El fugitivo empresario Gustavo Salazar, acusado de lavado de activos en el megaescándalo de corrupción Lava Jato, ha sabido mantenerse un paso por delante de la justicia peruana. Cuando el Poder Judicial ordenó su arresto preliminar el 17 de mayo de 2017, un día antes ya había tomado un vuelo a Chile. Lo siguiente que se supo de él fue que se había afincado en Florida, Estados Unidos. Y según ha podido conocer Convoca, no se quedó de brazos cruzados.

Mientras su nombre era noticia en las páginas de la prensa en Perú, donde era señalado como el presunto facilitador de un soborno de Odebrecht en el 2013 para el exgobernador de Cusco Jorge Acurio (por al menos 1 millón 250 mil dólares), el conocido hombre de negocios gestionaba el discreto traspaso de una compañía offshore, de su propiedad, a su esposa y a su hija. 

Se trata de Diangelo Invest Limited, constituida en el 2012 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Salazar pudo administrar esta sociedad gracias a la asesoría de dos bufetes internacionales: Trident Trust, especializado en servicios offshore, y Baker McKenzie, la firma legal multinacional con la marca más reconocible a nivel global. 

Trident Trust y Baker McKenzie asesoraron a Salazar en temas offshore.

Convoca tuvo acceso a los documentos internos de Trident Trust, que forman parte del proyecto global Pandora Papers, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). 

Trident Trust jugó un papel clave en pleno 2017, mientras la Fiscalía peruana reclamaba la extradición de Salazar. En concreto, lo ayudó a redomiciliar su sociedad offshore Diangelo Invest, de las Islas Vírgenes Británicas, a su nuevo lugar de residencia en Florida, en Estados Unidos. Para entonces, la compañía tenía activos por al menos 1 millón 950 mil dólares, de acuerdo con lo que informó Salazar a este bufete. 

Como se sabe, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público ya ha pedido 13 años y cuatro meses de cárcel para él por lavado de activos y otros delitos. Su extradición está a la espera de una decisión de las autoridades estadounidenses. 

Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción le ha embargado bienes en Lima por un valor de 2,5 millones de soles para asegurar un eventual pago de reparación civil.

En contexto

El caso Odebrecht no es el primer problema que Gustavo Salazar ha tenido con el sistema de justicia. De hecho, la creación de Diangelo Invest Limited ocurrió pocos meses después de que el empresario fuera denunciado también por un presunto lavado de activos por hechos ocurridos entre 2010 y 2012, cuando era gerente general adjunto de La Positiva, conocida empresa de seguros peruana. 

Un correo anónimo llegó a los más altos directivos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), entidad supervisora de Perú, el sábado 1 de septiembre de 2011. El asunto era “NO A LA CORRUPCIÓN” y el autor se hacía llamar “Seguros Honestidad”. El denunciante acusaba a Salazar de liderar un esquema de “corrupción administrativa” al interior de La Positiva para conseguir contrataciones con entidades estatales. 

El anónimo sostenía que un supuesto cómplice de Salazar, de nombre Luis Alcántara, había pasado, de un año al otro, del puesto 107 a liderar el ránking de ventas de los corredores de seguros de La Positiva. Habría tenido para ello un presunto favorecimiento interno dirigido por el hoy prófugo de la justicia.

Alcántara era colaborador de la compañía Trust Corredores de Seguros, donde la madre de Salazar era accionista.

El correo recibido por la SBS generó que esta institución realizara una denuncia penal contra quienes resultaran responsables. En noviembre de 2011, la Fiscalía dispuso abrir una investigación policial contra Salazar, la empresa Trust Corredores de Seguros, Alcántara y Zeus Asesores Generales (una empresa de Alcántara), según documentación fiscal a la que ha accedido Convoca. 

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En noviembre de 2011, a raíz de una denuncia de la SBS, se dispuso que la División de Lavado de Activos de la Policía iniciara una investigación que implicó a Salazar. 

