1970, Hong Kong, al otro lado del mapa offshore, floreció hasta convertirse en el principal paraíso fiscal y de secretos de Asia. También bajo la batuta de Reino Unido, la isla pasó del comercio a la banca, de las columnatas a las torres brillantes, y se convirtió en un patio de recreo para Wall Street y los ricos que nunca dejó que los sentimientos se interpusieran en el camino de los beneficios.
 

La relación con el multimillonario reservado Stanley Ho 

Los documentos filtrados muestran que un cliente de Baker McKenzie que se aprovechó de las exenciones fiscales offshore de Hong Kong fue el reservado multimillonario Stanley Ho, al que se llegó a conocer como el rey del juego de Asia. Ho, que falleció el pasado año a los 98 años, ayudó a transformar Macao, un paraíso fiscal secreto frente a la costa china, en un importante centro neurálgico del juego.

El magnate, que destacaba en el tango y se casó dos veces con entusiastas del baile, tuvo cuatro mujeres y 17 hijos. Su cuarta mujer, Angela Leong, una directiva del negocio de casinos de Ho, constituiría con el tiempo 71 empresas en las Islas Vírgenes Británicas, según los 'Pandora Papers'.

Después de que China pusiera fin a sus 40 años de monopolio en los casinos en 2002, la suerte de Ho cambió. 

El Gobierno chino quería frenar el crecimiento del mercado del juego en Macao. Una de sus hermanas, Winnie, había presentado más de 30 demandas contra él que cuestionaban, entre otras cosas, una reorganización de su empresa de juego, SJM Holdings. La economía mundial se estaba frenando y los beneficios disminuían.  

Los reguladores del estado de Nueva Jersey investigaban las acusaciones que vinculaban a Ho con el crimen organizado. Las autoridades de Portugal investigaban las acusaciones de fraude fiscal en sus casinos allí. Australia decidió que no reunía las condiciones para tener una licencia de juego. Y los reguladores de Hong Kong le hacían preguntas sobre sus planes para sacar a Bolsa SJM Holdings. 

Ho, que necesitaba atraer a nuevos inversores en medio de toda esa serie de investigaciones y de problemas, acudió a Baker McKenzie y a Lawrence Lee, un consumado abogado de las oficinas de la empresa de Hong Kong y del continente chino.  

Lee, que procedía de la oficina de Sidney, compaginaba varios papeles, ya que fue un alto cargo de la agencia reguladora bursátil de Hong Kong, y más tarde fue su director de supervisión, por lo que controlaba a personas y a empresas que no eran diferentes de las que representaba.   

Y también fue director fiduciario de SJM Holdings, la empresa de Ho, que certificaba las resoluciones corporativas, entre otras responsabilidades.  

Lee se convirtió en un prominente defensor de la relajación de las normas para permitir la salida a Bolsa de más empresas en el mercado bursátil de Hong Kong. Eso hizo que la Bolsa de Hong Kong se opusiera al “planteamiento más relajado” para aceptar candidatos a salir a Bolsa. 

Además, Lee era directivo de una fundación influyente, Bauhinia Foundation Research Centre, que estaba financiado por una gran cantidad de dinero – en gran parte en secreto – de magnates de Hong Kong como Stanley Ho. 

Ho declaró a South China Morning Post que prometió 3 millones de dólares a la Bauhinia Foundation en 2006. Lee se convirtió en director fiduciario de la principal empresa de casinos de Ho, ya que intentaba cotizar en el mercado de valores de Hong Kong.  

La Fundación Bauhinia se negó a publicar información sobre las contribuciones de Ho o sobre su lista de donantes. En una declaración, la fundación se consideraba un grupo de política independiente que ha adoptado posturas a favor de los trabajadores. Y también ha fomentado posturas que beneficiaban a Stanley Ho: impuestos bajos, regulación laxa de empresas que cotizan en Bolsa y subvenciones del Gobierno para proyectos de infraestructuras importantes, como un puente marítimo de unos 54 kilómetros y un túnel que une Hong Kong, China y Macao, que ayudarían a sus empresas.  

Después de dos veranos de retrasos, Baker McKenzie asesoró la salida a Bolsa con éxito de SJM Holdings en el mercado de valores de Hong Kong. El prospecto de la salida a Bolsa no mencionaba que las autoridades de Nueva Jersey investigaban a las empresas de Ho por sus posibles vínculos con el crimen organizado. Ho negó todas las acusaciones de irregularidades.    

