Lunes, 1 de julio 2024
En medio de la reducción de los volúmenes declarados de oro proveniente de garimpos legales en Brasil, las tierras indígenas brasileñas perdieron más de 13 mil hectáreas de bosque a causa de la minería en 2023. El avance es más lento que en años anteriores, pero demuestra que la actividad clandestina permanece en la Amazonía, ya que la explotación minera en tierras indígenas está prohibida por ley.
El análisis exclusivo realizado para Repórter Brasil por el periodista ambiental Edward Boyda, de la organización no gubernamental Earth Genome, que junto con Pulitzer Center mantiene la plataforma Amazon Mining Watch, enciende una alerta de que los métodos de lavado de mineral ilegal pueden estar cambiando tras el fin de la "regla de la buena fe".
"Si los datos indican un aumento o mantenimiento de los valores de áreas destinadas a garimpos, esto puede significar que la explotación de oro sigue al mismo ritmo que en años anteriores. Por lo tanto, el oro puede ser contrabandeado sin pasar por ningún proceso de lavado y, en consecuencia, sin ser registrado en los datos oficiales", afirma el investigador Bruno Manzolli, del Centro de Teledetección de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), autor de estudios sobre la producción de oro en el país.
Un ejemplo del crecimiento de garimpos en áreas protegidas es la extracción irregular de oro en una zona cercana a la aldea Homoxi, en la tierra indígena Yanomami. Las imágenes satelitales muestran que el área minera creció entre 2018 y 2023. Además, los especialistas consultados por el reportaje consideran que la turbidez del agua en las excavaciones es un indicio de que los garimpos siguen en actividad.
Autor de un proyecto de ley que crea la Guía de Transporte y Custodia de Oro – un documento de trazabilidad que busca ampliar el control y la transparencia de la cadena productiva del mineral –, el senador Fabiano Contarato (PT/ES) defiende que la aprobación de su texto puede traer más control sobre la actividad ilegal en áreas protegidas: “Restringir al máximo la comercialización de oro proveniente de tierras indígenas y unidades de conservación, instituir reglas para combatir el lavado de dinero, y revocar disposiciones en la Ley 12.844, de 2013, que debilitan la fiscalización – todas estas medidas insertadas en el proyecto de ley – traerán un gran avance en el combate de estos crímenes”. El proyecto ya ha sido aprobado por el Senado y ahora sigue en trámite en la Cámara de Diputados.
El secretario de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Marivaldo Pereira, coordinó la elaboración del proyecto de ley y defendió la medida como “esencial para fortalecer el combate al garimpo ilegal en tierras indígenas y en áreas de preservación”.
Brasil podría estar exportando oro ilegalmente
Los investigadores y agentes que combaten el garimpo ilegal en la Amazonía señalan que los cambios legales en las normativas de comercio de oro en Brasil han dificultado la actividad ilegal, al exigir a los compradores, las DTVMs, una mayor responsabilidad en la adquisición del mineral de los garimpos. "Las transformaciones en el mercado del oro no reflejan una disminución de la explotación ilegal, que ha sido poco significativa, sino una menor facilidad para blanquear el mineral", afirma Rodrigo Oliveira, investigador del Ministerio Público Federal de Pará.
Según las investigaciones de las autoridades, antes del cambio, el mineral provenía de otros países o era extraído de áreas protegidas, como las tierras indígenas, y luego se registraba en procesos mineros ficticios. En 2021, el Ministerio Público Federal (MPF) en Pará solicitó la suspensión de las tres principales DTVMs en operación en el país después de que una investigación de la UFMG identificara la sospecha de lavado de 49 toneladas de oro ilegal en garimpos en la Amazonía entre 2019 y 2020.
Pero, con los cambios en la legislación y el aumento de las operaciones de los órganos de control, el oro ilegal podría estar siguiendo un camino inverso. En noviembre del año pasado, la Policía Federal (PF) desarticuló un esquema de transporte de oro ilegal "en frío" [mineral ilegal sin lavar] hacia Venezuela. Un mes antes, ese país vio levantado el embargo al comercio de oro por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero esta restricción fue reinstaurada en enero de este año debido a sospechas de que el gobierno de Maduro estaba persiguiendo a opositores políticos.
"La factura electrónica y el fin de la presunción de buena fe han dificultado significativamente el lavado de oro. Como resultado, el comercio de este oro ilegal migró hacia intentos de venta completamente sin documentos, y hubo varias incautaciones de oro que estaba siendo transportado y comercializado completamente en secreto", revela el perito criminal de la Policía Federal en Santarém (PA), Gustavo Geiser.
Oliveira, del MPF, también observó "un aumento en la circulación y exportación de 'oro en frío', para ser blanqueado en países vecinos o incluso en centros consumidores con legislación más laxa, como en países asiáticos".
Recientemente, Repórter Brasil reveló que los fiscales de la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Federales) identificaron 5 kilos de oro en polvo no declarados, mezclados con una carga de 15 toneladas de carbón activado que fue retenida en el Puerto de Santos (SP) bajo sospecha de ilegalidad en el comercio del mineral precioso.
El alto récord en la cotización estimula la ilegalidad y desafía a los fiscales
En marzo de 2024, el precio del oro en el mercado internacional alcanzó un récord, alcanzando la mayor cotización de la historia, lo que puede estimular el aumento de garimpos ilegales en la Amazonía. "Es necesario mantenerse alerta en la fiscalización", declara Bruno Manzolli, de la UFMG
El camino para mejorar la fiscalización pasa por imponer reglas más estrictas para el licenciamiento ambiental en el sector, defiende Hugo Loss, coordinador de operaciones de fiscalización del Ibama. "Nuestro desafío es transformar el régimen de minería garimpeira y el licenciamiento ambiental en medidas de control efectivo de los impactos que estas actividades causan, ya que actualmente la regulación ambiental de los municipios y estados es muy precaria para los garimpos", dice.
El agente del Ibama también señala que el país falla en el control del comercio y uso de equipos utilizados en garimpos. Una reciente investigación de Repórter Brasil reveló que, en el último año, se confiscaron 90 retroexcavadoras en tierras indígenas y áreas de conservación en la Amazonía. "No hay control sobre el uso de máquinas como dragas, motores y excavadoras, a diferencia de lo que ocurre con el uso de motosierras, donde el órgano ambiental tiene la capacidad de controlar la comercialización y el porte de este equipo", señala el agente ambiental.
El senador Contarato concuerda: "El crimen está en constante evolución y se necesitan nuevas formas de investigación y control de fiscalización para intentar frenar la sofisticación de la práctica ilícita de estos actos. Se requiere un esfuerzo conjunto para establecer una política eficaz de combate al contrabando de oro ilegal".