“¿Por qué no se han verificado sus más que evidentes signos exteriores de riqueza contra sus ingresos legalmente declarados y percibidos como sueldos de su empleador?”, inquiría el anónimo “Seguros Honestidad”, en referencia a Salazar. “Se dice que su movimiento migratorio es grande y que sirve para transferir a paraísos fiscales los dineros producto de estas operaciones”, continuaba.

En abril de 2012, seis meses después de que la División de Lavado de Activos de la Policía iniciara esta investigación, la offshore Diangelo Invest Limited fue creada en las Islas Vírgenes Británicas. Para julio de ese año ya se había nombrado a Gustavo Salazar y a Sandra de Souza-Peixoto, su esposa, como directores de la sociedad offshore.

Sus nombramientos no fueron públicos en ningún registro hasta 2017, cuando en ese archipiélago se modificó la legislación societaria (BVI Business Companies Act) y antilavado.

Las modificaciones en la legislación antilavado de las Islas Vírgenes Británicas obligaron desde 2017 a registrar los nombres de los directores.

De acuerdo con la información que el matrimonio Salazar - De Souza Peixoto dio al bufete Trident Trust, “la compañía tiene indirectamente la propiedad de un apartamento en Sunny Isles, Florida, EE.UU., y una cuenta bancaria para el pago de las tarifas de mantenimiento y gastos del apartamento”. Estos activos están valorizados en 1 millón 950 mil dólares, según el matrimonio.

En efecto, en mayo de 2012, un mes después de creada la offshore Diangelo Invest, otra compañía ligada a Salazar, de nombre GUSA 1504 LLC (donde figuran su esposa y su hija Aratnxa Salazar como directoras), compró un inmueble en el piso 15 de un lujoso edificio de apartamentos en Collins Avenue, Sunny Isles, Florida. 

GUSA 1504 estaba domiciliada en Florida y suscribió la compraventa, según el registro de Florida, por 1 millón 520 mil dólares.

Convoca además accedió a documentos incautados a Salazar, en Lima, entre los que se encuentran los estados de cuentas cifradas offshore que el empresario tenía en la sede panameña del sigiloso banco Crédit Andorrà. 

La documentación bancaria indica que el empresario recibió el 26 de noviembre de 2014 una transferencia (“traspaso de cuenta”) de 589 255 dólares. Días después, el 1 de diciembre de ese mismo año, la cuenta realizó un pago, por una suma muy similar -589 617 dólares-, a la compañía aseguradora estadounidense First American Title. Al lado del registro de ese desembolso, hay una anotación a mano: “Dpto. Miami”. 

Gustavo Salazar tenía una cuenta personal en el Crèdit Andorrà de Panamá. Realizó un fuerte pago de más de 589 mil dólares referido a un departamento en Florida.

Vista gorda

“No hacemos negocios con personajes de mala fama”, señala el código de conducta corporativa de la multinacional Baker McKenzie. Para evitar involucrarse con este tipo de personas, sus funcionarios están obligados a realizar un procedimiento de due diligence (diligencia debida), una verificación del historial de cada potencial cliente antes de iniciar una relación comercial.

Sin embargo, los Papeles de Pandora muestran que las oficinas de Baker McKenzie en Miami tuvieron en su portafolio a Diangelo Invest Limited, de Salazar, mientras la compañía Trust Corredores de Seguros, también vinculada al prófugo, venía siendo investigada en Perú por el presunto lavado de activos denunciado por “Seguros Honestidad”.

En febrero de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, entidad reguladora, confirmó algunas de las sospechas iniciales incluidas en la denuncia original. Trust había recibido, entre 2010 y 2012, más de 6 millones 475 mil dólares de La Positiva por “asesorías y apoyo administrativo”.

Con esos fondos, Trust giró cheques como “bonos de productividad” a sus colaboradores. Entre ellos, a Alcántara. A su vez, Alcántara y su empresa Zeus Asesores Generales realizaron abonos a la cuenta personal de Salazar. 