La oferta pública de venta de acciones (OPV) recaudó cerca de 500 millones de dólares. Y Baker McKenzie publicó un comunicado de prensa triunfante: “Nuestra participación en la OPV de alto perfil de SJM Holdings refuerza aún más nuestra posición como principal asesor legal en grandes salidas a Bolsa y recaudaciones de fondos en el Mercado de Valores de Hong Kong”. Los hijos de Ho y su cuarta mujer controlaban una fortuna valorada en 14.600 millones de dólares en 2020. El despacho de abogados ha representado a la hija de Ho, Pansy Ho, la heredera forzosa del imperio.   

En Asia, la influencia en Hong Kong era una vía rápida para conseguir el gran premio económico de la región: China. Baker McKenzie se estaba convirtiendo claramente en la empresa preferida para muchas empresas de propiedad estatal chinas que querían expandirse por el mundo, y que a menudo empleaban estructuras de propiedad hongkonesas. En 2015, Baker McKenzie se convirtió en el primer despacho de abogados extranjero que consiguió autorización para formar una operación conjunta con FenXun Partners en la Zona de Libre Comercio de Shanghái, una zona de bajos fiscalidad en China. 

Entre las empresas en el continentale a las que asesoraba Baker McKenzie se encontraban tres a las que Estados Unidos incluiría en su lista negra en 2020 debido a sus vínculos con los militares chinos. El despacho de abogados representaba a AVIC International Holding Corp., una filial de Aviation Industry Corporation of China (AVIC), en un acuerdo propuesto de privatización. AVIC es un fabricante de aviones de combate y uno de los proveedores de drones más grandes del mundo. Los defensores de los derechos humanos han relacionado los drones de AVIC con muertes de civiles en ataques aéreos en Oriente Próximo y el norte de África. En noviembre de 2019, por ejemplo, un ataque con drones de EAU supuestamente realizado por un AVIC Wing Loong-II mató a ocho civiles e hirió a docenas de otros en una fábrica de galletas cerca de Trípoli, Libia.    

Baker McKenzie no respondió a las preguntas sobre su trabajo con empresas estatales chinas de la lista negra.  

Malasia: una carrera desenfrenada en un fraude de 4.500 millones de dólares 

Low Taek Jho, un carismático vástago de una familia malasia bien relacionada, creó su primera empresa cuando era un estudiante de empresariales en la Universidad de Pensilvania. Y regresó a casa donde empezó una carrera deslumbrante en las finanzas que le hizo ser tan rico que le dieron un nombre de tabloide, Jho Low. Adquirió una participación en El lobo de Wall Street, el gran éxito de taquilla de Hollywood de Martin Scorsese de 2013, y se hizo amigo de Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, la modelo de Victoria’s Secret, a la que colmó de joyas valoradas en 8 millones de dólares.   

En 2004, Low empezó a confiar en Baker McKenzie y sus filiales, junto con un puñado de asociados de confianza, para construir una red de empresas en Malasia y Hong Kong. Entró en un mundo de conseguidores políticos, de discotecas exclusivas y de acuerdos de miles de millones de dólares con los que sueñan la mayoría de los licenciados de facultades de empresariales. Low y sus asociados utilizaron las empresas para comprar hoteles de lujo en Nueva York y Beverly Hills, financiar inversiones de capital riesgo y canalizar fondos hacia Najib Razak, el por aquel entonces primer ministro de Malasia, según muestran los registros judiciales.  

Un directivo de 50 años de B&M Consultancy Services, una filial de Baker McKenzie, se convirtió en el asesor clave de ocho empresas relacionadas con Low en Malasia. Low contrató a otra filial, B. & McK. Nominees, para crear tres empresas en Hong Kong.        

Después de que Najib jurase su cargo como primer ministro en 2009, Low se convirtió en un conseguidor de acuerdos para un fondo de inversión del Gobierno para realizar proyectos de obras públicas y proporcionar buenos empleos a los malasios. El fondo, llamado 1Malaysia Development Berhad, se haría famoso por su abreviatura: 1MDB. 

Lim Poh Seng, el secretario corporativo afiliado de Baker McKenzie, trabajó para 1MDB desde el principio. Hace poco, reconoció públicamente por primera vez que trabajó como empleado para empresas de Jho Low como B&M Consultancy. Lim, al testificar en un juicio contra el ex primer ministro Najib en Malasia, declaró que Jho Low habló con él en 2008 para que levantase actas de una reunión de un fondo estatal precursor de 1MDB. Lim afirmó que entonces se convirtió en secretario corporativo de 1MDB, asistía a reuniones del consejo y realizaba otras funciones corporativas esenciales después de que el Gobierno federal malasio tomara el control del fondo estatal en 2009. 

Poco tiempo después, Wong & Partners, el despacho de abogados miembro de Baker McKenzie en Malasia, representó al fondo 1MDB en una transacción de 1.000 millones de dólares con una empresa petrolera saudí privada llamada PetroSaudi. Se suponía que este acuerdo y otros financiarían proyectos de energía y desarrollo. En vez de ello, una gran parte del dinero fluyó hacia empresas instrumentales y otras entidades opacas controladas por Low y sus asociados, según las autoridades estadounidenses y malasias. 

Los fiscales aseguran que se desviaron más de 4.500 millones de dólares de 1MDB hacia bolsillos privados a través de un laberinto de empresas instrumentales, empresas fiduciarias y cuentas bancarias en uno de los fraudes financieros más importantes del mundo.   

Señales de alarma por todas partes

Los expertos en lavado de dinero señalan que Low encaja en la definición de libro de cliente de alto riesgo. Usaba cuentas en bancos suizos y empresas llenas de miembros de su familia. Y también mantenía estrechos vínculos con políticos, incluido Najib, el ex primer ministro. 

Najib Razak, ex primer ministro de Malasia, habla con los medios. Imagen: Joshua Paul / Bloomberg a través de Getty Images

“Todo el mundo miraba para otro lado con Low”, afirma Keith Prager, un ex-agente de aduanas estadounidense experto en lavado de dinero que revisó el caso para el ICIJ. “Había señales de alarma por todas partes”.     

La guía ética de Baker McKenzie aconseja a sus abogados que se hagan preguntas a sí mismos para ayudarles a tomar las decisiones correctas: “¿Me avergonzaría si mis amigos o mi familia supieran que hice esto? ¿Podría esto dañar a la empresa o a su reputación? ¿Me avergonzaría si esto se publicase en un blog o en una noticia?” 

En la revisión del ICIJ se descubrió que, además de con Jho Low, Baker McKenzie y sus filiales hicieron negocios con empresas y personas de riesgo reputacional en varios países, como una empresa propiedad de Du Shuanghua, un magnate del acero chino, que había testificado que había entregado 9 de millones de dólares a un funcionario de minas condenado luego por sobornos; el oligarca ucranio Ihor Kolomoisky, del que las autoridades estadounidenses dicen que usó una cadena de empresas pantalla en un entramado de blanqueo de dinero de 5.500 millones de dólares; y los herederos del fallecido Khoo Teck Puat, conocido por ser el hombre más rico de Singapur, que fue acusado de llevar a un banco a un abismo financiero.       

Du Shuanghua, Kolomoisky y Jennifer Khoo Carmichael, la hija del banquero fallecido, no respondieron a la petición de hacer comentarios. 

Baker McKenzie no respondió a las preguntas sobre clientes particulares. McGuinness señalaba que las normas contra el lavado de dinero y los criterios de diligencia debida han evolucionado, y algunos asuntos de clientes podrían haber ocurrido antes de que se aplicaran normas y criterios de control estrictos. Ahora, el despacho de abogados realiza verificaciones exhaustivas para todos los posibles clientes buscando “personas expuestas políticamente” y sus asociados cercanos y los miembros de su familia.    

 “Hemos mejorado nuestros sistemas con el paso de los años, y, actualmente, tenemos una sólida gestión de toma de riesgos… Y siempre nos esforzamos por mejorar más”, explica McGuinness.   

Lim Poh Seng, el secretario corporativo afiliado de Baker McKenzie, declinó hacer comentarios sobre el caso Jho Low. Wong & Partners, la empresa miembro de Baker McKenzie en Malasia, no respondió a las peticiones para hacer comentarios.  Wong & Partners calificó previamente su papel en 1MDB estrictamente de “asesoramiento” y dijo que no había hecho nada irregular. 

1MDB demandó a Wong & Partners en los tribunales de Malasia para recuperar 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios, pero retiró la demanda menos de tres meses después. 

Baker McKenzie no fue la única empresa que ayudó a Low y a sus asociados. Otros grandes despachos de abogados, las cuatro mayores auditoras e incluso el venerable banco de inversión Goldman Sachs permitieron que el fraude se extendiera por todo el mundo.  

Goldman admitió más tarde que conspiró para pagar más de 1.600 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Malasia y Abu Dabi. La unidad malasia de Goldman se declaró culpable en 2020 de los cargos relacionados con los sobornos en un tribunal federal estadounidense. El banco aceptó pagar casi 3.000 millones de dólares a funcionarios en cuatro países y recuperar 174 millones de altos ejecutivos.  