El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera concluye que la “relación comercial entre ambos no se ha podido identificar”. Por ello, el 8 de marzo el Ministerio Público peruano consideró que había indicios suficientes para iniciar una investigación preliminar contra Alcántara, Zeus y Trust. 

Alcántara hizo retiros de su cuenta bancaria que, en pocos minutos, fueron seguidos de depósitos a la cuenta personal de Salazar en el banco BBVA. 

Para entonces, ya empezaban a revelarse además algunos de los nombres de los implicados en el caso Lava Jato, un caso que poco después se convertiría en el problema judicial más grave de Salazar.

Según narraron medios de prensa locales, Francisco Zaragoza, exsocio de Salazar que se acogió al beneficio de la colaboración eficaz, confirmó que en febrero de 2017 el empresario lo llamó preocupado porque había visto en un reportaje una mención a la offshore Klienfeld Services Ltd. Esta es la compañía con sede en Antigua y Barbuda que Odebrecht usó para pagar varios sobornos y, de hecho, la misma que transfirió 1 millón 250 mil dólares al empresario para que los entregue en efectivo a Jorge Acurio, gobernador del Cusco, de acuerdo con la Fiscalía.

Justo en ese mismo mes, en febrero de 2017, la compañía Diangelo Invest de Salazar comenzó a poner sus papeles en regla con la nueva normativa antilavado de las Islas Vírgenes Británicas. 

En una comunicación electrónica de una funcionaria de Baker McKenzie (que brindaba asesoría tributaria a Salazar) dirigida a Trident Trust (que representaba a Diangelo Invest en el paraíso fiscal) solicitaba inscribir en los registros al matrimonio Salazar-De Souza Peixoto como directores desde 2012. Esto allanaría el camino para, meses después, mudar la sociedad. 

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Salazar y su esposa entregan de manera oficial el registro de directores a Trident Trust (registerd agent).

Como se sabe, en mayo de 2017 el Poder Judicial peruano ordenó la detención del empresario cuando este ya se encontraba fuera del país. En julio, la Fiscalía peruana solicitó su extradición.

En agosto, cuando Salazar ya estaba en calidad de prófugo, un nuevo bufete entró en acción: Arazoza y Fernández-Fraga PA, de Miami. Se presentó ante Trident Trust a nombre del empresario y le pidió hacer cambios en la estructura de la offshore Diangelo Invest. Salazar entonces tenía el 98% de las 50 mil acciones y su esposa, el 2%.

En la nueva composición, De Souza-Peixoto pasaría a tener el 99,8% de la sociedad y la hija de ambos, Arantxa Salazar, el 0,2%. 

Una funcionaria del bufete Arazoza y Fernández-Fraga solicitó a Trust un cambio en el accionariado de Diangelo Invest.

A la par, también se presentó a nombre de Salazar la abogada Lilly Ann Sanchez, de The LS Firm PA, especialista en crímenes de cuello blanco. Sanchez es conocida por haber formado parte de la defensa legal del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por prostitución de menores y acusado de múltiples abusos sexuales en Estados Unidos.

Tanto Sanchez como el bufete Arazoza y Fernández-Fraga ayudaron con Trident Trust a tramitar al prófugo Salazar la “descontinuación” de su sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para redomiciliarla en Florida, Estados Unidos. Diangelo Invest, para efectos legales, inició sus operaciones en Florida el 25 de octubre de 2017. 

Trident Trust dejaría de ser su “agente residente” (representante local en las Islas Vírgenes Británicas) y lo reemplazaría The LS Firm, de Lilly Ann Sanchez, en Miami.

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La exabogada de Jeffrey Epstein, multimillonario condenado por prostitución infantil, es la actual defensora de Salazar en Florida. 