Goldman Sachs declinó hacer comentarios. Anteriormente dijo que su papel en el saqueo de 1MDB fue “un fallo institucional”, y se comprometió a mejorar la supervisión.  

Un tribunal malasio condenó a Najib, el ex primer ministro, a 12 años de cárcel después de que le declararan culpable el año pasado en su primer juicio por corrupción relacionado con 1MDB. Su condena está suspendida por un recurso, y se enfrenta a cuatro juicios más relacionados con 1MDB. 

Najib declaró al ICIJ en respuestas a preguntas enviadas por mensajes que no había desempeñado un papel directo en la red de sobornos de 1MDB. Culpaba a Baker McKenzie y a otros asesores profesionales. “Confiaba en ellas porque eran empresas de gran renombre y porque me habrían avisado a mí o al consejo de administración si hubiera habido señales de alarma”, indicaba Najib, que abandonó el cargo tras unas elecciones en 2018. “Sin embargo, esos avisos nunca se produjeron”.    

Jho Low, de 39 años, lleva más de cinco años escondido. Los intentos de encontrarle no han tenido éxito. En una entrevista publicada el año pasado, negaba que fuera el cerebro detrás del entramado de 1MDB. “La idea de que soy una especie de cerebro es simplemente errónea”, le dijo al Straits Times de Singapur, en una entrevista por correo electrónico. Se le ha visto intermitentemente en Phuket, Tailandia; Macao; China continental; Taiwán; Hollywood; y Ahmedabad, India.   

MIAMI: Mansiones en el laberinto de dinero

Como jefe del grupo de gestión de patrimonio norte americano de Baker McKenzie, Simon P. Beck es un conferenciante muy solicitado. 

Beck es abogado, asesor fiscal y experto en fondos fiduciarios, y habla habitualmente en conferencias y en cursos de formación del sector, que a veces se celebran en hoteles de cinco estrellas. Algunos de los temas son el uso de fondos fiduciarios y herramientas en paraísos fiscales para proteger a los clientes de los acreedores y cómo colocar activos fuera del alcance de familiares o mujeres divorciadas “derrochadores u hostiles”.  

Aunque trabaja en Nueva York, Beck también forma parte del formidable equipo de expertos en fiscalidad y fondos fiduciarios de Miami de Baker McKenzie, que ha asesorado a algunas de las personas más ricas del mundo sobre cómo proteger sus fortunas. Como muestran los 'Pandora Papers', a menudo la solución es ocultarlas en una empresa instrumental o en un fondo fiduciario creado en un paraíso fiscal.    

Desde sus oficinas del 17º piso a una manzana de Cayo Vizcaíno, la oficina de Miami ha gestionado docenas de empresas y fondos fiduciarios anónimos para clientes extranjeros. 

Los clientes usaban entidades en paraísos fiscales para mantener bienes de lujo, propiedades inmobiliarias e inversiones, según revelan los documentos. Baker McKenzie presentaba a los clientes a proveedores de servicios en paraísos fiscales, les asesoraba en temas fiscales, mantenía registros offshore, proporcionaba diligencia debida y escribía cartas de referencia entre otras cosas, según la revisión de registros confidenciales del ICIJ. A menudo, la empresa delegaba el trabajo en proveedores de servicios especializados en crear empresas pantalla, como Trident Trust.   

El copropietario de los Ottawa Redblacks, un equipo de la liga de fútbol americano canadiense, es un cliente que buscaba “aislamiento” de los impuestos de sucesiones y donaciones estadounidenses. Igual que un ejecutivo de seguros peruano al que ahora se investiga por corrupción pública relacionada con el escándalo de la construcción de Odebrecht y la madre de 100 años de un condenado por evasión fiscal y blanqueo de dinero. 

El propio Beck gestionaba los asuntos de Thais Neves Birmann, la ex-mujer de Daniel Birmann, un antiguo financiero, banquero y accionista en una de las empresas de munición más grandes de Latinoamérica. 

En 2005, las autoridades brasileñas multaron a Daniel Birmann con unos 90 millones de dólares por beneficiarse indebidamente con la reestructuración del fabricante electrónico SAM Industrias SA. En aquella época, era la multa más grande que habían impuesto nunca los reguladores bursátiles brasileños. Birmann se declaró en quiebra y supuestamente escondió activos transfiriéndolos a miembros de su familia, como Neves Birmann. 

Una década más tarde, mientras la quiebra seguía su curso, las autoridades brasileñas se incautaron de un yate de 20 millones de dólares del que decían que Birmann era propietario en secreto a través de una empresa instrumental constituida en la Isla de Man. Los reguladores bursátiles brasileños pidieron autorización a un tribunal para vender el yate y así pagar la multa de 90 millones de dólares. En abril de 2016, solicitaron permiso para incautarse de otros activos no revelados, entre los que había 4,6 millones de dólares en préstamos impagados que Birmann le hizo a su ex-mujer y a otros familiares. 

Más adelante, en julio de 2017, Baker McKenzie y Trident Trust crearon una empresa llamada Waymoore Partners de la que Neves Birmann era la propietaria. Tenía una casa de cinco habitaciones en Miami Beach valorada en 1.875.000 dólares.  

Ni Birmann ni su ex-mujer respondieron a las preguntas sobre la supuesta ocultación de activos a los acreedores o sobre el origen de los fondos usados para comprar la casa de Miami. Beck no respondió a las preguntas sobre el caso Birmann o su trabajo en paraísos fiscales con otros clientes muy adinerados, como el multimillonario nacido en Colombia Jaime Gilinski Bacal. 

Gilinski, de 63 años, convirtió una pequeña fortuna heredada en un imperio inmobiliario y bancario en todo el mundo de 3.700 millones de dólares, según Forbes. Los documentos filtrados muestran que al menos algunos de sus activos se han depositado en más de tres docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, país del que es ciudadano y en el que ocupó un puesto diplomático.   

En una carta de 2017 a Trident Trust, el abogado Beck afirmaba que representaba a Gilinski desde 2003. Gilinski siempre se ha comportado de una manera honorable y muy respetable”, decía en la carta. 

En 2004, los reguladores financieros estadounidenses ordenaron al Eagle National Bank of Miami de Gilinski que impidiera que figuras políticas operaran con cuentas bancarias posiblemente relacionadas con “el lavado de dinero, las ganancias de la corrupción extranjera, la financiación del terrorismo u otras actividades sospechosas”. Unos meses más tarde, Estados Unidos emitió una orden de cese y desistimiento ordenando a la matriz del banco que dejara de realizar préstamos internos a Gilinski y sus empresas. 

Gilinski no respondió a las solicitudes para hacer comentarios. El banco dijo en ese momento que había dejado de prestar a las filiales. Estados Unidos finalmente retiró ambas órdenes después de que el banco y su matriz resolvieran las preocupaciones de los reguladores.  

Los reguladores financieros de Colombia han sancionado al Banco GNB Sudameris de Gilinski 16 veces desde 2005, incluida una vez por violar los procedimientos contra el lavado de dinero, según muestran los registros. En total, los reguladores ordenaron al banco pagar alrededor de 394.000 dólares en multas. El banco dijo que se planteaba recurrir la multa.

Los documentos revisados por el ICIJ muestran que Beck formaba parte de un equipo de intermediarios profesionales que trabajaban en el imperio empresarial del banquero, como Jaime Alemán, el fundador políticamente influyente del despacho de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que también era socio comercial de Baker McKenzie desde hacía mucho tiempo y amigo de Gilinski.

En agosto de 2012, durante un momento de intensificación de la presión internacional sobre el sector offshore de Panamá, Beck ayudó a Gilinski a trasladar su empresa panameña, Glenoaks Investments, a las Islas Vírgenes Británicas. Gilinski había utilizado Glenoaks para invertir en su banco con sede en Bogotá. El motivo para trasladarse era “la planificación fiscal de Estados Unidos", escribió Beck en un correo electrónico a Alcogal. 

Gilinski utilizó otras dos empresas de las Islas Vírgenes Británicas gestionadas por Baker McKenzie para mantener una mansión en Londres valorada en 2013 en 38 millones de dólares, según muestran los registros.

Y los registros muestran que pagó 14,5 millones de dólares por una casa de siete habitaciones, una de las cuatro propiedades que adquirió utilizando otras dos empresas instrumentales, en una isla privada en Miami conocida como “el búnker de los multimillonarios”. La propiedad vigilada y cerrada está al final de la calle de una propiedad de más de 5.000m² que Ivanka Trump y Jared Kushner supuestamente compraron por 24 millones de dólares este año. 

Rusia: una mezcla embriagadora para un experto en sanciones

En marzo de 2016, la empresa estatal de armas rusa Rostec buscó ayuda para vender su participación en una de las minas de cobre más grandes del mundo. La mina está en Mongolia y se llamaba Erdenet, "tesoro" en mongol.  