Un dato anecdótico es que en una página de los registros de Florida se presentó el nombre de Salazar como director de Diangelo Invest Limited, pero la firma era la de su esposa. Se trataría de un error, pues las directoras en Florida solo fueron De Souza-Peixoto y Arantxa Salazar.

Pero durante los siguientes días, Trident Trust aún siguió el papeleo para desvincularse de la compañía y del cliente.

Para ello, solicitó una serie de documentos, incluidos algunos que le servirían en su último protocolo de due diligence. Entre ellos, recibió una carta de recomendación a favor de Salazar redactada por una persona de nombre Julio Velayos.

“Tengo el agrado de confirmar que he conocido a los arriba mencionados [Salazar y De Souza-Peixoto] por los últimos 35 años; que ellos nunca (hasta donde llega mi conocimiento, información y entendimiento) han sido implicados en procedimientos de quiebra, criminales o similares, y que los considero financieramente confiables y de buena moral”, decía la carta dirigida a Trident Trust.

El prófugo Salazar presentó una carta de una persona que, a pesar de conocerlo por los últimos 35 años, decía no saber que tenía problemas con la justicia.

Escribimos a Velayos al correo electrónico que consignó al pie de su carta, pero no conseguimos respuesta.

¿La veracidad de esta carta fue cuestionada por Trident Trust? ¿La firma legal cuestionó algo sobre Salazar, su cliente prófugo? Enviamos una lista de preguntas, pero Trident Trust no contestó ninguna.

A través de una consultora en comunicaciones, el bufete solo envió una declaración en la que señalaba que todas sus oficinas estaban sometidas a las regulaciones locales de cada jurisdicción donde operaba. Aseguró estar comprometida con el cumplimiento de estas y que, de manera rutinaria, cooperaba con las autoridades que solicitaban información.

"Trident no discute sobre sus clientes con la prensa", concluyó.

Por otro lado, Convoca y el ICIJ se comunicaron con Gustavo Salazar y Sandra de Souza-Peixoto para preguntarles por el papel de Baker McKenzie, Trident Trust, sus nuevos abogados y su compañía Diangelo Invest. 

La respuesta provino de Lilly Ann Sanchez, su actual abogada. Sanchez comentó que muchas de las consultas trataban sobre información confidencial entre abogado y cliente. También dijo estar sorprendida de que se hurgue en asuntos del 2011, "que fueron cerrados poco después". Se refería al caso denunciado por "Seguros Honestidad".

"Cualquier investigación posterior sobre lo mismo ha sido totalmente investigado y examinado por las autoridades de justicia peruanas y no se ha encontrado ninguna falta. Salazar NO ha sido acusado y, por consiguiente, ningún juicio u otros procemientos han tenido lugar. De hecho, creemos y tenemos información de que este tema será cerrado por la Fiscalía pronto", expresó.

Enviamos un correo electrónico al director de comunicaciones de Baker McKenzie, pero no respondió a nuestras preguntas. 

En Florida figuran al menos otras tres empresas relacionadas con la esposa e hijas de Salazar: Gusa 1504 LLC (inactiva), Koda 1303 LLC y Lulu 1303 LLC. Diangelo Invest también se encuentra inactiva desde 2019. El apartamento en Sunny Isles se vendió en abril de 2018.

El pasaporte peruano de Salazar venció el último 21 de septiembre. Ya no tiene un documento peruano válido para el extranjero. De Souza-Peixoto posee la ciudadanía estadounidense.

Desde el pasado 21 de septiembre, fecha en que venció su pasaporte peruano, Salazar no tiene un documento peruano válido en los Estados Unidos. Su esposa es ciudadana estadounidense.

La Fiscalía peruana presentó una acusación formal contra el empresario de seguros en noviembre de 2020 por el caso Odebrecht. Una fuente de esa institución consideró que eso fortalecerá el pedido de extradición sobre Salazar, pues ahora existe una "causa probable" que le debería generar mayor convicción al sistema de justicia de Estados Unidos. Es cuestión de tiempo.