Rostec fabrica casi todo lo que usa el Ejército ruso, desde aviones de combate y gafas de visión nocturna montadas en el casco hasta vehículos blindados y rifles Kalashnikov. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la izquierda, se reúne con el director ejecutivo de Rostec, Sergey Chemezov. Imagen: Mikhail Klimentyev / TASS a través de Getty Images

En el momento del acuerdo con la mina, a Rostec ya se se le habían impuesto sanciones occidentales después de la invasión rusa de Crimea en 2014. Con algunas de sus filiales, la empresa también había sido objeto de una vigilancia mediática debido a unos acuerdos armamentísticos presuntamente corruptos. Y según los 'Pandora Papers', los familiares del consejero delegado de Rostec, Sergei Chemezov, un viejo amigo del presidente ruso Vladímir Putin, habían creado una empresa instrumental en un paraíso fiscal para mantener bienes inmobiliarios. 

Al solicitar la ayuda de un bufete de abogados en la venta de la mina de Mongolia, Rostec buscaba "experiencia en el asesoramiento a organizaciones rusas que han sido sancionadas ... por Estados Unidos y la Unión Europea".  

Baker McKenzie consiguió el trabajo a través de una filial, Baker & McKenzie CIS.

Baker McKenzie se considera el primer despacho de abogados occidental acreditado en la época soviética que abrió en Moscú en 1989. Después de la caída de la Unión Soviética, los socios de Baker McKenzie adoptaron el nombre de Baker & McKenzie CIS para encargarse del trabajo en las antiguas repúblicas soviéticas. Su nombre procede de la Comunidad de Estados Independientes formada a raíz de la caída del régimen soviético. Baker & McKenzie CIS, que es una de las empresas más grandes del sector en la región, cuenta con clientes como algunas de las empresas occidentales más importantes que operan en la antigua Unión Soviética, incluidas empresas como Ford Motor Co. y Carlsberg Beer.

El ICIJ y sus colaboradores en el Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción y el medio de comunicación IStories descubrieron que Baker & McKenzie CIS ha representado al menos a seis empresas sancionadas propiedad del Gobierno ruso, como Rostec y el gigante bancario VTB.

En marzo de 2018, por ejemplo, Baker & McKenzie CIS ganó un contrato con una unidad de VTB, apodada “La hucha de Putin”, después de que aparecieran informes según los cuales miembros del círculo íntimo del presidente ruso estaban moviendo grandes sumas de dinero al extranjero a través de una filial de VTB. El despacho de abogados fue contratado para asesorar a VTB sobre cómo no incumplir las sanciones de Estados Unidos o la UE en su financiación de un proyecto de un aeropuerto cerca de San Petersburgo. 

Rusia ha seguido recibiendo sanciones occidentales debido a los intentos de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un ciberataque y el envenenamiento de un ex espía ruso.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense, que se encarga de las sanciones económicas y comerciales, permite a los abogados prestar servicios legales a las entidades rusas sancionadas. Aunque no hay pruebas de que Baker & McKenzie CIS haya violado ninguna norma, algunos expertos en ética cuestionan el trabajo del bufete de abogados porque puede cumplir la letra de las leyes sancionadoras, pero incumple su espíritu. 

"Si representas a entidades que son sancionadas, realmente es necesario hacerse una pregunta: como buen ciudadano corporativo, ¿realmente quieres prestar servicios a entidades que los Gobiernos reconocen que son malos actores?", pregunta Timothy White, un asesor especial de AML RightSource, una empresa de consultoría contra el lavado de dinero.

En junio de 2016, Rostec vendió su participación en la mina Erdenet a una compañía poco conocida llamada Mongolian Copper Corp. por 400 millones de dólares. Más o menos en el momento de la venta, los supervisores que vigilan el lavado de dinero de Deutsche Bank presentaron unos informes de actividades sospechosas que detallan el flujo de cientos de millones de dólares a Mongolian Copper. "Hay poca o ninguna información sobre la creación y el negocio específicos" de Mongolian Copper, informaba Deutsche Bank, según los registros obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el ICIJ como parte de su investigación de los Archivos de FinCEN de 2020.

Tormenta política en Mongolia

En Mongolia, la venta desencadenó una tormenta política, batallas judiciales e investigaciones de corrupción de alto nivel, en la que el entonces primer ministro Chimed Saikhanbileg era uno de los objetivos. El Parlamento de Mongolia dictaminó que la venta era ilegal, al descubrir que Saikhanbileg la autorizó sin la aprobación de los legisladores. Los investigadores mongoles también descubrieron pruebas de que Mongolian Copper era una fachada para el Banco de Comercio y Desarrollo de Mongolia, de propiedad privada. Este banco políticamente influyente, entre cuyos inversores se encontraba Goldman Sachs, había utilizado indebidamente fondos públicos para financiar la compra, afirmaron los investigadores. Goldman Sachs tenía una participación del 4,8% en el banco, pero dijo que no ejercía ningún control estratégico. 

Robert Amsterdam, un abogado de Saikhanbileg, señalaba que el ex primer ministro no desempeñó ningún papel en la venta y no hizo nada malo. Rostec identificó a Mongolian Copper Corp. por su cuenta, afirmaba Amsterdam, y no estaba dispuesta a vender su participación a ningún otro comprador. "La reputación de Mongolia como lugar para hacer negocios se ha visto perjudicada por la naturaleza política de la investigación sobre Erdenet", aseguraba.

Baker McKenzie, acogiéndose a la confidencialidad del cliente, se negó a responder preguntas sobre el contrato de Rostec o los negocios del bufete con otras empresas rusas sancionadas. El despacho de abogados dijo que simplemente ofreció a los clientes asesoramiento sobre cómo cumplir plenamente las sanciones comerciales. 

Rostec declinó hacer comentarios. 

La oficina registrada de Baker & McKenzie CIS consta en una suite del primer piso en un edificio en la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha. Según Tax Justice Network, un grupo sin ánimo de lucro que investiga las políticas y las prácticas de secreto financiero de los países, Guernsey es el 11º paraíso fiscal más secreto del mundo. 

El socio del ICIJ, Le Monde, descubrió que la oficina de Baker & McKenzie CIS en Guernsey no tiene operaciones y que, de hecho, es una empresa instrumental.

En esas llegó Baker McKenzie. Su traslado a la isla en 1974 coincidió con la metamorfosis de Hong Kong y allanó el camino para que el bufete se beneficiara posteriormente de la eclosión de China como potencia mundial.

Al poco de abrir la oficina de Hong Kong, varios abogados sénior de Baker McKenzie crearon dos filiales que alimentaron el candente mercado de la isla para evitar impuestos y ocultar la propiedad. Los socios John Connor y Robert Pick crearon B. &McK. Custodians Ltd., con la misión de ayudar a constituir y gestionar empresas dentro y fuera de Hong Kong.

Dos años y medio después, un compañero, George Forrai, ayudó a crear B. &. McK. Nominees Ltd., con sede en el bufete de abogados de Hong Kong. La filial se encargaba de que los testaferros, conocidos como nominados, actuaran como administradores o accionistas de la empresa .

McGuinness, de Baker McKenzie, señala que los bufetes habitualmente prestan servicios corporativos como los que ofrecen B. &McK. Nominees y B. &McK. Custodians. Sin embargo, en aquel momento, los reguladores occidentales estaban advirtiendo de que algunas personas ricas de Hong Kong estaban formando sociedades instrumentales anónimas en paraísos fiscales para evadir impuestos.

Gracias a la innovación, las alianzas locales y el cabildeo, Baker McKenzie ayudó a transformar Hong Kong en un centro financiero mundial, famoso por sus bajos impuestos, su alto grado de confidencialidad y sus mínimas normas.

En dos entrevistas por videollamada, el multimillonario de Hong Kong, Allan Zeman, contaba al ICIJ su viaje empresarial de Canadá a Hong Kong, y el papel desempeñado por los abogados de Baker McKenzie. Afirmaba que acudió al bufete para que le asesoraran sobre la creación de empresas en las Islas Vírgenes Británicas por razones de privacidad, no para evadir impuestos. "Los impuestos de Hong Kong ya son lo suficientemente bajos", señalaba Zeman, y añadía que las sociedades anónimas instrumentales ofrecían cierta protección contra la atención y las demandas no deseadas. "Muchas veces tienes socios que simplemente prefieren que su nombre no esté asociado a algo".

Zeman, de 73 años, se crio en Canadá e hizo su fortuna comerciando con prendas de vestir por todo el mundo. Promovió un distrito de ocio que estuvo muy de moda en Hong Kong y se convirtió en uno de los magnates empresariales más destacados del país.

Semana afirma que pagó a Baker McKenzie no solo para que le ayudara a mantener sus intereses financieros en privado, sino también para que le asesorara sobre formas legales de eludir la estricta normativa de Hong Kong. El bufete, explicaba, es una "ventanilla única" que le ayuda a navegar por un entramado global de regulaciones en 36 países.

"Te dicen cuál es la mejor manera... y se aseguran de que lo haces todo bien a la primera, legalmente", decía Zeman, y remachaba: "No salen baratos, pero merecen la pena".

Cómo facilitar nominados a los gigantes corporativos 

B. &McK. Nominee se encargó de facilitar consejeros, accionistas y secretarios a centenares de empresas y empresarios de Hong Kong, entre ellos el socio de Zeman en el sector de la confección, Bruce Rockowitz, así como a gigantes corporativos como Nike y Apple.

Ni Nike ni Apple respondieron a las preguntas sobre por qué recurrieron al servicio de nominados de Baker McKenzie en Hong Kong. Nike afirmaba en un comunicado que se atiene a todas las normas locales. Apple se definía como "el mayor contribuyente del mundo". Rockowitz no respondió a las peticiones de comentarios.

Baker McKenzie señalaba que, a  veces, proporcionaba accionistas nominales a las multinacionales que no disponían de personal jurídico local.

Otro empresario que recurrió a Baker McKenzie fue Graeme Briggs, fundador del destacado proveedor de servicios en paraísos fiscales Asiaciti. Cuando puso dinero en un fideicomiso, lo gestionó el servicio de nominados del bufete.

Baker McKenzie también tuvo una estrecha relación con Asiaciti, entre otros importantes proveedores de servicios offshore, según los registros examinados por el ICIJ. Las relaciones parecen ser tanto personales como profesionales.

George Forrai, el socio de Baker McKenzie en Hong Kong, presentó a Briggs a su esposa, según un documento de los 'Pandora Papers'. Otros documentos filtrados muestran que Forrai estaba en la lista de invitados de Briggs en el Abierto de Australia de tenis y en fiestas privadas. Ambos hablaron de posibles negocios, y cuando el gobierno de Hong Kong se dirigió a Forrai para que le ayudara a elaborar la política fiscal en 2001, este pidió a Briggs que le echase una mano. Para entonces, los británicos habían entregado Hong Kong a China. La influencia de China sobre los asuntos financieros de la isla era cada vez mayor. Y la reputación de Baker McKenzie como bufete de abogados para la redacción de leyes y reglamentos fue creciendo.

En Hong Kong, los abogados de Baker McKenzie redactaban cartas, participaban en consejos de asesoramiento y hacían consultas sobre leyes y reglamentos. El bufete se opuso a unas normas de comprobaciones debidas más estrictas, por ejemplo, y argumentó que unos requisitos de divulgación más rigurosos supondrían una gran carga normativa para las empresas.

La empresa fomentó los programas de política pública de sus clientes en Hong Kong y otros lugares a través de coaliciones de presión sin ánimo de lucro con nombres como la Asociación de Custodios Globales, el Grupo de Economía Digital y la Coalición de Software.

Naturalmente, había una preocupación especial por los impuestos. Un grupo de asesores del gobierno de Hong Kong, entre los que se encontraba el abogado de Baker McKenzie Michael Olesnicky, rechazó la idea de cambiar la ley para gravar los ingresos en paraísos fiscales. En un correo electrónico, Olesnicky declaraba al ICIJ: "El panel de expertos no se oponía a gravar las rentas offshore, pero consideraba que esto simplemente recaudaría más impuestos de los contribuyentes existentes y no cumplía por tanto la función de ampliar la base imponible".

Baker McKenzie no respondió a las preguntas sobre a qué gobiernos ayudó con qué leyes, o cuánto le pagaron esos clientes o grupos de interés especial. El portavoz McGuinness calificaba el cabildeo como "un componente muy pequeño" de las prácticas del bufete.

Colaboradores: Karrie Kehoe, Maggie Michael, Emilia Diaz-Struck, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Delphine Reuter, Miguel Fiandor, Mago Torres, Jelena Cosic, Richard H.P. Sia, Tom Stites y Denise Hassanzade Ajiri. Información de todo el mundo de Le Monde de Francia; Malaysiakjni de Malasia; Stand News de Hong Kong; OCCRP e iStories en Rusia; Tanya Kozyreva en Ucrania; Australian Broadcasting Corp. y Australian Financial Review en Australia; Karlijn Kuijpers en Holanda; The Guardian y la BBC en Reino Unido; The Washington Post, The Miami Herald y The Wire China en Estados Unidos; Agencia Publica de Brasil; El Espectador/Connectas de Colombia; Quinto Elemento Lab de México; woxx de Luxemburgo; Convoca de Perú; Korea Center for Investigative Journalism Newstapa en Corea del Sur; Indian Express en India;  Armando.info en Venezuela; Tempo de Indonesia; L’Espresso de Italia; Expresso de Portugal; WDR en Alemania; NZME de Nueva Zelanda; y El País en España.